CE - 250002342000201605954011SENTENCIA20220909143728

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000 23 42 000 2016 05954 01 (3881-18)

Demandante: Armando de Jesús Pomarico Ramos

Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

Temas: Topes pensionales. Acto no susceptible de control judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia del 11 de mayo del 2018 , dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo2

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05954 01 (3881-18)

Demandante: Armando Pomarico Ramos

Contencioso Administrativo, el señor Armando de Jesús Pomarico Ramos formuló

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05954 01 (3881-18)

Demandante: Armando Pomarico Ramos

Contencioso Administrativo, el señor Armando de Jesús Pomarico Ramos formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la nulidad del Oficio número 20162000069401 del 21 de julio del 2016 , proferido por el Fondo Previsión Social del Congreso de la República, por medio del cual se negó al demandante la solicitud de no aplicación de la sentencia C -258 del 2013, proferida por la Corte Constitucional en relación con el tope pensional de 25 s.m.l.m.v.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó lo siguiente:

Segunda: […] se condene a la Nación, Fondo de Previsión Social del Congreso, a reconocer y pagar a mi poderdante la diferencia que generó la aplicación ilegal de la sentencia de constitucionalidad C-258 de 2013, la cual se llevara a cabo mediante la expedición de la Resolución No. 0443 del 12 de julio del 2013, emitida por la demandada, desde el 1 de julio de 2013, hasta la fecha en la que se haga efectivo el pago de dicha diferencia, en su calidad de prestación periódica, por trat arse de emolumentos pagados en forma mensual y en dos ocasiones adicionales al año, como lo establece la normatividad pensional aplicable al caso particular.

Tercera: igualmente, […] a pagar en forma actualizada (indexada) las sumas adeudadas por concepto de impago de la diferencia dejada de percibir por concepto de la prestación periódica reclamada, de acuerdo con los índices de precios al

Tercera: igualmente, […] a pagar en forma actualizada (indexada) las sumas adeudadas por concepto de impago de la diferencia dejada de percibir por concepto de la prestación periódica reclamada, de acuerdo con los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, o la autoridad administrativa que en su momento cumpla tal función en su momento, de llegar a variar su competencia.

Cuarta: sobre las sumas adeudadas, debidamente indexadas, a título de restablecimiento del derecho, se reconozcan los intereses moratorios, desde el 1 de julio del 2013, hasta la fecha de pago efectivo, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 4 del artículo 195, ibídem, en la forma en la que el evento llegue a darse.

Quinta: que sobre las sumas adeudadas, debidamente indexadas, a título de restablecimiento, se reconozcan los intereses moratorios a la tasa equivalente al DTF desde la ejecutoria de la sentencia, hasta el máximo de los diez meses siguientes a tal fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del C.P.A.C.A., o hasta la fecha de pago efectivo de la obligación, de ocurrir dicho pago antes del plazo legal establecido.3

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Demandante: Armando Pomarico Ramos

Sexta: que sobre las sumas adeudadas, debidamente indexadas, a título de restablecimiento del derecho, se reconozcan los intereses moratorios a la tasa comercial, desde el primer día del mes once, contado desde la fecha de ejecutoria

Sexta: que sobre las sumas adeudadas, debidamente indexadas, a título de restablecimiento del derecho, se reconozcan los intereses moratorios a la tasa comercial, desde el primer día del mes once, contado desde la fecha de ejecutoria de la sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 195 del C.P.A.C.A., de darse el caso, hasta el día de pago efectivo de la obligación.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El señor Armando Pomarico Ramos es pensionado del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República; sin embargo, a través de la Resolución 443 del 12 de julio del 2013, se aplicó lo dispuesto en la sentencia C -258 del 2013, es decir , un tope pensional de 25 s.m.l.m.v. a su mesada pensional, sin previamente darle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.

1. El 1 de julio del 2016, el demandante interpuso derecho de petición ante la parte demandada, con el objetivo de que se in iciara una actuación administrativa de interés particular, de tal modo que pudiera ejercer su derecho al debido proceso; que se le certificaran las diferencias de los dineros dejados de percibir a partir de la aplicación de la sentencia C-258 del 2013; y que se devolvieran dichas sumas.

