CE-27001-23-33-000-2017-00098-01(2437-19)-2020

SANCIÓN MORATORIA POR PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS ORDENADAS

POR SENTENCIA JUDICIAL A TÍTULO DE INDEMNIZACIÓN EN EL CONTRATO REALIDAD - Improcedencia Si bien es cierto que la sentencia anteriormente citada ordenó el pago a título de indemnización de unas prestaciones sociales como lo son las cesantías dejados de recibir con ocasión a la ejecución de la relación contractual de prestación de servicios que regía entre la reclamante y el hospital accionado, también lo es que, ello no implica que por corresponder a obligaciones de naturaleza prestacional deban ser reconocidas y pagados en los términos que la ley dispone para esa clase de obligaciones a cargo del empleador, pues es evidente que al haberse reconocido tales conceptos dentro de una orden judicial, el pago y acatamiento de la sentencia e incluso las sanciones por incumplimiento o mora, están sometidos a los términos que la ley dispone para el cumplimiento de la decisión judicial, máxime, si se tiene que los derechos reconocidos se dieron a título de indemnización. En ese orden, los artículos 173, 176 y 177 del Decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo -C.C.A.- vigente hasta el 2 de julio de 2012-, establecían las condiciones y regulaban el procedimiento para hacer efectivas las condenas impuestas a las entidades públicas. (…) estima la Sala que la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, no resulta aplicable a la demora en que incurra la administración con ocasión del pago de cesantías ordenadas por sentencia judicial, no sólo porque el literal de la norma no permite

hacer extensiva la sanción a esas situaciones, sino porque el cumplimiento de las sentencias judiciales tiene en la ley términos y sanciones que en forma especial lo rigen. Además, por tratarse de una sanción que hace parte del derecho sancionatorio, en donde deben ser expresamente previstas en la ley, no se puede extender o aplicar la analogía, a supuestos de hecho o de derecho, diferentes a las que la norma prevé expresamente.

FUENTE FORMAL : LEY 244 DE 1995 / LEY 1071 DE 2006 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 173 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 176 / CÓDIGO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 177

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020).

Radicación número: 27001-23-33-000-2017-00098-01(2437-19)

Actor: CRIYEN MARÍA PEREA CONTO Demandado: HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DE QUIBDÓ Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 270012333000201700098-01.

Interno: 2437-2019.

Demandante: Criyen María Perea Conto.

Demandado: Hospital San Francisco de Asís de Quibdó.

Tema: Sanción moratoria por el no pago oportuno de sentencia que

ordenó a título de indemnización las cesantías.

Decisión: Confirma fallo que negó pretensiones.

Fallo segunda instancia.

I. ASUNTO

1. La Sala resuelve1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó de fecha 7 de febrero de 2019 que negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES La demanda

2. La señora Criyen María Perea Conto presentó demanda2 contra el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó y solicitó se declare la nulidad del acto ficto producto del silencio de la administración en dar respuesta a la petición de fecha 27 de abril de 2015, por medio de la cual, pretendió el reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006, por el no pago oportuno de las cesantías reconocidas en la sentencia de fecha 23 de mayo de

2013. Como consecuencia de la nulidad del acto acusado, se ordene reconocer la sanción moratoria desde el 1 de junio de 2012 hasta la fecha en que se pague en su totalidad las cesantías, valores que deberán ser pagados con sus respectivos intereses de mora y debidamente indexados y se ordene su cumplimiento en los términos de los artículo 188 y 192 de la Ley 1437 de 2011.

Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos relevantes3: Fundamentos fácticos. - 1 Según informe de la Secretaría de la Sección Segunda, de 23 de mayo de 2019, visible a folio 173 del expediente. 2 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 3 Folio 4 al 6 del expediente.

3. La demandante manifiesta que mediante sentencia de fecha 22 de marzo de 2012, el juzgado segundo administrativo del circuito de Quibdó declaró la existencia de la relación laboral entre ella y el ente hospitalario por el lapso comprendido del 01 de marzo al 30 de abril de 2005 y en consecuencia, condenó a la E.S.E. a pagarle a título de indemnización los salarios, cesantías, intereses a las cesantías por el periodo antes mencionado. Que dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó mediante providencia de fecha 23 de mayo de 2012.

4. Que en fecha 23 de agosto de 2013, allegó la respectiva cuenta de cobro ante la demandada a fin de que procediera a las gestiones administrativas tendientes al pago de lo ordenado en la sentencia prenotada. Ante la omisión de pago del ente accionado, procedió a radicar reclamación administrativa en fecha 27 de abril de 2015 tendiente a que se le reconozca la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995 por el no pago oportuno de las cesantías reconocidas en la sentencia antes descrita, petición que no ha sido desatada por el hospital configurándose el acto ficto acusado.

Concepto de la violación.

5. Aduce que en <<materia laboral, las prestaciones sociales surgen a partir de la existencia de una relación laboral o contrato de trabajo y se encuentran reconocidas como derechos a favor de los trabajadores…4>> y sobre << el reconocimiento de la sanción moratoria en contratos de prestación de servicios, se

debe acceder a su pago teniendo de presente lo plasmado en la sentencia del 19 de febrero de 2009…5>>. Contestación de la demanda.

6. El Hospital San Francisco de Asís no dio contestación a la demanda, tal como consta en auto de fecha 8 de octubre de 20186.

Sentencia de primera instancia. 4 Folio 15. 5 Ibídem. 6 Folio 94 del expediente.

7. El Tribunal Administrativo del Chocó mediante sentencia de fecha 7 de febrero de 2019 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que de acuerdo a lo dispuesto por esta corporación en proveído de fecha 21 de abril de 20167 no resulta procedente el reconocimiento de dicha penalidad como quiera que << … la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, en modo alguno es aplicable a la demora en que incurra la administración, con ocasión del pago de cesantías ordenadas por sentencia judicial, no solo porque el literal de la norma no permite hacer extensiva la sanción a esas situaciones, sino porque el cumplimiento de las sentencias judiciales tienen en la ley términos y sanciones que en forma especial lo rigen…8>> Recurso de apelación.

8. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo proferido por el aquo, para lo cual, alega de una parte, que se encuentra probada la configuración del acto ficto que le negó el derecho pretendido y por otra, aduce que << … el juez de conocimiento debe respetar y hacer respetar la sentencia dictada y conforme a ello, aplicar la línea jurisprudencial del H. Consejo de Estado

que dice que la sanción moratoria se crea luego que se reconoce las cesantías definitivas a través de sentencia judicial9>>, ante lo cual, afirma que el tribunal de instancia erró al negar las pretensiones bajo el argumento que frente a sentencias judiciales no es aplicable la sanción moratoria reclamada.

VI. CONSIDERACIONES Análisis del asunto

9. Al agotarse el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control 7 Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia proferida dentro del proceso con radicado interno No 3988-2013; actor: Carlos Hernán Escobar Reinoso; d/do: Municipio de Popayán, M.P. Gabriel Valbuena.

8Folios 126 y 127. 9 Folio 144 del expediente. Como sustento de su argumento citó el fallo de fecha 4 de marzo de 2010 proferido dentro del proceso con radicado No 1413-2008; sentencia de fecha 23 de septiembre de 2011, proceso No 0260-2009 M.P. Víctor Alvarado Ardila. de legalidad por parte del órgano judicial, corresponde a la Sala proceder a plantear el problema jurídico.

Problema Jurídico:

10. De acuerdo con el recurso de apelación, se contrae a determinar si la actora tiene derecho o no al reconocimiento de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, por el incumplimiento en el pago

de la cesantías que fueron reconocidas mediante sentencia judicial. Caso concreto.

