CE - 25_110010324000201200137001SENTENCIA20231129163927

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Título
CE - 25_110010324000201200137001SENTENCIA20231129163927
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 110010324000201200137 00

Demandante: British American Tobacco South America Limited

Demandado: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales

Asunto: Se resuelve sobre una demanda respecto de la legalidad de unos actos que determinan si una mercancía cumple con el régimen de origen de la ALADI. Tratado de Montevideo de 1980 constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Acuerdos simplificados. Acuerdos de alcance parcial y de complementación económica en el marco de la ALADI. Acuerdo de Complementación Económica núm. 24 o ACE 24 entre la República de Colombia y la República de Chile y reglas de origen.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por British American Tobacco South America Limited contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sobre la legalidad de los actos acusados mediante los cuales se determina si una mercancía cumple con las reglas de origen.

La presente sentencia tiene las siguientes t res partes: i) Antecedentes; ii)

Impuestos y Aduanas Nacionales sobre la legalidad de los actos acusados mediante los cuales se determina si una mercancía cumple con las reglas de origen.

La presente sentencia tiene las siguientes t res partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES2

Núm. único de radicación: 110010324000201200137 00

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1. La sociedad British American Tobacco South America Limited , en adelante la parte demandante 1, presentó demanda 2 contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 3, en adelante, Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de: i) la Resolución núm. 004551 de 19 de abril de 2011 “[…] Por medio de la cual se determina que la mercancía clasificada en la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA), cor respondiente a cigarrillos, exportada de Chile por la sociedad COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A. e importada a Colombia por la empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED, no cumple con las condiciones para ser considerada originaria de Chile en los términos de lo dispuesto en el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación Económica Chile - Colombia ACE N° 24 […]”, expedida por la

AMERICA LIMITED, no cumple con las condiciones para ser considerada originaria de Chile en los términos de lo dispuesto en el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación Económica Chile - Colombia ACE N° 24 […]”, expedida por la Subdirectora de Gestión Técnica Aduanera; ii) la Resolución núm. 006711 de 14 de junio de 2011 “[…] POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN […]”, expedida por la Subdirectora de Gestión Técnica Aduanera; y iii) la Resolución núm. 012386 de 29 de noviembre de 2011 “ […] Por la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por la socied ad BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED contra la Resolución 004551 del 19 de abril de 2011 por la que la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determinó que una mercancía no cumple con las con diciones para ser considerada originaria de Chile de conformidad con el Acuerdo de Complementación Económica Chile Colombia ACE – 24. […]”, expedida por el Director de Gestión de Aduanas.

Las pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:

“[…] PRETENSIONES

A. Que se declare la nulidad total de la Resolución N° 012386 del 29 de noviembre de 2011 , proferida por la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por

1 Por intermedio de apoderado. 2 Cfr. folios 75 a 106 del cuaderno principal. 3 “Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo”.

Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por

1 Por intermedio de apoderado. 2 Cfr. folios 75 a 106 del cuaderno principal. 3 “Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. folios 75 a 76.3

Núm. único de radicación: 110010324000201200137 00

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medio de la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA, contra la Resolución 004551 del 19 de abril de 2011

B. Que se declare la nulidad total de la Resolución N° 006711 del 14 de junio de 2011, proferida por la Dirección de Gestión de Aduanas de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio de la cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA, contra la Res olución 004551 del 19 de abril de 2011.

C. Que se declare la nulidad total de Resolución No. 004551 del 19 de abril de 2011, expedida por la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la DIAN, por medio de la cual se determina que la mercancía clasificada en la subpartida arancelaria 2402.20.00 importada a Colombia por BRITISH AMERICAN TOBBACO SOUTH AMERICA no cumple con las condiciones para ser considerada originaria de Chile.

mercancía clasificada en la subpartida arancelaria 2402.20.00 importada a Colombia por BRITISH AMERICAN TOBBACO SOUTH AMERICA no cumple con las condiciones para ser considerada originaria de Chile.

