CE - 270012331000201100100011SENTENCIA20230926002152

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55.512) Actor: Argenis Zapata Suárez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

Temas: REPARACIÓN DIRECTA – Muerte de un trabajador por un ataque armado proveniente de un grupo al margen de la ley cuando realizaba actividades relacionadas con su empleo / INOPERANCIA DEL FUERO DE ATRACCIÓN EN ESTE CASO / Falta de jurisdicción en relación con las pretensiones fo rmuladas en el sub lite por la parte actora frente a su empleador - Cuando se demanda la indemnización de los daños derivados de la relación laboral propiamente dicha y en el marco de los riesgos inherentes a la misma, los afectados deben pretender el reconocimiento de las prestaciones establecidas en el sistema de riesgos laborales y, de considerarse que en la ocurrencia del accidente laboral obró la culpa del empleador, resulta perentorio solicitar la indemnización correspondiente con fundamento en el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – En el empleador recae la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos con ocasión de la labor desempeñada por sus empleados, en este caso a través de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.

EN LA CAUSA POR PASIVA – En el empleador recae la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos con ocasión de la labor desempeñada por sus empleados, en este caso a través de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante, el Ejército Nacional y la Policía Nacional contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Se analiza la responsabilidad patrimonial de las demandadas por la muerte de una persona por miembros de un grupo armado mientras realizaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 9 de abril de 2015, mediante la cual decidió la demanda de reparación directa presentada1 el 25 de marzo de 2011 por Argenis Zapata Suárez y otros2, en contra de la empresa

1 Folios 1-46 c. 1. 2 El señor Argenis Zapata Suárez (padre) actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Elvar Johan e Ingri Johana Zapata Rengifo (hermanos); los demás demandantes son Deisi Bonilla (madre), Claudia Elena Caldas Toro (compañera permanente), quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijas menores de edad Andrea Jimena Caldas Toro, Anyi Carolina Bel trán Caldas, María Alejandra Beltrán Caldas y Dora Juliana Caldas Toro (hijas de crianza), José Alexander Zapata Bonilla, Sandra Liliana Flores

hijas menores de edad Andrea Jimena Caldas Toro, Anyi Carolina Bel trán Caldas, María Alejandra Beltrán Caldas y Dora Juliana Caldas Toro (hijas de crianza), José Alexander Zapata Bonilla, Sandra Liliana Flores Bonilla, Ritalina Zapata Bonilla y Jonny Fabián Zapata Bonilla (hermanos).Radicación: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55.512) Actor: Argenis Zapata Suárez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

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Empleamos S.A., la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección Nacional de Estupefacientesy Presidencia de la República - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) - Programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos - Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -en adelante Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 3-, con el fin de que se les declare solidaria y patrim onialmente responsables por la muerte del señor Jhon Mario Zapata Bonilla, en hechos ocurridos el 27 de julio de 2009, en zona rural del municipio de Istmina, departamento del Chocó; como consecuencia, solicitaron una indemnización por concepto de perjuicios morales, daño a la vida de relación y lucro cesante.

La demanda

2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, los demandantes narraron que el 27 de julio de 2009, mientras el señor Jhon Mario Zapata Bonilla se desplazaba en lancha para el cumplimiento de sus labores como erradicador manual de cultivos

2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, los demandantes narraron que el 27 de julio de 2009, mientras el señor Jhon Mario Zapata Bonilla se desplazaba en lancha para el cumplimiento de sus labores como erradicador manual de cultivos ilícitos, junto a otras diez personas y seis soldados, fueron objeto de un ataque armado por un “grupo guerrillero”, hecho en el cual resultaron muertos varios de los tripulantes de la lancha, entre ellos, el señor Zapata Bonilla.

3. A juicio de la parte actora, las demandadas están llamadas a responder a título de falla del servicio, por cuanto no garantizaron la “seguridad” de los erradicadores, dado que no les prestaron el suficiente entrenamiento para prever y reaccionar ante este tipo de ataques, amén de que las fuerzas de seguridad del Estado no prestaron medidas de vigilancia y control sobre los cultivos de uso ilícito a erradicar, a pesar de conocer de los hostigamientos que éstos realizaban con frecuencia en contra de los erradicadores.