1. El 21 de julio del 2016, el Fondo profirió una respuesta por medio del Oficio número 20162000069401, en donde se negó a acceder a lo pedido por el señor Pomarico Ramos bajo el argumento de que la limitación de la mesad a pensional

número 20162000069401, en donde se negó a acceder a lo pedido por el señor Pomarico Ramos bajo el argumento de que la limitación de la mesad a pensional obedeció al cumplimiento de una orden emitida por la Corte Constitucional, en la que, además, se dispuso que no era necesario adelantar ninguna actuación administrativa previa.4

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Demandante: Armando Pomarico Ramos

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 6, 13, 21, 29, 31, 42, 46, 48, 58, 82, y 209 de la Constitución Política de 1991; y artículos 3, numeral 1 , y 93, de la Ley 1437 del 2011 . En desarrollo del concepto de la violación, la parte demandante expuso los siguientes argumentos1:

1. La Corte Constitucional profirió un fallo que revocó derechos adquiridos del adulto mayor, toda vez que, a través de la sentencia C-258 del 2013, ordenó la reducción de las mesadas pensionales, además, sin el respeto del debido proceso, por cuanto no se adelantó un trámite administrativo previo que garantizara a los afectados el ejercicio del derecho de defensa y contradicción.

1. La reducción de las mesadas pensionales debía estar pr ecedida de un procedimiento de carácter particular en el que se vinculara a los afectados , con el fin de que se garantizara el derecho de audiencia y de defensa, de tal forma que se pudiera aplicar correctamente la sentencia de constitucionalidad mencionada.

procedimiento de carácter particular en el que se vinculara a los afectados , con el fin de que se garantizara el derecho de audiencia y de defensa, de tal forma que se pudiera aplicar correctamente la sentencia de constitucionalidad mencionada.

1. El Consejo de Estado2 ha establecido que, en casos de identidad fáctica y jurídica al presente, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República no podía limitar el derecho pensional de sus afiliados sin antes garantizar la participació n de los afectados en un procedimiento que permitiera asegurar el respeto por las mínimas garantías procesales.

1 Folios 12 al 52. 2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de tutela del 16 de julio del 2014, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de tutela del 23 de octubre del 2014, M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez; y Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de tutela del 2 de julio del 2015, M.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.5

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Demandante: Armando Pomarico Ramos

1.2. Contestación de la demanda

La parte demandada allegó memorial de contestación visible en los folios 71 al 82, en donde argumentó lo siguiente:

1. El señor Armando Pomarico Ramos cuestiona también la Resolución 443 del 2013, por medio de la cual se establecieron los lineamientos para el cumplimiento

en donde argumentó lo siguiente:

1. El señor Armando Pomarico Ramos cuestiona también la Resolución 443 del 2013, por medio de la cual se establecieron los lineamientos para el cumplimiento de la sentencia C -258 del 2013, a pesar de que dicho acto admi nistrativo no es objeto de estudio dentro de la presente demanda, en donde solamente se discute el oficio 201620000694 01 del 21 de julio del 2016, por medio del cual se negó el restablecimiento del valor de su mesada pensional.

1. Para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia C258 del 2013 no era necesario iniciar un trámite administrativo previo, tal como lo ha aclarado la misma autoridad constitucional en las sentencias T -392 y T-615 del 2015, en donde se explicó que Fonprecon no ha violado el derecho fundamental al debido proceso de sus afiliados al aplicar, de forma directa, el tope pensional de 25 s.m.l.m.v.

1. La sentencia invocada por la parte accionante, del 2 de julio del 2015, no puede ser tenida en cuenta para resolver el presente asunto, toda vez que, por medio de auto del 15 de diciembre del 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad de todo lo actuado en ese proceso a partir del 7 de mayo de ese año, por lo que el proceso finalizó con s entencia de segunda instancia del 19 de septiembre del 2016. Por su parte, las otras dos sentencias fueron dictadas antes de que la Corte Constitucional profiriera los fallos T-392 y T-615 del 2015.6

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05954 01 (3881-18)

de que la Corte Constitucional profiriera los fallos T-392 y T-615 del 2015.6

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Demandante: Armando Pomarico Ramos

1. Los argumentos propuestos por e l demandante se enfoc an principalmente en discutir los argumentos utilizados por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 del 2013 y en el derecho que considera que le asiste a que su mesada pensional sea restablecida, pero no explicó las razones por las que el acto demandado debe ser declarado nulo.

1.3 La sentencia apelada

En sentencia del 11 de mayo del 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, negó las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Armando Pomarico Ramos , de acuerdo con las siguientes consideraciones:3

[…] La entidad demandada al expedir la mencionada resolución no vulneró el derecho al debido proceso del actor, pues se limitó a dar cumplimiento a la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 del 2013 y a las órdenes contenidas en ésta; esto es, reajustar de forma automática las pensiones a partir del 1 de julio del 2012, al monto de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por ello, pueden considerarse que la Resolución 443 del 12 de julio del 2012, “reúne las características de un acto de cumplimiento de una sentencia judicial proferida por la Corte Constitucional”.

Así las cosas, el procedimiento administrativo previo que echa de menos la parte

2012, “reúne las características de un acto de cumplimiento de una sentencia judicial proferida por la Corte Constitucional”.

Así las cosas, el procedimiento administrativo previo que echa de menos la parte actora, para realizar el reajuste de la pensión, no es necesario, pues se ordenó que se realizara en forma automática, encaminada a dar cumplimiento a una norma constitucional; y a evitar que se perpetuara una vulneración a los principios de sostenibilidad financiera, solidaridad, igualdad y universalidad que deben re gir el sistema de seguridad social, de acuerdo con la reforma contenida en el Acto legislativo 01 de 2005. […] Por otra parte, si bien el actor hace referencia a sentencias de tutela proferidas por el Consejo de Estado en las que se ha accedido a la protección al derecho al debido

3 Folios 136 al 1437

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Demandante: Armando Pomarico Ramos

proceso de algunos pensionados del Congreso, por cuanto, FONPRECON no agotó un procedimiento previo para disminuir el monto pensional a veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, la Sala advierte que en la más recien te de ellas 19 de septiembre de 2016, contrario a lo afirmado en el escrito de demanda, el alto tribunal fue claro en indicar que “FONPRECON, al definir la situación del actor, se ajustó a las previsiones previamente establecidas respecto de los límites constitucionalmente razonables, según los cuales el tope de la mesada pensional de los Congresistas, corresponde a la suma de 25 salarios mínimos legales

ajustó a las previsiones previamente establecidas respecto de los límites constitucionalmente razonables, según los cuales el tope de la mesada pensional de los Congresistas, corresponde a la suma de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Agregó que “también acertó al reajustarle la pensión al actor de manera automática dado que la Corte Constitucional había señalado en la referida sentencia que a partir del 1 de julio del 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá superar el tope de los 25 salarios m ínimos legales mensuales vigentes. Por ello, todas las mesadas pensionales deberán ser reajustadas automáticamente a este tope por autoridad administrativa”. [Negrilla y cursiva del texto] […] En suma, no es posible predicar una vulneración del derecho fundamental al debido proceso en el caso analizado, toda vez que FONPRECON dio estricto cumplimiento a la orden de reajustar las mesadas pensionales en veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con el tope previsto en el Acto Legislativo No. 01 del 2005; y que la Resolución 0443 del 12 de julio del 2013 constituyó un acto de cumplimiento de la sentencia C -258 del 2013, que ordenó el reajuste automático de las mesadas pensionales a partir del 1 de julio del 2013. Por lo anterior, la Sala concluye que FONPRECON actuó debidamente, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda.

1.4. El recurso de apelación

Como consecuencia de la sentencia de primera instancia, el señor Armando de

negarán las pretensiones de la demanda.

1.4. El recurso de apelación

Como consecuencia de la sentencia de primera instancia, el señor Armando de Jesús Pomarico Ramos, por medio de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación visible en los folios 146 al 181, en donde argumentó lo siguiente:

La sentencia aquí atacada desconoce lo ordenado por el Consejo de Estado, y que tal era la jurisprudencia directa, aplicable al caso para el momento de radicación de la demanda que nos ocupa, y por tal, debió ser aquella tenida en cuenta por el fallador para emitir el fallo de primera instancia que hoy se apela, pues era aquella que debía ser el fundamento para proferir la decisión atacada, sin más, pues era, reitero y enfatizo, aquella aplicable al caso particular, y como lo ha dicho el mismo Consejo de Estado, la jurisprudencia aplicable a8

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05954 01 (3881-18)

Demandante: Armando Pomarico Ramos

los casos sometidos a estudio de los operadores judiciales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, aquella vigente para el momento de radicación de la demanda, independientemente de que la misma cambie posteriormente. [Negrilla y subrayado del texto]

De otra parte, la sentencia atacada desconoce lo ordenado por el Consejo de Estado, mediante la acción de tutela que reconociera la violación al derecho al debido proceso de mi poderdante y decidiera ajustar la conducta de la demandada a derecho.

El trámite surtido a través de los a ctos atacados no sustituyó tal orden, y basar la

debido proceso de mi poderdante y decidiera ajustar la conducta de la demandada a derecho.

El trámite surtido a través de los a ctos atacados no sustituyó tal orden, y basar la decisión judicial impugnada en ello no resulta acorde a lo ordenado por el mismo Consejo de Estado.

Esto, además de todo lo anotado claramente desde la demanda, y lo acá vuelto a señalar, para facilidad en la lectura de los argumentos acá plasmados y el porqué de la inconformidad con la sentencia apelada.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Tanto la parte demandante como la demandada guardaron silencio.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República vulneró los derechos del debido proceso y a la defensa y contradicción del señor Armando Pomarico Ramos al aplicar, de forma automática, un tope de 25 s.m.l.m.v a su pensión de jubilación, en cumplimiento de la sentencia C-258 del 2013.9

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05954 01 (3881-18)

Demandante: Armando Pomarico Ramos

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre los topes pensionales

El artículo 2 de la Ley 4 de 19764 dispuso que las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus

2.2.1. Sobre los topes pensionales

El artículo 2 de la Ley 4 de 19764 dispuso que las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario».

Posteriormente, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 preceptuó que n inguna pensión podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual. 5A su vez, e l artículo 18 de la Ley 100 de 1993 limitó la base de cotización a 20 SMLVM. Esta disposición fue modificada por la Ley 797 de 2003 que aumentó dicha suma a 25 SMLVM.

Igualmente, el Acto Legislativo 1 de 2005 acogió el anterior criterio y dispuso que «a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública».

En relación con la existencia de topes pensionales, la Corte Constitucional ha concluido lo siguiente:6

4 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semiofic ial y privado y se dictan otras disposiciones 5 Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989. 6 Sentencia C-155 de 1997.10

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05954 01 (3881-18)

Demandante: Armando Pomarico Ramos

6 Sentencia C-155 de 1997.10

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05954 01 (3881-18)

Demandante: Armando Pomarico Ramos

[…] el legislador puede, por razones de política legislativa, señalar cuáles son los límites máximos y mínimos que deben implantarse para que las reservas de dinero destinadas al pago de las pensiones, tanto en el sector público como en el privado, no pierdan por un lado su capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan los recursos existentes para el pago de las pensiones (C.P. art. 48 y 53). La Corte considera que, dentro de ciertos límites, el legislador tiene libertad para determinar el monto y los alcances de los recursos a fin de lograr el mejor uso de los mismos, en un sistema solidario de seguridad social; es perfectamente legítimo que, la ley conceda un límite mínimo o máximo al monto de la pensión, si con ello se pretende administrar recursos limitados […].

[…] al establecer unos topes máximos a la mesada pensional, el legislador protege los recursos existentes para el pago de las pensiones, a fin de asignarlos preferencialmente a aquellos que se encuentran en una escala económica infe rior. […].

De acuerdo con el anterior criterio, el legislador se encuentra facultado para establecer la figura de los topes pensionales como una medida idónea, proporcional y razonable en aras de garantizar la cobertura universal del sistema de seguridad social en pensiones.

En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional 7 ha precisado que también les son aplicables las normas generales que fijan los topes pensionales, siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la norma tiva

En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional 7 ha precisado que también les son aplicables las normas generales que fijan los topes pensionales, siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la norma tiva especial.

Igualmente, es inaceptable predicar la ausencia de topes para los beneficiarios de leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de un grupo de pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha previsto para el reconocimiento y valor de las pensiones».8

7 Sentencia C-089 de 1997. 8 Sentencia C-089 de 1997.11

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05954 01 (3881-18)

Demandante: Armando Pomarico Ramos

El anterior criterio fue reiterado en la Sentencia C -258 de 2013, en los siguientes términos:

Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de las más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además desde antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes anteriores, desde la Ley 4 de 1976, el Legislador ha sometido a topes mínimos y máximos el valor que una persona puede recibir por razón de su pensión; así, esa normativa estableció un valor máximo de 22 smmlv. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 disminuyó el tope a 15 smmlv y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18, a 20 smmlv para los afiliados

valor máximo de 22 smmlv. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 disminuyó el tope a 15 smmlv y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18, a 20 smmlv para los afiliados al régimen de prima media. Más recientemente, el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a 25 smmlv; ese mismo criterio fue luego acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005.

En concorda ncia con la anterior preocupación y para el caso específico de los regímenes especiales de pensiones, en las sentencias C -089 de 1997 y C -155 de 1997, esta Corporación también sostuvo que en caso de que las normas especiales de tales regímenes no dispusier an un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales , específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo pertinente.

Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla de la ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo, como en el caso de los anteriores elementos del régimen, ( i) vulneraría el principio de igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios público s excesivos a un grupo de personas que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el contrario, por regla general pertenecen a un sector privilegiado de la población; y (ii) avalaría la continuidad de un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad social. (Resalta la Sala).

