CE - 270012331000201200041021SENTENCIASENTENCIA20230323174004

• Radicado: 27001-23-31--002-2012-00041-01 (56385)

Actor: José Carmelina Maturana y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: Demandante:

Demandado: Referencia: 27001-23-31-002-2012-00041-01 (56385)

José Carmelino Maturana, Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana, Evelio Palacios Mosquera y otros La Nación, Fiscalía General de la Nación Acción de Reparación Directa Tema: Responsabilidad del Estado por la Administración de justicia. Subtema 1: Privación injusta de la libertad. Subtema 2: Daño Antijurídico SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida el 25 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo del Chocó, que accedió a las pretensiones de la demanda.

l. SÍNTESIS DEL CASO

José Carmelino Maturana, Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio Palacios Mosquera, fueron investigados por la Fiscalía 101 Secciona! Especializada como posibles autores del delito de rebelión, el 18 de noviembre de 2005 les fue impuesta medida de

Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio Palacios Mosquera, fueron investigados por la Fiscalía 101 Secciona! Especializada como posibles autores del delito de rebelión, el 18 de noviembre de 2005 les fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva y el 15 de mayo de 2007 fueron acusados por la comisión de dicho punible. Los procesados fueron absueltos por el Juzgado Penal del Circuito de lstmina, mediante sentencia del 27 de febrero de 2008; decisión confirmada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quilldó el 25 de junio de 2010. 2.1 La demanda1

11. ANTECEDENTES José Carmelino Maturana, Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio Palacios Mosquera, en calidad de víctimas directas de la privación -y sus familiares cercanos-, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, para que se le declare patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales y morales causados por la privación injusta de la libertad que padecieron durante más de 2 años2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones3, la parte actora afirmó que, con ocasión de la presentación de un informe de policía judicial elaborado por la SIJIN del Departamental del Chocó, los demandantes resultaron 1 Escrito de folios 1 a 17 C.1. 2 La demanda no discriminó el periodo exacto de reclusión para cada demandado.

3 Folios 2 a 7 C.1. En el capítulo de pretensiones la parte aclara reclama, en síntesis, a titulo de lucro cesante el pago equivalente a 1 smlmv mái; prestaciones soctales por cada mes en que se produjo la privación de la libertad; y por daño moral el estima•ivo de 100 smlmv para cada victima directa y 50 smlmv para los familiares.Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01 (56385) Actor: José Carmel/no Maturana y otros vinculados a una investigación penal por el delito de. rebelión en la que se les sindicaba de haber participado en la quema de buses, secuestro de ciudadanos, subversión y muerte colectiva de integrantes del Ejército y de la Policía. Afirman los accionantes que la decisión absolutoria proferida en la etapa de juicio reveló que la privación de la libertad impuesta en su contra fue injusta, pues implicó una carga que no estaban obligados a soportar. 2.2 Trámite procesal relevante La demanda presentada el 30 de enero de 2012 fue admitida el 9 de mayo de 20124, auto que fue notificado en debida forma5. El apoderado de la Nación, representada en este caso por el Fiscal General de la Nación o su delegado, en el escrito de contestación de la demanda se opuso a las pretensiones bajo el argumento de que la actuación penal se ajustó a la normativa vigente al momento de ocurrencia de los hechos. Afirmó que la investigación se sustentó en el "informe de investigacion()s" presentado por la SIJIN, Chocó, que dio cuenta de "que fueron aprendidos (sic) entre otros los señores JOSÉ

investigación se sustentó en el "informe de investigacion()s" presentado por la SIJIN, Chocó, que dio cuenta de "que fueron aprendidos (sic) entre otros los señores JOSÉ CARMEL/NO MA TURANA, HÉCTOR JAIRO HINESTROZA MOSQUERA, VICTOR CONRADO MENA, LUIS ALBERTO LLOREDA MA,. TU RAMA (sic), EVEL/O PALACIOS MOSQUERA", en el oficio 0660 que "reseñ{ó] la identificación e individualización de un importante número de Jrtegrantes del Ejército Revolucionario Guevarista''. entre que se encontraban Jos demandantes, y en los testimonios de reinsertados que inculparon a los accioriantes6. En ese contexto, a su juicio, la medida privativa de la libertad resulta válida y, por ende, los sindicados tenían el deber jurídico de soportarla, de manera que el darlo alegado en la demanda no tiene el carácter de antijurídico. Concluyó que la medida de aseguramiento de detención preventiva debe ser entendida como una determinación que, en el momento procesal en que fue impuesta, estaba soportada por indicios suficientes que comprometían la responsabilidad de los accionantes. Propuso las excepciones denominadas "culpa de terceros", "falta de nexo causal entre el daño y la actuación de la Fiscalía", "hecho de terceros no imputable a la Fiscalía" y "culpa exclusiva de la víctima''l. Por auto del 22 de enero de 2014, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes8, dentro de estas, los documentos aportados pqr ambos extremos; ordenó expedir oficios para que se remitiera a este contencioso el proceso penal seguido

