CE - 270012331000201100010011SENTENCIASENTENCIA20230228140117

Expediente: 27001-23-31-000-2011-00010-01 (56130)

Demandantes: Willinton Potes Gamboa y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: Demandante:

Demandado: Referencia: 27001-23-31-000-2011-00010-01 (56130)

Willinton Potes Gamboa y otros Nación - Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial y otrosAcción de reparación directa Tema: Privación injusta de la libertad. Ley 906 de 2004. Subtema 1: Presupuestos de la responsabilidad del Estado. Subtema 2: Daño antijurídico n,) acreditado. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sen· encia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 25 de agosto de 2015, c,'Je accedió a las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO El 26 de agosto de 2009, fue capturado el señor Willinton Potes Gamboa como probable autor del delito de extorsión agravada, en grado de tentativa. El 27 de agosto del mismo año, el Juzgado Segundo Municipal con funciones de control de garantía llevó a cabo la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición d1; medida de aseguramiento de detención preventiva en

agosto del mismo año, el Juzgado Segundo Municipal con funciones de control de garantía llevó a cabo la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición d1; medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Potes Gamboa. Finalmente, el Juzgado Promiscuo Municipal del Bajo Baudó Pizarra con función de control de garantías, en audiencia celebrada el 25 de noviembre de 2009, decretó la preclusión de la investigación penal adelantada en contra del señor Willinton Potes Gamboa y ordenó su liberación inmediata. Los demandan-:es califican la privación de la libertad del señor Potes Gamboa como injusta.

11. ANTECEDENTES 2.1. La demanda La demanda fue presentada el día 17 de enero de 20111 , por Willinton Potes Gamboa, quien adujo haber sido objeto de la privación de la libertad; Cruz Tiburcia Largacha Palacios, quien afirmó ser la compañera permanente de aquel; Karen Dayana, Karina, Kérolay y Arley Davinson Potes Largacha, hijos menores de edad de los señores Potes Gamboa y Largacha Palacios, quienes actuaron en su representación en el presente caso; Dora Epifanía Potes Gamboa, quien manifestó ser la madre de la víctima directa; y por Claudia Marcela, Denis 1 De acuerdo con el sello de recibi fo de la Oficina de Apoyo Judicial de Quibdó, Chocó, visible a folio 7 del cuaderno 1.Expediente: 27001-23-31-000-2011-00010-01 (56130) Demandantes: Willinton Potes Gamboa y otros Orlando, Felipe y Pedro Eustacio Zúñiga Potes, quifines expresaron que eran hermanos del señor Willinton Potes Gamboa2-3.

Demandantes: Willinton Potes Gamboa y otros Orlando, Felipe y Pedro Eustacio Zúñiga Potes, quifines expresaron que eran hermanos del señor Willinton Potes Gamboa2-3.

Los demandantes pretenden que esta jurisdicción profiera sentencia en la que declare que la Nación, representada en este caso por el Fiscal General de la Nación o su delegado, el Director Ejecutivo de Adn;iinistración Judicial o su delegado, el Ministro del Interior o su delegado, y el Ministro de Defensa Nacional o su delegado, es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales que les fueron causados con oca:sión de la privación injusta de la libertad del señor Willinton Potes Gamboa. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia' La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Chocó en auto del 26 de enero de 20114. La providencia fue notificada en debida forma5. El término de traslado de la demanda corrió de conformidad con lo previsto en la ley, y esta fue contestada en oportunidad por la Fiscalía General de la Nación6 y el Ministerio de Defensa Nacional7. La Rama Judicial también presentó, escrito de contestación de la demanda. Sin embargo, el señor Wilson Carreña Murcia, quien adujo actuar en representación de dicho organismo, no acreditó su condición de apoderado, por lo que se tuvo por no contestada8. Una vez agotada la etapa probatoria del proceso, sin reparo alguno de las partes, el Tribunal Administrativo del Chocó, en auto del 16 de febrero de 20129, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo. Así lo h_icieron la parte actora10, el

traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo. Así lo h_icieron la parte actora10, el Ministerio de Defensa Nacional11 y la Fiscalía General de la Nación12. 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia proferida el 25 de agosto de 201513, declaró administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación -, por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Willinton Potes Gamboa, y, como consecuencia de esta declaración, condenó al órgano demandado al pago de los perjuicios materiales y morales que les fueron causados a los demandantes con ocasión de la restr,icción de la libertad antes referida. Según la argumentación del a quo, en los casos en los que se pretende la declaración de responsabilidad del Estado por privación de la libertad, el análisis se hace a partir de los presupuestos del régimen objetivo por daño especial, no a partir de la verificación de la ocurrencia de una falla del servicio14. Así, encontró 2 El escrito de demanda obra a folios 1-7 del cuaderno 1. 3 Los poderes otorgados por los demandantes para su representación judicial obran a folios 8-11 del cuaderno 1. 4 Folios 60 y 61 del cuaderno 1. 5 Folios 65-68 del cuaderno 1. 6 Folios 74-82 del cuaderno 1. 7 Folios 91-96 del cuaderno 1. 8 Folio 117 del cuaderno 1. 9 Folio 196 del cuaderno 1. 1° Folios 197-203 del cuaderno 1.

6 Folios 74-82 del cuaderno 1. 7 Folios 91-96 del cuaderno 1. 8 Folio 117 del cuaderno 1. 9 Folio 196 del cuaderno 1. 1° Folios 197-203 del cuaderno 1. 11 Folios 204-209 del cuaderno 1. 12 Folios 210-216 del cuaderno 1. 13 Folios 274-307 del C.ppal. 14 Al respecto, el Tribunal Administrativo del Chocó manifestó: "La posición actual del Consejo de Estado desecha todas las elucubraciones que otrora se hacían sobre el régimen subjetivo de responsabilidad, por la privación injusta de la libertad, la cual encontraba su fundamento en la falla del servicio, para pasar ahora a un régimen de responsabilidad objetiva, con fundamento en la Ley 270 de 1996, bajo el título de imputación de daño especial, según sentencia consolidadora [sic] de línea 2Expediente: 27001-23-31-000-2011-00010-01 (56130) Demandantes: Willinton Potes Gamboa y otros demostrado que el señor Willinton Potes Gamboa estuvo recluido en el establecimiento penitenciario y carcelario de Quibdó entre el 27 de agosto de 2009 y el 27 de diciembre del mismo año, fecha en que se ordenó su libertad por preclusión de la investigación, circunstancia que, a juicio del tribunal, resultaba suficiente para condenar a la reparación de los perjuicios que les fueron causados a los demandantes con ocasión de dicha privación de la libertad. 2.4. El recurso de apelación La Fiscalía General de la Nación, por escrito radicado el 14 de septiembre de 2015 15-16, apeló la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el

2.4. El recurso de apelación La Fiscalía General de la Nación, por escrito radicado el 14 de septiembre de 2015 15-16, apeló la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 25 de agosto de 2015. Como motivos de inconformidad con la decisión de primera instancia, el órgano argumentó que la responsabilidad del Estado en casos de privación de la libertad no debe analizarse a partir del régimen objetivo por daño especial, sino a partir de la configuración de una falla del servicio. Aplicando este criterio, la Fiscalía General de la Nación estima que la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Willinton Potes Gamboa no puede ser calificada como injusta, pues fue proferida en cumplimiento de los requisitos legales previstos para su imposición. Además, cuestionó el hecho de que tanto la declaración de responsabilidad como la condena fueran dictadas en contra del órgano investigador, ya que es el juez de control de garantías quien resuelve sobre la imposición de la medida de aseguramiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 306 de la Ley 906 de 2004. El Tribunal Administrativo del Chocó, en el trámite de la audiencia de conciliación prevista en el artículo 70 de la Ley 1395 de 201017, declarada fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes, concedió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia de primera instancia 18. 2.5. Trámite relevante en segunda instancia Esta Corporación, en auto del 27 de enero de 2016 19 , admitió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia

instancia 18. 2.5. Trámite relevante en segunda instancia Esta Corporación, en auto del 27 de enero de 2016 19 , admitió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 25 de agosto de 2015. Por auto del 2 de marzo de 20162º, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron la parte actora21, la Fiscalía General de la Nación22 y el vertida, con la que se viene sosteniendo que, en todo caso penal donde se produzca una medida de aseguramiento sin que de ello se siga una condena, el Estado responde por privación injusta de la libertad". 15 Folios 310-316 del C.ppal. 16 Dado que los recursos de alzada fueron presentados en vigencia del Código General del Proceso -CGP-, de conformidad con lo dispuesto en el auto de unificación jurisprudencia! proferido por la Sala Plena de esta Corporación 16, los aspectos procesales que atañen a la competencia funcional del juez de segunda instancia y que no estén regulados por el Córligo Contencioso Administrativo -CCA-, serán resueltos en aplicación del CGP, en tanto que los aspectos sustanciales serán decididos en aplicación de las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil -CPC-, normatividad vigente al momento de presentación de la demanda. 17 "Articulo 70. Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente:

En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria.

PARÁGRAFO: Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso". 18 Folio 350 del C.ppal. 19 Folio 355 del C.ppal. 2º Folio 369 del C.ppal. 21 Folios 358-367 del C.ppal. 22 Folios 370-377 del C.ppal.

3Expediente: 27001-23-31-000-2011-00010-01 (56130) Demandantes: Willinton Potes Gamboa y otros Ministerio de Defensa Nacional23, en tanto que la Rama Judicial y la Procuraduría General de la Nación guardaron silencio24.

111. PROBLEMA JURÍDICO En atención a los argumentos de inconformidad señalados en el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Nación - Fiscalía General de la Nación - frente a la sentencia de primera instancia, que determinan el marco de juzgamiento de la segunda instancia, la Sala resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Willinton Potes Gamboa, con ocasión de la ejecución de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta en su contra por el juez de control de garantías, como autor señalado del delito de extorsión agravada en grado de tentativa, por no observar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que rigen su imposición?.;

control de garantías, como autor señalado del delito de extorsión agravada en grado de tentativa, por no observar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que rigen su imposición?.; Si la respuesta a este problema se revela positiva, la Subsección deberá determinar el mérito de la prueba de los perjuicios que deprecan los actores y decidir sobre la condena a que haya lugar.

IV. HECHOS PROBADOS. 4.1. Los señores Santos Eladio Urrutia Potes, Víctor Mánuel Mina Gamboa, Pedro Diomar Valoy Gamboa, Marcos Javier Valoys Gamboa,. Jhon Willan Zapata López, Luis Augusto Posso Reyes y Ariosto Saucedo presentaron denuncias en contra del señor Willinton Potes Gamboa, en las que manifestaron que el aquí demandante los abordó en sus hogares o negocios y les indicó que había sido designado por los paramilitares para el cobro de una ·cuota mensual a todos los comerciantes del pueblo. Además, les advirtió que el pago era obligatorio e iba a acabar con la vida de quien no lo hiciera, recomendándoles que no dieran aviso a la Fuerza Pública25. 4.2. En atención a estas denuncias, el Fiscal 101 solicito al Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías la expedición de una orden de captura en contra del señor Willinton Potes Gamboa, siendo proferida el 25 de agosto de 200926. 4.3. El señor Willinton Potes Gamboa fue capturado el 26 de agosto de 2009 en las instalaciones del centro de salud de Bajo Baudó Pizarro27. 4.4. El Juzgado Segundo Municipal con funciones de control de garantía [sic], en

4.3. El señor Willinton Potes Gamboa fue capturado el 26 de agosto de 2009 en las instalaciones del centro de salud de Bajo Baudó Pizarro27. 4.4. El Juzgado Segundo Municipal con funciones de control de garantía [sic], en audiencia del 27 de agosto de 2009, declaró la legalidad de la captura del señor Willinton Potes Gamboa y, una vez la Fiscalía General de la Nación formuló la imputación por el delito de extorsión agravada en el grado de tentativa, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva28. 23 Folios 382-388 del C.ppal. 24 Según constancia secretaria! del 15 de abril de 2016, visible a folio 394 del C.ppal. 25 Esto, de conformidad con los antecedentes expuestos en el escrito de acusación, visible a folios 21-26 del cuaderno 1. 26 lbidem. 27 Ibídem. 28 Ibídem. 4Expediente: 27001-23-31-000-2011-00010-01 (56130) Demandantes: Willinton Potes Gamboa y otros 4.5. La Fiscalía Quinta Local de lstmina, Chocó, presentó escrito de acusación en contra del señor Willinton Potes Gamboa29 y, en audiencia celebrada el 22 de octubre de 200930, lo acusó como autor del delito de extorsión agravada en el grado de tentativa. 4.6. La Fiscalía Quinta Local de lstmina, Chocó, solicitó la preclusión de la investigación penal adelantada en contra del señor Willinton Potes Gamboa con fundamento en la causal de imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, prevista en el numeral 6 del artículo 332 de la Ley 906 de 200431. Como sustento

