CE - 250002342000201706162011SENTENCIA20230913102608

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000234200020170616201 (3097-2020)

Demandante: Yira Daniela Pedraza Gómez Demandado: Fiscalía General de la Nación Temas: Retiro del servicio por supresión de cargo

Sentencia de segunda instancia __________________________________________________________________ Asunto La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Yira Daniela Pedraza Gómez contra la sentencia del 4 de marzo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C que negó las pretensiones de la demanda.

Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 13 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, Yira Daniela Pedraza Gómez presentó demanda para que se declar ara la nulidad de la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 por medio de la cual se distribuyeron los cargos de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación sin ser vinculada en los que no fueron suprimidos y

para que se declar ara la nulidad de la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 por medio de la cual se distribuyeron los cargos de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación sin ser vinculada en los que no fueron suprimidos y del Oficio STH 190 del 30 de junio de 2017 que le comunicó la supresión del cargo de profesional experto.

Como restablecimiento del derecho, solicitó que i) se orden ara el reintegro al cargo que ocupaba al momento de su desvinculación o a otro de similar o superior condición y al pago de todos los salarios, prestaciones sociales, auxilios y demás emolumentos a que tiene derecho, desde la fecha en que fue retirada del servicio ;

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 25000234200020170616201 (3097-2020) Demandante: Yira Daniela Pedraza Gómez ii) se declar ara para todos los efectos legales que no ha existido solución de continuidad; iii) se reconociera el pago debidamente indexado con base en el índice de precio al consumidor de acuerdo con lo previsto en el artículo 187 del CPACA; y v) se condenara en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes2:

Yira Daniela Pedraza Gómez ingresó en enero de 2011 a la Fiscalía General de la Nación como oficial de la Policía Nacional en el grado de teniente coronel y fue ubicada en la Dirección Nacional de Protección y Ser vicio Especializados, como jefe de esquema de seguridad de la fiscal general de la nación.

El 22 de marzo de 2012 se le ordenó continuar en el cargo que ven ía ejerciendo y

ubicada en la Dirección Nacional de Protección y Ser vicio Especializados, como jefe de esquema de seguridad de la fiscal general de la nación.

El 22 de marzo de 2012 se le ordenó continuar en el cargo que ven ía ejerciendo y bajo la responsabilidad del esquema de seguridad del fiscal de ese momento y se le encargó de ser la oficial de enlace entre la Policía Nacional y el ente investigador.

El Ministerio de Defensa Nacional le concedió a través de la Resolución 2564 del 17 de abril de 2013 una comisión permanente en la Fiscalía General de la Nación , en atención a sus capacidades, experiencia y excelente desempeño en el ejercicio de sus funciones, en virtud de la cual, el 9 de mayo de 2013 tomó posesión como profesional especializado II de la Dirección de Asuntos Internacionales, según nombramiento efectuado mediante Resolución 1692 del 9 de mayo de 2013 , motivo por el cual, el 15 de mayo siguiente, solicitó la suspensión del sueldo que devengada en la Policía Nacional.

Por medio de la Resolución 1087 del 16 de junio de 2014, fue nombrada en provisionalidad en la planta de personal del órgano instructor en el cargo de investigador experto de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones, cargo del cual tomó posesión el 24 de junio de 2014. Posteriormente, a través del Decreto 1705 del 28 de agos to de 2015 le fue terminada la comisión permanente que había sido conferid a por el Ministerio de Defensa Nacional, lo que dio lugar a que presentara la renuncia al cargo que venía desempeñando en la Fiscalía General de la Nación , aceptada mediante Resolución 1589-A del 28 de agosto de 2015.

Defensa Nacional, lo que dio lugar a que presentara la renuncia al cargo que venía desempeñando en la Fiscalía General de la Nación , aceptada mediante Resolución 1589-A del 28 de agosto de 2015.

Según Resolución 3227 del 16 d e diciembre de 2015 fue vinculada en el cargo de profesional expert o en la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión, empleo del

2 Folios 61 y 62.3

Radicado: 25000234200020170616201 (3097-2020) Demandante: Yira Daniela Pedraza Gómez cual tomó posesión el 13 de enero de 2016 y el 8 de marzo sig uiente, a través de la Resolución 1027 le fue concedida una comisión de servicio en el exterior con el fin de realizar el programa de ingl és general en la universidad de Marshall , retornando al país el 7 de diciembre de 2016.

El presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Acto Legislativo 1 de 2016, expidió el Decreto Ley 898 de 2017 que reestructuró la Fiscalía General de la Nación al suprimir un total de 86 cargos de profesional experto. Posteriormente, el f iscal general profirió la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 por medio de la cual distribuy ó los cargos de la planta de personal de la entidad y en ella se relacionaron, uno a uno , los funcionarios que harían parte de la nueva planta de personal y determinó la ubicación de dichos servidores, con la indicación expresa de los nombres, número de cédula, cargo, dependencia y ubicación laboral, sin que en ella figurara la actora.

funcionarios que harían parte de la nueva planta de personal y determinó la ubicación de dichos servidores, con la indicación expresa de los nombres, número de cédula, cargo, dependencia y ubicación laboral, sin que en ella figurara la actora.

La Resolución 2358 del 29 de junio de 2017 ubicó en la planta de la entidad a personas con menos experiencia que la de ella. Sumado al hecho que, dicho acto administrativo carec ió de un estudio técnico, necesidades del servicio o planes estratégicos, análisis de los cargos desvinculados y muchos menos, verificación de la situación personal y profesional de los servidores incorporados a la nueva planta ni de aquellos que fueron retirados. Como servidora pública, jamás tuvo una investigación disciplinaria ni penal en su contra, con notorio desempeño profesional en la entidad.

El sub director de talento humano de la Fiscalía General de la Nación mediante Oficio STH 190 del 30 de junio de 2017 le comunicó la supresión del cargo que venía desempeñando y desde esa fecha fue retirada de la entidad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 6, 13, 25, 29, 53, 121, 122, 123 y 209 de la Constitución Política; 2 del Acto Legislativo 1 de 2016; 4 del Decreto Le y 16 de 2016; 96 del Decreto Ley 20 de 2016; 63 del Decreto Ley 898 de 2017; 1, 2, 3, 3 4,

37, 40 y 42 de la Ley 1437 de 2011; 2, 3, 44 y 46 de la Ley 909 de 2004 y 28 del Decreto 760 de 2005.

En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos3:

3 Folios 210 al 2184

Radicado: 25000234200020170616201 (3097-2020) Demandante: Yira Daniela Pedraza Gómez Los actos demandados se fundamentaron en una norma inconstitucional y po r lo tanto deben ser inaplicados; ello en la medida en que el Decreto Ley 898 de 2017 excedió las facultades otorgadas por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016 para dictar normas con fuerza de ley en el marco del llamado fast track. La reforma estructural de la Fiscalía General de la Nación y en particular la supresión de numerosos cargos, no tiene relación formal ni sustancial con el Acuerdo de

Paz.

Los actos acusados son nulos por violar el debido proceso, falsa y falta de motivación y desviación de poder , por cuanto no se estableció cu áles eran las necesidades del servicio, ni los planes, ni programa de la entidad que soporta ran la decisión demandada, ni se adelantó un estudio con tal propósito. Tampoco examinó las hojas de vida de los funcionari os de la planta de personal, pese a haberse invocado una norma que exige presentar dicho estudio, en el que especificara el criterio objetivo, veraz y verificable con el que se soportó para designar los empl eados de la nueva planta de personal, máxime, si se tiene en cuenta que algunos de ellos no reúnen el perfil idóneo debido a antecedentes

especificara el criterio objetivo, veraz y verificable con el que se soportó para designar los empl eados de la nueva planta de personal, máxime, si se tiene en cuenta que algunos de ellos no reúnen el perfil idóneo debido a antecedentes penales y poca experiencia profesional.

Los actos acusados están afectados de nulidad por expedición irregular, al no haberse adelantado una actuación administrativa previa a su expedición.

1.2. Contestación de la demanda

La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación4:

En virtud de lo dispuesto en la sentencia C -013 del 14 de marzo de 2018, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Decreto Ley 898 de 2017 y en consecuencia declaró exequible la reestructuración efectuada a la planta de personal de la entidad demandada. En esa medida, la Resolución 2358 de 2017 tiene plena val idez, pues no está basada en una norma inconstitucional como lo indicó la parte actora.

La modificación de la planta de personal refuerza el área misional de la entidad, al privilegiar los procesos que per mitan materializar la misión constitucional del ente acusador a través de la ejecución de actividades de investigación y acusación. En efecto, con la reducción del nivel directivo y la implementación de un manejo gerencial del área administrativa, resultó posible financiar la ampliación de los cargos misi onales activos, esto es fiscales e investigadores distribuidos a nivel

4 Folios 210 al 2285

Radicado: 25000234200020170616201 (3097-2020)

cargos misi onales activos, esto es fiscales e investigadores distribuidos a nivel

4 Folios 210 al 2285

Radicado: 25000234200020170616201 (3097-2020) Demandante: Yira Daniela Pedraza Gómez nacional. En consecuencia, la reducción de algunos cargos y la redefinición de la planta fue el canal que permiti ó reforzar la función principal de la entidad, valga decir, el ejercicio de la acción penal y la investigación de los hechos que revisten características de delito.

La supresión de los cargos se realizó en virtud de la habilitación legal que le dio el Decreto Ley 898 de 2017 y con ella se generó el cumplimiento de las finalid ades trazadas en dicha norma, a través de la creación de una planta que posibilitara la creación de la Unidad Especial de Investigación y con el fin de contar con los recursos institucionales y humanos necesarios . La supresión resultó proporcional a los he chos que le sirvieron de causa, pues, precisamente el artículo 59 del aludido decreto incluyó dicha medida y dentro de los cuales se encuentran 91 cargos de profesionales expertos, por tanto, la supresión del cargo que ocupaba la demandante tuvo sustento e n el mencionado decreto, de manera que no se trató de una decisión arbitraria, sino todo lo contrario, justificada y motivada en el nuevo rol del ente acusador para contrarrestar las particularidades de la criminalidad en el posconflicto y fortalecer el ejercicio misional de la entidad.

Para el cumplimiento de los deberes del ente acusador derivados del acuerdo final de paz, se requirió de una reorganización del área misional, lo que conllevó el

el posconflicto y fortalecer el ejercicio misional de la entidad.

Para el cumplimiento de los deberes del ente acusador derivados del acuerdo final de paz, se requirió de una reorganización del área misional, lo que conllevó el cambio de la estructura en los niveles estratégicos de apoyo y seguimiento, control y por ende, el ajuste de la planta de personal a fin de dar respuesta a las necesidades del postconflicto.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C, en sentencia proferida el 4 de marzo de 2020 negó las pretensiones de la demanda . Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:

En virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley 18 de 2014, la Fiscalía General de la Nación contaba con 165 empleos de profesional experto, de los c uales 91 fueron suprimidos, de acuerdo con el artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017, es decir, que permanecieron un total de 74. Ello deja ver que la denominación del e mpleo que desempeñaba la actora no desapareció de la planta de personal de la entidad, pero se redujo ostensiblemente su número y al ejercerlo en provisionalidad no le otorgaba fuero de estabilidad.

Si bien la demandante allegó las actas de posesión de algunos de los empl eados que continuaron incorporados como profesionales expertos en la entidad, pese a

5 Folios 383 al 3976

Radicado: 25000234200020170616201 (3097-2020) Demandante: Yira Daniela Pedraza Gómez haber sido vinculados con posterioridad a ella, también lo es que no probó que

5 Folios 383 al 3976

Radicado: 25000234200020170616201 (3097-2020) Demandante: Yira Daniela Pedraza Gómez haber sido vinculados con posterioridad a ella, también lo es que no probó que superara los requisitos (estudios académicos) de las personas que fueron vinculadas o que ellos no cumplieran con los requisitos para su desempeño, ni que ella se encontrara en una situación especial de protección como pre pensionada, discapacitada, madre soltera o en estado de embarazo para que la entidad tuviera que mantenerla en el cargo.

No se demostró que existi era una desmejora del servicio con la supresión del cargo que ejercía, en la medida en que las funciones desempeñadas por ella bien podían ser ejecutadas por un técnico, comoquiera que lo que hacía era llevar estadísticas en la Dirección de Protección del Departamento de Seguridad, lo que demuestra que se conservaba un empleo altamente calificado para las funciones que ejercía, mientras que, en el marco del proceso de paz que conllevó a la reestructuración de la entidad, se requería crear fiscalías que atendieran las nuevas necesidades que surgirían con ocasión del postconflicto, lo que a su vez, exigía la supresión de perfiles que estaban desaprovechados como el que desempeñaba la demandante.

La Resolución 2358 de 2017 fue debidamente motivad a, al establecer que la entidad ten ía que modificar la planta de personal en razón a la creación de la unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales de homicidios y masacres que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos y que amenacen o

unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales de homicidios y masacres que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos y que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de paz.

Además, se allegó el estudio técnico del 5 de enero de 2017 avalado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Min isterio de Hacienda Nacional, del cual se establec ió que la reestructuración del órgano acusado r tuvo como propósito cumplir con los compromisos adquiridos por el gobierno nacional en el acuerdo de paz para fortalecer la capacidad investigativa y de judicialización para procesar a quienes atentaran contra los defensores de derechos humanos, intensificar la persecución penal de las organizaciones criminales relacionados con drogas ilícitas y elevar la capacidad instituc ional para combatir la impunidad, lo que hacía necesario reducir el número de dependencias de la dirección de apoyo a la gestión , lo que implicó la supresión de cargos de los niveles directivo, profesional y asistencial.7

Radicado: 25000234200020170616201 (3097-2020) Demandante: Yira Daniela Pedraza Gómez 1.4. El recurso de apelación

Yira Daniela Pedraza Gómez interpuso recurso de apelación6 y lo sustentó así:

La sentencia proferida por el a quo desconoció que hay normas superiores que la demandada vulneró, al no tener en cuenta que en procesos de redefinición de planta de personal se exigen que los actos administrativos que desvinculan funcionarios en provisionalidad estén debidamente motivados y que tal

demandada vulneró, al no tener en cuenta que en procesos de redefinición de planta de personal se exigen que los actos administrativos que desvinculan funcionarios en provisionalidad estén debidamente motivados y que tal reestructuración esté orientada a satisfacer las necesidades del servicio, planes, estrategias y programas de la entidad. La Resolución 2358 de 2017 no realizó un análisis comparativo ni explicó cómo determinó quiénes seguirían vinculados y quiénes no , es decir, el acto acusado no expuso las razones por las cuales la entidad excluyó de la planta de personal a unos funcionarios en provisionalidad, entre ellos, a la actora y porqué prefirió mantener a otros en esa misma condición y de más reciente vinculación.

El fallo descon oció que era la fiscalía a la que le correspondía probar que la Resolución 2358 de 2017 se basó en criterios objetivos , tales como estudio y evaluación d e los funcionarios de la entidad, sus perfiles y hojas de vida. La responsabilidad de probar un hecho recae en la parte que se encuentra en las mejores condiciones técnicas, profesionales y fácticas para acreditarlo. La demandante probó todo en lo que pudo hasta donde la información ofrecida por la fiscalía le permitió y demostró que dejaron a otros con menos experiencia y tiempo de vinculación, lo que hace presumir que la actora tenía mejores calidades para permanecer en el cargo. En esa medida, l a demandada incumplió el deber legal de aportar los antecedentes administrativos de la actora, ni aportó documento alguno que diera cuenta de cómo fue el proceso de expedición de la resolución acusada.

La Resolución 2358 de 2017 se encuentra viciada por falta y falsa motivación, toda

alguno que diera cuenta de cómo fue el proceso de expedición de la resolución acusada.

La Resolución 2358 de 2017 se encuentra viciada por falta y falsa motivación, toda vez que tal norma no tenía por objeto reestructurar la planta de personal de la entidad sino distribuir los cargos y determinar cuáles funcionarios seguirían o no vinculados, de ahí que no ex ista relación entre su expedición y los mand atos del acuerdo de paz, en especial, si en aquellos no se establecieron lineamientos para decidir cuáles servidores deberían seguir. El a quo confundió el estudio técnico del Decreto Ley 898 de 2017 con el análisis y evaluación para la expedición de la Resolución 2358 de 2017 , pues este último requería de una motivación propia , el cual debió haberse expedido con base en un análisis diferente, separado y específico de los perfiles y hojas de vida de los funcionarios de la entidad que le

6 Folios 402 al 4108

Radicado: 25000234200020170616201 (3097-2020) Demandante: Yira Daniela Pedraza Gómez permitiera distribuir los cargos y definir la nueva planta.

Se demostró que la entidad únicamente desvinculó a funcionarios nombrados en la administración anterior; que mantuvo dentro de la planta a funcionarios con menor experiencia y tiempo de servicio que el de la actora, solo porque fueron designados por la administración que expidió la resolución acusada y se probó que se nombraron nuevos profesionales expertos después de la desvinculación de la demandante, hechos que daban lugar a declarar probado el cargo de desviación de poder.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

que se nombraron nuevos profesionales expertos después de la desvinculación de la demandante, hechos que daban lugar a declarar probado el cargo de desviación de poder.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

La demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Asimismo, solicitó que la sentencia del 4 de marzo de 2020 fuera revocada para que en su lugar se accediera a las pretension es de la demanda . Por su parte, la entidad demandada expuso que el decreto ley le otorgó al fiscal general de la nación una facultad discrecional para expedir los actos administrativos que en su momento considerara necesarios para la entrada en funcionamie nto de la nueva estructura de la entidad, todo ello con el fin de alcanzar la satisfacción del interés público, de manera que, en el proceso de escogencia de los cargos a suprimir fue muy importante los criterios tales como la necesidad de reorganizar el n ivel estratégico de la entidad con la finalidad de adecuar el direccionamiento a las necesidades del postconflicto, a la implementación de los acuerdos y a la construcción de una paz sostenible, duradera y de oportunidad y conveniencia.

La supresión del c argo de profesional experto que desempeñaba la demandante permitió la creación de 182 nuevos cargos de fiscal local a cero costos , lo que permitió que la entidad hiciera presencia en zonas apartadas del país y cumplir así con la finalidad perseguida por la norma habilitante, esto es la implementación del acuerdo final y la construcción de una paz estable y duradera.

1.6. El Ministerio Público El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto en esta oportunidad.

2. Consideraciones

acuerdo final y la construcción de una paz estable y duradera.

1.6. El Ministerio Público El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto en esta oportunidad.

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la Resolución 2358 de 2017 por medio de la cual se distribuyeron los cargos de la planta de personal de la Fiscalía9

Radicado: 25000234200020170616201 (3097-2020) Demandante: Yira Daniela Pedraza Gómez General de la Nación se encuentra viciada de nulidad por carecer de una debida motivación y de un estudio técnico que justificara las personas que debían ser retiradas de la entidad ? ¿le correspondía a la part e que pretende la nulidad del acto acusado la carga de probar los vicios de nulidad que invoc ó y en especial, que dicho acto administrativo no se basó en criterios objetivos para determinar el retiro del servicio de la actora o , por el contrario, era a la demandada la que debía ejercer tal deber de probanza por encontrarse en mejores condiciones técnicas, profesionales y fácticas para ello? ¿demostró la demandante la desviación de poder al acreditar que la entidad demandada mantuvo dentro de la planta a funcionarios con menor experiencia y tiempo de servicio que los de ella?

2.2. Marco normativo Régimen de carrera administrativa en la FGN

Por medio de la Ley 1654 de 2013, el Congreso de la República revistió al presidente de facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley, dirigidas a «expedir el régimen de carrera especial de la FGN y de sus entidad es

Por medio de la Ley 1654 de 2013, el Congreso de la República revistió al presidente de facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley, dirigidas a «expedir el régimen de carrera especial de la FGN y de sus entidad es adscritas y el de las situaciones administrativas de sus servidores». En desarrollo de tal facultad, el presidente profirió el Decreto Ley 20 de 2014 por el cual se clasificaron los empleos y se expid ió el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas. Respecto de las causales de retiro dispuso:

«Artículo 96. Causales de retiro del servicio . El retiro del servicio de quienes desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción o de carrera en la FGN y en sus entidades adscritas se produce en los siguientes casos: […]

7. Supresión del empleo.

[…]

14. Las demás que determinen la Constitución y ley».

Supresión de cargos en la Fiscalía General de la Nación en virtud del Decreto Ley 898 de 2017.

El Acto Le gislativo 1 de 2016 que estableció los instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, le otorgó facultades pro tempore al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley tendientes a facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo de aquel. Así se estipuló en el artículo 2:

«Artículo 2. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:10

desarrollo normativo de aquel. Así se estipuló en el artículo 2:

«Artículo 2. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:10

Radicado: 25000234200020170616201 (3097-2020) Demandante: Yira Daniela Pedraza Gómez Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz . Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facultase al presidente de la República para expedir los decret os con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para decretar impuestos. Los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo d e este artículo tendrán control de constitucionalidad automático posterior a su entrada en vigencia. El procedimiento de revisión de constitucionalidad de estas disposiciones deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los dos meses siguientes a su expedición».

En desarrollo de tal atribución, se expidió el Decreto Ley 898 de 2017, por medio del cual, entre otras disposiciones, se creó la Unidad Especial de Investigación y se modificó la estructura de l ente acusador y la planta de cargos . Lo anterior en atención a que el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera le impuso varios retos al ente investigador , entre

se modificó la estructura de l ente acusador y la planta de cargos . Lo anterior en atención a que el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera le impuso varios retos al ente investigador , entre los cuales se destacan: i) fortalecer la capacidad investigativa y de judi cialización para procesar a quienes atenten contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y quienes ejercen la política, combatir la corrupción, intensificar la persecución penal de las organizaciones criminales y los fenómenos criminales relacionados con drogas ilícitas ; ii) adelantar procesos de especialización en la etapa de investigación y acusación para elevar las capacidades institucionales con el fin de combatir la impunidad ; iii) implementar la Unidad Especial de Investigación para el desm antelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen e n la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y , iv) entregar informes a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado.

El citado Decreto Ley 898 de 2017 introdujo algunos cambios en materia de estructura y planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, en cuyo título IV dispuso la supresión de los siguientes e mpleos de la planta de personal, entre ellos, 91 cargos de profesional experto:11

Radicado: 25000234200020170616201 (3097-2020)

IV dispuso la supresión de los siguientes e mpleos de la planta de personal, entre ellos, 91 cargos de profesional experto:11

Radicado: 25000234200020170616201 (3097-2020)

Demandante: Yira Daniela Pedraza Gómez

NUMERO DENOMINACIÓN DEL CARGO

PLANTA GLOBAL ÁREA FISCALÍAS

4 CONSEJERO JUDICIAL

291 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS

322 FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO

73 FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO

1.101 ASISTENTE DE FISCAL

931 ASISTENTE DE FISCAL

244 ASISTENTE DE FISCAL III

210 ASISTENTE DE FISCAL IV

PLANTA GLOBAL ÁREA ADMINISTRATIVA

6 DIRECTOR NACIONAL II

1 DIRECTOR ESTRATÉGICO

3 DIRECTOR ESTRATÉGICO I

5 DIRECTOR ESPECIALIZADO

3 SUBDIRECTOR NACIONAL

128 SUBDIRECTOR SECCIONAL

8 JEFE DE DEPARTAMENTO

23 ASESOR I

27 ASESOR II

91 PROFESIONAL EXPERTO

94 PROFESIONAL ESPECIALIZADO I

151 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

27 PROFESIONAL DE GESTIÓN I

95 PROFESIONAL DE GESTIÓN II

221 PROFESIONAL DE GESTIÓN III

11 TÉCNICO I

2 TÉCNICO

11 AUXILIAR I

7 AUXILIAR II

130 CONDUCTOR

140 CONDUCTOR II

1 CONDUCTOR III

95 PROFESIONAL DE GESTIÓN II

221 PROFESIONAL DE GESTIÓN III

11 TÉCNICO I

2 TÉCNICO

11 AUXILIAR I

7 AUXILIAR II

130 CONDUCTOR

140 CONDUCTOR II

1 CONDUCTOR III

2 ASISTENTE I

9 SECRETARIO ADMINISTRATIVO I

7 SECRETARIO ADMINISTRATIVO II

PLANTA GLOBAL ÁREA POLICÍA JUDICIAL

205 PROFESIONAL INVESTIGADOR

62 PROFESIONAL INVESTIGADOR II

143 PROFESIONAL INVESTIGADOR

56 TÉCNICO INVESTIGADOR I

414 TÉCNICO INVESTIGADOR II

321 TÉCNICO INVESTIGADOR III

15 AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD I

107 AGEN