Por auto del 22 de enero de 2014, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes8, dentro de estas, los documentos aportados pqr ambos extremos; ordenó expedir oficios para que se remitiera a este contencioso el proceso penal seguido en contra de los demandantes9 y se expidiera certificación de los tiempos de reclusión de los sindicados10-11. Concluida la etapa prob'atoria, el tribunal, a través de auto del 15 de octubre de 2014, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto12. La 4 Folio 132 C.1. 5 Folios 133 C.1. • Argumentos vistos a folio 176 C.1. 7 Folios 180 a 183 C.1. • Folios 199 a 200 C.1. 9 Se aprecia a folio 209 C.1., Oficio 537 del 28 de agosto de 2014 mediante el cual el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó remitió en dos (2) cuadernos las copias del proceso solicitado, prueba que efectivamente milita en esta instancia en cuadernos de 278 y 256 folios respectivamente. 10 Se aprecia a folio 204 C.1. Oficio 530-EPMSCQUI-PJ-017 del 7 de febrero de 2010 suscrito por el Director del establecimiento Penitenciario de Quibdó mediante el cual atendió el exhorto que, sobre el particular, formuló el Tribunal: Certificado de tiempo de reclusión. 11 El Tribunal negó el decreto de la prueba testimonial solicitada porque constituía atestación de los demandantes, evento proscrito por la ley adjetiva. 12 Folio 211 C.1. 2

el Tribunal: Certificado de tiempo de reclusión. 11 El Tribunal negó el decreto de la prueba testimonial solicitada porque constituía atestación de los demandantes, evento proscrito por la ley adjetiva. 12 Folio 211 C.1. 2 •Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01 (56385) Actor: José Carmelina Maturana y otros parte actora13 y la Fiscalía General de la Nación14 allegaron escritos conclusivos con reiteración de sus posiciones. El Ministerio Público no se pronunció 15. 2.3. Sentencia recurrida El Tribunal Administrativo de Chocó, por medio de providencia del 25 de agosto de 201516, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, Fiscalía General de la Nación por el daño antijurídico causado a los demandados como consecuencia de la privación injusta de la libertad padecida y la condenó al pago de perjuicios. Bajo factores de imputación objetiva, el tribunal consideró que el solo hecho de haberse proferido sentencia absolutoria en favor de los procesados revelaba que el daño padecido fue antijurídico, pues no existían medios de convicción suficientes que demostraran que los sindicados eran colaboradores o miembros de las milicias, por lo que no había razones para endilgarles el delito de rebelión ni imponerles medida de aseguramiento. 2.4. Recurso de apelación La Nación, representada por el Fiscal General de la Nación o su delegado 17, insistió en que su actuación se ciñó a lo dispuesto en los artículos 250 de la Constitución y 356 de la Ley 600 de 2000, dado que la medida de aseguramiento se fundamentó

La Nación, representada por el Fiscal General de la Nación o su delegado 17, insistió en que su actuación se ciñó a lo dispuesto en los artículos 250 de la Constitución y 356 de la Ley 600 de 2000, dado que la medida de aseguramiento se fundamentó en los elementos materiales probatorios allegados al sumario penal que sugerían la posible participación de los sindicados en la conducta investigada. Destacó que la absolución de los demandantes no fue producto de su inocencia, sino de la aplicación del principio in dubio pro reo, al haberse concluido en juicio que no existían medios de convicción que condujeran a la certeza sobre la participación de los demandantes en el delito imputado. Así, con base en la sentencia C-037 de 1996, la medida cautelar no fue desproporcionada ni violatoria de los procedimientos legales, porque contaba con el soporte probatorio exigido en la etapa de la investigación en que fue impuesta, es ese sentido, la parte actora no cumplió con la carga de acreditar la injusticia que le atribuye a la detención preventiva. 2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia Esta Corporación, por medio de auto del 2 de marzo de 201618, admitió el recurso interpuesto por la Fiscalía General de la Nación19 y con proveído del 7 de abril de 201620 corrió traslado a los sujetos procesales para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo, oportunidad que fue aprovechada por la Fiscalía General de la Nación21 , quien reiteró los argumentos expuestos en la contestación y el recurso de alzada. El delegado del Ministerio Público22, solicitó confirmar la sentencia apelada y sugirió que el monto de los

aprovechada por la Fiscalía General de la Nación21 , quien reiteró los argumentos expuestos en la contestación y el recurso de alzada. El delegado del Ministerio Público22, solicitó confirmar la sentencia apelada y sugirió que el monto de los perjuicios por concepto de lucro cesante se reconozcan in genere. La parte actora guardó silencio23. 13 Folios 212 a 218 C.1. 14 Folios 219 a 225 C.1. 15 Folio 203 C.1. 16 Folios 250 a 272 C. Apelación. 17 Folios 278 a 282 C. Apelación. 18 Folio 313 C. Apelación. 19 Comoquiera que se cumplió con el requisito de conciliación ante el Tribunal, como se aprecia en acta de audiencia celebrada el 10 de diciembre de 2015. Folio 309 C. Apelación. 2° Folio 315 c. Apelación. 21 Folios 316 a 321 C. Apelación. 22 Folios 331 a 339 C. Apelación. 23 Constancia de folio 340 C. Apelación.

3. Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01 (56385)

Actor: José Carmalino Maturana y oúos

111. CONSIDERACIONES La Sala procede a resolver el fondo de la litis habida consideración de los siguientes

elementos: .¡ La competencia que le asiste para ello en atención a la naturaleza del asunto, dado que la Ley 270 de 1996, al prever la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la ádministración de justicia y privación injusta de la libertad, estableció que estos asuntos serían competencia de

dado que la Ley 270 de 1996, al prever la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la ádministración de justicia y privación injusta de la libertad, estableció que estos asuntos serían competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía24. ' El oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte delJlandante, ya que presentó la demanda el 30 de enero de 201225, esto es, dentro de los 2 años posteriores al día en que tuvo conocimiento de la posible antijuridicidaq del daño con motivo de la sentencia absolutoria expedida el 25 de junio de 201026 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó. 1 La legitimación en la causa por activa de José Carmelino Maturana Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Uoreda Maturana y Evelio Palacios Mosquera, en calidad de afectados directos de la privación; así como los hijos del último, Harold David Palacio Castañeda, Millfilady Palacio Castañeda, Yuliana Palacio Castañeda, Rubén Darlo Palacio Casta('leda, Leidy Liliana Palacio Castañeda y Jhon Albert Palacio Castañeda27. Luz Mijrina Castañeda Siagama, Deile Stiven Palacio Castañeda y Yefri Alejandro Castañeda Siagama, no acreditaron su interés para concurrir al presente asunto, toda vez que en el expediente no se halló prueba idónea que demostrara el vínculo con Evelio Palacios Mosquera, tal como lo resolvió el Tribunal en la sentencia. Tal decisión no fue

acreditaron su interés para concurrir al presente asunto, toda vez que en el expediente no se halló prueba idónea que demostrara el vínculo con Evelio Palacios Mosquera, tal como lo resolvió el Tribunal en la sentencia. Tal decisión no fue recurrida28. Por su parte, la Nación, Fiscalía General de la Nación, se encuentra legitimada en la causa por pasiva comoquiera que las pretensiones formuladas , se dirigieron en su contra, teniendo en cuenta que la decisión que privó de la libertad a José Carmelino Maturana Héctor Jairo Hinestroza lylosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio Palacios Mpsquera, la dictó la Fiscalía 101 del Circuito Especializada de Quibdó. 3.1. Problemas Jurídicos En atención a los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado, que en nuestro caso deben inferirse del artículo 90 de la Constitución Política, y en función de los reproches que los recurrentes formularfin contra la sentencia de i 24 Proceso con aplicación del Decreto 01 de 1984, por lo que le concierne el Art. 73 Ley 270 de 1996 "De la disposición legal referida se derivan dos presupuestos básicos: primero, quÍI cuando se pretenda la declaración de responsabilidad del Estado por razón de los perjuicios ocasionados por la Administración de Justicia, por expreso mandato legal, la procedente será la acción de reparación directa y, segundo, que el conocimiento de dicha acción se atribuye al Consejo de Estado y a los tribunales administrativos, Corporaciones que deberán tramitarla con sujeción a las reglas comunes de distribución de competencia. 11 De esa manera es claro que la

