CE - 270012331000201200006021SENTENCIA20230815113746

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Título
CE - 270012331000201200006021SENTENCIA20230815113746
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Radie.ación:

Demandante: Demandado:

Tema: REPARACIÓN DIRECTA 27000233100020120000601 (68070)

ANGÉLICA PATRICIA URREGO DELGADO Y OTROS NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTRO Eventos en los que procede la acumulación de pretensiones. No se cumplen presupuestos para estudiar error jurisdiccional. Falta de interposición del recurso de reposición. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. No se probó la tardanza injustificada en el trámite del proceso ejecutivo. SENTEN.CIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurs·o de apelación interpuesto por la parte dema_ndante contra la sentencia del 2 de julio de 2021, proferida por él Tribunal Administrativo del Chocó, que negó las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO El 1º de junio de 1995 Harry Córdoba Sánchez constituyó hipoteca sobre el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 180-6863, por la suma de $9.670.923, a favor de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. El 14 de julio de 2004 el Banco Agrario de Colombia, a quien se habían cedido los activos y pasivos tjel Banco Caja de Crédito Agrario, Industria y Minero, presentó demanda - .,

de 2004 el Banco Agrario de Colombia, a quien se habían cedido los activos y pasivos tjel Banco Caja de Crédito Agrario, Industria y Minero, presentó demanda - ., ejecutiva mixta contra el señor Córdq_ba Sánchez, pmtendiendo el pago del saldo insoluto de la deuda. El 5 de octubre de 2006, el Juzgado 2º Civil Municipal de Quibdó, quien conoció del proceso ejecutivo por reparto, mediante subasta pública .fi . '.•·1,,w adjudicó el inmueble referido a Angélica Patricia Urrego Delgado. No obstante, ·el ·r· 23 de mayo del año siguiente, Harry Córdoba Sánchez presentó demanda ordinaria pretendiendo la nulidad de la providencia que había ordenado la entrega del bien. .. , j,/'.,:2

Radkado: 27000j33100Ó20120000601(68070) Demandante: Angélíca Patricia Urrego Delgado y otros Más adelante, el 15 de septiembre de 2009, el señor Córdoba Sánchez solicitó'la nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo en el que se había rematado el inmueble, al estimar que el avalúo catastral del mismo estaba desactualizado, Así, mediante providencia del 24 de septiembre de 2009, el Juzgado 2º Civil Muni.cipal de Quibdó corrió traslado de la nulidad a las partes y -ordenó al Inspector de Policía de Quibdó abstenerse de realizar la entrega del bien hasta que se resolviera el incid.ente referido. Finalmente, el 12 de julio de 2011 el inmueble se entregó a la adjudicataria, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Quibdó.

incid.ente referido. Finalmente, el 12 de julio de 2011 el inmueble se entregó a la adjudicataria, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Quibdó. Los demandantes consideran que la Nación - Rama Judicial incurrió i) en un error jurisdiccional en la providencia del 24 de septiembre de 2009, porque inobservó normas relacionadas con la· procedencia de los incidentes de nulidád; y ii) en un defectuoso funcionamiento de la administración dé justicia por mora judicial, dado que el Juzgado 2º Civil Municipal de Quibdó tardó injustificadamente en entregar el inmueble adjudicado en subasta pública. Adicionalmente, pretenden el pago de perjuicios por "el incumplimiento [del Banco Agrario de Colombia S.A.} en el contrato de compraventa".

