CE - 250002342000201604874011SENTENCIA20230627102813

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintidós (22 ) de junio de dos mil veintitrés (202 3)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000 -23 -42 -000 -2016 -04874 -01 (4397 -201 8)

Demandante : ALFREDO MAJUL ESTRADA TABOADA Demandado : ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES Tema s: Reliquidación pensión de vejez . Régimen especial Decreto 929 de 1976. Régimen de transición Ley 100 de 1993. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por el acciona nte contra la sentencia de l 25 de abril de 201 8, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección C1, que negó las súplicas de la demanda .

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 2. 2.1.1. Pretensiones.

1 Con ponencia de la magistrad a Luz Myriam Espejo Rodríguez .

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 2. 2.1.1. Pretensiones.

1 Con ponencia de la magistrad a Luz Myriam Espejo Rodríguez . 2 Folios 90 a 116 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000 -23 -42 -000 -2016 -04874 -01 (4397 -2018)

Demandante: Alfredo Majul Estrada Taboada

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2 El señor Alfredo Majul Estrada Taboada , por intermedio de apoderad a y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, solicitó declarar la nulidad de l os siguientes actos administrativos:

• Resolución GNR 285372 de l 14 de agosto de 20 14 4, mediante la cual la entidad accionada le reconoció una pensión de vejez , en cuantía de $ 8.638.306 m/cte., efectiva a partir del 1.° de diciembre de 20 13 .

• Resolución GNR 299040 de l 28 de septiembre de 20 15 , que negó la reliquidación de su pensión de vej ez con inclusión de otros factores salariales .

• Resoluciones GNR 41616 4 de l 23 de diciembre de 201 5 y VPB 10308 del 2 de marzo de 2016 , a través de l as cual es se

otros factores salariales .

• Resoluciones GNR 41616 4 de l 23 de diciembre de 201 5 y VPB 10308 del 2 de marzo de 2016 , a través de l as cual es se resolvi eron los recur sos de reposición y apelación, respectivamente, y se confirm ó en todas sus partes la Resolución 299040 de l 28 de septiembre de 20 15 .

A título de restablecimiento del derecho, deprec ó se ordene a la entidad demandad a lo siguiente:

• Reliquidar su pensión de vejez, teniendo en cuenta el 75% de la totalidad de los valores correspondientes a los factores salariales percibidos durante los último s se is meses en l os que prestó sus servicios en la Contraloría General de la República , esto es, entre el 1.° de junio y el 30 de noviembre de 20 13 , específicamente, asignación básica, prima técnica, bonificación por servicios, bonificación especial – quinquenio,

3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 4 Acto administrativo que con posterioridad fue aclarado únicamente en lo que corresponde al nombre correcto del pensionado.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000 -23 -42 -000 -2016 -04874 -01 (4397 -2018)

Demandante: Alfredo Majul Estrada Taboada

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3 prima s de servicios, navidad y de vacaciones , así como

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3 prima s de servicios, navidad y de vacaciones , así como compensación de vacacio nes en dinero, de conformidad con el Decreto 929 de 1976 , con los respectivos incrementos anuales , efectiv a a partir del 1.° de diciembre de 20 13 .

• Indexar las sumas que ha dejado de percibir por concepto de su pensión de vejez hasta que se haga efectivo el reajuste , además reconocer intereses de mora causados por el retardo en el pago, conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o, en su defecto , de acuerdo con lo establecido en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 .

• Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 de la Ley 1437 de 2011 y p agar las costas del proceso.

2. 1.2. Hechos .

El demandante , a través de apoderad a, señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

1. Nació el 30 de junio de 195 6.

2. Desde el 16 de octubre de 1978 p restó sus servicios en la Contraloría General de la República y mediante la Resolución 2962 del 8 de noviembre de 2013 se le aceptó la renuncia al cargo con efectos a partir del 1.° de diciembre de 2013 .

3. El 30 de junio de 2011 adquirió el estatus pensional.

del 8 de noviembre de 2013 se le aceptó la renuncia al cargo con efectos a partir del 1.° de diciembre de 2013 .