investigación penal adelantada en contra del señor Willinton Potes Gamboa con fundamento en la causal de imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, prevista en el numeral 6 del artículo 332 de la Ley 906 de 200431. Como sustento de su petición, el ente investigador indicó que: "Adelantada la investigación la Fiscalía 5 Local AC USÓ, pero una vez sustentada la acusación creyó conveniente el despacho Fiscal por petición que hiciera la defensa escuchar de viva voz, a las personas víctimas del delito, mediante declaración jurada, y fue así como escuchó a los señores SANTOS ELADIO URR UTIA POTES, MARCOS JAVIER VALOIS GAMBOA Y PEDRO DIOMAR VALOIS GAMBOA, quienes al unísono reconocieron ser los firmantes de la denuncia pero estas personas fueron enfáticas en señalar que las motivaciones que los llevaron a firmar el documento fueron totalmente diferentes a los hechos consignados en la misma; siendo engañados por los funcionarios de la SIJIN ( ... ) En cuanto al señor VICTOR MANUEL MINA GAMBOA, denunciante también, manifestó mediante declaración jurada y autenticada en la notaria de Pizarro, que el señor WILLINTON POTES GAMBOA, jamás lo citó a reuniones con el fin de extorsionarlo o pedirle vacuna, igualmente afirmó que no tiene conocimiento de que este señor pertenezca a grupos al margen de la ley"32. 4.7. El Juzgado Promiscuo Municipal del Bajo Baudó Pizarro con función de control de garantías, en audiencia celebrada el 25 de noviembre de 2009, decretó la preclusión de la investigación penal adelantada en contra del señor Willinton

4.7. El Juzgado Promiscuo Municipal del Bajo Baudó Pizarro con función de control de garantías, en audiencia celebrada el 25 de noviembre de 2009, decretó la preclusión de la investigación penal adelantada en contra del señor Willinton Potes Gamboa y ordenó su liberación inmediata33. Como fundamento de su decisión, argumentó que "queda demostrado que en efecto es imposible desvirtuar la presunción de inocencia, dada la retractación que han hecho las personas que fungen como víctimas y que fueron las denunciantes que impulsaron el inicio de la presente investigación, no queda más remedio que acceder a la petición de preclusión, no solo con fundamento en el numeral 6 del artículo 332, sino también con fundamento en el numeral 1, pues ante la imposibilidad de desvirtuar esa presunción de inocencia, existe la imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal"34. 4.8. El señor Willinton Potes Gamboa estuvo recluido en el establecimiento penitenciario y carcelario de Quibdó entre el 27 de agosto y el 27 de diciembre de 200935. 29 Folios 21-26 del cuaderno 1. 3° Folio 29 del cuaderno 1. 31 Folios 36-41 del cuaderno 1. 32 Las declaraciones para fines extraprocesales rendidas por los señores Ariosto Saucedo Perea, Javier Valois Gamboa, Pedro Diomar Valoy Gamboa, Víctor Manuel Mina Gamboa y Santos Eladio Urrutia Potes obran a folios 122-126 del cuaderno 1. 33 Folio 42 del cuaderno 1. 34 Hora/min/seg: 21 :20-22:09 del audio de la audiencia de preclusión. CD que obra a folio 54 del cuaderno 1.

obran a folios 122-126 del cuaderno 1. 33 Folio 42 del cuaderno 1. 34 Hora/min/seg: 21 :20-22:09 del audio de la audiencia de preclusión. CD que obra a folio 54 del cuaderno 1. 35 Folio 44 del cuaderno 1. 5Expediente: 27001-23-31-000-2011-00010-01 (56130)

Demandantes: Willinton Potes Gamboa y otros

V. CONSIDERACIONES 5.1 . Presupuestos de la sentencia de mérito. ·' La Subsección es competente para resolver el recurfio de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 25 de agosto de 2015, en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 199636.