dicha acción se atribuye al Consejo de Estado y a los tribunales administrativos, Corporaciones que deberán tramitarla con sujeción a las reglas comunes de distribución de competencia. 11 De esa manera es claro que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia se ocupó, en forma expresa, de establecer las diractrices básicas que deben atenderse en materia de competencia para la tramitación de los procesos que se promuevan, en ejercicio de la acción de reparación directa, con el propósito de demandar,"la responsabilidad extracontractual del Estado por los hechos derivados del ejercicio de las funciones jÚrisdiccionales". Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Auto del 9 de septiembre de 2008, exp. 11001-03-26-0002008-00009-00. 25 Según sello de radicación visto a folio 17 C.1. y acta individual de reparto de infolio 118 Id. 26 Articulo 136.8 del CCA. En concordancia con el Hecho probado 3.2.3.2. 1/ Se aprecia a folios 116 y 117 C.1. acta de conciliación prejudicial No. 234 del 6 de octubre de 2011 y constancia de la misma fecha. 27 Según se constató con los registros civiles de nacimiento vistos a folios {9, 21, 22, 23, 25 y 26 C.1. 28 Folio 254 C. Apelación. 4Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01 (56385) Actor: José Carmelino Maturana y otros primera instancia, la Sala dará respuesta a los siguientes problemas jurídicos: 3.1.1. ¿Es constitutiva de daño antijurídico e imputable a la NaciónFiscalía General

Actor: José Carmelino Maturana y otros primera instancia, la Sala dará respuesta a los siguientes problemas jurídicos: 3.1.1. ¿Es constitutiva de daño antijurídico e imputable a la NaciónFiscalía General de Naciónla privación de la libertad padecida por José Carmelina Maturana Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio Palacios Mosquera Torres, con ocasión de la investigación penal en la que se decretó medida de detención preventiva como posibles responsables del delito de rebelión? 3.1.2. En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea afirmativa, esta Subsección procederá a determinar si ¿Los perjuicios reconocidos en primera instancia a la parte accionante cumplen los presupuestos de indemnización previstos en la jurisprudencia? 3.2. Hechos probados relevantes Para acreditar el daño que la parte actora hizo consistir en la privación de la libertad padecida por José Carmelina Maturana Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio Palacios Mosquera Torres, obran en el expediente los-siguientes medios de convicción: 3.2.1. La Fiscalía General de la Nación, a través de sus delegadas, instruyó el sumario penal por rebeliórr seguido en contra de José Carmelina Maturana, Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio Palacios Mosquera. Dentro de esa instrucción, por resolución del dieciocho (18) de noviembre del año dos mil cinco (2005)29, la Fiscalía 101 del Circuito

Evelio Palacios Mosquera. Dentro de esa instrucción, por resolución del dieciocho (18) de noviembre del año dos mil cinco (2005)29, la Fiscalía 101 del Circuito Especializado de Quibdó definió la situación jurídica de los demandantes y dictó en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva como posibles responsables del delito de rebelión, con motivo del informe de policía judicial que dio cuenta de "que las mencionadas personas han participado en diferentes actividades delictivas, tal(IS como quema de buses [. . .] secuestros de varios ciudadanos, incursiones de la subversión a poblaciones con resultados terroristas como la muerte colectiva de soldados y policías, entre otras actividades. (. . .) infonne con testimonios allegados de personal que había pertenecido a dicha organización y hoy se encuentran dentro del programa de reinserción a la vida civil (. .. ) Orden detalla (sic) que contiene el componente orgánico del Ejército Revolucionario Guevarista [. .. }Se sabe entonces que los aquí indagatoriados, han conformado la estructura del E.R.G. y que con el propósito de mostrar actos de poder y de concretar la pretensión de querer derrocar los gobiernos de turno, han realizado diferente tipo de actividades, que se encuadran en el tipo penal descrito en el artículo 467 del C.P. llamado rebelión [ ... ] La misma prueba y en especial los testimonios de YE/SON ANDRÉS MOSQUERA SANCHEZ, MILTÓN MENA MOYA, MAURICIO RENTERÍA MOSQUERA, sirven para demostrar que los aquí vinculados, han pertenecido a la citada organización al margen de la ley, deposiciones que merecen crédito para el despacho, por cuanto se trata de personal

