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Demandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros Radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01

1 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REVISIÓN EVENTUAL Radicación: 27001-33-33-001-2009-00224-01

Demandantes: CRISTÓBAL MENA CÓRDOBA Y OTROS

Demandados: MUNICIPIO DE RÍO QUITO Y OTROS

Tema: Mecanismo de revisión eventual acción de grupo – auto que resuelve no seleccionar para unificación

La Sala resuelve las solicitudes de revisión eventual que la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentaron respecto de la sentencia del 27 de mayo de 2022 del Tribunal Administrativo del Chocó que confirmó la providencia de 3 de marzo de 2016 del Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó, en el proceso de acción de grupo con radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

Administrativo Oral de Quibdó, en el proceso de acción de grupo con radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

A través de apoderado, el señor Cristóbal Mena Córdoba y otros habitantes del municipio de R ío Quito 1 ejercieron la acción de grupo 2 contra la Nación – Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial [hoy Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Ambiente y Desarrollo Soste nible], el

1 Departamento de Chocó. 2 La demanda se presentó el 4 de abril de 2009 según la información de SAMAI del trámite en primera instancia radicación n.º 27001-33-31-001-2009-00224-00, los demandantes fueron 23 personas, según se indicó en auto 12 de mayo de 2009 del Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó. En auto de 21 de septiembre de 2009, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó acumuló el anterior trámite al identificado con la radicación n.º 27001 -33-33-003-2009-00288-00, por tener iguales supuestos fácticos y jurídicos, que se resumen en esta providencia. El grupo de accionantes de ese asunto es de 1199 demandantes, según se indicó en la diligencia de conciliación judicial, de que trata el artículo 61 de la Ley 472 de 1998, convocada en auto de 11 de julio de 2012 y que el Juzgado llevó a cabo el 9 de agosto de 2012. En todo caso, en la sentencia de segunda instancia de 27 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de

agosto de 2012. En todo caso, en la sentencia de segunda instancia de 27 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Chocó precisó que «el juez de primera instancia aceptó a […] 1381 personas como beneficiarias del fallo, porque se hicieron parte dentro del proceso», lo anterior a partir del «[c]ertificado de vecindad en donde se da cuenta que 1381 personas son habitantes de dicho ente territorial», prueba que se requirió al municipio de Río Quito, en auto de 1.º de julio de 2014 «solicitar informes o d ocumentos, a la inspección de Policía, Personería y alcaldía del Municipio de Río Quito sobre si las personas indicadas en las demandas tienen su domicilio o no en esa municipalidad». El expediente físico se encuentra digitalizado y fue incorporado en el í ndice 20 al SAMAI, del trámite de segunda instancia, por parte de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Chocó.Demandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros Radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01

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municipio de Río Quito, la Corporación Autónoma Regional del Chocó (CODECHOCÓ) y el Instituto Colombiano de Geología y Minería [hoy Agencia Nacional de Minería (ANM)]. Lo anterior, para que el juez competente:

(1) Ordenara cesar la actividad m inera que se realiza en la cuenca del Río Quito.

(2) Ordenara a las entidades accionadas que adoptaran las medidas necesarias

(1) Ordenara cesar la actividad m inera que se realiza en la cuenca del Río Quito.

(2) Ordenara a las entidades accionadas que adoptaran las medidas necesarias a fin de reestablecer ambientalmente la cuenca del Río Quito.

(3) Reconociera indemnización colectiva por los perjuicios materiales e inmateriales causados por los diversos efectos ambientales adversos, derivados de la minería en la zona.

(4) Igualmente, a título indemnizatorio , solicitaron que se les reconociera individualmente: (i) perjuicios materiales por daño emergente , el va lor de $225.000.000 o las sumas que resultaran probadas por la pérdida de sus inmuebles (casas, fincas y terrenos); por lucro cesante , el valor de $50.000, diarios, desde el 1.º de enero de 2007 y (ii) perjuicios inmateriales por daño moral, 100 SMLMV, y por daño a la vida de relación, 200 SMLMV.