11. ANTECEDENTES

1. Demanda El 2 de diciembre de 20111, Rocío Delgado Ardila en nombre propio y en representación de Laura Carolina Delgado Ardila; Angélica Patricia Urrego Delgado y Luisa Paola Delgado Ardila, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Rama Judicial y el Banco Agrario de Colombia S.A. i) por el error jurisdiccional en la providencia del 24 de septiembre de 2009; ii) por el deffictuoso funcionamiento de la administración de justicia p,ar mora judicial, dado que el Juzgado 2º Civil Municipal de Quibdó tardó injustificadamente en entregar el inmueble adjudicado en subasta 1 FI. 21, C.1.Radicado: 27000233100020120000601 (68070) Dem,indante; Angélica Patricia llrrego Delgado y otros

de Quibdó tardó injustificadamente en entregar el inmueble adjudicado en subasta 1 FI. 21, C.1.Radicado: 27000233100020120000601 (68070) Dem,indante; Angélica Patricia llrrego Delgado y otros pública; y iii) por "el incumplimiento [del Banco Agrario de Colombia S.A.] en el contrato de compraventa". Como pretensiones d_e su -demanda, el extremo activo solicita condenar a las demandadas a pagar, por perjuicios morales, la .suma de 100 SMLMV a cada demandante; por daño a la vida de relación, la. suma de 300 SMLMV a cada demandante; por daño emergente, la suma de $35.971.240 a Angélica Patricia Urrego Delgado; y por lucro cesante, la suma de $69.088.120 a Angélica Patricia Urrego Delgado. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 1 º de junio de 1995, Harry .. Górdoba Sánchez constituyó una hipoteca sobre el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 180-6863, por la suma de $9.670.923, a favor de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Aduce que el 14 de julio de 2004, el Banco Agrario de Colombia, a quien se habían cedido los activos y pasivos de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, presentó demanda ejecutiva mixta contra el señor Córdoba Sánchez, pretendiendo el pago del saldo insoluto de la deuda, por la. suma de $8.250.626, así como los respectivos intereses moratorias. Señala que el 27 de junio de 2006, el Juzgado 2º Civil Municipal de Quibdó, quien

el pago del saldo insoluto de la deuda, por la. suma de $8.250.626, así como los respectivos intereses moratorias. Señala que el 27 de junio de 2006, el Juzgado 2º Civil Municipal de Quibdó, quien conoció del proceso ejecutivo por reparto, decretó la venta pública en subasta del mencionado inmueble. Arguye que el 5 de octubre de 2006, ·eI Juzgado referido adjudicó el mencionado inmueble a Angélica Patricia yrrego .Delgado. Manifiesta que, mediante proveído del 11 de octubre de 2006, el Juzgado 2º Civil Municipal de Quibdó aprobó la adjudicación y ordenó la entrega del bien a Ang_élica Patricia Urrego Delgado.4

Radicado: 27000233100020120000601 [68070) Dem<1ndante: Angélíca Patricia Urrego Delgado y o.tros Indica que el 23 de mayo de 2007, Harry Córdoba Sánchez presentó demanfia ordinaria de nulidad sustancial pretendiendo la nulidad de la providencia de 11 de octubre de 2006, proferida por el Juzgado 2º Civil Municipal de Quibdó.

Afirma que el 18 de diciembre de 2008, en el proceso ejecutivo, Angélica Patricia Urrego Delgado solicitó al Juzgado la entrega material del inmueble. Sin embargo, el 15 de septiembre de 2009, Harry Córdoba Sánchez presentó incidente de nulidad, . a partir de la diligencia de remate del inmueble, al estimar que el avalúo catastral del bien estaba desactualizado. Sostiene que mediante providencia del 24 de septiembre de 2009, fifi fifi;2gado 2°'