4. Al lado de lo anterior, sostuvo que también se configuró un daño especial -en tanto el señor Zapata Bonilla fue víctima de la acción terrorista de grupos al margen de la ley -, así como un riesgo excepcional, debido a que la actividad que se encontraba realizando era de alto riesgo y no podía ser delegada por el Estado a un civil que no contaba con la formación ni protección suficientes.

La defensa

5. En su contestación de la demanda, la Dirección Nacional de Estupefacientes argumentó que no tenía asignadas funciones de custodia y cuidado respecto de las personas que adelantaban el trabajo de erradicación manual de cultivos ilícitos, adicional a que el hecho generador del daño no fue producto de una acción u

argumentó que no tenía asignadas funciones de custodia y cuidado respecto de las personas que adelantaban el trabajo de erradicación manual de cultivos ilícitos, adicional a que el hecho generador del daño no fue producto de una acción u omisión de la entidad; igualmente, manifestó que no tenía a su cargo la ejecución del programa de erradicación manual de cultivos ilícitos4.

3 Mediante el Decreto 4155 del 3 novi embre de 2011 se “ transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación , y se fija su objetivo y estructura”. 4 Folios 148-173 c. 1.Radicación: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55.512) Actor: Argenis Zapata Suárez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

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6. El Ministerio de Justicia y del Derecho propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva5.

7. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional solicitó denegar las pretensiones de la demanda, dado que prestó el servicio de seguridad y vigilancia con todos los medios a su alcance para cumplir sus obligaciones y para que la labor de erradicación se ejecutara en completa calma. Agregó que el daño ocasionado a los demandantes ya había sido reparado, en atención a que a través de la póliza de vida suscrita por la empresa de servicio temporal Empleamos S.A., se realizó el pago a los beneficiaros del contrato de obra6.

los demandantes ya había sido reparado, en atención a que a través de la póliza de vida suscrita por la empresa de servicio temporal Empleamos S.A., se realizó el pago a los beneficiaros del contrato de obra6.

8. La empresa Empleamos S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para cuyo efecto adujo que no podía ser sujeto pasivo en el estudio de responsabilidad del Estado, por ser una entidad de carácter particular, razón por la que tampoco estaba encargada de la protección de quienes ejercían la labor de erradicación de cultivos ilícitos. Expuso que la empresa cumplió de manera diligente y oportuna con todas sus obligaciones laborales como empleador, en virtud del contrato celebrado con Acción Social y, por lo tanto, estaba exento de cualquier tipo de responsabilidad que se le quisiera atribuir.

9. Asimismo, señaló que los erradicadores realizaban sus labores con el debido acompañamiento militar y se cumplió el protocolo de seguridad del manual de antinarcóticos para la erradicación manual de cultivos ilícitos. Finalmente, puntualizó que la víctima aceptó de manera voluntaria e informada la ejecución de la labor descrita y que el daño se debió a la situación de conflicto que afrontaba el país, por lo que no sería imputable a su empleador, porque sólo fue contratado para elegir el personal, pero jamás se le delegó, ni siquiera de manera tácita, la obligación de prestar seguridad a los campesinos contratados7.

10. La Nación – Ministerio de Def ensa – Policía Nacional señaló que no fue la causante del daño, pues el fallecimiento del señor Zapata Bonilla fue producto de una actuación delictiva de miembros de un grupo al margen de la ley, y agregó que

10. La Nación – Ministerio de Def ensa – Policía Nacional señaló que no fue la causante del daño, pues el fallecimiento del señor Zapata Bonilla fue producto de una actuación delictiva de miembros de un grupo al margen de la ley, y agregó que “no fue la Policía Nacional la que realizó la a ctividad, ni contrató dicho servicio con otra empresa”8.

11. El DAPRE manifestó que su rol en el marco de la ejecución de la estrategia denominada Grupos Móviles de Erradicación se limitó a la asistencia logística de los erradicadores, pero no tenía la función de prestar seguridad y garantizar el orden público, tareas que le correspondían funcionalmente a las fuerzas armadas, quienes prestaron su servicio correctamente y a las cuales no era posible pedirles que se anticiparan a un hecho como el ataque intempestivo perpetrado por un grupo al margen de la ley. Adujo qu e en el proceso previo a la vinculación de los erradicadores, se les informó acerca de las condiciones y el escenario en el cual se iban a desarrollar las labores, así como de los riesgos intrínsecos a la actividad, por

5 Folios 185-188 c. 1. 6 Folios 191-215 c. 1. 7 Folios 237-269 c. 1. 8 Folios 407-412 c. 2.Radicación: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55.512) Actor: Argenis Zapata Suárez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

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lo cual no era posible predicar la configuración de un riesgo excepcional, dado que el trabajador estaba ampliamente enterado de los mismos9.