Las demandas se fundamentaron en los siguientes hechos relevantes:

Los accionantes manifestaron pertenecer a la comunidad afrodescendiente que habita en la cuenca del Río Quito 3 y que se encuentra conformada por 8 corregimientos4, cuyas aguas y selva virgen se caracterizaron por tener diversas especies silvestres 5 y productos agrícolas 6. Sin embargo, indicaron que «27 dragas de maquinaria pesada se tomaron el cauce del R ío Quito, a fin de explotar cuanto mineral precioso se encontrara en su lecho».

A raíz de la explotación minera, el grupo demandante señaló que (i) se desvió

de explotar cuanto mineral precioso se encontrara en su lecho».

A raíz de la explotación minera, el grupo demandante señaló que (i) se desvió el cauce del Río Quito; (ii) se agudizó el desbordamiento y sedimentación en los corregimientos ubicados sobre las riberas del mismo y, con ello, se destruyeron y afectaron sus viviendas; (iii) se contaminó el recurso hídrico con «mercurio y otros químicos »; (iv) se extinguieron diversas especies naturales; (v) el agua no puede ser utilizada por la población; (vi) se perdieron los cultivos;

3 Para acreditar su dicho los accionantes aportaron: (i) la Resolución 02724 de 27 de diciembre de 2001, «título colectivo ancestral de c omunidades negras, expedido por el INCODER (INCORA)», (ii) la constancia de pertenencia al municipio de Río Quito, suscrita por el Consejo Comunitario Mayor de Paimadó, (iii) la certificación de constitución del Consejo Comunitario de Paimadó- municipio de Río Quito, (iv) la certificación de pertenencia al Consejo Comunitario de Villa Conto - municipio de Río Quito y (v) las certificaciones de dominio y posesión suscrita por el representante legal del Consejo Comunitario de San Isidro - Río Quito, dicha documental se tuvo como prueba por el juez de primera instancia. 4 Cuyos nombres son: San isidro, Paimadó, Villa Conto, Antadó la Punta, Boca de Paimadó, Chiguarandó, Tuadó, Puerto Juan, La Loma Pueblo Nuevo y la Soledad. 5 Entre otras, indicaron «guagua, tatabro, saíno, venados, armadillos».

Tuadó, Puerto Juan, La Loma Pueblo Nuevo y la Soledad. 5 Entre otras, indicaron «guagua, tatabro, saíno, venados, armadillos». 6 Entre otros, mencionaron « madereras, cosechas de Arroz, Plátano, Borojó, Chontaduro, Yuca, cacao, maíz, y otros productos agrícolas de pan coger, los cuales eran vendidos en la plaza de mercado de la ciudad de Quibdó».Demandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros Radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01

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(vii) se privó del consumo diario alimentario y del comercio de la pesca y productos agrícolas; (viii) se deterioró la salud de l os habitantes toda vez que presentan diversas enfermedades; y (ix) no se puede navegar en la fuente hídrica que es la principal vía de tránsito en la zona.

Por otra parte, los actores manifestaron que soporta ron « … una profunda afección moral ocasionada por la angustia, tristeza, dolor y rabia, generada por la pérdida de medios de subsistencia, al quedarse sin lo mínimo para sati sfacer sus necesidades diarias y las de sus familias; mirando con impotencia la destrucción de sus paisajes y parajes naturales, la pérdida de sus viviendas y cultivos». Lo anterior fue atribuido al «comportamiento humano indolente e insensible llevado a c abo por los propietarios de las dragas, quienes solo se

destrucción de sus paisajes y parajes naturales, la pérdida de sus viviendas y cultivos». Lo anterior fue atribuido al «comportamiento humano indolente e insensible llevado a c abo por los propietarios de las dragas, quienes solo se han interesado por el saqueo de los recursos mineros, sin importarles para nada el sufrimiento de la comunidad a causa de la explotación minera irracional e inmisericorde que realizan, de la cual han sido cómplices por su omisión las entidades demandadas».

En suma, el grupo de demandantes argumentó que las autoridades accionadas incurrieron en falla del servicio , por acción, al permitir la masiva y mecanizada explotación minera en la zona y , por omisión, al no tomar medidas eficaces, en ejercicio de sus funciones como órganos de vigilancia y control en materia ambiental para prevenir, erradicar y fiscalizar la actividad de explotación en el territorio y asumir una actitud negligente frente a la incalcu lable destrucción natural en la cuenca del Río Quito.