. a partir de la diligencia de remate del inmueble, al estimar que el avalúo catastral del bien estaba desactualizado. Sostiene que mediante providencia del 24 de septiembre de 2009, fifi fifi;2gado 2°' Civil Municipal de Qúibdó corrió traslado de la nulidad a las partes y ordenó al lnfipector de Policía de Quibdó abstenerse de realizar la entrega del inmueble hasta que se resolviera el incidente de nulidad propuesto por Córdoba Sánchez en el proceso ejecutivo. Menciona que mediante providencia del 19 de julio de 2010 el citado Juzgado suspendió el proceso ejecutivo hasta que se dictara sentencia en el proceso ordinario de nulidad sustancial, al constatar que la entrega del inmueble estaba sujeta a lo decidido en el proceso referido. Indica que, en fecha indeterminada, Angélica Patricia Urrego Delgado instauró acción de tutela pretendiendo la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues consideró que no había lugar a suspender el proceso ejecutivo. Sostiene que mediante providencia de tutela del 17 de noviembre de 2010, el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Quibdó negó el amparo pretendido, al estimar que la recurrente no había aportado las expensas para tramitar el recurso de apelación contra la decisión del 19 de julio de 201 O. Señala que dicha decisión fue revocada mediante sentencia de tutela del 9 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Superior de Quibdó, quien ordenó la entrega del5

Radicado: 27000233100020120000601 (68070) l)em,rndanre: Angélica Patricia Urrego Delgado y otros

de 2011, proferida por el Tribunal Superior de Quibdó, quien ordenó la entrega del5

Radicado: 27000233100020120000601 (68070) l)em,rndanre: Angélica Patricia Urrego Delgado y otros citado inmueble, al constar que las solicitudes relacionadas con el bien debieron surtirse en el curso del proceso ·ejecutivo.

Aduce que el 12 de julio de 2011 Harry Córdoba Sánchez entregó a Angélica Patricia Urrego Delgado el inmueble objeto de remate. Los demandantes consideran que la Nación - Rama Judicial incurrió i) en un error jurisdiccional en la providencia del 24 de septiembre de 2009, porque inobservó normas relacionadas· con la procedencia de los incidentes de nulidad; y ii) en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial, dado que el Juzgado 2º Civil Municipal de Quibdó tardó injustificadamente en entregar el inmueble adjudicado en subasta pública. Adicionalmente, pretenden el pago de perjuicios por "el incumplimiento [del Banco Agrario de Colombia S.A.} en el contrato de compraventa". Frente al error jurisdiccional, los demandantes señalan en el libelo introductorio: "En el sub examine, el demandado señor Harry Córdoba pretendía la nulidad del acto de avalúo, remate y adjudicación cuando esta situación ya había sido materia de discusión y los jueces habían decidió respecto de ello. Es más que evidente que el demandado no alegó la nulidad dentro del proceso, no la alegó como excepción previa, tampoco se opuso al avalúo del bien cuando este se hizo; aunado al hecho que ya había presentado una primera nulidad por los mismos hechos y

demandado no alegó la nulidad dentro del proceso, no la alegó como excepción previa, tampoco se opuso al avalúo del bien cuando este se hizo; aunado al hecho que ya había presentado una primera nulidad por los mismos hechos y pretensiones, .las cuales. se decidieron de fondo. La norma es clara al expresar la obligación del juez de rechazar de plano las nulidades de hechos que no se alegaron como excepciones previas. [. .. }", A su turno, respecto del defectuoso funcionamiento aducen que: "La entrega tardía del bien inmueble es decir, desde el 1 O de octubre de 2006 fecha de la diligencia hasta el 11 de junio de 2011 fecha de la entrega, trajo como consecuencia el pago de arriéndos sin tener la obligación lega! ni jurídica de soportar dicha carga por cuanto ya se había realizado un negocio de compra de casa".6

Radicado: 27000233100020120000601 (68070) Demandante: Angé\íca Patricia Urn\go Delgado y otros ,fi i fi Finalmente, en lo atinente al Banco Agrario de Colombia S.A. los demandantes solicitan: "/a declaratoria de la responsabilidad civil contractual y extracontractual de la empresa Banco Agrario de Colombia SA en virtud de la teoría del fuero de atracción, por el incumplimiento en el contrato de compraventa realizado por las partes [. .. ]". 2. -Contestación El 20 de febrero de 20132 el Tribunal Administrativo del Chocó admitió la demanda y orde_nó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público. 2.1. El Banco Agrario de Colombia S.A.3 adujo que el hecho lesivo alegado por los demandantes no le era imputable, toda vez que no tuvo injerencia en la mora judicial

2.1. El Banco Agrario de Colombia S.A.3 adujo que el hecho lesivo alegado por los demandantes no le era imputable, toda vez que no tuvo injerencia en la mora judicial causada por la entrega del inmueble adjudicado por medio de sufibí;l.sta pública. Además, indicó que, contrario a lo señalado por los demandantes, no suscribió ningún contrato de compraventa con Angélica Patri.cia Urrego Delgado. Como excepci.ones formuló las que denominó "adecuada prestación del servicio por parte del banco, buena fe, falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido e inexistencia del daño y de los perjuicios alegados". 2.2. La Nación - Ra_ma. Judicial guardó sílenció4.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 27 de noviembre de 20155 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectlvamente. 3.1. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 2 FL 156, C.2. 3 Fl .. 180 a 186, C.2. 4 FI. 200, C.2. 5 FL 206, C.2.

•..

Radkado: 27000233100020120000601(68070] Demandante: Angélica Patricia Urrngo Delgado.y otros 3.2. La Nación - Rama Judicial, el Banco Agrario de Colombia S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 2 de julio de 20216 el Tribunal Administrativo del Chocó negó las pretensiones de l;:i demanda, al constatar que no se cumplieron los presupuestos

Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 2 de julio de 20216 el Tribunal Administrativo del Chocó negó las pretensiones de l;:i demanda, al constatar que no se cumplieron los presupuestos para estudiar el error jurisdiccional, toda vez que la parte demandante no interpuso ningún rficurso contra la providencia del 24 de septiembre de 2009,. proferida_por el --,. ¡,•"' • Juzgado 2º Civil Municipal de Quibdó. El Tribunal no se pronunció frente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial ni respecto "del incumplimiento en el contrato de compraventa" por parte del Banco

Agrario de Colombia S.A. Al respecto, en la sentencia señaló: "Para esta Corporación es forzoso concluir que la pretendida declaración de responsabilidad patrimonial pretendida por la parte actora, en virtud de un presunto error judicial en el que incurrieron la Rama Judicial y el Banco Agrario, no tiene vocación de prosperidad, pues dicha parte tuvo la oportunidad de interponer el recurso de apelación y oponerse a la abstención de la entrega del bien inmueble a ella adjudicado y oponerse a la decisión proferida no sólo en el auto de sustanciación enjuiciado 2467 [. . .] sin embargo no lo hizo, faltando en este caso el elemento formal para configurarse el error judicial alegado". En la parte resolutiva el a quo. condenó en costas a la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1887 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En la parte resolutiva el a quo. condenó en costas a la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1887 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 6 FI. 233 a 252, C.P. 7 "Artfculo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un in_terés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se. regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo ·caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal".5. Recurso de apelafión 8

Radicado: 27000233100020120000601 (B8070) Demandante: ·Angélica Pathcia_llrrngo Delgado y otros El 19 de julio de 20218 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 15 de diciembre de 20219 y admitido el 4 de marzo de 202210. 5.1. La recurrente11 señaló que el Juzgado 2º Civil Municipal de Quibdó incurrió i) en un error jurisdiccional en la providencia del 24 de septiembre de 2009, p.orque inobservó normas relacionadas con la procedencia de los incidentes de.nulidad; y ii) en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial, dado que el Juzgado 2º Civil Municipal de Quibdó tardó injustificadamente en entregar el inmueble adjudicado en subasta pública.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 22 de abril de 202212 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para

entregar el inmueble adjudicado en subasta pública.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 22 de abril de 202212 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante13 y el Banco Agrario de Colombia S.A.14 reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la contestación de· la demanda, respectivamente. 6.2. La NaciónRama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio 15. 8 FI. 427, C.P. 9 FI. 440, C.P. ,o FI. 447, C.P. 11 FI. 115 a 127, C. P. 12 Fl.448, C.P. 13 SAMAI, índice 18. 14 SAMA!, índice 20 .•• 15 SAMA!, índice 23.9