La parte demandante hizo ejercicio oportuno de la acción de reparación directa, ya que presentó su demanda el 17 de enero de 201137, después de haber agotado el requisito de procedibilidad38, esto es, dentro de los dos (2) años siguientes al 25 de noviembre de 2009, cuando el Juzgado Promiscuo Municipal del Bajo Baudó Pizarra con función de control de garantías precluyó la investigación penal adelantada en contra del señor Willinton Potes Gamboa39 . Además, en relación con la legitimación en la causa, la Subsección encuentra que están legitimados por activa, Willinton Potes Gamboa, en su condición de víctima directa40; Karen Dayana, Karina, Karolay y Arley Davinson Potes Largacha, en su condición de hijos del señor Potes; Gamboa41; Dora Epifanía Potes Gamboa, quien demostró ser la madre de la víctima directa42; y Claudia

Largacha, en su condición de hijos del señor Potes; Gamboa41; Dora Epifanía Potes Gamboa, quien demostró ser la madre de la víctima directa42; y Claudia Marcela, Denis Orlando y Felipe Zuñiga Potes, como hermanos de aquel43-44. Ahora, en relación con la señora Cruz Tiburcia Largacha Palacios y el señor Pedro Eustacio Zúñiga Potes, quienes adujeron ser, en su orden, la compañera permanente y el hermano del señor Willinton Potes Gamboa, el Tribunal Administrativo del Chocó estableció que estos demandantes no probaron la condición en la que manifestaron que actuaban, por lo que no tenían legitimación en la causa por activa. Por lo tanto, dado que la anteríor decisión no fue apelada, la Sala no se pronunciará al respecto, al tratarse de un ,asunto de la litis que quedó definido con la decisión de primera instancia. Lo anterior, en recta aplicación del artículo 328 del CGP , aplicable por remisión del CfiA, y de la sentencia de unificación jurisprudencia! de la Sala Plena de la • Sección Tercera de esta Corporación45. 36 "Artículo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y de \epetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos". 37 Ver nota al pie No. 1. 38 Constancia expedida por la Procuradora 41 judicial II Administrativa el 14 de enero de 2011, en la que consta que la parte demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial el 18 de noviembre de 201 O

37 Ver nota al pie No. 1. 38 Constancia expedida por la Procuradora 41 judicial II Administrativa el 14 de enero de 2011, en la que consta que la parte demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial el 18 de noviembre de 201 O (folio 57, c.1 ). 39 Código Contencioso Administrativo (CCA), artículo 136, numeral 8. 40 Según certificación del tiempo de reclusión del señor Willinton Potes Gamboa, expedida por el INPEC. Documento visible a folio 44 del cuaderno 1. 41 Folios 14-17 del cuaderno 1. 42 Folio 12 del cuaderno 1. 43 Folios 18-20 del cuaderno 1. 44 Los nombres de los demandantes "Willinton Potes Gamboa", "Cruz Tiburcia Largacha Palacios", "Karen Dayana Potes Largacha", "Karina Potes Largacha", "Karolay Potes Largacha", "Arley Davinson Potes Largacha", "Claudia Marcela Zuñiga Potes", "Denis Orlando Zuñiga Potes" y "Felipe Zuñiga Potes" se encuentran registrados en los términos anteriormente relacionados en los registros civiles de nacimiento identificados con los indicativos seriales No. 43279287, 32576630, 32590'138, 32590139, 6608236, 32590140, 1077633657 (NUI P), 1077633658 (NUI P) y 0000 04388, respectivamente; documentos que obran a folios 1220 del cuaderno 1. Así mismo, el nombre de la señora "Dora Epifanía Potes Gamboa" se encuentra registrado de la forma antes relacionada en el registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 43279287, que corresponde al señor Willinton Potes Gamboa y obra a folio 12 del cuaderno 1.