2. Sentencia de primera instancia

En sentencia de 3 de marzo de 2016, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó declaró no probada excepción de mérito alguna y en especial la de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; declaró administrativa y patrimonialmente responsables a las entidades demandadas por omisión , por los daños ambientales y ecológicos causados a la cuenca del Río Quito, producto de la minería ilegal.

En consecuencia, las condenó a pagar «al Fondo para la protección de los derechos e intereses colectivos, administrado en los términos de ley, por el

ecológicos causados a la cuenca del Río Quito, producto de la minería ilegal.

En consecuencia, las condenó a pagar «al Fondo para la protección de los derechos e intereses colectivos, administrado en los términos de ley, por el Defensor del Pueblo », como indemnización colectiva, por concepto de daños inmateriales la suma de treinta (30) SMMLV y materiales la equivalente a veinte (20) SMMLV para 7.005 personas que estimó que llegarían a integrar el grupo de potenciales afectados y que dicha cifra comprendía a los demandantes , quienes deberían acreditar ante el defensor del Pueblo, con prueba idónea, su pertenencia al grupo.

Asimismo, condenó en costas a las accionadas, dispuso diversas medidas de justicia restaurativa y garantías de no repetición , con el fin de que se ordenar aDemandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros Radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01

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el cese inmediato , y definitivo de la explotación minera ilegal en la cuenca del Río Quito y que se adoptaran las medi das y acciones eficaces para restablecer la vida, el paisaje , el ecosistema y el cauce de la fuente hídrica . Finalmente, exhortó a l Gobierno nacional para q ue, a través de un documento CONPES, manejara en forma integral la problemática de la minería ilegal en la zona.

la vida, el paisaje , el ecosistema y el cauce de la fuente hídrica . Finalmente, exhortó a l Gobierno nacional para q ue, a través de un documento CONPES, manejara en forma integral la problemática de la minería ilegal en la zona.

La indemnización colectiva se efectuó en virtud del principio de equidad y con fundamento en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 , «aun cuand o los demandantes no probaron con suficiencia su monto ». Lo anterior, dado que era indudable la contaminación del agua del Río Quito , los cambios del entorno sociocultural de las comunidades y el daño antijurídico causado a los habitantes de la cuenca, de acuerdo con lo probado en el proceso. En resumen, la primera instancia concluyó que la actividad minera ilegal en la fuente hídrica, sin que las entidades demandadas ejer cieran el control y vigilancia a su cargo , conllevaba su responsabilidad y la obligación de indemnizar colectivamente a la población.

3. Impugnaciones

La ANM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible recurrieron la decisión del a quo. En resumen, alegaron su falta de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta que dent ro de sus funciones no están las de tomar medidas frente a la explotación minera ilegal, sino que corresponde a las autoridades territoriales accionadas y reprocharon que la decisión de segunda instancia incurrió en defecto fáctico porque:

(i) Se valoró inadecuadamente la prueba aportada por el alcalde del municipio de Río Quito, esto es, el certificado de vecindad , en donde consta que «1381 personas» son las que habitan en dicho ente territorial y no las 7.005 que

de Río Quito, esto es, el certificado de vecindad , en donde consta que «1381 personas» son las que habitan en dicho ente territorial y no las 7.005 que determinó la decisión que conforman el grupo de afectados , por lo que repararon sobre la legitimación en la causa por activa.

(ii) No se demostró el daño material y moral individual de cada una de las 7.005 personas que, según la condena, se determinó que habitan la zona.

(iii) No tuvo en cuenta que l a po blación participó en las actividades de explotación minera ilegal, motivo por el cual, no se acreditó el nexo causal, ni la responsabilidad endilgada a las accionadas por la supuesta omisión en el deber de vigilancia y control.

(iv) Debió declarar la concurrencia de culpas pues, si bien existió un daño ambiental, fue generado por el hecho de terceros. Además, sostuvieron que los propios accionantes se beneficiaron de la explotación minera ilegal.Demandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros Radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01

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4. Fallo de segunda instancia

Previo a exponer la deci sión objeto de las solicitudes de revisión eventual que atañen al presente trámite, resulta necesario mencionar los siguientes antecedentes:

4.1. Decisión judicial de 27 de enero de 2017

Previo a exponer la deci sión objeto de las solicitudes de revisión eventual que atañen al presente trámite, resulta necesario mencionar los siguientes antecedentes:

4.1. Decisión judicial de 27 de enero de 2017

El Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la decisión de pri mer grado. En relación con los cargos que alegaron las impugnantes sobre la falta de legitimación en la causa por activa, el hecho de un tercero, la inexistencia de nexo causal, la falta de prueba de los daños y la concurrencia de culpa s, el ad quem indicó que eran excepciones de mérito que no fueron objeto de debate en la primera instancia, eran argumentos nuevos que no se plantearon en la contestación de la demanda y, por tanto, no abordó su estudio.

A juicio del Tribunal , la explotación minera llevada a cabo en el Río Quito no estuvo sometida a un plan de manejo ambiental y, respecto de la actividad ilegal que era de l conocimiento de las apelantes, no se tomaron medidas efectivas interinstitucionales para evitar el desastre que originó efectos negativos, tanto en los ecosistemas como en los derechos individuales de las comunidades étnicas residentes en el municipio. Concluyó que era dable imputar responsabilidad al extremo pasivo, en la medida en que el daño ambiental por la minería ilegal en el Río Quit o fue consecuencia de la desatención de las competencias legales , consideración con la que se despachó la falta de legitimación alegada.

4.2. Solicitud de revisión eventual de la sentencia de 27 de enero de 2017

Concomitantemente, l a ANDJE y la ANM presentaron solicitud de revisión

despachó la falta de legitimación alegada.

4.2. Solicitud de revisión eventual de la sentencia de 27 de enero de 2017

Concomitantemente, l a ANDJE y la ANM presentaron solicitud de revisión eventual de la sentencia proferida en el 2017 por parte del tribunal. Sin embargo, en providencia de 9 de mayo de 2019, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación decidió « NO SELECCIONAR para revisión la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 27 de enero de 2017», dicho trámite se adelantó con el radicado n.º 27001 -23-31-001-200900224-01, MP. Ramiro Pazos Guerrero.

4.3. Tutela contra la providencia judicial de acción de grupo emitida po r el Tribunal Administrativo del Chocó

La ANM y la ANDJE [en defensa de los intereses del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible] acudieron a la acción de tutela contra providencia judicial, para solicitar la protección del derecho al debido proce so, alegaron que la decisión del Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en los siguientes defectos: (i) procedimental absoluto; (ii) decisión sin motivación; (iii) sustantivo;Demandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros Radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01

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(iv) fáctico; (v) violación directa de la Constitución Política y (vi) desconocimiento del precedente.

En s entencia de 9 de septiembre de 2021 7, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado concedió el amparo al derecho fundamental invocado. En consecuencia, se dejó sin efectos el fallo de 27 de enero de 2017 del Tribunal Administrativo del Chocó y se le ordenó que «profiera un nuevo fallo, dentro de la acción de grupo […] en el que analice todos y cada uno de los argumentos planteados en los recursos de apelación por la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible ». Asimismo, precisó lo siguiente:

En la decisión que habrá de sustituir a la que fue materia del reproche constitucional, el Tribunal deberá ocuparse exhaustivamente de los criterios necesarios para la conformación del grupo, en atención a que los perfiles del caso imponen examinar el posible efecto sobre todas las comunidades ribereñas río abajo y los derechos de las futuras generaciones. Igualmente, el pronunciamiento esperado deberá decidir expresamente sobre los cri terios y requisitos para la pertenencia al grupo, el daño individual que se dice afectó a las víctimas, así como la contribución de la víctima al daño. De la misma manera, el análisis del sentenciador de segunda instancia, deberá comprender el estudio preciso sobre el daño individual padecido y la relación de causalidad con los

víctimas, así como la contribución de la víctima al daño. De la misma manera, el análisis del sentenciador de segunda instancia, deberá comprender el estudio preciso sobre el daño individual padecido y la relación de causalidad con los hechos atribuidos a las demandadas. La certeza del daño, constitutiva de la impugnación, deberá recibir especial atención del juzgador de segunda instancia.