3. El 30 de junio de 2011 adquirió el estatus pensional.

4. La entidad demandada , por medio de la Resolución GNR 285372 de l 14 de agosto de 20 14 5, le reconoció una pensión de vejez, en cuantía de $ 8.638.306 m/cte., efectiva a partir del 1.° de diciembre

5 Acto administrativo que co n posterioridad fue aclarado únicamente en lo que corresponde al nombre correcto del pensionado.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000 -23 -42 -000 -2016 -04874 -01 (4397 -2018)

Demandante: Alfredo Majul Estrada Taboada

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4 de 20 13 , con aplicación del régimen pensional consagrado en el Decreto 929 de 1976, en cuento a edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo, y en lo que refiere al IBL tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, lo devengado en los últimos 10 a ños de servicios.

5. La entidad demandada, a través de la s Resoluciones GNR 41616 4 de l 23 de diciembre de 2015 y VPB 10308 del 2 de marzo de 2016 , resolvi ó los recursos de reposición y apelación, respectivamente, y confirm ó en todas sus partes la Resolución

41616 4 de l 23 de diciembre de 2015 y VPB 10308 del 2 de marzo de 2016 , resolvi ó los recursos de reposición y apelación, respectivamente, y confirm ó en todas sus partes la Resolución 299040 de l 28 de septiembre de 20 15 , que negó la reliquidación de su pensión de vejez , conforme a lo establecido en la sentencia SU230 de 2015 emitida por la Corte Constitucional .

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

Como norma s vulnerada s citó los artículo s 1, 2, 3, 4, 6, 25, 29, 53, 58, 83, 90, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Constitución Política; 36 de la Ley 100 de 1993; Ley 33 de 1985; Ley 71 de 1988; 1 , 3, 10, 138, 146 y 171 de la Ley 1437 de 2011 ; y los Decretos 929 de 1976 y 1045 de 1978.

En el concepto de violación explicó que la entidad accionada desconoció las obligaciones contenidas en las normas referidas , toda vez que no tuvo en cuenta todo lo devengado en los seis últimos meses de servicio, tal como lo dispone el régimen especial de la Contraloría General de la República, esto es, las disposiciones del Decreto 929 de 1976.

Agregó que se calculó ma l la bonificación por quinquenio, la cual al igual que los demás factores, debe tomarse en su totalidad para luego dividirla en 6 y aplicarle la tasa de reemplazo del 75% .Nulidad y restablecimiento del derecho

igual que los demás factores, debe tomarse en su totalidad para luego dividirla en 6 y aplicarle la tasa de reemplazo del 75% .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000 -23 -42 -000 -2016 -04874 -01 (4397 -2018)

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5 2.2. Contestación de la demanda 6.

La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES , por intermedio de apoderado, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al fundamentar se en que la Corte Constitucional en las sentencias C -258 de 2013, T -078 de 2014 y SU -230 de 2015, concluyó que el IBL no fue un aspecto sometido a la transición y, por lo tanto, son las reglas fijadas en la Ley 100 de 1993 las que deben aplicarse para determinar ese aspecto.

De acuerdo con lo anterior, propuso las excepciones denominadas (i) «cobro de lo no debido»; (ii) «prescripción»; (iii) «buena fe »; (i v) «genérica o innominada »; (v) ; «inexistencia del derecho reclamado ».

2.3. Trámite en primera instancia .

El Tribunal Administrativo d e Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección C, en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, que se llevó a cabo el 9 de noviembre de 201 77, fijó el litigio consistente en:

Subsección C, en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, que se llevó a cabo el 9 de noviembre de 201 77, fijó el litigio consistente en:

«determinar si los actos demandados […] están o no viciados de nulidad por los cargos expuestos en la demanda, o por los que encontrare este Tribunal demostrados .

En el caso de prosperar la pretensión de nulidad, se deberá establecer si el demandante tiene o no derecho al restablecimiento del derecho solicitado en la demanda, teniendo en cuenta que dichas pretensiones son consecuenciales a la de nulidad. »

La decisión se notificó en estrados y no se interpusieron recursos.

2.4. La sentencia apelada .

6 Folios 165 a 171 . 7 Foli os 1 77 a 180 . CD obrante a folio 176.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000 -23 -42 -000 -2016 -04874 -01 (4397 -2018)

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6

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección C, mediante sentencia del 25 de abril de 2018 8, negó las pretensiones de la demanda.

Al respecto, l a autoridad judicial de la referencia señaló que de acuerdo con la posición adoptada por la Corte Constitucional en las

las pretensiones de la demanda.

