CE - 250002342000201605961021SENTENCIA20220823105454

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República

Temas: Topes pensionales. Acto no susceptible de control judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia del 23 de abril del 2021 , dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , el señor Víctor Manuel Buitrago Gómez formuló2

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio del 21 de julio del 2016, proferido por el Fond o Previsión Social del Congreso de la República , por medio del cual se negó al demandante la devolución de los dineros descontados de su mesada pensional, con ocasión de la aplicación de la sentencia C -258 del 2013, proferida por la Corte Constitucional.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó lo siguiente:

Segunda: […] reconocer y pagar la diferencia que generó la aplicación ilegal de la Sentencia de Constitucionalidad C-258 de 2013 la cual se llevara a cabo mediante la expedición de la Resolución No 0443 del 12 de julio de 2013, emitida por la demandada, desde el 1 de julio de 2013, hasta la fecha en la que se haga el pago efectivo de dicha diferencia, en su calidad de prestación periódica, por tratarse de emolumentos pagados en forma mensual y en dos ocasiones adicionales al año, como lo establece la normatividad pensional aplicada al caso particular.

Tercera: […] pagar en forma actualizada las sumas adeudadas por concepto de impago de la diferencia dejada de percibir por concepto de la prestación periódica reclamada de acuerdo con los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, o la autoridad administrativa que en su momento cumpla tal función.

Cuarta: que sobre las sumas adeudadas , debidamente indexadas, se reconozcan

reclamada de acuerdo con los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, o la autoridad administrativa que en su momento cumpla tal función.

Cuarta: que sobre las sumas adeudadas , debidamente indexadas, se reconozcan los intereses moratorios, desde el 1 de julio de 2013, hasta la fecha de pago efectivo, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011y el numeral 4 del artículo 195 ibídem, en la forma en la que el evento llegue a darse.

Quinta: […] se reconozcan los intereses moratorios a una tasa equivalente al dtf desde la ejecutoria de la sentencia, hasta el máximo de los diez días siguientes a tal fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del c.p.a.c.a, o hasta la fecha de pago efectivo de la o bligación, de ocurrir dicho pago antes del plazo legal establecido.

Sexta: se reconozcan los intereses moratorios a la tasa comercial, desde el primer día del mes once, contado desde la fecha de ejecutoria de la sentencia, de conformidad con lo dispuesto e n el artículo 195 del c.p.a.c.a. , de darse el caso, hasta el día de pago efectivo de la obligación.

1.1.2. Hechos3

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El Fondo de Prestaciones Sociales del Congreso de la República, a través de una serie de actuaciones internas y bajo el amparo de la sentencia C -258 del

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El Fondo de Prestaciones Sociales del Congreso de la República, a través de una serie de actuaciones internas y bajo el amparo de la sentencia C -258 del 2013, limitó hasta 25 s.m.l.m.v la pensión de jubilación del señor Víctor Manuel Buitrago sin haberse iniciado, previamente, el trámite de la revocatoria di recta establecido en los artículos 93 al 97 de la Ley 1437 del 2011 , y sin haberse agotado la conciliación prejudicial en los términos del Decreto 1069 del 2015.1

1. El 1 de julio del 2016, el demandante interpuso derecho de petición ante Fonprecon, con el objeto de solicitar que se certificaran las diferencias dejadas de percibir a partir del mes de julio del 2013, en virtud de la aplicación de la sentencia C-258 del 2013; además, pidió que se pagaran dichas diferencias.

1. La anterior solicitud fue resuelta a través del Oficio número 201620 00069421 del 21 de julio del 2016, en donde la parte demandada negó lo pedido, bajo el argumento de que la reducción de su mesa da pensional obedeció al cumplimiento de una sentencia proferida por la Corte Constitucional.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

En el escrito inicial de la demanda se invoc aron como violados los artículos 1, 6, 13, 21, 29, 31, 42, 46, 48, 58, 83 y 209 de la Constitución Política de 1991; 3, 4, 93 y 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

13, 21, 29, 31, 42, 46, 48, 58, 83 y 209 de la Constitución Política de 1991; 3, 4, 93 y 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

1 La parte demandante no aportó información sobre el reconocimiento de su mesada pensional, tal como el acto administrativo o las condiciones en las que se concedió tal derecho.4

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

Administrativo. En desarrollo del concepto de la violación, la parte demandante expuso los siguientes argumentos2:

1. El Consejo de Estado 3 ya ha definido que la Resolución número 443 del 2013, por medio de la cual el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República dio aplicación a la sentencia C -258 del 2013, vulneró los derechos fundamentales de sus asociados, toda vez que se descono ció el debido proceso de los pensionados.