En síntesis, el juez de tutela explicó que los argumentos referentes al hecho de un tercero, la inexistencia de omisión por parte de las condenadas y de pruebas del daño individualizado, así como el de concurrencia de culpas , fueron planteados ampliamente en los recursos de apela ción. Sin embargo, una vez el Tribunal Administrativo del Chocó abordó el estudio del asunto los excluyó expresamente por considerar, de manera errada, que no se podían plantear si no se habían formulado previamente como excepciones de mérito en el momento de contestar la demanda.

A juicio del juez de tutela, en el fallo de grupo de segunda instancia se incurrió en defecto procedimental absoluto al desconocer que, según el artículo 282 del Código General del Proceso (CGP), aplicable a los trámites de las a cciones de grupo, si alguno de los hechos planteados constituye una excepción , corresponde al juez pronunciarse y declararla en cualquier etapa del proceso , inclusive de oficio , salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que debe n alegarse en la contestación de la demanda. Por tanto, como la autoridad judicial no abordó el estudio de los mencionados asuntos, transgredió la garantía constitucional invocada . La decisión de primera instancia fue

que debe n alegarse en la contestación de la demanda. Por tanto, como la autoridad judicial no abordó el estudio de los mencionados asuntos, transgredió la garantía constitucional invocada . La decisión de primera instancia fue

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, radicación n.º 11001-03-15-000-2019-04839-00 - 11001-03-15-000-2019-04968-00 (acumulados), MP. José Roberto Sáchica Méndez.Demandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros Radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01

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confirmada por la Subsección B de la Sección Ter cera en sentencia de 2 de mayo de 20228.

4.4. Sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó en cumplimiento de la orden del juez de tutela

El 27 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Chocó dictó decisión de segunda instancia en la acción de grupo, en cumplimiento a lo ordenado por el juez de tutela. En el nuevo fallo se confirmó9 la sentencia de 3 de marzo de 2016 del Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó que declaró administrativa y patrimonialmente responsables a las enti dades demandadas, por los daños ambientales causados a la cuenca del Río Quito10.

2016 del Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó que declaró administrativa y patrimonialmente responsables a las enti dades demandadas, por los daños ambientales causados a la cuenca del Río Quito10.

Como problema jurídico a resolver , se planteó que consistía en determinar si estaba acreditado el daño antijurídico atribuible a las entidades demandadas

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contenc ioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, MP. Fredy Ibarra Martínez. 9 Para mayor claridad, la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia fue la siguiente: «PRIMERO: ACÁTASE por medio de este proveído lo dispuesto por el Honorable Con sejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección TerceraSubsección A, en la sentencia de tutela del nueve de septiembre de dos mil veintiuno (2021), confirmada mediante sentencia dos (2) de mayo de dos mil veintidós (2022) , proferida por la Sección Tercera - Subsección B, de la misma Corporación, que amparó los derechos fundamentales alegados como vulnerados por este Tribunal.

SEGUNDO: DENIÉGUESE LA NULIDAD planteada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DENIÉGUENSE las excepciones de mérito planteadas por las entidades demandadas en sus escritos de apelación, esto es, falta de legitimación en la causa por pasiva, hecho de un tercero, inexistencia de la omisión e inexistencia de prueba del daño y concurrencia de culpa, lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

inexistencia de la omisión e inexistencia de prueba del daño y concurrencia de culpa, lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia No. 024 del 3 de marzo de 2016, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, dentro del proceso promovido por CRISTOBAL MENA C Y OTROS contra El Municipio del Río Quito y Otros, que accedió a las súplicas de la demanda.

QUINTO: CONDENESE EN COSTAS de segunda i nstancia a las entidades demandadas Agencia Nacional de Minería y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en suma equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

SEXTO: Ejecutoriada está providencia devuélvase el expediente al Juz gado de origen, archívese el expediente y cancélese su radicación.