Al respecto, l a autoridad judicial de la referencia señaló que de acuerdo con la posición adoptada por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de 2015 , SU427 de 2016 y SU -210 de 2017, el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite la aplicación de la norma anterior única y exclusivamente en cuanto a la edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto (tasa de reemplazo), aspectos que la accionada respetó . Las demás condiciones y requisitos aplicables para el reconocimiento de la pensión del actor se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 , con los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994 , en concordancia con el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 de la Constitución .

2.5. Recurso de la apelación .

El demanda nte , por conducto de apoderad a judicial, interpuso recurso de apelación 9 en contra de la sentencia de primera instancia, al considerar que las sentencias de la Corte Constitucional no pueden aplicarse a las pensiones que se consolidaron con anterioridad a la expedición de aquellas decisiones , en razón a que tiene un derecho adquirido que le permite la aplicación integral del Decreto 929 de 1976 , en virtud del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993.

Por lo anterior, solicitó revocar la decisión de primera instancia para que, en su lugar, se ordene reliquidar su pensión de vejez de

régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993.

Por lo anterior, solicitó revocar la decisión de primera instancia para que, en su lugar, se ordene reliquidar su pensión de vejez de

8 Folios 192 a 202 . 9 Folios 211 a 221 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000 -23 -42 -000 -2016 -04874 -01 (4397 -2018)

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7 conformidad con las pretensiones de la demanda, específicamente, teniendo en cuenta la totalidad del valor certificado por la bonificación especial o quinquenio.

2.6. Trámite en segunda instancia .

Por auto de l 19 de noviembre de 201 810 y 12 de ma rz o de 201 911, este despacho admiti ó el recurso de apelación interpuesto por el demanda nte y ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al agente del Ministerio Público para conceptuar en segunda instancia, respectivamente.

El demandante 12, por intermedio de apoderad a, insistió en lo expuesto en el escrito de demanda y resaltó que su inconformidad en contra de los actos censurados radica en la aplicación parcial de la transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues en su concepto se desnaturalizó la aplicación del régimen anterior , al tenerse en cuenta únicamente la edad, el tiempo o

de la transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues en su concepto se desnaturalizó la aplicación del régimen anterior , al tenerse en cuenta únicamente la edad, el tiempo o semanas cotizadas y la tasa de reemplazo .

Para el efecto, peticionó la aplicación de las sentencias del 04 de agosto de 2010 y 25 de febrero de 2016, emitidas por la Sec ción Segunda del Consejo de Estado y, además, precisó que la sentencia del 28 de agosto de 2018, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés, no aplica a los beneficiarios del régimen de la Contraloría General de la República, en virtud de la transic ión de la Ley 100 de 1993, máxime cuando se avocó conocimiento para unificar lo concerniente a l IBL d e dicho régimen.

La entidad demandada 13, a través de su apoderad o judicial, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda en lo

10 Folio 230 . 11 Folio 236 . 12 Folios 241 a 249 . 13 Folios 275 a 283.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000 -23 -42 -000 -2016 -04874 -01 (4397 -2018)

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8 concerniente a la posición fijada por la Corte Constitucional respecto a la interpretación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

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8 concerniente a la posición fijada por la Corte Constitucional respecto a la interpretación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Adicionalmente, hizo énfasis en que el Consejo de Estado a través de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, cambió de criterio y fijó la regla jurisprudencial sobre el IBL respecto a las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de que trata la Ley 100 de 1993 y concluyó que solo deben incluirse los factores sobre los cuales se efectuaron las respectivas cotizaciones.

El Ministerio Público guard ó silencio.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección procede a decidir previas las siguientes ,

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 14 de la Ley 1437 de 2011.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 15 del Código

14 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. [… ]».

cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. [… ]». 15 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promove r incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000 -23 -42 -000 -2016 -04874 -01 (4397 -2018)

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9 General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

En el presente caso, la parte demandante es apelante únic o, razón

9 General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

En el presente caso, la parte demandante es apelante únic o, razón por la cual la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido por el juicio de reproche esbozado en la apelación.

3.2. Problema Jurídico .

Corresponde a la Sala de Subsección establecer si el demandante tiene o no derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con el 75% del promedio de todos los factores devengados en el último semestre de servicios, con aplicación integral d el Decreto 929 de 1976, a pesar de ser beneficiari o de la t ransición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 .

3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso .

3.3.1. Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del Decreto 929 de 1976 cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 .

