CE - 29 Sentencia SENTENCIA 520240537700JOSEALBE 0 20241128172511955

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05377-00

Demandante: José Albeiro Aldana Bernal

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-05377-00

Demandante: JOSÉ ALBEIRO ALDANA BERNAL

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C Temas: Debido proceso y acceso a la administración de justicia. Pago de cesantías definitivas a docente. Prescripción extintiva del derecho.

Relevancia constitucional. Insuficiencia de carga argumentativa. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por el s eñor José Albeiro Aldana Bernal, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 4 de octubre de 2024 1, el señor José Albeiro Aldana Bernal, actuando a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por considerar vulnerados sus

de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con la sentencia de segunda instancia del 4 de septiembre de 2024 dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-35-022-202300285-00/01.En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “[…]

1. Que se AMPARE el derecho fundamental y constitucional al DEBIDO PROCESO del señor JOSÉ ALBEIRO ALDANA BERNAL respecto de la providencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SECCIÓN SEG UNDA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “C” el 4 de septiembre de 2024 bajo el radicado No. 110013335 -022-202300285-01.

2. Que en consecuencia, se DEJE SIN EFECTOS providencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SECCIÓN SEGUNDA SECCIÓN SEGUNDA SUB-SECCIÓN “C” el 4 de septiembre de 2024 bajo el radicado No. 110013335-022-2023-00285-01, por ser violatorio del derecho al DEBIDO PROCESO de JOSÉ ALBEIRO ALDANA BERNAL.

3. Ordene la protección de otros derechos no invocados en la presente acción y que usted considere están siendo violados, amenazados o vulnerados.”

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 25 de julio de 2023, el señor José Albeiro Aldana Bernal radicó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 25 de julio de 2023, el señor José Albeiro Aldana Bernal radicó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG y Fiduciaria La Previsora S.A., con la finalidad de que se declarara la nulidad de la Resolución BOG202301324, mediante la

1 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05377-00

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual se le negó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de la normatividad aplicable Ley 65 de 1946, Decreto 1160 de 1947, Ley 91 de 1989, Ley 244 de 1995, Ley 1071 de 2006, Ley 344/1996 y Decreto 1272 de 2018, y solicitó el pago de las cesantías del periodo 2017 a 2019 junto con la correspondiente moratoria. 2.2. El mencionado proceso le correspondió por reparto al Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, bajo el radicado Nro. 11001 -3335-022-2023-00285-00, el cual mediante providencia del 8 de abril de 2024 dictó sentencia negando las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos: “Primero: DECLARAR probadas las excepciones denominadas “PRESCRIPCIÓN” y

dictó sentencia negando las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos: “Primero: DECLARAR probadas las excepciones denominadas “PRESCRIPCIÓN” y “COBRO DE LO NO DEBIDO” , propuestas en las contestaciones de la demanda adosadas por la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –FOMAGy por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ , acorde con las razones vertidas en la audiencia, que se podrán constatar en la videograbación.

Segundo: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme los argumentos expuestos en esta audiencia, que se podrán verificar en la videograbación.

Tercero: NO CONDENAR en costas procesales, atendiendo lo establecido en el numeral 8º del artículo 365 del C.G.P., en concordancia con lo previsto en el inciso 2º del artículo 188 del C.P.A.C.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la pres ente sentencia, pudiéndose constatar lo pertinente en la respectiva videograbación. […]” 2.3. Contra el fallo de primera instancia la parte demandante presentó recurso de apelación en el que solicitó que se revocara la sentencia del 8 de abril de 2024 y que se accediera a “[…] las pretensiones de la demanda, con excepción a la declarativa tercera y pretensión condenatoria segunda a la que se renunció en audiencia del 08 de abril de 2024.[…]”. Este recurso le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el cual mediante providencia del 12 de julio de 2024 lo admitió. 2.4. El 4 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el cual mediante providencia del 12 de julio de 2024 lo admitió. 2.4. El 4 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia de segunda instancia confirmando la decisión del Juzgado, así: “PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024), por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de la Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, que declaró probadas las excepciones de prescripción y cobro de lo no debido, y negó las pretensiones de la demanda , dentro del proceso promovido por el señor José Albeiro Aldana Bernal contra la Nación — Ministerio de Educación Nacional — Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio — Fiduciaria La Previsora y como litisconsorte necesario la Secretaría de Educación de Bogotá. SEGUNDO.- Sin condena en costas.”