D. Que se declare que no corresponde a BAT South América el pago de las costas en que incurra la DIAN con relación a la actuación administrativa, ni las de este proceso. […]”

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones5:

3.1. La Subdirección de Gestión Técnica de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas, en adelante DIAN, inició investigación de verificación de origen de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colo mbia y la República de Chile – Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica ACE -24, contra los certificados de origen de los certificados de importación, sin mediar justificación legal que le permitiera acudir a este mecanismo y no al vigent e para el momento en que se expidieron los certificados de origen y declaraciones de importación.

3.2. Por medio de los oficios núms. 100-210.227-0201 de 4 de junio de 2010 y 100-210227-0238 de 30 de junio de 2010, se solicitó a la Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del

5 Cfr. Folios 75 a 106 del cuaderno principal.4

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Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del

5 Cfr. Folios 75 a 106 del cuaderno principal.4

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Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, revisar la autenticidad de los Certificados de Origen listados en las hojas 3 y 4 de la Resolución impugnada y expedi dos por la Sociedad de Fomento Fabril – SOFOFA, a la empresa exportadora Compañía Chilena de Tabacos S.A., que “[…] amparan […]” la mercancía de cigarrillos clasificados por la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA6).

3.3. La Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, dio respuesta mediante la Carta núm. 3476 de 10 de septiembre de 2010, en la que “[…] se concluyó que de conformidad con el ACE No. 24 Anexo 2 (Requisitos Específicos de Origen) de la Resolución 252, en el que se exige que los tabacos con que se fabrica dicho producto sean de los países participantes (Partes Signatarias), lo cual se cumple, ya que más del 90 % de los tabacos utilizados son chilenos y menos del 10% restante provienen de Brasil, que es parte signataria de la Resolución 252. […]”. Emitida la respuesta, la DIAN consultó a la Dirección de Integración Económica del Ministerio de Comercio, I ndustria y Turismo sobre la

chilenos y menos del 10% restante provienen de Brasil, que es parte signataria de la Resolución 252. […]”. Emitida la respuesta, la DIAN consultó a la Dirección de Integración Económica del Ministerio de Comercio, I ndustria y Turismo sobre la aplicación del criterio de origen para los cigarrillos, en el marco de Acuerdo de Complementación Económica Colombia – Chile ACE núm. 24.

3.4 En la respuesta proporcionada por el ministerio se menciona que la normatividad y el procedimiento adecuado eran las reguladas en el TLC, y para la expedición de la Resolución de Origen se debe cumplir el procedimiento del artículo 21.4 ibidem, aunque “[…] no se indica, o por lo menos no se trascribe en la Resolución impugnada, el fundamento legal de tal concepto […]”; ni “[…] se explicó si el objeto de la verificación reglada por el TLC corresponde a certificados de origen expedidos con posterioridad a su entrada en vigencia o si la nueva norma debe hacerse retroactiva amparando situaciones consolidadas bajo el imperio de normas anteriores. […]”7

3.5. El Ministerio de Comercio , Industria y Turismo con posterioridad a l concepto indicado supra, adujo que según el artículo 1.° de la Resolución 252 de la ALADI y su Anexo 2, para considerar cigarrillos originarios conforme al ACE-24, es indispensable que el tabaco provenga de los países participantes en el Acuerdo, para este caso Chile o Colombia.

6 Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 7 Ibidem5

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de Designación y Codificación de Mercancías 7 Ibidem5

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3.6. La parte demandada “ […] remitió a la compañía exportadora, Compañía Chilena de Tabacos S.A ., con copia a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, el cuestionario de verificación de origen, el cual fue resuelto y se radicó mediante la Carta No. 0506 del 7 d febrero de 2011, radicado No. 2011ER13519 del 15 de febrero del mis mo año “… con los anexos respectivos y los documentos e información solicitados”. […]”8

3.7. La Subdirección Técnica Aduanera, mediante Oficio núm. 100-210-227-0027 de 19 de enero de 201 1, informó al representante legal de la parte demandante, sobre la realización del proceso de Verificación de Origen para mercancías descritas como cigarrillos que se contienen en la subpartida 2402.20.00, exportados por la Compañía Chilena 2008, 2009 y 2010 , sin “ […] señalar el marco normativo que ampara el procedimiento que se inicia y la participación que dentro de él pudiese tener mi representada. […]”9

3.8 La Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, mediante Resolución núm. 004551de 19 de abril de 2011, “[…] advierte el incumplimiento por parte del importador

representada. […]”9

3.8 La Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, mediante Resolución núm. 004551de 19 de abril de 2011, “[…] advierte el incumplimiento por parte del importador […]”, del artículo 4.17 del ACE 24 la cual obliga a la autoridad aduanera que exija del importador que solicite tratamiento arancelario preferencial, que declare en el documento de importación que la mercancía califica como originaria.