El Decreto 929 de 1976, en su artículo 7.º, consagró un régimen especial de pensiones para los servidores de la Contraloría General de la República, así:

«ARTÍCULO 7. Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a l a vigencia de

General tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a l a vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último s emestre ».

Ahora bien, l a Sección Segunda del Consejo de Estado , enNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000 -23 -42 -000 -2016 -04874 -01 (4397 -2018)

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10 sentencia de unificación de 11 de junio de 2020 16, fijó la siguiente regla en relación con el IBL de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición, a quienes se les aplica el régimen especial de pensiones de la Contraloría General de la República :

«El Ingreso Base de Liquidación de las pen siones reconocidas con los requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36 de esta norma; y respecto a los factores, atenderá l a regla de cotización contemplada en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994».

La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y

21 y 36 de esta norma; y respecto a los factores, atenderá l a regla de cotización contemplada en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994».

La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es la siguiente:

«53. De acuerdo con la regla y subreglas contenidas en el precedente de Sala Plena 17, el ingreso base de liquidación para las pensiones de quienes están en transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de la norma anterior en cuanto a edad, tiempo de servicio y tasa de retorno.

54. Lo expresado resulta importante para esta providencia, pues si bien aquel precedente atañe al régimen general anterior contenido en la Ley 33 de 1985, constituye un referente jurisprudencial pertinente, y por ende, plausible su aplicación para quienes siendo beneficiarios de la transición, definieron su derecho conforme a una norma especial; pues, el Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 no estableció tratos diferenciales para los distintos servidores públicos, y muestra de ello es que ingresaron a él solo en consideración al sector a donde estaban vinculados 18, sin atender las instituciones empleadoras ni las entidades previsionales que los amparaban.

55. En apoyo de tal conclusión, la Sala encuentra que la Corte Constitucional a través de la sentencia SU -395 de 2017, al resolver acciones de tutelas contra fallos que ordenaron reliquidación de

las entidades previsionales que los amparaban.

55. En apoyo de tal conclusión, la Sala encuentra que la Corte Constitucional a través de la sentencia SU -395 de 2017, al resolver acciones de tutelas contra fallos que ordenaron reliquidación de pensiones especiales, entre otras del Decreto 929 de 1976

(Contraloría General de la República), y con sustento en la tesis

16 Consejo de Estado , Sección Segunda, s entencia de unificación CE -SUJ -S2 -02020 del 11 de junio de 20 20 , radicación 05001 -23 -33 -00 -2012 -00572 -01 (1882 -2014 ). 17 Refiriéndose a la sentencia del 28 de agosto de 2018 emitida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, radicado 4403 -2013 , con ponencia del magistrado César Palomino Cortés. 18 Conforme al artículo 151 de la Ley 100 de 1993 y 2 .º del Decreto Reglamentario 691 de 1994, para los servidores del orden nacional, empezó a regir el 1 .º de abril de 1994, mientras que, para los territ oriales, el 30 de junio de 1995.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000 -23 -42 -000 -2016 -04874 -01 (4397 -2018)

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11 plasmada en el fallo C -258 de 2013 19, indicó:

En primer lugar, tal como se advertía en el capítulo anterior

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11 plasmada en el fallo C -258 de 2013 19, indicó:

En primer lugar, tal como se advertía en el capítulo anterior sobre el alcance del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal E.I.C.E. - acertadamente se rigió para el reconocimiento y pago de las pensiones de las demandantes en los casos bajo est udio, por la citada Ley y su régimen de transición, que mantuvo (i) el tiempo de servicios, (ii) la edad y (iii) el monto de la pensión del régimen anterior; por ello, aplicó el Decreto 929 de 1976 en esos aspectos, pero no para los factores salariales, po rque le correspondía lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, señalados específicamente en el Decreto 1158 de 1994.

Sin embargo, en las sentencias objeto de acción de tutela se interpretó que los factores salariales deben ser los consagrados en el régimen anterior, en cuanto que las demandantes son beneficiarias del régimen de transición. Es decir, se concluyó, sin más, que el monto de la pensión al que se refiere el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no signific a únicamente la tasa de reemplazo, sino que también incluye el ingreso base de liquidación en sí mismo considerado y los factores salariales -y demás elementos constitutivos de la liquidación pensional -.

De esta suerte, concluyeron que a las demandantes se les debía reconocer una pensión equivalente (i) al 75% (tasa de

factores salariales -y demás elementos constitutivos de la liquidación pensional -.