3. Fundamentos de la acción El actor en el escrito de tutela mencionó que cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, para ello puntualizó

cada uno de ellos así: (i) Relevancia constitucional, se encuentra cumplido pues se discute la vulneración del derecho al debido proceso dada la errada aplicación de las normas procedimentales pues el Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá manifestó: “[…] Desconociendo por completo que se probó en el recurso de reposición que efectivamente el correo electrónico que contenía la contestación y sus anexos si fue enviado, incluso el despacho accionado no intenta analizar si la razón por la que dicho

manifestó: “[…] Desconociendo por completo que se probó en el recurso de reposición que efectivamente el correo electrónico que contenía la contestación y sus anexos si fue enviado, incluso el despacho accionado no intenta analizar si la razón por la que dicho correo electrónico no se encuentra en sus bandejas se debe a una falla tecnológica, que dicho sea de paso, no se le puede endilgar a mi representada, por el contrario, solo indica que al no verlo reflejado en sus bandejas se da por no contestada la demanda. […]”.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05377-00

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y e xtraordinarios de defensa, al respecto manifestó que al haberse presentado el recurso de reposición contra la providencia del 28 de febrero de 2023 dentro del radicado Nro. 2022-00490, se agotaron los recursos que se tenían pues “[…] el juzgado el 26 de ju lio de 2023 decidió NO REPONER ante esta decisión no procede recurso alguno, se entiende que fueron agotados todos y cada uno de los medios de defensa […]”. Añadió que, el despacho resolvió el recurso sin tener en cuenta el cotejo de los correos enviados. A su vez, manifestó que en el recurso presentado contra la sentencia del 8 de abril de 2024 se observa que el funcionario del despacho concluyó que: “[…] tratándose de cesantías definitivas de servidores públicos, estás no pueden sustraerse

A su vez, manifestó que en el recurso presentado contra la sentencia del 8 de abril de 2024 se observa que el funcionario del despacho concluyó que: “[…] tratándose de cesantías definitivas de servidores públicos, estás no pueden sustraerse de verse afectadas por el fenómeno de la prescripción extintiva”. (iii) Que la acción se interponga en un término razonable y proporcional, mencionó que desde que se negó el recurso de reposición sólo han transcurrido 2 meses, por lo que no se ha vencido el plazo de los 6 meses. (iv) Que la irregularidad procesal alegada tenga un impacto decisivo en el contenido de la decisión, señaló que tanto el juzgado como el tribunal incurrieron en un exceso ritual manifiesto en el “[…] proceso ejecutivo de mínima cuantía con garantía rea l bajo el radicado Nro. 2022 -00490 […]”, como cuando el juzgado “[…] no recepciona la contestación de la demanda afecta el derecho de defensa intrínseco […]” (v) Que se identificaran los hechos constitutivos de la vulneración, y que de ser posible se hubieran alegado durante el proceso judicial en las oportunidades debidas, indicó que se dio vulneración del derecho al debido proceso y que los hechos fueron identificados en el acápite de hechos. (vi) Que no se trate de una sentencia de tutela, manifestó que cuestiona los fallos dictados por el Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dado que se vulneró el debido proceso de “[…] la parte ejecutante del proceso ejecutivo se encuentra este extremo que la decisión demandada, se encuentra generando un perjuicio irremediable”.

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dado que se vulneró el debido proceso de “[…] la parte ejecutante del proceso ejecutivo se encuentra este extremo que la decisión demandada, se encuentra generando un perjuicio irremediable”. Luego expuso la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y para sustentarlo citó el artículo 29 de la Constitución Política, los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y las sentencias C-131 de 2002, T-647 de 2013 y C-210 de 2021 de la Corte Constitucional. En el escrito de subsanación aportado, se indicó que las providencias cuestionadas incurren en un defecto por decisión sin motivación y en un defecto por desconocimiento del precedente, por las siguientes razones: 3.1. Defecto por decisión sin motivación: Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dictó el fallo de segunda instancia sin una debida motivación dado que no argumentó porque no se consideraron las pruebas presentadas con la demanda, pues el señor Aldana Bernal tiene derecho a conocer los motivo s por los cuales sus pruebas y fundamentos no fueron tenidos en cuenta o de igual manera las razones para separarse del precedente. Como fundamento citó la sentencia T-714 de 2006 y T -1191 de 2004 para resaltar que la falta de motivación en una decisión judicial genera indefensión y afecta directamente la confianza legítima en el sistema. 3.2. Defecto por desconocimiento del precedente: Manifestó que el Tribunal