Radicado: 270002:33100020120 000601 (68070} Demandmue: Angél1q1 Patricia llrrego Delga,do y otros

111. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia El Consejo de Éstado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 2 de julio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, de .conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley 270\de~ 199616 ,82 del Código Contencioso Administrativo, modificado ·· por el artículo 1 º de la Ley 1107 de 200617 y 129 del Código Contencioso Administrativo, vigentes a la fecha de la presentación de la demanda. Lo anterior, atendiendo a que en el presente caso la parte actora reclama por un supuesto error judiciéll,

vigentes a la fecha de la presentación de la demanda. Lo anterior, atendiendo a que en el presente caso la parte actora reclama por un supuesto error judiciéll, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, así como por un incumplimiento contractual18-19.

2. Acción procedente Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, la fuente del daño que origina la reclamación de perjuicios al Estado es la que determina la acción judicial procedente para acudir al órgano judicial, así como la técnica para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por ' ' vía jurisdicciortáI2º. 16 Artículo 73 de la Ley 270 de 19 96. "De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan /os artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso A.dminístrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con /as reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y /os Tribunales Administrativos." 17 Artículo 82 del e.e.A "La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios éidministrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo 'de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley[..] " . 18 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2012, Rad.: 20.968 y auto de 26 de marzo de 2007, Rad. 25619.

conformidad con la constitución y la ley[..] " . 18 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2012, Rad.: 20.968 y auto de 26 de marzo de 2007, Rad. 25619. 19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de abril de 2009, Rad.: 200100902-01, 20 consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de febrero de 2001, Rad.: 17 769; Sentencia del 12 de mayo de 201 1, Rad.: 26758; Sentencia del 7 de junio de 2007, Rad.: 16474.10

Radicado: 27000233100020 120000601 (68070) Dcm;i ndante: Angélica Patricü.fi Urrego Delgado y otros 2.1. La acción de reparación - directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el dañq invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según-I0dispone el artículo 8621 de Código Contencioso Administrativo.

En este caso, se evidencia que la acción procedente es la de reparación directa frente a la reclamación realizada contra la Nación - Rama Judicial, en tanto se solicita la reparación de un daño proveniente de hechos impL:Jtables a la administración de justicia, como lo son: i) un error jurisdiccional en la providencia del 24 de septiembre de 2009 y ii) un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial. 2,2. Por su parte, se tiene que, a voces del artículo 8722 de Código Contencioso

del 24 de septiembre de 2009 y ii) un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial. 2,2. Por su parte, se tiene que, a voces del artículo 8722 de Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, la acción contrªctual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el j4efi en procura ' 1 de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada . del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como también la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se decl_are la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar losperjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas; no obstante, en virtud de la ley, el 21 "Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente fa reparación del daño cuando la ·causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o (fermanente de inmueble por causa de trabajos públicos o porcuafquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción c1.1ando resulten condenadas o hubieren concilíado por una actuación administrativa oríginada·en culpa grave o dolo de un se,vidor

causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción c1.1ando resulten condenadas o hubieren concilíado por una actuación administrativa oríginada·en culpa grave o dolo de un se,vidor o ex se,vidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública". 22 "Articulo 87. De fas controversias contractuales. Cualquiera de fas partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuencia/es, que se ordene-su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas ... " ..11

Radicado: 270002331ó ü0201t0,00060I {68070:) Demandante: Angélica PatTicia Llrrego Delgado y otros Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo pueden pedir que se declare la nuHdad absoluta del contrato.

En el presente caso, la acción contractual resulta procedfinte frente a la pretensión que la parte demandante formula contra el Banco Agrario de Colombia S.A., mediante la cual persigue la declaratoria "del incumplimiento [del Banco Agrario de Colombia S.A.] en el contrato de compraventa". En otras palabras, la fuente del daño que origina la reclamación de perjuicios contra el Banco Agrario de Colombia S.A. ' ' se deriva cte·uii negocio jurídico, lo que determina que la acción judicial procedente, como se dijo, es la contractual. 2.3 No está de más precisar que se estima procedente la acumulación de pretensiones de naturaleza extracontractual y contractual, según los criterios

como se dijo, es la contractual. 2.3 No está de más precisar que se estima procedente la acumulación de pretensiones de naturaleza extracontractual y contractual, según los criterios establecidos por la Jurisprudencia del fionsejo de Estado23, en los eventos en que se cumplan los requisitos legales. En efecto, el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 145 del Código Contencioso Administrativo24, dispone que "[e]/ demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas; siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Que el juez sea competente para conocer de tódas; sin embargo, .... ...... podran acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía. 2. Que­ las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. 3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento". En este orden, se observa que el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil dispone que se pueden acumular pretensiones en una misma demanda, aunque no sean conexas, siempre y cuando se satisfagan las siguientes exigencias: (i) que el 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de agosto de 2012, Rad.: 20346. 24 Artículo 145 del e.e.A "En todos los procesos contencioso administrativos procederá la acumulación de pretensiones en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil, asf cpmo la acumulación de procesos a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, en los casos ·, estfiblecidos por el mismo código [ ... ]"12

acumulación de pretensiones en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil, asf cpmo la acumulación de procesos a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, en los casos ·, estfiblecidos por el mismo código [ ... ]"12

R.idirndo: 27000233100020120000601 (6fló70J Demandante: Angélíca Patricia Urrego Delgadü y otros juez sea competente para conocer de todas ellas, requisito que se cumpleen el presente caso, pues las pretensiones de reparación directa y contractuales superan 1.000 SMLM\/25 y, por tanto, son de competencia en primera instancia del Tribunal Administrativo del Chocó y en segunda instancia del Consejo de Estado; (ii) que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan conio principales y subsidiarias, requisito que también se cumple, pues de la lectura de las mismas no surge duda alguna de que aquellas no se contraponen, ya que las pretensiones de reparación directa por el resarcimiento de un daño proveniente. de hechos imputables a la administración de justicia, y a las pretensiones contractuales frente al Banco Agrario devienen de un supuesto incumplimiento contractual, donde la situación fáctica resulta distinta y la atribución de responsabilidad se reputa frente a personas jurídicas diversas, así como el reconocimiento de cada una de las pretensiones no implica la denegación o anulación de la otra; y (iii) que todas puedan tramitarse por el mismo_ procedimiento, lo que ocurre en el presente asunto, pues, la acción de reparación directa y la acción contractual pueden tramitarse a través del mismo procedimiento, esto es, del ordinario26.

En suma, en el caso concreto se advierte que las pretensiones de reparación directa

la acción de reparación directa y la acción contractual pueden tramitarse a través del mismo procedimiento, esto es, del ordinario26. En suma, en el caso concreto se advierte que las pretensiones de reparación directa y contractuales formuladas por la parte actora en su escrito de demanda, pueden ser estudiadas y decididas por el mismo juez, no se excluyen o contraponen entre sí y pueden tramitarse a través del mismo procedimiento -ordinario-, razón por la cual resulta procedente su acumulación.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, • de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la 25 ''Artículo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. tos tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los sígµientes asuntos: [. . .] 5. be los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos celebrados por entídades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a fa prestación del servicio, cuando la cuantfa exceda de quinientos (500) salarios mlnimofi legales mensuales 6. De /os de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales [. . .}. . 26 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de enero de 2013, Rad_: 24020.13

R,ldicado: 27000233100020120000601 (68070) Demandantefi Angélica Patricia Urrego Delgado y otros protección del interés general27, estableció unos plazos para poder ejercer

R,ldicado: 27000233100020120000601 (68070) Demandantefi Angélica Patricia Urrego Delgado y otros protección del interés general27, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia

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