CE - 250002342000201901090011SENTENCIA20230623134151

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-42-000-2019-01090-01 (4715-2022)

Demandante: MARTHA CECILIA MARTÍNEZ VARGAS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y

DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Temas: Régimen de cesantías con retroactividad de docente oficial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 4 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Martha Cecilia Martínez Vargas instauró demanda en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y el Distrito Capital de Bogotá , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de

– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y el Distrito Capital de Bogotá , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 1596 del 1 .° de marzo de 2019, emitida por la Secretaría de Educación de Bogotá, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una cesantía parcial, en cuanto se liquidó con el sistema anualizado y no con el retroactivo. Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones

1 Folios 1 a 2.2

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01090-01 (4715-2022) Demandante: Martha Cecilia Martínez Vargas Sociales del Magisterio a reconocer, liquidar y pagar las cesantías parciales de la demandante con base en el régimen de retroactividad , esto en razón del último salario devengado de acuerdo con lo previsto en la Ley 91 de 1989 y 344 de 1996.

Que las sumas adeudadas se paguen de manera indexada con fundamento en el IPC, en atención a las previsiones de los artículos 192 a 195 del CPACA . Que se condene en costas a la entidad demandada.

HECHOS2

La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente manera:

Que laboró como docente oficial con vinculación temporal tiempo completo, desde

condene en costas a la entidad demandada.

HECHOS2

La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente manera:

Que laboró como docente oficial con vinculación temporal tiempo completo, desde el 17 de febrero de 1989 hasta el 30 de noviembre de 1992. Que el 8 de febrero de 1993 fue nombrada como educadora del Estado, y a la fecha de presentación de la demanda (17 de julio de 2019), aún permanece activa en el servicio público.

Que el 3 de diciembre de 2018 solicitó ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales. Que mediante la Resolución 1596 del 1.° de marzo de 2019, la Secretaría de Educación de Bogotá en nombre y representación del FNPSM reconoció la prestación solicitada con base en el régimen anualizado.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 23 de agosto de 2019 y notificada a las entidades accionadas. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – FNPSM no presentó memorial de contestación3, mientras que el Distrito Capital de Bogotá sí lo hizo4, para lo cual manifestó que , si bien el acto censurado fue suscrito por un funcionario de la entidad territorial, ello ocurre en virtud de una representación del FNPSM, pero no por su administración, dado que la ley no le ha transferido tal facultad, lo cual im plica que el distrito no podía reconocer lo solicitado. Propuso como excepciones las que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva, legalidad de los actos acusados y la genérica o innominada.

facultad, lo cual im plica que el distrito no podía reconocer lo solicitado. Propuso como excepciones las que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva, legalidad de los actos acusados y la genérica o innominada.

Seguidamente, en atención a lo previsto en el numeral 1º, literales b) y c) del artículo 182A del CPACA (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 ), en concordancia con el Decreto 806 del 4 de julio de 2020 , mediante auto del 15 de

2 Folio 2. 3 Según auto del 16 de noviembre de 2021 visible en el folio 87 del plenario. 4 Folios 52 a 56.3

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01090-01 (4715-2022) Demandante: Martha Cecilia Martínez Vargas febrero de 20225, se prescindió de la audiencia inicial con el fin de dictar sentencia anticipada, por lo cual se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se efectuó el decreto de pruebas, y se corrió traslado a las partes y el Min isterio Público para alegar de conclusión, en orden de dictar posteriormente el respectivo fallo.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dictó sentencia escrita el 4 de mayo de 2022, a través de la cual hizo un recuento normativo y jurisprudencial sobre el régimen prestacional y cesantías retroactivas aplicable a los docentes. Mediante este fallo denegó las pretensiones de la

sentencia escrita el 4 de mayo de 2022, a través de la cual hizo un recuento normativo y jurisprudencial sobre el régimen prestacional y cesantías retroactivas aplicable a los docentes. Mediante este fallo denegó las pretensiones de la demanda sin condena en costas.

Consideró q ue para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 se conservó el régimen retroactivo de cesantías en virtud del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, mientras que para los docentes vinculados a partir del 1.º de enero de 1990, y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, solamente respecto a las cesantías generadas a partir de esta data, se estableció un régimen de liquidación anual de cesantías, sin retroactividad, y con pago de interés.

Que el literal b) de la norma en comento, hace referencia a «docentes que se vinculen a partir del 01 de enero de 1990» , sin hacer distinción respecto de la modalidad de vinculación, sea esta territorial o nacionalizada. No obstante, en los demás artículos de la Ley 91 de 1989 sí se fijaron de forma expresa situaciones dependiendo del tipo de vinculación. De ahí que al operador jurídico no le esté permitido restringir en manera alguna el término vinculación a una forma particular de ingreso al servicio público educativo oficial, p ues, como bien es sabido, donde el l egislador no distingue, al intérprete no le está permitido hacerlo.

Que la demandante se vinculó de manera previa al 1 .º de enero de 1990 en la vinculación temporal, percibiendo el derecho bajo ese régimen retroactivo

distingue, al intérprete no le está permitido hacerlo.

Que la demandante se vinculó de manera previa al 1 .º de enero de 1990 en la vinculación temporal, percibiendo el derecho bajo ese régimen retroactivo deprecado. Asimismo, aquella prestó el servicio hasta el 30 de noviembre de 1992, lo cual la cobijaba en lo pretendido solo por aquel lapso, pues ya el nombramiento en propiedad se dio el 8 de febrero de 1993, fecha posterior a la prevista en la Ley 91 de 1989.

5 Folio 112. 6 Folios 131 a 136.4

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01090-01 (4715-2022) Demandante: Martha Cecilia Martínez Vargas Que, en consecuencia, la reclamante perdió la continuidad de su vínculo inicial , dado que transcurrió un lapso de 2 meses y 6 días (del 1º de diciembre de 1992 al 7 de febrero de 1993 ), en los cuales se generó un lapso amplio entre servicios prestados, interrumpiéndose la unidad de la relación legal y reglamentaria.

Que si bien es cierto se dio un nombramiento de la docente accionante, previo al año 1990, no lo es menos la existencia de un período que supera los baremos establecidos por aquella Sala para determinar la no solución de continuidad como docente. Por lo tanto, el verdadero nexo laboral , para efectos legales , se produjo con posterioridad al 1 .º de enero de 1990, puntualmente el 8 de febrero de 1993, por lo que de conformidad con las normas que regulan la materia y la jurisprudencia

con posterioridad al 1 .º de enero de 1990, puntualmente el 8 de febrero de 1993, por lo que de conformidad con las normas que regulan la materia y la jurisprudencia aplicable, es claro que la liquidación de sus cesantías se encuentra regida por las disposiciones previstas en el literal b) del numeral 3.º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, disposición que, según se expuso en precedencia, consagra un régimen de liquidación anual de cesantías, sin retroactividad y con reconocimiento de intereses.

EL RECURSO DE APELACIÓN7

La parte demandante , en su escrito de apelación, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, expresando que laboró como docente oficial con vinculación territorial distrital desde el día 7 de febrero de 1989 realizando aportes a la seguridad social a través de la Caja de Previsión Social del Distrito, y desde el 8 de febrero de 1993 por medio del FNPSM.

Que, en tal sentido, debido a que es una educadora estatal del Distrito Capital de Bogotá nombrada con anterioridad al 29 de diciembre de 1989, se le debe n reconocer y pagar sus cesantías de forma retroactiva conforme a lo señalado en los artículos 17 de la Ley 6 .ª de 1945; 1.º del Decreto 2767 de 1945; 1 .° de la Ley 65 de 1946; 19 y 2 .° del Decreto 1160 de 1947, así como en los Decretos 2755 de 1966, 899 de 1991 y la Ley 91 de 1989.

Que los docentes con vinculación t emporal de tiempo completo prestaban los servicios en igualdad de condiciones y obligaciones a los demás maestros, por lo

1966, 899 de 1991 y la Ley 91 de 1989.

Que los docentes con vinculación t emporal de tiempo completo prestaban los servicios en igualdad de condiciones y obligaciones a los demás maestros, por lo que ingresaron al magisterio en virtud de la Resolución 202 del 1.° de febrero de 1993, proceso que se realizó de manera masiva por la urgencia en la prestación del servicio educativo, tanto así que inclusive el acto de posesión también fue realizado de forma general en el Coliseo Cubierto El Campín, con más de 3.000 educadores, lo que implicó una sobre carga de la administración para realizar las actuaciones administrativas para el nombramiento y posesión de estos docentes, sin que realmente la intención de la administración fuera la interrupción del servicio de cada

7 Folios 141 a 143.5

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01090-01 (4715-2022)

Demandante: Martha Cecilia Martínez Vargas servidor.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta que no hubo solicitud de pruebas en el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2081 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.8

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO9

El agente del Ministerio Público rindió concepto en el caso concreto, con el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por considerar que efectivamente la actora tuvo una vinculación laboral del 17 de febrero de 1989 al 30 de noviembre de 1992. No obstante, entre esta última fecha y el 8 de febrero de

efectivamente la actora tuvo una vinculación laboral del 17 de febrero de 1989 al 30 de noviembre de 1992. No obstante, entre esta última fecha y el 8 de febrero de 1993 pasó más de un mes, que es el período de mayor importancia para determinar una vinculación continua, que parece ser el criterio para admitir la existencia de la relación legal atendiendo motivos del pago de las cesantías por cada lapso causado, lo cual debe probarse también, pues si ocurrieron esos pagos , efectivamente se rompería esa unidad del nexo laboral para efectos de cesantías retroactivas.

CONSIDERACIONES

La Subsección deberá resolver si la demandante, en su calidad de docente con vinculaciones temporales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, puede ser beneficiaria de la liquidación de cesantías con el sistema de retroactividad previsto en la Ley 6.ª de 1945.

Marco normativo y jurisprudencial

La Ley 6.ª de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año. Y el artículo 17, literal a), de dicha norma, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6.º señaló que

consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6.º señaló que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que

8 Ver constancia secretarial a folio 150. 9 Ver índice 8 de la plataforma SAMAI.6

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01090-01 (4715-2022) Demandante: Martha Cecilia Martínez Vargas hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores oficiales» 10, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»11. Con tales finalidades, el artículo 3.º del decreto en mención determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Púb licos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo . Igualmente, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de lo s empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

a la Caja Nacional de Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de lo s empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 de la norma en cita empezó el llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual de esta prestac ión para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembr e de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada empleado.

Por su parte, el Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías 12, y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la protección contra la pérdida de su valor adquisitivo13. Además, en los artículos 6.º y 7.º de tal regulación, se fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

Ahora bien, la Ley 344 de 1996 «por la cual se dicta n normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones», dio un paso adicional encaminado a generalizar el

Ahora bien, la Ley 344 de 1996 «por la cual se dicta n normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones», dio un paso adicional encaminado a generalizar el

10 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968. 11 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968. 12 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998. 13 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.7

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01090-01 (4715-2022) Demandante: Martha Cecilia Martínez Vargas sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías para los serv idores públicos,

al consagrar, en su artículo 13, lo siguiente:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y E ntidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la norma previamente citada, que

correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la norma previamente citada, que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 consagró:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fond o de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fo ndo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos. (Negrilla de la Sala).

El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de

directamente con los intereses legales respectivos. (Negrilla de la Sala).

El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que debía remitir se a efecto de la liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de8

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01090-01 (4715-2022) Demandante: Martha Cecilia Martínez Vargas los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5 .º y siguientes.

No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesa ntías consagrado en normas anteriores14.

En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos15 se acogieran al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían proceder en la forma descrita en el artículo 3.º del Decreto 1582 de 1998, que es la siguiente:

Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley , se procederá de la siguiente forma:

entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley , se procederá de la siguiente forma:

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, c on las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición (se resalta).

Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva de cesantías se les continúa r espetando este, por virtud de lo dispuesto en los artículos 2.º del Decreto 1252 de 200016 y 3.º del Decreto 1919 de 200217.

14 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947. 15 Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996. 16 «Artículo 2.- Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.»

cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.» 17 «Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.»9

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01090-01 (4715-2022) Demandante: Martha Cecilia Martínez Vargas Ahora bien, en lo que respecta al personal docente, debe indicarse que el artículo 3.º de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional d e Prestaciones Sociales del Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las prestaciones sociales18 que se causaran a favor del personal docente nacional y nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.

La aludida norma, en su artículo 1 .º, numeral 3 .º, precisó que los docentes territoriales son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y en el artículo 2 .º consagró lo relativo al reconocimiento de las prestaciones por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los siguientes términos:

artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y en el artículo 2 .º consagró lo relativo al reconocimiento de las prestaciones por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los siguientes términos:

Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:

[…] 5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la promulgación de la presen te Ley, son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a dicho personal , por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles. (Destaca la Sala).

En lo que tiene que ver con las cesantías, el reconocimiento de esa prestación a favor de todos los docentes, sin discriminar si se trata de territoriales, nacionales o nacionalizados, se estableció en el artículo 15 de la legislación bajo estudio , en los siguientes términos:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

3. Cesantías:

18 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.10

regido por las siguientes disposiciones:

3. Cesantías:

18 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.10

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01090-01 (4715-2022)

Demandante: Martha Cecilia Martínez Vargas

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los docentes naciona les vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de ca ptación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

(Resalta la Sala).

docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. (Resalta la Sala).

Es importante precisar que cuando la norma en cita se refirió a los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 hizo alusión a todos aquellos cuya relación laboral iniciara en forma posterior a esa fecha, sin importar si se trata de nacionales, nacionalizados o territoriales (municipales o departamentales) pues, precisamente, la expresión está precedida de una «y», que es copulativa, es decir que «se usa para u nir palabras»19, por ello la Sala entiende que además de los nacionales y nacionalizados a que se refiere la primera frase de la norma, adiciona o incluye a aquellos que se vincularan al servicio docente con posterioridad a la fecha límite allí establecida, y en torno a estos no se hizo diferenciación en relación con la autoridad de la que proviniera el nombramiento del docente, por lo que ha de entenderse que se trata de todos, sin discriminación alguna.

La Ley 60 de 1993, en su artículo 6.º, en torno a los docentes territoriales determinó que «[serían] incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se les [respetaría] el régimen prestacional vigente para la respectiva entidad territorial» . No obstante , en el artículo 3 .º, numera l 5 .º de dicha norma , acerca de los de la planta de personal de los establecimientos educativos territoriales, que fueran remunerados con recursos del situado fiscal, señaló que tenían el carácter territorial, en los siguientes términos:

acerca de los de la planta de personal de los establecimientos educativos territoriales, que fueran remunerados con recursos del situado fiscal, señaló que tenían el carácter territorial, en los siguientes términos:

19 www.rae.es.11

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01090-01 (4715-2022) Demandante: Martha Cecilia Martínez Vargas La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6o. de la presente Ley.

Ahora bien, el artículo 175 d e la Ley 115 de 1994 estableció la posibilidad de que los docentes que laboran en los establecimientos públicos educativos oficiales en los niveles de preescolar, de educación básica en los ciclos de primaria y secundaria y de educ