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lo cual no era posible predicar la configuración de un riesgo excepcional, dado que el trabajador estaba ampliamente enterado de los mismos9.

12. Surtida la etapa probatoria10, la parte actora adujo que las demandadas debían responder patrimonialmente por los daños, así: la Dirección Nacional de Estupefacientes por ser el máximo ente rector de la política de drogas en Colombia; Acción Social, porque debía ejercer la coordinación de los proyectos de erradicación manual, razón por la cual celebró contrato de prestación de servicios con la empresa Empleamos S.A. para el suministro de los trabajadores en misión para la erradicación de cultivos ilícitos, entidad esta última que también debía responder por el fallecimiento del señor Zapata Bonilla al haber contratado un inexperto en el oficio, sin bri ndarle capacitación de la labor. Finalmente, también atribuyó responsabilidad a la Fuerza Pública por ser la encargada de garantizar la seguridad de los Grupos Móviles de Erradicadores, lo cual no cumplió satisfactoriamente, dado que, a pesar de conocer de la peligrosidad de la zona, insistió en continuar con las labores de erradicación, lo que causó la muerte del señor Jhon Mario Zapata

Bonilla11.

13. La Dirección Nacional de Estupefacientes adujo que no se probó la certeza del daño, pues los demandantes únicamente enunciaron los montos a indemnizar sin

9 Folios 422-453 c. 2. 10 Mediante auto del 15 de julio de 2013 se decretaron las siguientes pruebas: (i) Testimoniales de los señores

daño, pues los demandantes únicamente enunciaron los montos a indemnizar sin

9 Folios 422-453 c. 2. 10 Mediante auto del 15 de julio de 2013 se decretaron las siguientes pruebas: (i) Testimoniales de los señores Blanca Nubia Gómez Torres, Jesús Alirio Valencia Moncada, Olga Lucía Lozada, María Gladys Quesada, Raquel Sofía Galán Gutiérrez, Aleida Ramírez, José Óscar Álvarez Velásquez, Luz Dary Rengifo García y Pedro Luis Martíne z Gómez, Jaime Alberto Segura, José Jesús Serna Gutiérrez, Jessica Alexandra Vela Gómez, Amparo Montoya Gómez, Mónica María Marín Álvarez, Jazmín Morales Patiño, Luz Aide Osorio Agudelo, Luis Fernando Marulanda Vélez y Andrés Gallego Segovia; (ii) Documentales: decrétense las pruebas solicitadas en la demanda y contestaciones y líbrense los correspondientes oficios; (iii) Experticias: Solicitar a la Universidad de Antioquia para que designen un psicólogo o siquiatra para que dictaminen si a los familiares del señor Zapata Bonilla los aquejan traumas psíquicos o desórdenes psicopatológicos como consecuencia de su muerte; (iv) Interrogatorio de parte de los demandantes Argenis Zapata Suárez, Ingri Johana Zapata Rengifo, Deise Bonilla, Claudia Elena Caldas Toro, José Alexander Zapata Bonilla, Sandra Liliana Flores Bonilla (Folios 658-662 c. 2). En el proceso se practicaron, entre otras, las siguientes pruebas:

1. Registros civiles de nacimiento y documentos de identidad de los demandantes.

2. Declaraciones extrajuicio rendidas ante notario sobre el estado civil del señor Jhon Mario Zapata Bonilla

En el proceso se practicaron, entre otras, las siguientes pruebas:

1. Registros civiles de nacimiento y documentos de identidad de los demandantes.

2. Declaraciones extrajuicio rendidas ante notario sobre el estado civil del señor Jhon Mario Zapata Bonilla

3. Notas de prensa relacionadas con los hechos en que resultó muerto el señor Zapata Bonilla.

4. Certificado de existencia y representación legal de la empresa Empleamos S.A.

5. Contrato de trabajo suscrito entre Jhon Mario Zapata Bonilla y Empleamos S.A., hoja de vida del empleado, liquidación definitiva de prestaciones sociales ela borada por Empleamos S.A., Formulario de vinculación al sistema general de pensiones del señor Zapata Bonilla y otros documentos allegados por la empresa privada en el marco del cumplimiento de sus funciones como empleadora del señor Jhon Mario Zapata Bonilla.