y T -1191 de 2004 para resaltar que la falta de motivación en una decisión judicial genera indefensión y afecta directamente la confianza legítima en el sistema. 3.2. Defecto por desconocimiento del precedente: Manifestó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C al dictar laRadicado: 11001-03-15-000-2024-05377-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sentencia omitió precedent es jurisprudenciales relevantes sobre el debido proceso y la correcta valoración de las pruebas. Añadió que “[…] El accionante podría argumentar que la falta de consideración de los precedentes constitucionales sobre el derecho de defensa y el debido proceso, específicamente en cuanto a la valoración de pruebas, constituye un desconocimiento del precedente vinculante.”. Como fundamento de este defecto citó las sentencias SU -047 de 1999 y T -292 de 2006, para indicar la importancia de respetar los precedentes para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En providencia del 11 de octubre de 2024 2, el despacho ponente requirió al accionante para que allegara el poder especial que legitimara al señor Óscar Darío Bejarano Obregón para representarlo, y para que indicara de manera clara cómo se configuraban en este caso los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Requerimiento que fue subsanado mediante memorial del 17 de octubre de 20243.

clara cómo se configuraban en este caso los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Requerimiento que fue subsanado mediante memorial del 17 de octubre de 20243. 4.2. Con auto del 31 de octubre de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela interpuesta por el señor José Albeiro Aldana Bernal contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C; en calidad de terceros con interés se vinculó al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, a la Fiduciaria La Previsora S.A. y a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, y al Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá; se ofició al Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá para que remitiera copia del expediente Nro. 11001-33-35-022-2023-00285-00/01; se reconoció personería al abogado Óscar Ricardo Llorente Pérez; y se dispuso a efectuar las notificacio nes correspondientes. 4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C4, rindió informe en el que manifestó que en la providencia del 4 de septiembre de 2024 se encuentran consignados los argumentos que llevaron a tomar la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia del 8 de abril de 2024 que declaró probadas las excepciones de prescripción y cobro de lo no debido y por consiguiente negó las pretensiones de la demanda. De otro lado, señaló que en este caso no se config uran los requisitos dispuestos por la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de

cobro de lo no debido y por consiguiente negó las pretensiones de la demanda. De otro lado, señaló que en este caso no se config uran los requisitos dispuestos por la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, sino que lo pretendido por el actor es que se surta una tercera instancia. Manifestó que la acción de tutela es improcedente cuando lo pretendido es resolver discrepancias sobre interpretación y aplicación normativa, más aún si la Sala aplicó la jurisprudencia vigente para el asunto. Como fundamento trajo a colación la sentencia T-156 del 5 de marzo de 2010. 4.4. El Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá5 manifestó que allí cursó la primera instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001 -33-35-022-2023-00285-00 adelantado por el señor José Albeiro Aldana Bernal contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, Fiduciaria la Previsora S.A. y la Secretaría de Educación de Bogotá. Que mediante auto del 5 de septiembre de 2023 se admitió la demanda y con

2 Samai, índice 4. 3 Samai, índice 8 y 9. 4 Samai, índice 15. 5 Samai, índice 16.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05377-00

Demandante: José Albeiro Aldana Bernal

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co posterioridad se recibieron las oposiciones a las pretensiones y los argumentos de defensa.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co posterioridad se recibieron las oposiciones a las pretensiones y los argumentos de defensa. Señaló que el 8 de abril de 2024 se dictó la sentencia de primera instancia en la que se resolvió declarar probadas las excepciones denominadas “prescripción” y “cobro de lo no debido” propuestas en la contestación de la demanda y se negaron las pretensiones de la demanda. Con escrito del 15 de abril de 2024 el apoderado judicial de la parte demandante sustentó el recurso de apelación, por lo que el 14 de junio de 2024 se concedió el recurso. El expediente le fue repartido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, quien en sentencia de segunda instancia confirmó lo decidido por el juzgado. Puso de presente que todas las actuaciones procesales y decisiones tomadas dentro del medio de control se realizaron conforme a derecho y sin poner en riesgo los derechos fundamentales del tutelante. Y señaló que la acción de tutela es procedente cuando exista una arbitrariedad judicial o se violen te las garantías del debido proceso lo que no ocurre en este caso. Por lo que, solicitó tener en cuenta los argumentos expuestos en el fallo de primera instancia, para ello adjuntó copia del expediente y el enlace de consulta en Samai. 4.5. La Fiduprevisora S.A.6 señaló que el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales exige que se fundamenten las causales genéricas y específicas de procedibilidad, las cuales no están llamadas a ser deducidas