SÉPTIMO: INFÓRMESE esta decisión al H. Consejo de Estado -Sección Tercera - Subsección A y ENVÍESE copia de esta providencia a la H. Corte Constitucional, donde debe estar surtiéndose la eventual revisión de la Acción de Tutela radicada bajo el número : 11001-03-15-000-2019-04839-00, 11001-03-15000-2019-04968-00 (Acumulados) Demandante: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y otro, Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro» [se transcribe tal cual incluso con posibles errores]. 10 El municipio de Río Quito apeló la decisión de 3 de marzo de 2016 del Juzgado Primero Administrativo

Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro» [se transcribe tal cual incluso con posibles errores]. 10 El municipio de Río Quito apeló la decisión de 3 de marzo de 2016 del Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó . Sin embargo, el profesional del derecho que indicó representar al municipio no ap ortó poder conforme las previsiones del artículo 74 del CGP. Por tanto, pese a que la autoridad judicial de segunda instancia requirió sanear la irregularidad y, con ello, tener por acreditada en debida forma la representación judicial del ente territorial , dicho defecto no fue corregido y, en consecuencia, no se tomaron en cuenta los argumentos del escrito presentado.

A su turno, CODECHOCÓ y la ANDJE, también impugnaron la sentencia de primera instancia . No obstante, sus memoriales fueron radicados extemp oráneamente y, en consecuencia, sus argumentos no fueron abordados por parte del Tribunal. Asimismo, la ANDJE propuso incidente de nulidad por falta de competencia del juez de primera instancia para tramitar la acción de grupo, acorde con lo dispuesto en el artículo 152, numeral 16, del CPACA. Sin embargo, en la sentencia objeto de revisión no se decretó la nulidad porque la solicitud fue presentada en fecha posterior a la adopción de la sentencia de primera instancia y la admisión de los recursos presentados contra ella y, en todo caso, la entidad se basó en normativa no aplicable al asunto, dado que el proceso inició en el año 2009, es decir, en vigencia el Código Contencioso Administrativo (CCA), en cuyo artículo 51 previo que las acciones de grupo sería n de conocimiento, en primera instancia, por los jueces administrativos.Demandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros

cuyo artículo 51 previo que las acciones de grupo sería n de conocimiento, en primera instancia, por los jueces administrativos.Demandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros Radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01

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por su presunta omi sión en el ejercicio de sus competencias misionales tendientes a impedir la contaminación y deterioro ambiental en la cuenca del Río Quito; si de acreditarse ese hecho, había lugar a ordenar indemnización en favor de las víctimas que dem ostraran tal condición o si , por el contrario, en el expediente se configuraba alguna de las causales ex imentes de responsabilidad alegadas en los recursos de apelación de la ANM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , tales como la falta de legitimación en la causa [activa y pasiva]; el hecho de un tercero ; la inexistencia de omisión y de prueba del daño ; y la posible concurrencia de culpa de las víctimas en la producción del mismo.

Para desarrollar el problema jurídico, en primer lugar, el ad quem indicó que las apelantes confund ían la diferencia conceptual entre daño y perjuicio 11, toda vez que alegaron la inexistencia del primero. Por tanto, citó a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado para clarificar los conceptos 12.

A partir d el material probatorio que tuvo en cuenta el a quo , la segunda

vez que alegaron la inexistencia del primero. Por tanto, citó a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado para clarificar los conceptos 12.

A partir d el material probatorio que tuvo en cuenta el a quo , la segunda instancia sostuvo que el daño antijurídico resultaba innegable en el caso concreto. Seguidamente, en cuanto a los argumentos de las apelantes atinentes a que el monto de la condena resultó a favor de 7005 personas sin tener en cuenta el certificado de vecindad que indica que «1381» personas son los habitantes de dicho ente territorial y, que no se valoró si efectivamente existió una afectación a ese número de sujetos, sino que se hizo «una presunción judicial» a partir de la cual, si la persona residía en el municipio tenía derecho a la indemnización pecuniaria , está última aseveración con la que también se fundamentó la excepción de falta de legitimación por activa . L a autoridad judicial de segunda in stancia desestimó las alegaciones mencionadas con las siguientes consideraciones:

[E]l a quo no afirmó que el grupo estuviera conformado por 7005 personas sino que tomó ese dato a falta de prueba directa que determinara el grupo, pero para establecer la suma ponderada de la indemnización colectiva, como lo exige el artículo 65 de la ley 472 de 1998, sin que haya dicho que ese fuese el número

11 Según se indicó en la sentencia, la antijuridicidad del daño no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad de este por parte de la víctima. Al respecto, el tribunal citó « 51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad de este por parte de la víctima. Al respecto, el tribu