3.9 La Dirección de Gestión de Aduanas de la Subdirección Técnica Aduanera de la DIAN, mediante Resolución núm. 006711 de 14 de junio de 2011, y la Dirección de Gestión de Aduanas de la DIAN, mediante la Resolución n úm. 012386 de 29 de noviembre de 2011, resolvieron , respectivamente los recursos de reposición y apelación, respectivamente.

Normas violadas

4. La parte demandante, en el escrito de la demanda, señaló como vulneradas las

siguientes normas:

8 Ibidem 9 Ibidem6

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● Artículos 29, 83 y 228 de la Constitución Política de Colombia. ● Artículos 2 y 35 del Código Contencioso Administrativo. ● Artículos 4.24 y 32 del Acuerdo de Complementación Económica Núm. 24 celebrado entre las repúblicas de Colombia y Chile. ● Anexo 2 de la Resolución 252 de 4 de agosto de 1999.

● Artículos 4.24 y 32 del Acuerdo de Complementación Económica Núm. 24 celebrado entre las repúblicas de Colombia y Chile. ● Anexo 2 de la Resolución 252 de 4 de agosto de 1999.

Concepto de Violación

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la

violación, así:

Primer cargo: Nulidad de los actos administrativos por violación al artículo 4.24 del ACE núm. 24 – Anexo 2 de la Resolución 252 de 1999 al gozar de presunción de legalidad los certificados de origen expedidos por las autoridades chilenas y consolidar la actuación administrativa una evidente violación del debido proceso – concepto de países participantes

5.1. Señaló que, conforme lo indica la Dirección de Asuntos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, en la comunicación 3476 de 10 de septiembre de 2010, los 176 certificados emitidos por la Sociedad de Fomento Fabril – SOFOFA, y que amparan la mercancía exportada por la Compañía Chilena de Tabacos S.A. son auténticos y las personas que suscribieron estos certificados de origen, son funcionarios de la misma y se encuentran con la plena facultad de emitir certificados de origen, “[…] De esta manera, es claro que para el gobierno chileno no hay duda alguna respecto a, primero, la autenticidad y veracidad de los documentos de origen expedidos por parte de Chile, así como de la información allí contenida, y segundo, del criterio de origen aplicado, donde se indica claramente que el origen de las mercancías exportadas es Chile, dando cumplimiento a la normatividad regente en el tema. […]”.10 (Negrilla incluida en texto

allí contenida, y segundo, del criterio de origen aplicado, donde se indica claramente que el origen de las mercancías exportadas es Chile, dando cumplimiento a la normatividad regente en el tema. […]”.10 (Negrilla incluida en texto original).

5.2. Indicó además que la Resolución núm. 012386 de 29 de noviembre de 2011, en lo que respecta a la expresión “ países participantes ”, en el cual Chile es “ país parte ”, contraría lo indicado por la autoridad chilena que concluye que los productos

10 CFr. Folios 75 a 106 del cuaderno principal.7

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exportados a Colombia son originarios de Chile, y h ace una interpretación contraria al Acuerdo de Complementación Económica ACE 24, “[…] donde se establece que "países participantes" son todos los signatarios de ALADI […]”11

5.3. Luego de explicar el propósito del ACE 24 entre Colombia y Chile, indica que el artículo 8 prevé que los países signatarios aplicarán a las importaciones realizadas al amparo del Programa de Liberación allí previsto, el Régimen General de Origen de la ALADI, establecido por la Resolución núm. 78 del Comité de Representantes de la Asociación norma sustituida más adelante por la Resolución 252 de 4 de agosto de 1999, cuyo anexo 2 dispone como requisitos específicos de origen para la subpartida 2402.20.00, cigarrillos que contengan tabaco, que el tabaco sea de los " países

1999, cuyo anexo 2 dispone como requisitos específicos de origen para la subpartida 2402.20.00, cigarrillos que contengan tabaco, que el tabaco sea de los " países participantes".