4.5. La Fiduprevisora S.A.6 señaló que el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales exige que se fundamenten las causales genéricas y específicas de procedibilidad, las cuales no están llamadas a ser deducidas por el juez de tutela, de ahí que la argumentación del hoy accionante es exigua en relación con dichas causales. Añadió que, las pretensiones de esta acción están dirigidas al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por lo que de la lectura del escrito de tutela no se advierte que pueda existir una actuación u omisión de parte de la Fi duprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG que vulnere los derechos fundamentales del señor Aldana Bernal. En consecuencia, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela y a su vez, se le desvinculara de la acción al no tener legitimación en la causa por pasiva pues no existe vulneración de derechos fundamentales en su actuar como vocera del patrimonio autónoma FOMAG. 4.6. La Secretaría de Educación del Distrito7 indicó que quien debe atender las pretensiones del accionante es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, al tener relación directa con los hechos y la presunta vulneración de los derechos fundamentales. Igualmente, dentro del escrito de tutela no se encontró algún reproche a la actuación u omisión de la Secretaría de Educación del Distrito que genere afectación a los derechos del accionante pues la discusión se centra en situaciones específicas de legalidad, así como a la aplicación de las normas que regulan la materia.

Secretaría de Educación del Distrito que genere afectación a los derechos del accionante pues la discusión se centra en situaciones específicas de legalidad, así como a la aplicación de las normas que regulan la materia. Dijo que, si bien actuó como parte pasiva en el medio de control, también lo es que su actuación en el mismo fue conforme a derecho, sin que ello conllevara a que se diera lugar a esta acción de tutela. Manifestó que en este caso no se cumple con ninguno de los requisitos específicos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que sea procedente la acción de tutela, por el contrario, se pretende revivir en sede de

6 Samai, índice 17. 7 Samai, índice 18.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05377-00

Demandante: José Albeiro Aldana Bernal

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tutela la decisión que tomó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por ello pidió que se declarara improcedente la presente acción. 4.7. El Ministerio de Educación Nacional8 señaló que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional, por esta razón la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no comporta una violación a los derechos fundamentales del accionante, pues su actuar respondió a la legítima i nterpretación judicial que realizó del asunto sometido a su consideración y la teoría que propone la parte accionante no es aceptada como criterio de unificación pues se encuentra pendiente de ser decidido por la jurisdicción contencioso administrativa.

sometido a su consideración y la teoría que propone la parte accionante no es aceptada como criterio de unificación pues se encuentra pendiente de ser decidido por la jurisdicción contencioso administrativa. Resolver la aplicación de la norma pretendida vía tutela comporta una violación a la independencia y autonomía judicial. Consideró que no es posible aplicar al caso la sentencia SU 098 de 2018 como lo propone el accionante, pues las reglas allí aplicadas no coinciden con la pretensión de esta acción. Pero si se comparte el criterio establecido en la SU 573 de 2019, pues se estableció la improcedencia de la mencionada norma cuando los docentes sí se encontraban afiliados al FOMAG. En ese orden, la denuncia de la parte accionante acerca de la supuesta violación a sus derechos fundamentales por las decisiones adoptadas por el tribunal accionado se aleja de la vocación de prosperidad en tanto los presupuestos de hecho que este alega no se ajustan a los parámet ros establecidos en la SU 098 de 2018, sino que se acercan a los de la SU 573 de 2019. De otro lado, resaltó que en el caso concreto no se evidencia alguna vulneración de derechos del accionante, por lo que nos encontramos ante una inminente causal de improcedencia de la acción.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 9, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las

reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 9, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos

8 Samai, índice 21. 9 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05377-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co generales10 y especiales11 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

www.consejodeestado.gov.co generales10 y especiales11 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 12 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico De acuerdo con los antecedentes, las pretensiones de la acción de tutela y por tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala determinar si la acción interpuesta por el señor José Albeiro Aldana Bernal cumple a cabalidad con las causales generales de procedibilidad de la ac ción de tutela contra providencia judicial, particularmente la relevancia constitucional.

Sólo en caso de superar dicho análisis, se determinará si en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001 -33-35-022-2023-0028500/01, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión a la sentencia de segunda instancia del 4

de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001 -33-35-022-2023-0028500/01, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión a la sentencia de segunda instancia del 4 de septiembre de 2024, respecto de la cual el accionante manifiesta que incurrió en un defecto por decisión sin motivación y por desconocimiento del precedente.

4. Alcance del requisito de relevancia constitucional La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia c onstitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la sentencia T - 248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

10 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado

10 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 11 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido, (vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por des conocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa de la Constitución. 12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05377-00

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues