CE - 250002342000201900584011SENTENCIA20230510121513

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicado: 25000-23-42-000-2019-00584-01 (3808-2022)

Demandante: Diana Carolina Camacho Serna

Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relaci ón laboral subyacente o encubierta

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto po r la parte deman dada contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, de 10 de mayo de 2022 , por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de la Ley 1437 de 2011), la ciudadana Diana Carolina Camacho Serna , mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declar ara la nulidad de l oficio

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de la Ley 1437 de 2011), la ciudadana Diana Carolina Camacho Serna , mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declar ara la nulidad de l oficio 20181100175061 del 3 de julio de 2018 , expedido por la jefe de la Oficina Jurídica de la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente1 (en adelante la E.S.E.) , por medio del cual se le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, así como el pago de las respectivas acreencias laborales derivadas de esta.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) reconocer la existencia de una relación laboral entre aquel la y la E.S.E. demandada, desde el 17 de febrero de 2015 hasta el 31 de enero de 2018 ;2 ii) reconocer y pagar el equivalente a las prestaciones sociales dejadas de percibir , tales como bonificación por servicios, cesantías, interes es sobre las cesantías, horas extras, vacaciones y las primas

1 Antes denominada Hospital Santa Clara E.S.E. 2 Así en el escrito de la demanda.2

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Demandante: Diana Carolina Camacho Serna

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de navidad y servicios ; i ii) or denar el pago de los aportes correspondientes como empleador al sistema integral de Seguridad Social ; y, iv ) condenar a la demandada al

www.consejodeestado.gov.co de navidad y servicios ; i ii) or denar el pago de los aportes correspondientes como empleador al sistema integral de Seguridad Social ; y, iv ) condenar a la demandada al pago de la indemnización de que trata la Ley 244 de 1995, por el no pago oportuno de las cesantías.

1.1.2. Hechos:

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

1. Desde el 17 de febrero de 2015 y hasta el 31 de enero de 2018 , la señora Diana Carolina Camacho Serna celebró múltiples contratos con el Hospital Santa Clara (hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.), para prestar sus servicios profesionales como médico general.

1. Durante la ejecución de los contratos , la señora Camacho llevó a cabo actividades propias del personal de planta , las cuales son permanentes e inherentes a los servicios que ofrece la E.S.E.

1. Desarrolló sus labores dentro de una jornada laboral, de lunes a viernes, y bajo las órdenes continuas de sus superiores, a los cuales tenía que rendir informes mensuales en acatamiento de las pautas y directrices establecidas por la E.S.E.

1. Adicionalmente, la E.S.E. le suministró todos los elementos de trabajo necesarios para ejecutar sus obligaciones. v) El 13 de junio de 2018, mediante apoderado, la señora Camacho Serna solicitó a la E.S.E. demandada el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las correspondientes prestaciones sociales. vi) El 3 de julio de 2018, a través del oficio 20181100175061, el jefe de la Oficina Jurídica

E.S.E. demandada el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las correspondientes prestaciones sociales. vi) El 3 de julio de 2018, a través del oficio 20181100175061, el jefe de la Oficina Jurídica de la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente negó las peticiones.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Se cita n como norma s violadas los artículos 23, 25, 38, 53, 83, 122, 125 y 209 de la Constitución; el inciso 4º del artículo 2º de Decreto ley 2400 de 1968; el 209 del Decreto 1950 de 1973; el numeral 29 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; 1 y 2 de la Ley 909 de 2004; 10, 14, 16 y 102 de la Ley 1437 de 2011; y, el Decreto 1335 de 1990.

Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte demandante sostuvo lo siguiente:

1. El acto administrativo demandado se encuentra viciado de nulidad porque infringe el ordenamiento constitucional; particularmente, en lo relacionado con los derechos a la igualdad, justicia, trabajo, irrenunciabilidad a los derechos laborales, seguridad social, estabilidad en el empleo y el principio fundamental de la primacía de la realidad sobre las formas.

1. De igual manera , es nulo porque la E.S.E. incurrió en desviación de poder, toda vez que se amparó en una norma legal para negar la existencia de una relación de trabajo;3

Radicado: 250002342000201900584-01 (3808-2022)

Demandante: Diana Carolina Camacho Serna

que se amparó en una norma legal para negar la existencia de una relación de trabajo;3

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Demandante: Diana Carolina Camacho Serna

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co además, en el acto administrativo se desconoció la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional en materia de contrato realidad, pues aunque la E.S.E. tenía la obligación de crear el cargo público (inciso 4º del artículo 2º del Decreto ley 2400 de 1968) , acudió a la figura contractual de prestación de servicios para ocultar una auténtica relación laboral.

1. El acto administrativo oculta una p ráctica sistemática dentro de la E.S.E. demandada: la celebración de contratos de prestación de servicios, con personas naturales, para suplir indefinidamente funciones propias de su objeto misional, evadiendo el pago de las respectivas obligaciones laborales.

1. En definitiva, el acto acusado desconoció preceptos constitucionales y legales relativos a la protección del trabajador; por lo que cabe aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, ya que, si bien se celebraron distintos contratos de prestación de servicios entre las partes, lo que subyace a ellos es una verdadera relación laboral que obliga al reconocimiento y pago de los derechos y prestaciones laborales que se solicitan.

1.2. Contestación de la demanda3

La E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Centro Oriente, por conducto de su apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se

1.2. Contestación de la demanda3

La E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Centro Oriente, por conducto de su apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:

1. La E.S.E. goza de total autonomía administrativa, presupuestal y financiera en materia contractual, de manera que, discrecionalmente, puede acudir al estatuto general de la contratación pública para cumplir con su misión (servicios de salud) , caso en el cu al, el trámite se rige por la Ley 80 de 1993.

1. De acuerdo con lo anterior, a la entidad le está permitido legalmente acudir a los contratos de prestación de servicios para suplir la alta demanda de la gestión encomendada, que no es posible satisfacer con su personal de planta.

1. Así las cosas, entre la demandante y la demandada solo hubo una relación de simple coordinación y supervisión de actividades , la cual le permitía al primero suficiente autonomía y, a la segunda, la debida ejecución del contrato ; por ello, sí hubo una programación de horarios, esta se llevó a cabo para lograr una adecuada distribución del servicio contratado.

1. Del contenido de los contratos de prestación de servicios se puede advertir que, expresamente, se excluyó la existencia de una relación laboral, la cual conocía la actora y con la que estuvo de acuerdo. En ese sentido, la entidad no está obligada a cancelar le a la contratista las prestaciones sociales ni la seguridad social integral, ya que la relación existente se rige por la Ley 80 de 1993.

1. En ese orden de ideas, propuso como excepciones las siguientes: a) caducidad, b)

la contratista las prestaciones sociales ni la seguridad social integral, ya que la relación existente se rige por la Ley 80 de 1993.

1. En ese orden de ideas, propuso como excepciones las siguientes: a) caducidad, b) pago, c) inexistencia del derecho y de la obligación, d) ausencia de vínculo de carácter laboral, c) cobro de lo no debido, y, d) prescripción.

3 Archivo 12 de expediente digital.4

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3. La sentencia apelada4

Es objeto del recurso de apelación la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, de 10 de mayo de 2022 , mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Los fundamentos jurídicos de la decisión fueron los siguientes:

1. Está demostrado que la demandante suscribió un total de nueve contratos de prestación de servicios con la E.S.E. Hospital Santa Clara , hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., entre el 17 de febrero de 2015 y el 10 de enero de 2018, sin solución de continuidad.

1. Conforme al contenido de los contratos de prestación de servicios, el cuadro de turnos aportado al plenario y el testimonio del señor Jesús Mario Camargo Arrieta, es posible determinar la existencia de una relación laboral subyacente entre las partes, dado que se

1. Conforme al contenido de los contratos de prestación de servicios, el cuadro de turnos aportado al plenario y el testimonio del señor Jesús Mario Camargo Arrieta, es posible determinar la existencia de una relación laboral subyacente entre las partes, dado que se

configuraron los siguientes tres elementos:

a) La prestación personal del servicio, que se encuentra demostrada con el objeto y las obligaciones de los contratos, consistente en desarrollar actividades como médico general en la E.S.E. Hospital Santa Clara.

b) La remuneración, acreditada a partir de los honorarios pactados como contraprestación económica en los contratos de prestación de servicios.

c) La subordinación, la cual quedó establecida con el objeto de los contratos y con el testimonio del señor Camargo Arrieta, cuya declaración permitió inferir que la demandante tenía la obligación de cumplir con un horario, recibía órdenes directas de la coordinadora del área y debía informarle en caso de ausentarse. Además, se constató que las actividades desarrolladas por la actora eran permanentes e inherentes al objeto misional de la entidad, y eran idénticas a las del personal de planta.

1. En definitiva, al estar demostrados los elementos de la relación laboral, debe declararse la nulidad del acto administrativo demandado y no probadas las excepciones propuestas por la entidad. Como consecuencia de ello procede el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir por la convocante, tales como cesantías, intereses a las cesantías, indemnización por vacaciones, bonificación por servicios y las primas de navidad, servicios y de vacaciones; todas para el período de contratación irregular y sin solución de continuidad , para lo cual se tendrá, como base para su

intereses a las cesantías, indemnización por vacaciones, bonificación por servicios y las primas de navidad, servicios y de vacaciones; todas para el período de contratación irregular y sin solución de continuidad , para lo cual se tendrá, como base para su liquidación, los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.

1.4. El recurso de apelación5

La parte demandada , por conducto de su apoderado y con base en los siguientes argumentos, interpuso el recurso de apelación con el fin de que se revoque la sentencia y se nieguen las pretensiones de la demanda:

4 Folios 265 al 284. 5 Folios 296 al 300.5

Radicado: 250002342000201900584-01 (3808-2022)

Demandante: Diana Carolina Camacho Serna

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co i) El vínculo contractual con la demandante se enmarcó en las disposiciones de la Ley 80 de 1993, por lo que su contratación fue de apoyo a la gestión y obedeció a la falta de personal y al gran cúmulo de actividades prestadas por la E.S.E.

1. Durante la prestación de su servicio como médico general, la señora Camacho Serna desarrolló sus actividades de forma autónoma e independiente ; por lo que no existió subordinación o dependencia , sino coordinación con su supervisor para la correcta ejecución del objeto contractual convenido.

1. Distinto a la subordinación o dependencia continuada, la contratista fue objeto de una «constante supervisión de las actividades » amparada en el «deber constitucional y legal

ejecución del objeto contractual convenido.

1. Distinto a la subordinación o dependencia continuada, la contratista fue objeto de una «constante supervisión de las actividades » amparada en el «deber constitucional y legal

[de la E.S.E.]» de «velar porque los contratos se cumplan en debida forma».

1. La suscripción de contratos de prestación de servicios sucesivos con un mismo contratista no genera, por sí sola, la transmutación de la relación contractual en una relación laboral; sobre todo cuando, como ocurre en este caso, tales negocios jurídicos se celebraron por períodos determinados y con objetos distintos.

1. En definitiva, de las pruebas aportadas al plenario no es posible colegir la existencia de un vínculo laboral entre las partes, pues, como se indicó, no hubo subordinación o dependencia continuada sobre el contratista; solo una relación de coordinación de actividades para el efectivo cumplimiento de los objetos contractuales.

1.5. Pronunciamientos en relación con el recurso de apelación

1.5.1. El ministerio público, a través de la Procuraduría Delegada de Intervención Tercera ante esta corporación, rindió concepto favorable a la confirmación de la sentencia. En líneas generales, consideró suficientes las pruebas aportadas al plenario para determinar los elementos del contrato de trabajo , los cuales, junto a «la naturaleza de las funciones que desarrollan los médicos generales en un centro hospitalario estatal », permiten establecer la existencia de la relación laboral entre las partes.6

1.5.2. Las partes procesales guardaron silencio, según la constancia secretarial que obra en el folio 308.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

establecer la existencia de la relación laboral entre las partes.6

1.5.2. Las partes procesales guardaron silencio, según la constancia secretarial que obra en el folio 308.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia. Por su parte, en atención al contenido del artículo 328 del CGP, el juez de alzada únicamente debe pronunciarse respecto de los argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación , siempre y cuando este no haya sido presentado por ambas partes, caso en el cual, podrá decidir sin limitaciones.

6 De acuerdo con el memorail adjunto al índice 8 del aplicativo Samai.6

Radicado: 250002342000201900584-01 (3808-2022)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos vertidos por la parte demanda da en la alzada, corresponde a la Sala resolver si entre la señora Diana Carolina Camacho Serna y la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente existió una relación laboral encubierta o subyacente determinada por el elemento de la subordinación continuada. De ser así, si a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales solicitadas, previo análisis del fenómeno prescriptivo.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

ser así, si a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales solicitadas, previo análisis del fenómeno prescriptivo.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y par ticipativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, l engua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de

de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilida d a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formale s de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Esta do, forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-7 a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor », el cual fue desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización8, en cuya virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor

7 Aprobada el 11 de abril de 1919. 8 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.7

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Demandante: Diana Carolina Camacho Serna

8 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.7

Radicado: 250002342000201900584-01 (3808-2022)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con obj eto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos é́ de Costa Rica), Colombia ratific ó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo como «(...) l a oportunidad de obten er los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2

y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador 16 establecieron la obligación de los Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdo s o los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar que «no habrá empleo público que no tenga fu nciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relacione s laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependenc ia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la

del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependenc ia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a f alta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.

2.3.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer8

Radicado: 250002342000201900584-01 (3808-2022)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios 855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008, 2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas, subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Dec reto 1082 de 2015, 9 cuyo Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de prestación de servicios las siguientes:

1. Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensabl e» y para desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.

1. Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la

«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.

1. Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».10

1. El contratista conserva un al to grado de autonomía para la ejecución de la labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».11

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.

9 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional», 10 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la expertici a o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad. 11 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C -154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo

necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad. 11 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C -154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artí culo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».9

Radicado: 250002342000201900584-01 (3808-2022)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni gen eran la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica re