CE - 250002342000202000291011SENTENCIA20230912152751

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 250002342000202000291 01 (4347-2022)

Demandante: Sandra Elvira Delgadillo Porras

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Tema: Nivelación salarial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual negó en su totalidad las pretensiones de la demanda instaurada por Sandra Elvira Delgadillo Porras contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

Sandra Elvira Delgadillo Porras presentó en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2, demanda para que se declare la nulidad del Oficio S -2019 – 17471/SUBIE-GUTAH -1.10 del 18 de junio de 2019 por medio del se negó la reclamación administrativa encaminada a la nivelación salarial

nulidad del Oficio S -2019 – 17471/SUBIE-GUTAH -1.10 del 18 de junio de 2019 por medio del se negó la reclamación administrativa encaminada a la nivelación salarial de técnico de apoyo de seguridad y defensa, código 5 , grado 24 (TAP -24) al de profesional de seguridad código 3-1, grado 18.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) el reconocimiento, declaración y aceptación que en su calidad de técnico de apoyo

1 Archivo 01, índice 9 del expediente digital en SAMAI. 2 En adelante CPACA.2

y seguridad y defensa, grado 24 desempeñó funciones propias del cargo profesional de seguridad código 3-1 grado 18 se le debe pagar el salario correspondiente al último, en su calidad de ingeniera informática; (ii) el reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias salariales y prestacionales resultantes entre las asignaciones básicas mensuales que le corresponden, con aplicación de la indexación de cada período; (iii) el reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias respecto de la prima de vacaciones, la de servicios, la de navidad y así respecto de cualquier otro emolumento, bonificación o prima que haya percibido y en derecho le corresponda ; (iv) el reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias por concepto de aportes a seguridad social; (v) que los anteriores reconocimientos liquidaciones y pagos se efectúen por el lapso entre el 19 de mayo de 2019 y los 4 años anteriores; y (vi) el nombramiento en el cargo de ibidem en propiedad.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

nombramiento en el cargo de ibidem en propiedad.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

Sandra Elvira Delgadillo Porras se encuentra vinculada a la Policía Nacional desde el 10 de enero de 1996, momento en el que fue nombrada en el cargo de técnico administrativo, código 4065, grado 9 al servicio del Instituto para la Seguridad Social de la Policía Nacional INSSPONAL.

Al extinguirse el INSSPONAL en el año 2008, se incorporó sin solución de continuidad a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional en el cargo de téc nico de apoyo de seguridad y defensa, grado 24 en el grupo de telemática y en dicho empleo ejerce las funciones correspondientes a las de profesional de seguridad como ingeniera informática, código 3-1 grado 18.

En cuanto a su formación, para el año de 1996 adquirió el título de Técnico Profesional en Sistemas y Computación por el Instituto Superior de Carreras Técnicas INSUTEC y en el 2009, la Corporación Universitaria de ciencia y Desarrollo UNICIENCIA le otorgó el grado de profesional en ingeniería informática.

El 14 de julio de 2015 solicitó a la Policía Nacional la nombrara en una vacante de carrera administrativa de mayor jerarquía, como profesional universitario, petición negada bajo el fundamento de no cumplir el requisito de experiencia profesional relacionada. Sin embargo, en ese mismo mes y año fue postulada al cargo de técnico de servicios, código 5-1, grado 26, oferta que rechazó por representar una desmejora salarial al perder el derecho a l subsidio de transporte, alimentación, bonif icación de seguro de vida y dotación anual.

de servicios, código 5-1, grado 26, oferta que rechazó por representar una desmejora salarial al perder el derecho a l subsidio de transporte, alimentación, bonif icación de seguro de vida y dotación anual.

El 27 de mayo de 2019 solicitó mediante petición ante la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional idénticas pretensiones a las de la demanda, por lo cual se profirió el Oficio S-2019 – 017471/SUBIE-GUTAH -1.10 del 18 de junio de 2019, notificado el 21 de julio de la misma anualidad.3

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Citó como disposiciones violadas los artículos 2, 6, 13 , 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; el 2 punto de la declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 de la OIT y la sentencia SU-519 de 1997 de la Corte Constitucional.

Señaló que la entidad no reconoc ió el derecho a ser nombrada en el cargo de profesional de seguridad, código 3-1, grado 18 cuando ésta ha venido cumpliendo las funciones propias del cargo para la Policía Nacional por más de 10 años.

Si bien en la Resolución 1680 del 20 de octubre de 2014 que estableció el manual específico de funciones y compet encias de la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional, no se encuentra la profesión de ingeniería de sistemas ni la de ingeniería informática como requisito de título profesional para optar por el cargo de profesional de seguridad, código 3.1, grado 11, lo cierto es que entre las evidencias requeridas para el empleo se tienen las de producto o servicio programación de costos

informática como requisito de título profesional para optar por el cargo de profesional de seguridad, código 3.1, grado 11, lo cierto es que entre las evidencias requeridas para el empleo se tienen las de producto o servicio programación de costos financieros, informes de seguimiento, entre otras, las cuales aparecen acreditadas con la experiencia profesional de la demandante que lleva cumpliendo las funciones desde 2008.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, no presentó contestación a la demanda en cuestión.

1.3. La sentencia apelada3

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, a través de sentencia del 17 de marzo de 2022 negó las pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos:

Con fundamento en el artículo 5 de la Resolución 1818 del 27 de septiembre de 2018 proferida por la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional y por el cual se adoptó el manual específico de funciones y competencias para los empleos de los funcionarios civiles no uniformados de la entidad: « Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión […] la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas […] no podrán ser compensadas por experiencia u otras calidades […]» y en concordancia con los requisitos, experiencia y determinación de las funciones propias de cada cargo , se tiene que Sandra Elvira Delgadillo Porras no desempeñó en el tiempo funciones idénticas o similares al cargo de profesional de seguridad, código 3-1, grado 18, pues éstas tienen como fin principal la administración de la planta de personal no uniformado, mientras que el cargo en el que se encuentra

desempeñó en el tiempo funciones idénticas o similares al cargo de profesional de seguridad, código 3-1, grado 18, pues éstas tienen como fin principal la administración de la planta de personal no uniformado, mientras que el cargo en el que se encuentra la actora de técnico para apoyo de la seguridad y defensa , grado 24 tiene como propósito principal brindar asistencia técnica en la programación y en los sistemas de

3 Folios 129 a 136.4

información de los procesos de telemática; además que , a pesar de la existencia de funciones adicionales certificadas por su jefe inmediato, las cuales están contenidas en la Resolución 1818 ibidem, se puede dilucidar que estas guardan relación con las competencias funcionales de asistencia técnica informática, propias del cargo en que se encuentra nombrada.

De igual manera, manifestó que las circunstancias de llevar más de 20 años desempeñando labores en el grupo de telemática en calidad de técnico para apoyo de seguridad y defensa y, haber obtenido en el año 2009 el título profesional de ingeniería informática no conceden en sí mism o el derecho pretendido; menos aún, cuando no cumple el lleno de requisitos establecidos en la norma, como lo es para el caso la acreditación de un título profesional en administración y uno de posgrado ; sumado al hecho que, por tratarse de un cargo de carrera , se requiere la superación de un concurso de méritos.

Finalmente, señaló que existía únicamente 1 vacante para el cargo de profesional de seguridad, código 3 -1, grado 18 y según se expresó en el acto administrativo demandado, este lo ocupó una persona que acreditó la totalidad de los requisitos.

1.4. El recurso de apelación4

seguridad, código 3 -1, grado 18 y según se expresó en el acto administrativo demandado, este lo ocupó una persona que acreditó la totalidad de los requisitos.

1.4. El recurso de apelación4

La parte demandante presentó recurso de apelación, con fundamento en los motivos que se exponen a continuación:

El juzgador de primera instancia omitió el análisis del material probatorio en el cual se probó a cabalidad que la demandante o stentó el cargo de técnico de apoyo de seguridad y defensa, código 5-1, grado 24 se encuentra desde 2008 cumpliendo las funciones propias del cargo de profesional de seguridad, código 3-1, grado 18.

Alegó que no es cierto que únicamente por el tiempo que ha laborado en el puesto de técnico pretende sea nombrada en el nivel profesional, porque la petición se fundamenta en que desde hace más de 14 años desempeña funciones de profesional, las cuales le fueron asignadas no únicamente por la experiencia del nivel técnico sino por reunir los requisitos y calidades de conocimiento y experiencia requeridos, esto en razón, que para el 2008 ya había cursado sus estudios superiores en ingeniería informática y se encontraba próxima a recibir el título profesional que obtuvo en 2009.

El hecho que la entidad demandada no de cumplimiento a los mandatos respecto a la disposición de las vacantes por medio de los concursos pertinentes para los nombramientos y ascensos, no es responsabilidad de la demandante y también, que la ocupación de ésta s vacantes son dadas por amistades, conocidos y órdenes de mando institucional sin llenar el pleno de requisitos, pues, a pesar de exigir el título de administrador, este ha sido ocupado por ingenieros de sistemas y a raíz de esto,

mando institucional sin llenar el pleno de requisitos, pues, a pesar de exigir el título de administrador, este ha sido ocupado por ingenieros de sistemas y a raíz de esto, también puede hacerlo un ingeniero informático. Respecto del postgrado , manifestó que el manual de funciones estipula que este título se homologa con experiencia.

4 Folios 139 a 142.5

Aunado a lo anterior, señaló que no se le permitió participar en el proceso de selección 624 de 2018 por medio del cual la entidad demandada realizó el concurso de méritos bajo el argumento de que , los cargos a proveer no exigían que fuese ingeniero informático y como conclusión, argumentó que la entidad vulneró los mandatos legales pues a igual trabajo responde igual re muneración y la actora realiza labores y funciones de nivel profesional mientras percibe asignación mensual de nivel técnico.

1.5. Alegatos de conclusión

Las partes, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿Sandra Elvira Delgadillo Porras tiene derecho a que se le reconozcan los salarios y prestaciones del cargo de profesional de seguridad, código 3-1, grado 18 por ejercer sus funciones, pese a ostentar el cargo de técnico de apoyo a la seguridad y defensa, código 5-1, grado 24?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Del empleo público y su regulación

El artículo 123 de la Carta Política prevé que «Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades

2.2. Marco normativo

2.2.1. Del empleo público y su regulación

El artículo 123 de la Carta Política prevé que «Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios», quienes «[…] ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento».

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992 , para «[…] la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores […], el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios», entre otros: […]

1. La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;

j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;

k) El establecimiento de rangos de remuneración para los carg os de los niveles profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral; […]».

El artículo 3 de la ley ibidem dispuso que el sistema salarial de los servidores públicos está integrado por «[…] la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos».6

A su turno, la Ley 489 de 29 de diciembre de 19985, en su artículo 1156, dejó en cabeza (i) del Gobierno la aprobación de «[…] las plantas de personal de los organismos y

cargos».6

A su turno, la Ley 489 de 29 de diciembre de 19985, en su artículo 1156, dejó en cabeza (i) del Gobierno la aprobación de «[…] las plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la presente ley de manera global »7 , y (ii) del «[…] director del [respectivo] organismo distribuir […] los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la organización y sus planes y programas».

Por su parte el artículo 19 de la Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 regula el empleo público, frente a la estructura de este preceptúa:

«ARTÍCULO 19. EL EMPLEO PÚBLICO.

1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado.

2. El diseño de cada empleo debe contener: a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular; b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los elem entos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido del empleo;

[…]

ARTÍCULO 20. CUADROS FUNCIONALES DE EMPLEOS. Los cuadros funcionales son agrupaciones de empleos semejantes en cuanto a la naturaleza general de sus

las exigencias funcionales del contenido del empleo;

[…]

ARTÍCULO 20. CUADROS FUNCIONALES DE EMPLEOS. Los cuadros funcionales son agrupaciones de empleos semejantes en cuanto a la naturaleza general de sus funciones, sus responsabilidades y que requieren conocimientos y/o competencias comunes.

1. Los empleos públicos se podrán agrupar en cuadros funcionales de empleos con el fin de optimizar la gestión de los recursos humanos de cada entidad.

2. El acceso, el ascenso, el sistema retributivo y la capacitación de los empleados

públicos de carrera se podrán llevar a cabo, en su caso, en el cuadro funcional de empleos.

3. Los cuadros funcionales de empleos podrán cubrir empleos de uno o de varios organismos, en función de los requisitos exigidos para su desempeño.

4. Por decreto se regulará el sistema de cuadros funcionales de empleos aplicable a toda la administración y, en su caso, la dependencia orgánica de los mismos».

La anterior norma fue reglamentada c on el Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, que fue derogado por el Decreto 1083 de 2015 y que sobre los requerimientos que

5 «Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones». 6 «PLANTA GLOBAL Y GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO». 7 Según el artículo 2º de la Ley 489 de 1998, esta «[…] aplica a todos los organismos y entidades de la

disposiciones». 6 «PLANTA GLOBAL Y GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO». 7 Según el artículo 2º de la Ley 489 de 1998, esta «[…] aplica a todos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública y a los servidores públicos que por mandato constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas, prestación de servicios públicos o provisión de obras y bienes públicos […]».7

debe colmar el ejecutivo para reformar las plantas de empleos, previó:

«ARTÍCULO 2.2.12.1 Reformas de las plantas de empleos […]

PARÁGRAFO. Toda modificación a las plantas de empleos, de las estructuras y de los estatutos de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional deberán contar con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública.

ARTÍCULO 2.2.12.2 Motivación de la modificación de una planta de empleos. Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de:

[…]

5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o prestación de servicios.

6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.

[…]

10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas.

PARÁGRAFO 1. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo

[…]

10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas.

PARÁGRAFO 1. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse den tro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general. Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad, no tendrá la calidad de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos iguales o equivalentes a los suprimidos a quienes los venían ejerciendo en calidad de provisionales.

ARTÍCULO 2.2.12.3 Estudios que soporten las modificaciones de las plantas de empleos. Los estudios que soporten las modificaciones de las plantas de empleos deberán basarse en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos:

1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.

2. Evaluación de la prestación de los servicios.

3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos».

Conforme a lo expuesto en precedencia, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos está supeditado a factores variables, tales como la naturaleza de las funciones, las calidades exigidas para su desempeño, la estructura de los empleos y la escala y el tipo de remuneración para cada cargo, los cuales se ven reflejados en el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración, que comprende: (i) nivel, que los agrupa por su jerarquía con fundamento en la naturaleza de las funciones, responsabilidades y complejidad; (ii) denominación, esto es, el nombre o identificación

el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración, que comprende: (i) nivel, que los agrupa por su jerarquía con fundamento en la naturaleza de las funciones, responsabilidades y complejidad; (ii) denominación, esto es, el nombre o identificación del conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades que constituyen un empleo; (iii) clase, es decir, el grado de importancia dentro del nivel; (iv) código, que hace referencia al número utilizado para el manejo sistematizado del régimen de8

clasificación y remuneración de cada cargo; (v) grado, que es el número de orden que indica la asig nación mensual del empleo dentro de una escala progresiva, según la complejidad y responsabilidad inherentes al ejercicio de las funciones; y (vi) la remuneración asignada a cada grado.

Así las cosas, la configuración de la nomenclatura constituye un hit o de especial importancia en la organización de los empleos, pues, además de definir las funciones y responsabilidad de cada uno de los servidores, determina la escala salarial de estos, ello en atención a su nivel, denominación, código y grado dentro de la función pública.

2.2.2. El sistema especial de los empleados públicos civiles no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional

Mediante la Ley 1033 del 18 de julio de 2006 , se estableció la carrera administrativa especial para los empleados públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa y ésta en su artículo 2 expuso:

«De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades

adscritas y vinculadas al sector Defensa y ésta en su artículo 2 expuso:

«De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que, en el término de seis meses contados a partir de la publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley que contengan el sistema especial de carrera del Sector Defensa, para el ingreso, permanencia, ascenso, capacitación, estímulos, evaluación del desempeño y retiro de los empleados públicos civiles no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional,, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Públicas y la Policía Nacional, así como establecer todas las características y disposiciones que sean competencia de la ley referentes a su régimen de personal».

En el ejercicio de las facultades otorgadas el presidente , promulgó el Decreto Ley 91 del 17 de enero de 2007 mediante el cual reguló el sistema especial de carrera del sector defensa y se clasificaron a su vez, los empleos del personal civil y no uniformado en: (i) de período fijo, (ii) de libre nombramiento y remoción y (iii) de carrera . Sobre la última clasificación, esta tiene por objeto alcanzar dentro del marco de seguridad requerido la eficiencia, t ecnificación, profesionalización y excelencia de sus empleados, con el fin de cumplir su misión y estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascender, considerando para todo lo anterior, el mérito. Así, el artículo 16 ibidem:

«Concursos. La provisión definitiva de los empleos pertenecientes al Sistema Especial de Carrera del sector Defensa se hará por concurso abierto, el cual tendrá

«Concursos. La provisión definitiva de los empleos pertenecientes al Sistema Especial de Carrera del sector Defensa se hará por concurso abierto, el cual tendrá por objeto establecer y comprobar la aptitud, idoneidad y condiciones de seguridad de los aspirantes.

El concurso abier to se caracteriza por permitir la admisión libre para todas las personas que demuestren poseer los requisitos exigidos para el desempeño del empleo».

De lo anterior se sintetiza que todo empleo público debe tener unas funciones determinadas legal o reglamentariamente y, además, debe estar previsto en la planta de personal correspondiente de la entidad; empleos de los cuales hay un número disponible de vacantes a través de las cuales se satisfacen las misiones de la entidad,9

por lo que su creación respond e a las necesidades del servicio y a la disponibilidad presupuestal requerida para la financiación de los cargos correspondientes.

En materia de equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega por la parte demandante el desempeño de un empleo igual al comparado, pero con mejor condición salarial de la propia entidad, esta Subsección precisó las condiciones para la procedencia de tal clase de pretensiones en sentencia del 9 de diciembre de 20198, al indicar que:

«Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b) contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias desfavorables para la parte por cuanto al

acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b) contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige el empleo. El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que avalen sus alegatos.» (Subrayado fuera de texto).

Respecto de este planteamiento, la Corte Constitucional 9 también se pronunció del siguiente modo:

«[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales, aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también diferenciación ante situaciones desiguales...” (....) 7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades son iguales […]».

Lo anterior se sustenta en la medida en que el juicio de igualdad en el ámbito de las controversias derivadas del trabajo, no puede ser formal sino objetivo y material, tal como lo ha reiterado la Corte10, así:

Lo anterior se sustenta en la medida en que el juicio de igualdad en el ámbito de las controversias derivadas del trabajo, no puede ser formal sino objetivo y material, tal como lo ha reiterado la Corte10, así:

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 9 de diciembre de 2019. Radicado: 76001-23-31-000-2011-00572-01 (4858-18). 9 Sentencias T027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esta corporación también señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2 007 Radicado 454 A -2007 lo siguiente: «[…] Al respecto, se ha afirmado que ''en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]» (Subraya y negrilla de la Sala). 10 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T -833 del 23 de octubre de 2012.

Expediente: T -3.561.818 y sentencia C -071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala P lena de dicha corporación en el expediente: D -113. Se aclara en este punto que a pesar de que la primera de las providencias referidas es de revisión de tutela con efectos inter partes, lo cierto es que dentro de su

corporación en el expediente: D -113. Se aclara en este punto que a pesar de que la primera de las providencias referidas es de revisión de tutela con efectos inter partes, lo cierto es que dentro de su parte considerativa se desarrolló una re gla jurisprudencial de aplicación homogénea en clave de precedente relacionada con lo casos en los que se invoca la igualdad para efectos de nivelación salarial.10

«De ahí pues que la igualdad de trato en la relación laboral no sólo deriva de una regla elemental de justicia en los estados democráticos sino de la esencia de la garantía superior al trabajo, ya sea que éste se preste ante entidades públicas o privadas. (…) Por lo tanto no toda desigualdad o diferencia de trato en materia salarial c