6. Documentos titulados “Cartilla de educación en el riesgo de minas antipersonal y municiones sin explotar ”, “Análisis de peligros y riesgos por oficio ‘erradicador de cultivos ilícitos’”.

7. Oficios emitidos por la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Departamento para la Prosperidad Social, el Departamento de Policía de Chocó, Diario El Colombiano, la Fiscalía IV de Quibdó, Chocó, la Décimo Quinta

Brigada del Batallón de Ingenieros No. 1 5 ‘GR. Julio Londoño Londoño’, la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, Positiva Compañía de Seguros, la Defensoría del Pueblo,

8. Póliza de seguro de vida en grupo No. 994000000023 emitida por la Aseguradora Solidaria de Colombia.

Derecho, Positiva Compañía de Seguros, la Defensoría del Pueblo,

8. Póliza de seguro de vida en grupo No. 994000000023 emitida por la Aseguradora Solidaria de Colombia.

9. Protocolo de coordinación en terreno GME – Fuerza Pública del Ministerio de Defensa Nacional con fecha de 2011.

10. Manual de antinarcóticos para la erradicación manual de cultivos ilícitos de la Policía Nacional publicado mediante Resolución No. 03298 del 15 de octubre de 2010.

11. Copia del expediente penal seguido con el número de radicado 273616001113200900044 seguido por la muerte de Jhon Mario Zapata Bonilla y otros en co ntra de miembros de la Columna Móvil Arturo Ruiz de las

FARC.

12. Testimonio de los señores Jaime Alberto Segura, José Jesús Serna Gutiérrez, Jessica Alexandra Vela Gómez, Olga Lucia Loaiza, Aleida Ramírez, José Óscar Álvarez Velásquez, Luz Dary Rengifo García , Pedro Luis Martínez Gómez 11 Folios 1052-1071 c. 3.Radicación: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55.512) Actor: Argenis Zapata Suárez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

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aportar pruebas que dieran cuenta de la causación del mismo 12; el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social adujo que si se declaraba su responsabilidad, el valor a indemnizar debía compensarse con las sumas reconocidas por la aseguradora a favor de los familiares del señor Zapata Bonilla13 y, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó dejar

responsabilidad, el valor a indemnizar debía compensarse con las sumas reconocidas por la aseguradora a favor de los familiares del señor Zapata Bonilla13 y, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó dejar sin efectos los autos que abrieron el proceso a pruebas y el que corrió traslado para alegar, para que se le otorgara el término de diez días para presentar contestación de la demanda14.

14. Los demás sujetos procesales y el Mi nisterio Público no intervinieron en esta oportunidad procesal.

La sentencia de primera instancia

15. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo del Chocó declaró la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión del fallecimiento del señor Jhon Mario Za pata Bonilla, en los siguientes términos (se transcribe de

manera literal con eventuales errores):

“PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de caducidad de la acción y legitimación en la causa por activa de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y

Empleamos S.A.

TERCERO: Declarar administrativamente y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Policía Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión al fallecimiento del

Empleamos S.A.

TERCERO: Declarar administrativamente y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Policía Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión al fallecimiento del señor JHON MARIO ZAPATA BONILLA, ocurrida el 27 de julio de 2009, cuando se desempeñaba como Erradicador Manual de Cultivo Ilícitos.

CUARTO: Condénase a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional a pagar las siguientes sumas, por concepto de perjuicios

morales:

DEMANDANTE SMLMV

ARGENIS ZAPATA SUÁREZ (Padre) 100 SMLMV

DEISI BONILLA (Madre) 100 SMLMV

CLAUDIA ELENA CALDAS TORO

(Compañera)

100 SMLMV

ELVER JOHAN ZAPATA RENGIFO

(Hermano)

50 SMLMV

INGRY YOHANA ZAPATA RENGIFO

(Hermana)

50 SMLMV

JOSÉ ALEXANDER ZAPATA BONILLA

(Hermano)

50 SMLMV

12 Folios 1042-1046 c. 3. 13 Folios 1047-1051 c. 3. 14 Folios 1072-1076 c. 3.Radicación: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55.512) Actor: Argenis Zapata Suárez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

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JONNY FABIÁN ZAPATA BONILLA

(Hermano)

50 SMLMV

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

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JONNY FABIÁN ZAPATA BONILLA

(Hermano)

50 SMLMV

RITALINA ZAPATA BONILLA (Hermana) 50 SMLMV

SANDRA LILIANA FLÓREZ BONILLA

(Hermana)

50 SMLMV

QUINTO: Condénase a la NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional, a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de CLAUDIA ELENA ZAPATA BONILLA, la suma de ciento sesenta y siete millones setecientos ochen ta y un mil veintidós pesos con veintisiete centavos ($167.781.022,27).

SEXTO: Niéguense las demás súplicas de la demanda.

SÉPTIMO: A la sentencia se le dará cumplimiento de conformidad a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso

Administrativo.

OCTAVO: Sin costas.

NOVENO: En firme la presente decisión y en caso de no ser apelada, en cumplimiento a lo orde nado en el artículo 184 del C.C.A., por Secretaría remítase el expediente al H. Consejo de Estado – Sección Tercera, para que se surta el grado jurisdiccional de consulta”.

16. Para llegar a dicha decisión, determinó que el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Dirección Nacional de Estupefacientes no estaban llamados a responder patrimonialmente por el daño alegado, dado que no tenían dentro de sus funciones garantizar la seguridad en la ejecución del programa de erradicación de

Derecho y la Dirección Nacional de Estupefacientes no estaban llamados a responder patrimonialmente por el daño alegado, dado que no tenían dentro de sus funciones garantizar la seguridad en la ejecución del programa de erradicación de cultivos ilícitos y, en cuanto concierne al DAPRE – Departamento para la Prosperidad Social y la empresa privada Empleamos S.A., concluyó que si bien los hechos tuvieron lugar en el marco del programa presidencial contra cultivos ilícitos y era a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a quien le correspondía coordinar con otras instituciones estatales la puesta en marcha de las políticas de erradicación -especialmente en materia de seguridad -, era al Ejército y a la Policía Nacional a qui enes por mandato constitucional les competía el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas15.

17. Por lo tanto, adelantó el estudio de responsabilidad de las imputaciones realizadas contra el Ejército y la Policía Nacional y determinó que no se prestó la protección al personal erradicador, porque esta se delegó en cinco soldados de la Décima Quinta Brigada del Batallón de Ingenieros No. 15 sin la colaboración de la Policía Nacional, a pesar de la existencia del contrato interadministrativo suscrito por la Agencia Presidencial con el Ministerio de Defensa y la Policía, así como el contrato de prestación de servicios celebrado entre la Agencia Presidencial y Empleamos S.A. en los cuales se estable ció que una vez finalizado el proceso de contratación e inducción por parte de la empresa privada, el transporte de los grupos de erradicadores en condiciones seguras le correspondía a dicha entidad conjuntamente con la Policía y el Ejército Nacional.

contratación e inducción por parte de la empresa privada, el transporte de los grupos de erradicadores en condiciones seguras le correspondía a dicha entidad conjuntamente con la Policía y el Ejército Nacional.

15 Igualmente, consideró que se acreditó la relación contractual existente entre el señor Jhon Mario Zapata Bonilla y la empresa Empleamos S.A., pero que la misma era en “calidad de intermediario”, pues el señor Zapata Bonilla ostentaba la calidad de trabajador en misión de la empresa usuaria, en este caso, Acción Social.Radicación: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55.512) Actor: Argenis Zapata Suárez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

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18. Así, estableció que aun cuando se sabía de la situación de orden público en la zona en la que se encontraban adelantando las peligrosas labores de erradicación, la fuerza pública no extremó las medidas de seguridad en los desplazamientos ordenados, y permitió la movilización de los trabajadores, únicamente, con chalecos salvavidas, lo que conllevó al incumplimiento del deber normativo y reglamentario de brindar protección – seguridad, vigilancia y cuidado16.

II. LOS RECURSOS INTERPUESTOS

Sustentación de los recursos de apelación

19. La parte actora reprochó la decisión de no reconocer los perjuicios deprecados por las hijas de crianza del señor Jhon Mario Zapata Bonilla, pues adujo que en el proceso se probó que efectivamente la víctima convivía con la señora Claudia Elena Caldas Toro -a quien sí se le reconoció una indemnizaciónpero se ignoró el hecho

proceso se probó que efectivamente la víctima convivía con la señora Claudia Elena Caldas Toro -a quien sí se le reconoció una indemnizaciónpero se ignoró el hecho de que ella era la madre de las menores que co nvivían bajo el mismo techo como una familia y quienes también dependían económicamente de éste. Igualmente manifestó su inconformidad con la negativa al reconocimiento de los perjuicios “del daño a la vida de relación” para los demandantes17.

20. El Ejército Nacional indicó que las obligaciones de seguridad y protección a su cargo son de medio y no de resultado y que, para el presente asunto, prestó su servicio con la diligencia debida, e incluso, acuciosamente solicitó la colaboración de la Policía Nacional. Agregó que, en todo caso, habría sido Acción Social la entidad que, encargada del transporte de los erradicadores, obró negligente e imprudentemente al exponerlos junto a los miembros del Ejército Nacional a desplazarse a una zona de riesgo donde se había n presentado enfrentamientos.

Igualmente, concluyó que la administración puso en marcha todos los medios a su disposición para garantizar el buen desarrollo de las tareas de erradicación, por manera que el resultado fue consecuencia del “ actuar único y exc lusivo de un tercero ajeno a la institución y al desarrollo de las funciones de esta”.

21. Finalmente, destacó que lo ocurrido “fue un accidente de trabajo, tal y como fue catalogado por la administradora de riesgos profesionales positiva ” y que los erradicadores asumieron el riesgo que la labor intrínsecamente conllevaba cuando firmaron el contrato de trabajo y aceptaron las cláusulas del mismo, además de que dicho riesgo fue amparado por el empleador a través de una póliza de seguros y

erradicadores asumieron el riesgo que la labor intrínsecamente conllevaba cuando firmaron el contrato de trabajo y aceptaron las cláusulas del mismo, además de que dicho riesgo fue amparado por el empleador a través de una póliza de seguros y reparado a los benefic iarios de dicho seguro que se tomó con la suscripción del contrato laboral18.

22. La Policía Nacional sostuvo que el ataque perpetrado por el grupo al margen de la ley no se dirigió contra la fuerza pública, sino contra el grupo de erradicadores, con el propósito de evitar la destrucción de los cultivos ilícitos, riesgo que el señor Jhon Mario Zapata Bonilla asumió al momento de suscribir el contrato laboral con la empresa Empleamos S.A. y para el que fue debidamente entrenado por su

16 Folios 1133-1195 c. del Consejo de Estado. 17 Folios 1203-1214 c. del Consejo de Estado. 18 Folios 1215-1226 c. del Consejo de Estado.Radicación: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55.512) Actor: Argenis Zapata Suárez y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

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empleadora. Concluyó que la Policía no puso en riesgo la integridad de los trabajadores y la acción fue adelantada por unos d elincuentes, configurándose el hecho de un tercero19.

23. Al alegar de conclusión, las partes que intervinieron en esta oportunidad 20, reiteraron los argumentos planteados a lo largo del proceso.

24. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar el fallo apelado,

23. Al alegar de conclusión, las partes que intervinieron en esta oportunidad 20, reiteraron los argumentos planteados a lo largo del proceso.

24. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar el fallo apelado, dado que el Ejército y la Policía Nacional, estando en posición de garantes, incumplieron con sus deberes de protección y seguridad. Al respecto, señaló que el sólo hecho de permitir el desplazamiento de los erradicadores, sin ningún tipo de protección adicional y sólo con unos chalecos salvavidas, los puso en una situación de peligro, pues previamente el grupo de trabajadores que adelantaba una actividad catalogada como riesgosa, había sido amenazado, además de que en la zona donde adelantaban las labores, se presentaban alteraciones de orden público21.

III. CONSIDERACIONES

25. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

1.1. Jurisdicción competente para conocer del presente asunto, en el cual se discute la culpa patronal y la responsabilidad extracontractual del Estado

26. En el libelo inicial los demandantes endilgaron responsabilidad patrimonial, tanto frente a las entidades estatales, como respecto a la empresa Empleamos S.A. -empleadora del señor Jhon Mario Zapata Bonilla-, con la que éste último suscribió un contrato de trabajo para la erradicación de cultivos ilícitos.

27. En las condiciones analizadas, la Sala procederá a verificar si en el sub lite están presentes los supuestos para conocer de las pretensiones formuladas en contra de Empleamos S.A. en conjunción con las que se imputan a los sujetos de

27. En las condiciones analizadas, la Sala procederá a verificar si en el sub lite están presentes los supuestos para conocer de las pretensiones formula