5.4. Sostuvo que “[…] La interpretación de la frase “países participantes”, que constituye el punto de partida del cuestionamiento de los certificados de origen en la Resolución 4551 que se acusa, no ha sido analizada en forma oficial y conjunta por los gobiernos de Chile y Colombia, pues la primera noticia de la discrepancia en su interpretación se vino a conocer por mi poderdante en la Resolución acusada. […]”, y, respecto de la interpretación por parte de las autoridades chilenas, afirma que “[…] en desarrollo del principio de interpretación de los tratados conocido como el de la “ práctica ulteriormente seguida ” consideramos que el criterio de origen aplicado por el gobierno de Chile resulta el más acorde en el contexto del Acuerdo. […]”12 (Negrilla incluida en texto original).

5.5. Respecto de la interpretación del textos del ACE 24, la parte demandante aduce que era obligación de la DIAN haber realizado las consulta necesarias “[…] para solucionar las diferencias que se presenten en su aplicación, y no se puede limitar únicamente a "últimas instancias" como lo establece la Administración por la interpretación que hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, toda vez que no se puede asumir posición alguna que determine una situación concreta a un particular, sin tener antes en cuenta el sentido del Acuerdo y la intención de los países participantes. […]”.13

11 Ibidem 12 Ibidem 13 Ibidem8

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participantes. […]”.13

11 Ibidem 12 Ibidem 13 Ibidem8

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5.6. De manera que, “[…] si el gobierno Colombiano en algún momento consideró que el criterio de origen para los cigarrillos aplicado por el gobierno chileno estaba equivocado, debió, previamente a tomar cualquier determinación, efectuar las consultas y, de ser el caso, presentar las propuestas de modificaciones respectivas, por lo tanto, no era viable que Colombia desconociera de manera inconsulta y unilateral los criterios adoptados por el gobierno chileno, e ignorara el mandato contenido en la norma que se comenta, castigando al usuario aduanero que simplemente obró de conformidad con la normativa aplicable. […]”14

5.7. Informó que la parte demandada, al desconocer de manera arbitraria los criterios del gobierno chileno, generó una afectación al usuario aduanero que obró cumpliendo los requisitos necesarios: Es así como se evidencia que la DIAN se extralimitó en sus funciones “[…] lo que implica su incumplimiento, que conlleva a tomar una decisión unilateral por parte de Colombia al desconocer unos certificados de origen legalme nte expedidos por el gobierno de Chile, los cuáles gozan de plena presunción de legalidad […]”.15

5.8. La parte demandante afirma que al endilgarle una responsabilidad que no tiene en la expedición de los certificados de origen para desconocer la procedencia de los bienes que importa a Colombia y, al omitir el procedimiento establecido en el ACE 24 para la

5.8. La parte demandante afirma que al endilgarle una responsabilidad que no tiene en la expedición de los certificados de origen para desconocer la procedencia de los bienes que importa a Colombia y, al omitir el procedimiento establecido en el ACE 24 para la solución de conflictos y la administración de l tratado, se viola el derecho fundamental al debido proceso , por lo que los actos administrativos ahora acusados deben ser declarados nulos.