MAURICIO RENTERÍA MOSQUERA, sirven para demostrar que los aquí vinculados, han pertenecido a la citada organización al margen de la ley, deposiciones que merecen crédito para el despacho, por cuanto se trata de personal que era parte de la misma organización, que participaba de sus acciones y por ende conocía a los demás integrantes y que han venido sirviendo de prueba seria para esclarecer hechos delictuosos [. . .fº". 3.2.2. La Fiscalía Secciona! 13 de Tadó, por resolución de quince (15) de mayo de dos mil siete (2007), profirió resolución de acusación y expidió órdenes de captura 29 Folios 42 a 66 C.1. 30 Folios 42 a 66 C.1. 5Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01 (56385) Actor: José Carmel/no Maturana y otros en contra de José Carmelina Maturana Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor ,, Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio P1:1lacios Mosquera -y otrospor el delito de rebelión, dado que "la entrega y confesión de los señores MIL TÓN MENA MOYA, YE/SON ANDRÉS MOSQUERA SANCHEZ, MAURICIO RENTER{A MOSQUERA y ANIBAL DUAVE VALENCIA, que se encuentra plasmada en el cuerpo de esta investigación, se constituye en estos momentos en una verdadera y contundente prueba de cargos, que sin exhitación (sic) alguna demuestra de manera clara e inequívoca que efectivamente estas personas procesadas en este momento, hicieron parte del grupo subversivo [. . .]''31 . • La decisión referida fue

contundente prueba de cargos, que sin exhitación (sic) alguna demuestra de manera clara e inequívoca que efectivamente estas personas procesadas en este momento, hicieron parte del grupo subversivo [. . .]''31 . • La decisión referida fue confirmada por la Fiscalía 12, Unidad Delegada ante fiI Tribunal del Chocó, por medio de resolución de 22 de agosto de 2007, expedida éon ocasión del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los hoy demafidantes32. 3.2.3. Órdenes de captura libradas por la Fiscalía en contra de José Carmelina Maturana Héctor Jairo Hi nestroza Mosquera, Víctor Co¡,rado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio Palacios Mosquera, "para curf?plir acusación "33. 3.2.4. La Rama Judicial, a través del Juzgado Penal del Circuito de lstmina y de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial fie Quib dó, por medio de sentencias del veintisiete (27) de febrero de dos mil ocho (2008) y del veinticinco (25) de junio de dos mil diez (2010), en su orden, absi:>!vieron a José Carmelina Maturana Héctor Jairo Hi nestroza Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio Palacios Mosquera de los cargos formul ados en su contra por el delito de rebelión, porque los testimonios rendidos por desmovilizados "no pueden conducir a la certeza y dar pie a una sentencia 9ondenatoria, mientras no exista manera de evadirlos o confrontarlos, pues a lo único que dan lugar es a la

por el delito de rebelión, porque los testimonios rendidos por desmovilizados "no pueden conducir a la certeza y dar pie a una sentencia 9ondenatoria, mientras no exista manera de evadirlos o confrontarlos, pues a lo único que dan lugar es a la duda y ésta, por principio, debe resolverse a favor de la persona acusada (in dubio pro reo)" 34-35. 3.2.5. El Director del Establecimiento Penal Municipa( de Quibdó -IN PEC-, por medio de oficio 530 del 7 de febrero de 2014, informó "[1 . .] que los señores JOSÉ CARMEL/NO MA TU RANA [. . .] ingresó al Establecimiento el día 1 O de junio del año 2007, hasta el día 29 de febrero del año 2008, HÉCT..OR JAIRO HINESTROZA MOSQUERA [. . .] ingresó al Establecimiento el día 1 O de junio del año 2007, hasta el día 29 de febrero del año 2008, VICTOR CONRAOO MENA [. .. ] ingresó al Establecimiento el día 10 de junio del año 2007, hasta et'día 31 de agosto de 2007, LUIS ALBERTO LLOREDA MATURANA [. . .] ingresó al E_stablecimiento el dfa 10 de junio del año 2007, hasta el día 31 de agosto de 2007, con respecto al señor EVEL/O PALACIOS MOSQUERA TORRES [. . .] NO se encontró ningún registro que permita establecer que esta persona haya estado detenida en este Establecimiento"36. 3.2.6. Respecto de la detención preventiva impu esta en contra de EVEL/O PALACIOS MOSQUERA TORRES, obra en el expediente la orden de detención

establecer que esta persona haya estado detenida en este Establecimiento"36. 3.2.6. Respecto de la detención preventiva impu esta en contra de EVEL/O PALACIOS MOSQUERA TORRES, obra en el expediente la orden de detención suscrita por el Fiscal 16 Seccional de Tadó el 24 de septiembre de 2007, funcionario que le solicitó al director de la Cárcel del Distrito de Pereira "mantener en dicho centro penitenciario al señor EVEL/O [. .. ] a quien se le sindica del delito de 31 Folios 67 a 85 C.1. 32 Folio 89 C.4. 33 órdenes de captura de folios 47, 49, 50, 51 y 52 C.4 de pruebas. 34 Folios 86 a 96 C.1. 35 Folios 97 a 115 C.1. 36 Folio 204 C.1. 6Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01 (56385) Actor: José Carmelina Maturana y otros REBELIÓN [. .. ] Lo anterior en calidad de DETENIDO, en razón de habérsele calificado el mérito sumarial con resolución de acusación en su contra''37. 3.3. Consideraciones relativas al primer problema jurídico: antijuridicidad del daño La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo 90 de la Constitución Política, establece que el Estado responde "patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas". La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la declaración de responsabilidad referida requiere la demostración de los siguientes elementos: (i) el

omisión de las autoridades públicas". La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la declaración de responsabilidad referida requiere la demostración de los siguientes elementos: (i) el daño antijurídico38 y (ii) la imputabilidad al Estado, que se desenvuelve en dos fases, una en el plano fáctico, qufi se verifica en función del principio de causalidad, y otra en el plano jurídico, que se verifica en función de la carga obligacional del órgano demandado39. Con relación al primer elemento, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el daño debe ser cierto, personal y antijurídico, es decir, i) que exista lesión a un bien jurídico tutelado, ii) que terlga consecuencias ciertas en el patrimonio económico o moral del titular, iii) que quien padece el daño no tenga el deber jurídico de soportarlo40. En los eventos en los que el bien jurídico tutelado de la libertad es restringido en virtud de las facultades de investigación de los delitos que están en cabeza del Estado, a través de la imposición de la medida de detención preventiva y excepcional, el daño que genera tal restricción será indemnizable solo cuando se configure una privación injusta de la libertad, tal como lo prevé el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de Administración de Justicia-, bajo la consideración de que la referencia a la injusticia guarda relación con una actuación "abiertamente arbitraria, desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales", parámetros fijados en la sentencia de constitucionalidad C-037/9741 . En cuanto a los presupuestos elementales de legalidad de la medida restrictiva de la libertad excepcional y preventiva, el artículo 28 de la Constitución Política

fijados en la sentencia de constitucionalidad C-037/9741 . En cuanto a los presupuestos elementales de legalidad de la medida restrictiva de la libertad excepcional y preventiva, el artículo 28 de la Constitución Política establece que la detención esté precedida de una orden expedida por autoridad judicial competente, por motivos previamente definidos y con las formalidades previstas en la ley. Ahora, en lo relativo a los demás elementos, la Corte Constitucional precisó que su determinación implica necesariamente "definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su confonnidad a derecho"42. 37 Folio 109 C.4. de pruebas. 38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia d<il 29 de octubre de 2018, expediente 46932. 39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de abril de 2014, expediente 29195. 4° Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 28 de abril de 2010 y del 25 de abril de 2012, expediente 21861. 41 Corte Constitucional, sentencia C-037 del 5 de febrero de 1997. Declaró exequible el articulo 68 de la Ley 270 de 1996, bajo la condición que "el término 'injustamente' se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación

270 de 1996, bajo la condición que "el término 'injustamente' se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria". 42 Corte Constitucional, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018. "En el caso de la privación injusta de la libertad la Corte, ciMndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos premisas señaladas, esto es, que el articulo 90 de la Constitución no define un titulo de imputación y que, en todo caso, la falla en el servicio es el titulo de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el significado de la 7Radicado: 27001 ;23-31-002-2012-00041-01 (56385) Actor: José Carmel/no Maturana y otros Bajo ese marco constitucional, resulta insoslayable que.quien califica de injusta la medida restrictiva de la libertad asuma la carga de probar que la actuación fue "abiertamente arbitraria", "desproporcionada" y desconocedora de los principios de razonabilidad y necesidad que se imponen en virtud de que el sacrificio de la libertad debe ser excepcional. La apreciación de los medios de; prueba realizada con ese propósito exige "valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la.Ley 270 de 1996, impone considerar, independientemente del tftulo de atribución 'que se elija, si la decisión adoptada por el f