11. En el presente asunto, la parte actora aduce que el tribunal de instancia erró al negar la sanción moratoria reclamada, bajo el argumento que frente a sentencias judiciales no es aplicable la penalidad pretendida. Es decir, la demandante aspira se le reconozca y pague la sanción moratoria que, a su juicio, surge por la mora en el pago de la sentencia judicial que ordenó el reconocimiento de la prestación social.

12. A fin de resolver el punto litigioso, la Sala examinará el acervo probatorio recaudado en el proceso y con base en ello, desatará el caso concreto. Es así como la parte actora allegó en la oportunidad de ley las siguientes pruebas documentales.

13. Copia de la sentencia de fecha 22 de marzo de 2012, proferida por el juzgado segundo administrativo del circuito de Quibdó emitida dentro del proceso insaturado por la señora Criyen María Perea Conto contra el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, en el cual, se resolvió lo siguiente10: <<PRIMERO.- Declarase la ocurrencia del silencio administrativo negativo por la no contestación por parte de la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, de la petición presentada el día 25 de mayo de 2005.

SEGUNDO.- Declarar la existencia de la relación laboral subordinada entre la entidad demandada y la demandante en calidad de empleada pública, por el lapso comprendido del 01 de marzo al 30 de abril de 2005. TERCERO.- Declarar la nulidad del acto ficto presunto que niega la existencia de la relación laboral y el pago de los derechos laborales a la

10 Folios 23 al 29. demandante respecto del periodo comprendido del 01 de marzo al 30 de abril de 2005. CUARTO.- Condenar a la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, a pagar al (a) demandante, señor (a) Criyen María Pérez Conto, identificada con la Cedula de ciudadanía No 54.252.150 o a quien sus derechos represente, a título de indemnización: salarios (honorarios pactados), cesantías, intereses a las cesantías, prima de navidad, respecto al respecto del periodo comprendido del 01 de marzo al 30 de abril de 2005, en cuanto no le hubieren sido pagados a la demandante. La sumas correspondientes a auxilio de trasporte siempre y cuando el valor que corresponda a salarios (honorarios pactados), la mensualidad no supere los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2005 y no se hayan pagado a la demandante. QUINTO.- Declarase en tiempo laborado como hábil para seguridad social en salud y pensiones; en consecuencia, condénese a la entidad demandada a liquidar y pagar el mayor valor de los aportes a las entidades de seguridad social que se encontraba afiliado (a) el (la) demandante, teniendo en cuenta el salario mensual devengado ( honorarios pactados) y de los aportes pagados por la demandante descontar el porcentaje que le correspondía pagar como trabajador y de existir un mayor valor a favor del (a) demandante entre lo pagado por él (ella) y lo que debió pagar, la entidad demandada deberá pagara directamente al (a) demandante el mayor valor por ella sufragado. SEXTO.- Los derechos laborales reconocidos en los artículos cuarto e

inciso primero del artículo quinto de la presente providencia, debidamente indexados a partir del mes de mayo de 2005 hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia y a partir de esta, devengará intereses de mora en los términos del inciso 5 del artículo 177 del C.C.A. La entidad condena dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 176 del CCA. SEPTIMO.- Negar las demás pretensiones de la demanda>>. La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó a través de sentencia de fecha 23 de mayo de 201211.

14. Así mismo, reposa la Resolución No 370 del 6 de junio de 2018, << por medio de la cual se reconoce y ordena un pago de seguridad social a una acreencia reconocida mediante la Resolución número 570 del 29 de septiembre de 2017>>12, acto administrativo que en su parte considerativa indicó lo siguiente: << (…) De conformidad con lo anterior, la agente especial liquidadora, expide la Resolución 0570 del 19 de septiembre de 2017 POR MEDIO DE

LA CUAL, LA AGENTE ESPECIAL LIQUIDADORA DE LA ESE SAN FRANCISCO DE ASÍS EN LIQUIDACIÓN SE PRONUNCIA ACERCA DE 11 Folios 30 al 43. 12 Folio s 74 al 78.

LA CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS ACREENCIAS

PRESENTADAS DE MANERA OPORTUNA POR PROCESOS JUDICIALES ACUMULADOS DENTRO DEL PROCESO DE RECLAMACIÓN DE ACREENCIAS, a través de la cual, se reconoce al proceso de nulidad de restablecimiento del derecho radicado 20070485 a

favor de la señora CRIYEN MARÍA PEREA CONTO, por un valor total de CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTI SEIETE PESOS MCTE ($470.827.oo) por los siguientes conceptos: CONCEPTO VALOR Valor sentencia prestaciones sociales y $330.756.oo cesantías Valor reintegro pago de seguridad conforme $140.071.oo a sentencia (presunción de pago de aportes a seguridad social por el demandante Valor neto reconocido $ 470.827.oo Y en la parte resolutiva de dicho acto administrativo se consignó lo siguiente13: << (…) ARTÍCULO PRIMERO: ÓRDENESE descontar del valor reconocido a favor de la señora CRIYEN MARÍA PEREA CONTO identificada con la cédula de ciudadanía 54.252.150, la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($248.671.oo), por concepto de pago a seguridad social aportes empleado y reintegro de aportes patronales de seguridad social, por lo no pagado en los periodos cobrados y reconocidos, cuales deberán ser consignados a favor de las administradoras de salud y pensión A los que se encontraba afiliado la señora Perea Conto para la fecha de reconocimiento. ARTÍCULO SEGUNDO. ORDÉNESE pagar por concepto de pago de Seguridad Social aportes patronales a favor de las administradoras de salud y pensión a las que se encontraba afiliado la señora CRIYEN MARÍA

PEREA CONTO, el valor de TRESCEINTOS SETENTA Y OCHO MIL

PESOS M/CTE ($378.000.oo).

(…) ARTÍCULO TERCERO.- en consecuencia y de conformidad con los considerandos de la presente resolución, se pagará a la señora CRIYEN MARÍA PEREA CONTO, identificada con la cédula de ciudadanía 54.252.150, la suma de DOSCIENTOS VEINTI DOS MIL CIENTO

CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($222.156.oo)...>>

15. De acuerdo con las anteriores pruebas, se tiene que el Hospital San Francisco de Asís fue condenada dentro del proceso de contrato realidad adelantado por la aquí accionante y en virtud de la sentencia de fecha 22 de marzo de 2012, proferida por el juzgado segundo administrativo del circuito de Quibdó y confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocho, a pagarle a título de indemnización los: salarios (honorarios pactados), cesantías, intereses a las cesantías, prima de navidad, respecto del periodo comprendido del 01 de marzo 13 Folios 77 y 78. al 30 de abril de 2005. Que el agente liquidador del ente hospitalario accionado expidió la Resolución 570 del 19 de septiembre de 2017 a través de la cual, reconoce la obligación contenida en las mencionadas providencias judiciales y en consecuencia, dispone reconocer y pagar la suma de trescientos treinta mil setecientos cincuenta y seis mil pesos ($330.756.oo) por concepto de cesantías, sin que obre en el expediente prueba de su pago.

16. Entonces, si bien es cierto que la sentencia anteriormente citada ordenó el pago a título de indemnización de unas prestaciones sociales como lo son las cesantías dejados de recibir con ocasión a la ejecución de la relación contractual

de prestación de servicios que regía entre la reclamante y el hospital accionado, también lo es que, ello no implica que por corresponder a obligaciones de naturaleza prestacional deban ser reconocidas y pagados en los términos que la ley dispone para esa clase de obligaciones a cargo del empleador14, pues es evidente que al haberse reconocido tales conceptos dentro de una orden judicial, el pago y acatamiento de la sentencia e incluso las sanciones por incumplimiento o mora, están sometidos a los términos que la ley dispone para el cumplimiento de la decisión judicial, máxime, si se tiene que los derechos reconocidos se dieron a título de indemnización.

17. En ese orden, los artículos 173, 176 y 177 del Decreto Ley 01 de 198415, Código Contencioso Administrativo -C.C.A.- vigente hasta el 2 de julio de 2012-, establecían las condiciones y regulaban el procedimiento para hacer efectivas las condenas impuestas a las entidades públicas.

18. En efecto, el artículo 17316 del mencionado código señalaba que proferida la sentencia y una vez en firme, el juez administrativo debía comunicarla a la entidad vencida en el proceso, con copia íntegra de su texto. Recibida la comunicación, el artículo 17617 ibídem ordenaba a las autoridades a quienes correspondiera la 14 Este criterio tiene su antecedente en la sentencia de fecha 21 de abril de 2016, Sección segunda, subsección A dentro del proceso radicado No 19001-23-31-000-2010-00200-01(3988-13), actor: Carlos Hernan Escobar Reinoso y d/do:

Municipio de Popayán. 15 Legislación vigente para la fecha en que fueron proferidas las sentencias que ordenaron a título de indemnización respiratoria las prestaciones sociales de la accionante. 16 Artículo 173. Sentencia. Notificación. Una vez dictada la sentencia conforme lo dispone el artículo 103 de este Código se notificará personalmente a las partes, o por medio de edicto, en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil tres (3) días después de haberse proferido. Al ministerio público se hará siempre notificación personal. Una vez en firme la sentencia deberá comunicarse con copia íntegra de su texto, para su ejecución y cumplimiento. Ejecutoriada la sentencia de segunda instancia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios correspondientes. 17 Artículo 176. Ejecución. Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento. ejecución de una sentencia dictar dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución mediante la cual se adoptaran las medidas necesarias para su cumplimiento.

19. A su turno, el artículo 177 ejusdem indicaba que una vez en firme una sentencia condenatoria, contaba la entidad pública a cargo de su cumplimiento de un plazo de dieciocho (18) meses para ese efecto, so pena de ser ejecutable ante la justicia. Y en cuanto a la tasa aplicable a los intereses de mora, el inciso final del citado artículo 177 disponía que las cantidades líquidas reconocidas en tales

sentencias devengarían intereses comerciales y moratorios. La norma es del siguiente tenor: << ARTÍCULO 177 EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES PUBLICAS. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada. El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto. El Congreso, las Asambleas, los Concejos, el Contralor General de la República, los Contralores Departamentales, Municipales y Distritales, el Consejo de Estado y los tribunales contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el Ministerio Público. Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria. Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales y moratorias.

Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma. En asuntos de carácter laboral, cuando se condene a un reintegro y dentro del término de seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, éste no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo>>.

20. De conformidad con lo expuesto, las reglas para la efectividad de las sentencias condenatorias y las conciliaciones debidamente aprobadas por la jurisdicción contenciosa, bajo el Código Contencioso AdministrativoDecreto 01/84-, se resumen así: (i) Las entidades públicas tienen un término de 18 meses para el cumplimiento de las sentencias condenatorias en firme que les impongan el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero y o el término pactado en los casos de los acuerdos conciliatorios y, una vez vencidos estos plazos sin que se hubieran satisfecho esos créditos judiciales pueden ser exigidos mediante juicio ejecutivo promovido por sus beneficiarios ante la jurisdicción. (ii) Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias o en acuerdo conciliatorio devengarán intereses moratorios dependiendo del plazo con que cuente la entidad pública obligada para efectuar el pago: a) en cuanto a las sentencias los

intereses moratorios se causan desde el momento de su ejecutoria, excepto que esta fije un plazo para su pago, caso en el cual dentro del mismo se cancelarán intereses comerciales; y b) en el evento de la conciliación, se pagarán intereses comerciales durante el término acordado y, una vez fenecido este, a partir del primer día de retardo, se pagarán intereses de mora. (iii) El interés comercial está determinado por el artículo 884 del Código de Comercio, para los casos en que se haya especificado un término para cumplir la sentencia o en la conciliación, en la tasa equivalente al interés bancario corriente. Los intereses moratorios señalados en el artículo 177 del C.C.A., corresponden a una y media veces de los corrientes bancarios, siempre y cuando no excedan el límite previsto para no incurrir en el delito de usura, caso en el cual deberán reducirse a dicho tope.

21. Posteriormente, la Ley 1437 de 2011, consagra en sus artículos 192 y 195, las reglas a efecto del cumplimiento de sentencias y conciliaciones, así como el trámite para su pago, por parte de las entidades públicas condenadas y establece el procedimiento para hacer efectivos los fallos judiciales, así: <<ARTÍCULO 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas

necesarias para su cumplimiento(…)>>. Y en lo atañedero al trámite para el cumplimiento de la sentencia, el artículo 195 ibídem consagró lo siguiente: << ARTÍCULO 195. TRÁMITE PARA EL PAGO DE CONDENAS O CONCILIACIONES. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:

1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una conciliación cuya contingencia haya sido provisionada en el Fondo de Contingencias, la entidad obligada, en un plazo máximo de diez (10) días, requerirá al Fondo el giro de los recursos para el respectivo pago.

2. El Fondo adelantará los trámites correspondientes para girar los recursos a la entidad obligada en el menor tiempo posible, respetando el orden de radicación de los requerimientos a que se refiere el numeral anterior.

3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos.

4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un

interés moratoria a la tasa comercial…>>.

22. Conforme con lo anterior y, al tenor de lo indicado en el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, para el cumplimiento de una condena que implique el pago de una suma de dinero como es el caso objeto de estudio, se requiere: i. Que la respectiva providencia esté debidamente ejecutoriada, para lo cual, los beneficiarios deberán presentar la solicitud de pago o cuenta de cobro a la entidad responsable para hacerla efectiva. ii. La entidad pública tiene el término de 10 meses para el pago de sentencias condenatorias en firmes, o el término pactado para el pago de los acuerdos conciliatorios, según el caso; y luego de fenecidos estos plazos, podrá el acreedor beneficiario exigir la obligación más los intereses generados mediante juicio ejecutivo según el artículo 299 del CPACA. iii. Para el pago, la entidad en un plazo máximo de 10 días contados a partir de la respectiva ejecutoria de la providencia que imponga o liquide la condena o aprueba la conciliación, requerirá al Fondo de Contingencias el giro de los recursos correspondientes, el cual lo hará en el menor tiempo posible. iv. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de los recursos.

23. Lo anterior deja evidenciado que para el cumplimiento de la condena dispuesta en la sentencia que ordenó a título de indemnización el pago de las cesantías reclamadas por la accionante, se sujeta a un derrotero temporal distinto al fijado por la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006, de manera que, el ordenamiento

estableció la forma en que se contrarresta el perjuicio causado por la administración pública cuando incumple las condenas, así dentro de los conceptos incluidos se encuentren las cesantías, en la medida que desde la ejecutoria del fallo, las sumas de dinero reconocidas devengarán intereses moratorios.

24. Conforme las razones expuestas en procedencia, estima la Sala que la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, no resulta aplicable a la demora en que incurra la administración con ocasión del pago de cesantías ordenadas por sentencia judicial, no sólo porque el literal de la norma no permite hacer extensiva la sanción a esas situaciones, sino porque el cumplimiento de las sentencias judiciales tiene en la ley términos y sanciones que en forma especial lo rigen. Además, por tratarse de una sanción que hace parte del derecho sancionatorio, en donde deben ser expresamente previstas en la ley, no se puede extender o aplicar la analogía, a supuestos de hecho o de derecho, diferentes a las que la norma prevé expresamente.

25. Ciertamente la Ley 244 de 19951, por la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, establece sanciones y se dictan otras disposiciones, señala: <<Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.

Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social. Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por cul