5.9. Sostiene que “[…] no nos encontramos frente a certificados de origen fraudulento o alterado que le permitan a la DIAN desconocer el origen de los bienes y en consecuencia el tratamiento preferencial otorgado […]” , y más bien “ […] la discusión gira en torno a una diferencia de interpretación de una de las disposiciones del ACE 24 la cual conforme a lo anteriormen te mencionado debe ser resuelta en forma consensuada por las partes o impuesta por un tribunal de arbitramento, pero no como sucedió para el presente caso de forma unilateral por una de las partes como lo pretende la DIAN, a través de las Resoluciones demandadas. […]”16

14 Ibidem 15 Ibidem 16 Ibidem9

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5.10. Concluye que “ […] se debe declarar necesariamente la nulidad de los actos administrativos, pues no es claro su criterio respecto a la aplicabilidad de las consultas, cerrando de esta manera la posibilidad al importador que su asunto se a discutido al nivel del tratado, dejándolo únicamente al arbitrio del Administrador local de Aduanas

administrativos, pues no es claro su criterio respecto a la aplicabilidad de las consultas, cerrando de esta manera la posibilidad al importador que su asunto se a discutido al nivel del tratado, dejándolo únicamente al arbitrio del Administrador local de Aduanas […] Por lo señalado, en virtud de los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, moralidad, buena fe y en cumplimiento de los fines del Estado, la DIAN estaba obligada a llevar a cabo tal consulta para no vulnerar los derechos de la Compañía quien de buena fe depositó toda la confianza en los documentos que certificaban el origen de los productos al momento de aplicar un beneficio a su favor, y q ue es afectado por actos de carácter particular bajo interpretaciones subjetivas contrarias. […]”17 (Negrilla incluida en texto original)

Segundo cargo: Nulidad de los actos demandados por violación al artículo 83 de la Constitución Política, el cual consagra el principio de Buena fe y la Confianza

Legitima

5.11. Indicó que no se encuentra en controversia, si la actuación de la compañía fue de mala fe, en la manera que se avizora la violación al principio de buena fe y confianza legítima, es por la interpretación errónea de los certificados de origen, al considerarlos inválidos, y para así concluir que no se están cumpliendo con los requisitos, suponiendo un actuar de manera fraudulenta por parte de la compañía. Es por esto que los actos administrativos demandados vulneran los principios supra establecidos en el artículo 83 de la Constitución Política.

5.12. En esa medida, sostuvo que bajo el entendido constitucional del principio de la buena fé “[…] no puede la Administración de Aduanas exigir lo inexigible a un particular,

83 de la Constitución Política.

5.12. En esa medida, sostuvo que bajo el entendido constitucional del principio de la buena fé “[…] no puede la Administración de Aduanas exigir lo inexigible a un particular, pues como reza el principio de derecho este "no está obligado a lo imposible", lo que implica que no podía prever la Compañía que, al momento de la importación existían diferencias de criterio en relación con el tema de origen que debían ser resueltas a nivel de Estados, y no castigando al particular por una interpretación unilateral y arbitraria por parte de la DIAN. […]”.18

17 Ibidem 18 Ibidem10

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5.13. Además, teniendo en cuenta los recursos interpuestos y su argumento fundado en el principio “ Pacta sunt servanda” de la Convención de Viena , “[…] De esta manera, si las autoridades aduaneras y de comercio exterior colombianas consideraban que el criterio de origen aplicado por Chile no era el adecuado, debieron hacer uso de los medios que el mismo ACE con Chile consagran para solucionar este tipo de diferencias, y no de una forma arbitraria y unilateral determinar que los cigarrillos importados por BAT South América no cumplen con la norma de origen, violando de esta forma el principio de la buena fe y confianza legítima con que BAT South América aplicó el tratamiento preferencial respectivo; no obstante, aún a pesar de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la DIAN conocían la interpretación del

esta forma el principio de la buena fe y confianza legítima con que BAT South América aplicó el tratamiento preferencial respectivo; no obstante, aún a pesar de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la DIAN conocían la interpretación del gobierno de Chile antes de la expedición de la Resolución No. 004551, no hicieron ninguna consulta para unificar criterios con dicho gobierno respecto a esta divergencia, tal como el mismo ACE 24 lo exige […]” (Negrilla incluido en texto original).

5.14. Adujo que “[…] no es claro como pretenden el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y la DIAN, hacer una interpretación del ACE -24 sin consultar ni tener en cuenta la posición del gobierno de Chile y efectuar las consultas respectivas para dirimir la controversia, en lo que consideramos un desconocimiento al principio de buena fe que debe presidir la aplicación e interpretación de este importante acuerdo comercial. […] De manera que si a los importadores el gobierno Colombiano no ha dado a conocer que existe una diferencia en la interpretación de la norma de origen dentro del ACE-24, acudimos a aplicar las preferencias arancelarias con base en documentos legalmente expedidos y bajo la confianza legítima de que se van a respetar dichas prerrogativas, derecho que no puede ser desconocido intempestivamente y de forma unilateral por el gobierno colombiano. […]”19

5.15. Sostuvo que “[…] BAT no participa en la elaboración, autorización ni expedición de los certificados de origen, y en la medida en que se encu entra acreditado que los mismos son auténticos y fueron expedidos legalmente, no se le puede endilgar un castigo, consecuencia de un acto unilateral del gobierno colombiano, pues la compañía actuó de buena fe y con la confianza legítima en que tenía derech o al tratamiento

mismos son auténticos y fueron expedidos legalmente, no se le puede endilgar un castigo, consecuencia de un acto unilateral del gobierno colombiano, pues la compañía actuó de buena fe y con la confianza legítima en que tenía derech o al tratamiento preferencial. […]”; 20 de igual forma se encuentra irremediablemente inconforme con algunos argumentos de los actos administrativo, debido que “[…] es absolutamente

19 Ibidem 20 Ibidem11

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incorrecta y temeraria, toda vez que está poniendo en riesgo todo el sistema constitucional de normas que garantiza el cumplimiento de los fines de un estado social de derecho. Esto implica que el importador no puede siquiera confiar en documentos expedidos por una autoridad competente con base en un tratado comercial, pues debe suponer que existen inconsistencias y por lo tanto riesgos latentes relativos a los beneficios que se deriven del Acuerdo, lo que conlleva necesariamente a una inseguridad jurídica, que de ninguna manera puede avalarse a través de la firmeza de actos administrativos de esta naturaleza. […]”21

Tercer cargo: Nulidad de los actos demandados por violación del artículo 29 de la Constitución Política el cual consagra derecho de defensa.

5.16 Sostuvo que se presenta una clara violación al derecho fundamental del debido proceso por el actuar de la administración, puesto que ya avanzada la investigación y hechas las verificaciones con la compañía exportadora chilena, se “ […] “informa” a

5.16 Sostuvo que se presenta una clara violación al derecho fundamental del debido proceso por el actuar de la administración, puesto que ya avanzada la investigación y hechas las verificaciones con la compañía exportadora chilena, se “ […] “informa” a BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED, la existencia del procedimiento de verificación del origen de los cigarrillos importados, pero inclusive lo hace a quien no ostentaba para esa época la calidad de representante legal de la compañía. […]” 22 (Negrilla incluida en texto original ) y, en consecuencia, la DIAN notifica al señor Marcelo José Texeira quien ya no ostentaba la calidad de representante legal, por lo cual se presenta un vicio de nulidad de lo actuado, debido que no se es posible ejercer el derecho de defensa.

5.17 Indicó que “[…] al no haber participado en la investigació n privó a la empresa importadora del derecho constitucional de ser oído en el proceso y por ende, de la posibilidad de impugnar el procedimiento elegido para adelantar la investigación o de solicitar que las dudas sobre la interpretación de los criterios d e origen […]” 23, igualmente “[…] como otra falta grave que afecta la nulidad de los actos administrativos, aunque la DIAN decretó pruebas necesarias para efectos de constituir elementos de juicio necesarios para la discusión, nunca dio a conocer, para contr overtir, objetar o simplemente leer, los resultados practicados en dichas pruebas, vulnerado las más básicas garantías que deben otorgarse en un proceso administrativo. […]”.24

21 Ibidem 22 Ibidem 23 Ibidem 24 Ibidem12

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básicas garantías que deben otorgarse en un proceso administrativo. […]”.24

21 Ibidem 22 Ibidem 23 Ibidem 24 Ibidem12

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Cuarto cargo: Nulidad de los actos administrativos por violación del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo por falsa motivación de la resolución acusada – BAT South América no ha incumplido el ACE 24.

5.17. Señaló que es “[…] totalmente falsa […]” la afirmación, según la cual, la parte demand

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