Así las cosas, con la aplicación de los topes pensionales a todas la pensiones,

población; y (ii) avalaría la continuidad de un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad social. (Resalta la Sala).

Así las cosas, con la aplicación de los topes pensionales a todas la pensiones, ordinarias o especiales, se protege el financiamiento del sistema pensional. En efecto, desde la Ley 4 de 1976, todas las pensiones de los funcionarios públicos han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa los principios de solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y sostenibilidad fiscal.12

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05954 01 (3881-18)

Demandante: Armando Pomarico Ramos

2.2.2 La sentencia C-258 del 2013

El artículo 241 de la Constitución Política de 1991 encomendó a la Corte Constitucional la función de guardar su integridad y supremacía. La mencionada corporación en las Sentencias C -131 de 1996 y C -037 de 1996 analizó el alcance de las sentencias de constitucionalidad y concluyó lo siguiente:

1. Tienen efectos erga omnes , es decir, para todos y no solo para quienes comparecen como partes.

1. Por regla general, son vinculantes para la universalidad de casos futuros.

1. Hacen tránsito a cosa juzgada explícita e implícita. La primera se predica de la parte resolutiva de las sentencias y la segunda de aquellos «conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal

1. Hacen tránsito a cosa juzgada explícita e implícita. La primera se predica de la parte resolutiva de las sentencias y la segunda de aquellos «conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos».

1. Los operadores jurídicos están obligados por el efecto de la cosa juzgada material9 de las sentencias de la Corte Constitucional, por ende, « todas las autoridades públicas en Colombia, incluidas las autoridades administrativas y judiciales, deben acatar lo decidido por la Corte en sus fallos de control de constitucionalidad».10

Ahora bien, la Sentencia C-258 de 2013 analizó la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, que estableció el régimen especial de pensiones para los congresistas y demás cargos homologados.

En lo que respecta al objeto de controversia en el sub lite, la aludida providencia precisó que desde la Ley 4ª de 1976 todas las pensiones de los funcionarios

9 Las sentencias C-543 de 1992 y C -532 de 2013 han precisado que la cosa juzgada es formal cuando existe una decisión previa de constitucionalidad sobre idéntica norma demandada, mientras que la material opera cuando el juico de constitucionalidad recae respecto de una di sposición que tiene igual contenido normativo de otra que fue examinada en anterior oportunidad. 10 Sentencia C-539 de 2011, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.13

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05954 01 (3881-18)

Demandante: Armando Pomarico Ramos

10 Sentencia C-539 de 2011, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.13

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05954 01 (3881-18)

Demandante: Armando Pomarico Ramos

públicos han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad soc ial y materializa los principios de solidaridad, eficiencia, universalidad y sostenibilidad fiscal.

De manera especial, la alta corporación reivindicó el mandato constitucional previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005 en tanto dispuso que, a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a los 25 SMLMV. Igualmente, se precisó que dicho límite incorporó un componente de subsidio a las pensiones de las personas de más bajos ingresos, con lo cual se amplió la cobertura del sistema.

A su vez, la Corte Constitucional refirió que el mencionado mandato buscó «establecer topes para todas las mesadas pensionales con cargo a recursos de naturaleza pública, con el propósito de limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993».

Bajo este hilo argumentativo, la Sentencia C -258 de 2013, en su parte motiva, estableció que, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesa da pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá

estableció que, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesa da pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá superar el tope de los 25 SMLMV, por ende, «todas las mesadas pensionales deberán ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad administrativa».

En cuanto a la materialización de la anterior orden judicial, resulta relevante citar la Sentencia SU-579 de 2019, en la cual se acumularon diversas acciones de tutela14

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05954 01 (3881-18)

Demandante: Armando Pomarico Ramos

en las cuales los accionantes sostenían que para aplicar el mencionado límite los fondos de pensiones debían surtir previamente una actuación garante del derecho de audiencia y defensa de los afectados; sin embargo, la Corte Constitucional se apartó de dicho entendimiento por las siguientes razones:

1. La Sentencia C-258 de 2013 es fundadora de línea en cuanto a la orden impartida a todas las entidades que administran el régimen pensional financiado con recursos públicos de reajustar de manera automática las mesadas que superaran los 25

SMLMV. Esta tesis se ha seguido consolidando , entre otras, a través de las sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015 y SU-210 de 2017.

1. El ajuste debe operar de manera automática y sin que sea necesario iniciar un proceso de reliquidación, pues se trata de un mandato constitucional de obligatorio cumplimiento. En t