De esta suerte, concluyeron que a las demandantes se les debía reconocer una pensión equivalente (i) al 75% (tasa de reemplazo establecida en el art. 7 del Decreto 929 de 1976) (ii) del promedio de los salarios devengados durante el último semestre de servicios (IBL señalado en ese mismo precepto), (iii) incluyendo los factores salariales enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, por así autorizarlo el artículo 17 del Decreto 929 de 1976, que hizo extensivas las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 y las normas que lo modifican y adicionan a los empleados de la Contraloría General de la República, en cuanto no se opongan a dicho decreto ni a su finalidad. Igualmente, se dio aplicación al caso del artículo 40 del Decreto 720 de 1978, que establece factores adicionales de salario, ordenamiento este último destinado a los servidores del ente fiscal.

Frente a esta conclusión, se advierte, al rompe, un defecto sustantivo por interpretación contraria a lo expresamente establecido por el legislador en los incisos segundo y tercero del artículo 36 d e la Ley 100 de 1993, así como por desconocimiento de las sentencias de constitucionalidad con efecto erga omnes C-168 de 1995 y C -258 de 2013.

56. Con fundamento en lo disertado, para la Sala es inequívoco que la aplicación del régimen de transición, aún respecto de beneficiarios de normas pensionales especiales, solo ampara los

56. Con fundamento en lo disertado, para la Sala es inequívoco que la aplicación del régimen de transición, aún respecto de beneficiarios de normas pensionales especiales, solo ampara los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de retorno, pues la liquidación del derecho, en lo que corresponda atenderá las

19 Declaró inexequibles apartes del artículo 17 de la Ley 4 .ª de 1992.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000 -23 -42 -000 -2016 -04874 -01 (4397 -2018)

Demandante: Alfredo Majul Estrada Taboada

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

12 variables de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1 993. »

Además, en esta providencia, la Sección Segunda también se ocupó de analizar el tema de los aportes pensionales y el principio de sostenibilidad fiscal, frente a lo cual concluyó:

«84. De esta manera, los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral tienen el carácter de parafiscales y son obligatorios , tanto para el empleador como para el empleado, sin que su pago quede al arbitrio de quienes están en la obligación de efectuarlos, ni llegar a ser objeto de neg ociación, acuerdo o conciliación. Una vez decretados por la ley, estos aportes deben ser realizados en la forma y tiempo establecidos.

85. Alrededor de la regulación de los aportes, tenemos que unos son los que el empleador y empleado debieron haber efect uado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y

la forma y tiempo establecidos.

85. Alrededor de la regulación de los aportes, tenemos que unos son los que el empleador y empleado debieron haber efect uado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y otros, a partir de ésta. Precisión que resulta de la mayor relevancia, ya que de ello dependerá la proporción que debió aplicarse en su momento sobre el ingreso base de cotización.

[…]

91. Lo anterior resulta importante, porque en función de los principios de sostenibilidad financiera y de solidaridad, inherentes al sistema pensional, la cotización pensional antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, constituye part e del soporte fiscal que sustenta las pensiones reconocidas, lo cual se reguló en la forma que quedó indicada, o en casos especiales, a partir de normas concretas que así lo dispusieron.

[…]

106. En el contexto anterior, la Sala, luego de analizar el conjunto de normas salariales y prestacionales de los servidores de la Contraloría General de la República, encuentra que en vigencia de la Ley 100 de 1993 las cotizaciones para pensión solo afect an a los factores que expresamente señaló el reglamento en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, pues antes de tal norma, la base de cotización la constituía la asignación básica.

En otros términos, ninguna norma que regula los salarios y prestaciones s ociales para tal sector dispone de manera expresa una regla de cotización diferente a la anunciada . (Negrilla y subraya do de la Sala )

Así entonces, de acuerdo con la regla fijada por la sección segunda, el IBL de la pensión, para quienes están en transici ón, es el previsto

(Negrilla y subraya do de la Sala )

Así entonces, de acuerdo con la regla fijada por la sección segunda, el IBL de la pensión, para quienes están en transici ón, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Sin embargo, estas personas se pensionarán con los requisitos de edad y tiempo de servicio previstos en el Decreto 929 del 1976, siempre que cumplan con los requisitos para la aplicación de dicho régimen.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000 -23 -42 -000 -2016 -04874 -01 (4397 -2018)

Demandante: Alfredo Majul Estrada Taboada

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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