de la forma antes relacionada en el registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 43279287, que corresponde al señor Willinton Potes Gamboa y obra a folio 12 del cuaderno 1. 45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 21.060. 6Expediente: 27001-23-31-000-2011-00010-01 (56130) Demandantes: Willinton Potes Gamboa y otros La Sala encuentra que la Nación está legitimada en la causa por pasiva y su representación, en este caso, es ejercida a través del Fiscal General de la Nación o su delegado, puesto que fue la Fiscalía General de la Nación quien solicitó la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva ante el juez de control de garantías46; y por el Director Ejecutivo de Administración Judicial o su delegado, dado que fue el juez de control de garantías quien impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Willinton Potes Gamboa. 5.2. Caso concreto De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colo mbia47, en concordancia con los artículos 1757 del Código Civil (CC) 48 y 177 del Código de Procedimiento Civil (CPC) 49 , quien pretenda la indemnización de los perjuicios por la responsabilidad patrimonial del Estado deberá demostrar: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de las autoridades públicas. En el presente asunto, se encuentra acreditado que Willinton Potes Gamboa estuvo privado de la libertad durante el periodo comprendido entre el 27 de agosto y el 27 de diciembre de 200950, en razón de la decisión cautelar adoptada por el

En el presente asunto, se encuentra acreditado que Willinton Potes Gamboa estuvo privado de la libertad durante el periodo comprendido entre el 27 de agosto y el 27 de diciembre de 200950, en razón de la decisión cautelar adoptada por el juez de control de garantías. Con ello, sufrió un menoscabo en su libertad personal, esto es, en un derecho fundamental reconocido en el artículo 28 constitucional51, detrimento que, a su vez, trae consigo padecimientos morales a los seres queridos más cercanos de quien resultó privado de su libre locomoción52. En consecuencia, honró la carga de demostrar que sufrió materialmente daño, es decir, menoscabo a un interés jur ídicamente relevante en cabeza suya, y por rebote, de los demás demandantes. Ahora bien, para que el daño tenga carácter antijurídico , además de recaer sobre un interés tutelado por el derecho, es necesario verificar que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique o que lo legitime53. En los eventos en que el bien jurí dico tutelado de la libertad es restringido en virtud del ejercicio de las facultades de instrucción criminal que están en cabeza del Estado, a través de la imposición de la medida de detención preventiva, el daño que genera tal restricción será indemnizable solo cuando se configure una privación injusta de la libertad, tal como lo prevé el artículo 68 de la Ley 270 de 46 "Artículo 306. Solicitud de imposíción de medida de aseguramiento. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la

Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la victima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión( ... )" 47 "Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. [ ... ]". 48 "Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta". 49 "Artículo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen". 50 Hecho probado No. 4.8. 51 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 18960, fundamentos jurídicos 2.1, 2.2 y 2.3; y sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, expediente 25022, fundamento jurídico 5.1. 52 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 36149, fundamento jurídico 7.1. 53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente 46932. 7Expediente: 27001-23-31-000-2011 -00010-01 (561 30) Demandantes: Wil/inton Potes Gamboa y otros 1996 -Estatutaria de Administración de Justiciaba¡o la consideración que el

46932. 7Expediente: 27001-23-31-000-2011 -00010-01 (561 30) Demandantes: Wil/inton Potes Gamboa y otros 1996 -Estatutaria de Administración de Justiciaba¡o la consideración que el término injusticia hace referencia a una actuación "abiertamente arbitraria", "desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales"54. En cuanto a los presupuestos elementales de legalidad de la medida restrictiva de la libertad excepcional y preventiva, el artículo 28 de la Constitución Política establece que la detención esté precedida de una orden expedida por autoridad judicial competente, por motivos previamente definidos y con las formalidades previstas en la ley. Ahora, en lo relativo a los demás elementos, la Corte Constitucional precisó que su determinación implica necesariamente "definir si 19providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho"55. Bajo ese marco constitucional, resulta insoslayable que quien califica de injusta la medida restrictiva de la libertad asuma , la carga de probar que la actuación fue "abiertamente arbitraria", "desproporcionada" y desconocedora de los principios de razonabilidad y necesidad que se imponen en virtud de que el sacrificio de la libertad debe ser excepcional. La apreciación de los medios de prueba realizada con ese propósito, exige "valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, impone considerar, independientemente del título de

prueba realizada con ese propósito, exige "valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad"56. De acuerdo con lo anterior, la imputación de responsabilidad al Estado bajo el título de privación injusta de la libertad no procede con la sola acreditación de una decisión preclusiva o absolutoria de