1. La reducción del valor de las mesada pensional debía supeditarse a la iniciación de un trámite administrativo previo que le permitiera a los afectados ejercer su derecho de defensa y contradicción, de tal modo que se lograr a una idónea aplicación de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.

1. La naturaleza de la sentencia C -258 del 2013 era la de adicionarse a la norma cuya constitucionalidad se estudiaba, que resulta ser el artículo 17 de la Ley 4 de

1992. En razón de lo anterior, la entidad debió procurar la garantía de los derechos fundamentales de los pensionados, razón por la que el acto

cuya constitucionalidad se estudiaba, que resulta ser el artículo 17 de la Ley 4 de

1992. En razón de lo anterior, la entidad debió procurar la garantía de los derechos fundamentales de los pensionados, razón por la que el acto administrativo demandado debe ser declarado nulo.

1.2. Contestación de la demanda

2 Demanda, expediente digital, portal Samai. 3 Sentencias de tutela: i) Sección Segunda, Subsección B, 16 de julio del 2014, radicado 25000 23 42 000 2013 04912 01; ii) Sección Segunda, Subsección B, 23 de octubre del 2014, radicado 25000 23 41 000 2013 02686 02; iii) Sección Primera, 2 de julio del 2015, radicado 25000 23 42 000 2013 04281 015

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

La parte demandada allegó memorial de contestación visible en el portal Samai, en donde argumentó lo siguiente:

1. El señor Víctor Manuel Buitrago se ocupó de cuestionar la Resolución 443 del 2013, a pesar de que dicho acto administrativo no es objeto de estudio dentro de la presente demanda, en donde solamente se discute el oficio 20162000069421 del 21 de julio del 2016, por medio del cual se negó el restablecimiento del valor de su mesada pensional.

1. Para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia C258 del 2013 no era necesario iniciar un trámite administrativo previo, tal como lo

de su mesada pensional.

1. Para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia C258 del 2013 no era necesario iniciar un trámite administrativo previo, tal como lo ha aclarado la misma autoridad constitucional en las sentencias T -392 y T-615 del 2015, en donde se explicó que Fonprecon no ha violado el derecho fundamental al debido proceso de sus afiliados al aplicar, de forma directa, el tope pensional de 25 s.m.l.m.v.

1. Las sentencias invocadas por la parte demandante no pueden ser tenidas en cuenta para resolver el presente asunto, toda vez que, por m edio de auto del 15 de diciembre del 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad de todo lo actuado en ese proceso a partir del 7 de mayo del ese año, por lo que el proceso finalizó con sentencia de segunda instancia del 19 de septiembre del 2016. Por su parte, las otras dos sentencias fueron dictadas antes de que la Corte Constitucional profiriera los fallos T-392 y T-615 del 2015.

1. Los argumentos propuestos por el demandante se enfocan principalmente en discutir los argumentos propuestos en la sentencia C-258 del 2013 y en el derecho

que considera que le asiste a que su mesada pensional sea restablecida, pero no6

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

procura explicar las razones por las que el acto demandado debe ser declarado nulo.

1.3 La sentencia apelada

En sentencia del 14 de junio del 2018 , el Tribunal Administrativo de

procura explicar las razones por las que el acto demandado debe ser declarado nulo.

1.3 La sentencia apelada

En sentencia del 14 de junio del 2018 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, negó las pretensiones de l a demanda interpuesta por el señor Víctor Manuel Buitrago , de acuerdo con las siguientes consideraciones:4

[…] En sentencia C-258 de 2013 la Corte Constitucional determinó que a partir del 1 de julio de 2013 ninguna mesada pensional con cargo a recursos públicos podía superar el tope de los 25 SMLMV, por lo que estas debían ser ajustadas automáticamente por la autoridad administrativa responsable de su reconocimiento y pago.

El Tribunal Constitucional previó una excepción a dicha regla general, en el caso de que las pensiones hubiesen sido reconocidas con abuso del derecho o fraude a la ley, caso en el cual la autoridad administrativa estaba en la obligación de realizar la respectiva reliquidación, después de inicial un procedimiento administrativo con observancia de la garantía del debido proceso.

No obstante, en el presente as unto se evidencia que la prestación del accionante fue reajustada al superar el tope de los 25 SMLMV, que no por haber sido reconocida con abuso del derecho o fraude a la ley, motivo por el cual, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucio nal tal disminución se debía efectuar automáticamente por la autoridad administrativa y sin necesidad de adelantar un procedimiento previo.

A su vez, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que el exigir un procedimiento previo para disminuir las mesada pensionales que superaban los 25

adelantar un procedimiento previo.

A su vez, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que el exigir un procedimiento previo para disminuir las mesada pensionales que superaban los 25 SMLMV resulta desproporcionado y contrario a los fines de la sentencia C -258 de 2013, desconoce el principio de supremacía constitucional y afecta los principios de sostenibilidad financiera, universalidad, solidaridad e igualdad que rigen el sistema de seguridad social.

4 Expediente digital, Samai7

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

Así pues, no le asiste razón al demandante cuando aduce que a fin de disminuir su mesada pensional debía adelantarse un trámite administrativo previo y particular, que contara con su intervención activa y le concediera la oportunidad de interponer los recursos pertinentes, pues de conformidad co n la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa, Fonprecon no debía efectuar ninguna actuación para dar cumplimiento a la sentencia C-258 de 2013, y mucho menos le podía otorgar la oportunidad al interesado de contradecir tal decisión, pues se trataba de un reajuste que operaba automáticamente.

Ahora bien, en múltiples ocasiones el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la Resolución No. 443 de 2013, concluyendo que a través de esta Fonprecon se limitó a dar cumpl imiento a la sentencia C -258 de 2013, sin exceder los alcances de dicha providencia judicial. Por tal motivo, ha concluido que no modificó arbitrariamente la situación jurídica de los afiliados de Fonprecon,

de esta Fonprecon se limitó a dar cumpl imiento a la sentencia C -258 de 2013, sin exceder los alcances de dicha providencia judicial. Por tal motivo, ha concluido que no modificó arbitrariamente la situación jurídica de los afiliados de Fonprecon, tampoco se trata de una decisión que debiera ado ptarse a través de un acto administrativo de carácter particular, pues se expidió en aras de cumplir una sentencia que debía ser acatada por todas las autoridades públicas.

1.4. El recurso de apelación

Como consecuencia de la sentencia de primera instanc ia, el señor Víctor Manuel Buitrago Gómez, por medio de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación a través de memorial visible en el expediente digitalizado que reposa en el portal Samai, en donde indicó que «reiteraba los argumentos manifestados en la demanda al considerar que, sin lugar a duda alguna la demandada se encuentra en la obligación de pagar al diferencia dejada de percibir en la forma en que ampliamente se trató en la demanda».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La parte demand ada presentó alegatos de conclusión por medio de memorial denominado «alegatos de conclusión», visible en el portal Samai, mi entras que la parte demandante guardó silencio.8

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República vulneró los derechos del debido proceso y a la defensa y contradicción del señor Víctor Manuel Buitrago Gómez al aplicar, de forma automática, un tope de 25 s.m.l.m.v a su pensión de jubilación, en cumplimiento de la sentencia C -258 del 2013.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre los topes pensionales

El artículo 2 de la Ley 4 de 1976 5 dispuso que las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario».

5 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras disposiciones9

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

Posteriormente, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 preceptuó que n inguna pensión podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual. 6A su vez, e l artículo 18 de la Ley 100 de 1993 limitó la base de cotización a 20 SMLVM. Esta disposición

podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual. 6A su vez, e l artículo 18 de la Ley 100 de 1993 limitó la base de cotización a 20 SMLVM. Esta disposición fue modificada por la Ley 797 de 2003 que aumentó dicha suma a 25 SMLVM.

Igualmente, el Acto Legislativo 1 de 2005 acogió el anterior criterio y dispuso que «a p artir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública».

En relación con la existencia de topes pensionales, la Corte Constitucional ha concluido lo siguiente:7

[…] el legislador puede, por razones de política legislativa, señalar cuáles son los límites máximos y mínimos que deben implantarse para que las reservas de dinero destinadas al pago de las pensiones, tanto en el sector público como en el privado, no pierdan por un lado su capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan los recursos existentes para el pago de las pensiones (C.P. art. 48 y 53). La Corte considera que, dentro de ciertos límites, el legislador tiene libertad para determinar el monto y los alcances de los recursos a fin de lograr el mejor uso de los mismos, en un sistema solidario de seguridad social; es perfectamente legítimo que, la ley conceda un límite mínimo o máximo al monto de la pensión, si con ello se pretende administrar recursos limitados […].

[…] al establecer unos topes máximos a la mesada pensional, el legislador protege los recursos existentes para el pago de las pensiones, a fin de asignarlos

administrar recursos limitados […].

[…] al establecer unos topes máximos a la mesada pensional, el legislador protege los recursos existentes para el pago de las pensiones, a fin de asignarlos preferencialmente a aquellos que se encuentran en una escala económica infe rior. […].

6 Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989. 7 Sentencia C-155 de 1997.10

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

De acuerdo con el anterior criterio, el legislador se encuentra facultado para establecer la figura de los topes pensionales como una medida idónea, proporcional y razonable en aras de garantizar la cobertura universal del sistema de seguridad social en pensiones.

En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional 8 ha precisado que también les son aplicables las normas generales que fijan los topes pensionales, siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la norma tiva especial.

Igualmente, es inaceptable predicar la ausencia de topes para los beneficiarios de leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de un grupo de pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha previsto para el reconocimiento y valor de las pensiones».9

El anterior criterio fue reiterado en la Sentencia C -258 de 2013, en los siguientes términos:

Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de las más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además

términos:

Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de las más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además desde antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes anteriores, desde la Ley 4 de 1976, el Legislador ha sometido a topes mínimos y máximos el valor que una persona puede recibir por razón de su pensión; así, esa normativa estableció un valor má ximo de 22 smmlv. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 disminuyó el tope a 15 smmlv y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18, a 20 smmlv para los afiliados al régimen de prima media. Más recientemente, el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a 25 smmlv; ese mismo criterio fue luego acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005.

8 Sentencia C-089 de 1997. 9 Sentencia C-089 de 1997.11

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los regímenes especiales de pensiones, en las sentencias C -089 de 1997 y C -155 de 1997, esta C orporación también sostuvo que en caso de que las normas especiales de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales ,

1997, esta C orporación también sostuvo que en caso de que las normas especiales de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales , específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo pertinente.

Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla de la ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo, como en el caso de los anteriores elementos del régimen, ( i) vulneraría el principio de igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a un grupo de personas que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el contrario, por regla general pertenecen a un sect or privilegiado de la población; y (ii) avalaría la continuidad de un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad social. (Resalta la Sala).

Así las cosas, con la aplicación de los topes pensionales a todas la pensiones, ordinarias o especiales, se protege el financiamiento del sistema pensional. En efecto, desde la Ley 4 de 1976, todas las pensiones de los funcionarios públicos han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa los principios de solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y sostenibilidad fiscal.

2.2.2 La sentencia C-258 del 2012

El artículo 241 de la Constitución Política de 1991 encomendó a la Corte Constitucional la función de guardar su integridad y supremacía . La mencionada

fiscal.

2.2.2 La sentencia C-258 del 2012

El artículo 241 de la Constitución Política de 1991 encomendó a la Corte Constitucional la función de guardar su integridad y supremacía . La mencionada corporación en las Sentencias C -131 de 1996 y C -037 de 1996 analizó el alcance de las sentencias de constitucionalidad y concluyó lo siguiente:12

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

1. Tienen efectos erga omnes , es decir, para todos y no solo para quienes comparecen como partes.

1. Por regla general, son vinculantes para la universalidad de casos futuros.

1. Hacen tránsito a cosa juzgada explícita e implícita. La primera se predica de la parte resolutiva de las sentencias y la segunda de aquellos «conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos».

1. Los operadores jurídicos están obligados por el efecto de la cosa juzgada material10 de las sentencias de la Corte Constitucional, por ende, « todas las autoridades públicas en Colombia, incluidas las autoridades administrativas y judiciales, deben acatar lo decidido por la Corte en sus fallos de control de constitucionalidad».11

Ahora bien, la Sentencia C -258 de 2013 analizó la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, que estableció el régimen especial de pensiones para los congresistas y demás cargos homologados.

Ahora bien, la Sentencia C -258 de 2013 analizó la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, que estableció el régimen especial de pensiones para los congresistas y demás cargos homologados.

En lo que respecta al objeto de controversia en el sub lite, la aludida providencia precisó que desde la Ley 4ª de 1976 todas las pensiones de los fun cionarios públicos han estado sujetas a límites en su cuantía, toda vez que dicha medida garantiza la distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad social y materializa los principios de solidaridad, eficiencia, universalidad y sostenibili dad fiscal.

De manera especial, la alta corporación reivindicó el mandato constitucional previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005 en tanto dispuso que, a partir del 31 de

10 Las sentencias C-543 de 1992 y C -532 de 2013 han precisado que la cosa juzgada es formal cuando existe una decisión previa de constitucionalidad sobre idéntica norma demandada, mientras que la material opera cuando el juico de constitucionalidad recae respecto de una disposición que tiene igual contenido normativo de otra que fue examinada en anterior oportunidad. 11 Sentencia C-539 de 2011, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.13

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a los 25 SMLMV. Igualmente, se precisó que dicho límite incorporó un componente de subsidio a las pensiones de las personas de más bajos ingresos, con lo cual se amplió la

julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a los 25 SMLMV. Igualmente, se precisó que dicho límite incorporó un componente de subsidio a las pensiones de las personas de más bajos ingresos, con lo cual se amplió la cobertura del sistema.

A su vez, la Corte Constitucional refirió que el mencionado mandato buscó «establecer topes para todas las mesadas pensionales con cargo a recursos de naturaleza pública, con el propósito de limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímen es pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993».

Bajo este hilo argumentativo, la Sentencia C -258 de 2013, en su parte motiva, estableció que, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesa da pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá superar el tope de los 25 SMLMV, por ende, «todas las mesadas pensionales deberán ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad administrativa».

En cuanto a la materialización de la anterior orden judicial, resulta relevante citar la Sentencia SU-579 de 2019, en la cual se acumularon diversas acciones de tutela en las cuales los accionantes sostenían que para aplicar el mencionado límite los fondos de pensiones debían surtir previamente una actuación garante del derecho de audiencia y defensa de los afectados; sin embargo, la Corte Constitucional se apartó de dicho entendimiento por las siguientes razones:

1. La Sentencia C-258 de 2013 es fundadora de línea en cuanto a la orden14

de audiencia y defensa de los afectados; sin embargo, la Corte Constitucional se apartó de dicho entendimiento por las siguientes razones:

1. La Sentencia C-258 de 2013 es fundadora de línea en cuanto a la orden14

Radicado: 25000 23 42 000 2016 05961 02 (4218-2021)

Demandante: Víctor Manuel Buitrago Gómez

impartida a todas las entidades que administran el régimen pensional financiado con recursos públicos de reajustar de manera automática las mesadas que superaran los 25 SMLMV. Esta tesis se ha seguido consolidando , entre otra s, a través de las sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015 y SU-210 de 2017.

1. El ajuste debe operar de manera automática y sin que sea necesario iniciar un proceso de reliquidación, pues se trata de un mandato constitucional de obligatorio cumplimiento. En torno a esta conclusión, se destacan los siguientes argumentos

esgrimidos en la sentencia T-615 de 2015:

En consecuencia, la exigencia de un procedimiento administrativo iniciado por la entidad para dar cumplimiento a las órdenes contenidas en el artículo 48 superior y en la Sentencia C-258 de 2013 resulta desproporcionada y contraria a los fines de la mencio nada providencia, por cuanto ello permitiría que se siguieran reconociendo pensiones por fuera de los límites constitucionales y legales hasta que finalizaran los respectivos procedimientos, con lo que se afectarían significativamente los principios de sos tenibilidad financiera, universalidad, solidaridad e igualdad.

No puede perderse de vista que la orden de reajustar automáticamente las

que finalizaran los respectivos procedimientos, con lo que se afectarían significativamente los principios de sos tenibilidad financiera, universalidad, solidaridad e igualdad.

No puede perderse de vista que la orden de reajustar automáticamente las pensiones a partir del 1º de julio de 2013, tuvo la finalidad de imponer un límite a las excesivas subvenciones que el sistema pensional estaba realizando a favor de poblaciones privilegiadas. De esta manera, la iniciación de procedimientos por fuera de este límite temporal deviene en la permanente vulneración de los principios de sostenibilidad fiscal e igualdad que fuer on protegidos por la Corte Constitucional en la mencionada providencia, después de verificar su recurrente vulneración por parte de las autoridades administrativas encargadas de realizar el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales.

Por lo tanto, la exigencia de adelantar procedimientos administrativos pondría en entredicho el principio de supremacía de la Constitución, consagrado en el artículo 4º de la Carta Política, y por ende, el contenido de la misma. […].

1. La orden adoptada en la Sentencia C -258 de 2013 también se aplica a las pensiones reconocidas con anterioridad a su expedición, toda