CE - 3520240238600YEDNIQU 0 20240620143905322

Demandante: Yedni Quiñones Patiño Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-02386-00

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-02386-00 Demandante: YEDNI QUIÑONES PATIÑO Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no superar el requisito de relevancia constitucional SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la solicitud de amparo interpuesta por la señora Yedni Quiñones Patiño contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991. I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda Mediante escrito presentado el 14 de mayo de 20241, la señora Yedni Quiñones Patiño, por medio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y «a la reparación de las víctimas de un hecho imputable a la administración». La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 9 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar que confirmó la providencia del 15 de septiembre de 2020 dictada por el Juzgado

a la administración». La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 9 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar que confirmó la providencia del 15 de septiembre de 2020 dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, al 1 Acción de tutela promovida a través del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,Demandante: Yedni Quiñones Patiño Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-02386-00

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interior del medio de control de reparación directa ejercido por la actora y otros2 contra el municipio de Aguachica (Cesar) y la Empresa de Servicios Públicos de Aguachica E.S.P., identificado con el radicado 20001-33-33-004-2016-00122-00/01. 1.2. Pretensiones Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió: […] SEGUNDO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Valledupar, que dentro del término que para el efecto se señale, dictar la sentencia de remplazo, por medio de la cual, se revoque la de primer grado proferida en el proceso de reparación directa incoado YEDNI QUIÑONES PATIÑO y Otros, radicado número 20-001-33-33-004-2016-00122-01, y se declare la responsabilidad administrativa y patrimonial al Municipio de Aguachica – Cesar y La Empresa de Servicios Públicos de Aguachica - Cesar, conforme a los lineamientos que su señoría indique en el fallo que conceda este amparo constitucional3. 1.3. Hechos La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará: El 2 de mayo de 2014, la menor Sara Sofía Gutiérrez Quiñones cayó accidentalmente en un drenaje de aguas lluvia que se encontraba sin rejilla, en la vía pública del casco urbano del municipio de Aguachica (Cesar), ocasionándole múltiples lesiones en su cuerpo. Por tanto, la señora Yedni Quiñones Patiño, en calidad de madre de la menor, junto con otros familiares interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el municipio de Aguachica (Cesar) y la Empresa de Servicios

múltiples lesiones en su cuerpo. Por tanto, la señora Yedni Quiñones Patiño, en calidad de madre de la menor, junto con otros familiares interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el municipio de Aguachica (Cesar) y la Empresa de Servicios Públicos de Aguachica E.S.P., en la que solicitaron que se declararan administrativa y patrimonialmente responsables a las accionadas y las condenaran al pago de los perjuicios materiales e inmateriales causados. En primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar en sentencia del 15 de septiembre de 2020, declaró probada las excepciones de «falta de nexo causal del daño, hecho de un tercero, falta de imputación, 2 La demanda fue presentada por Yedni Quiñones Patiño en nombre propio y representación de sus hijas menores Sara Sofía Gutiérrez Quiñones y Valerie Vargas Quiñones; Jaider Gutiérrez Santana y Carmen María Patiño Gaona. 3 Transcripción literal que puede contener errores.Demandante: Yedni Quiñones Patiño Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-02386-00

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responsabilidad del ente territorial y de pruebas propuestas por el extremo activo». Además, negó las pretensiones de la demanda. El caso fue analizado bajo la óptica del régimen subjetivo de la falla en el servicio, que permitió concluir que: […] antes de presentarse el mencionado accidente hubo un primer hecho que provocó el segundo, esto es, el actuar imprudente, desmedido e irresponsable de los moradores del lugar, quienes levantaron la referida tapa de seguridad que tenía el sistema de alcantarillado pluvial, tal vez con el propósito de ampliar su capacidad para recolectar agua en temporadas de lluvia, como lo expone una de las accionadas. […] al no estar probado que las autoridades accionadas encargadas de prestar el servicio de alcantarillado tenían conocimiento de las condiciones en que se encontraba el canal recolector de aguas lluvias y que teniendo ese conocimiento no ejecutaron las medidas necesarias para remediar dicha falencia y que esa fue la causa que generó el accidente que sufrió la niña Sara Sofía Gutiérrez Quiñones, no es posible atribuirles el daño causado a la menor. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Cesar por medio de fallo del 9 de noviembre de 2023 confirmó la decisión del a quo, tras considerar que: […] aunque la menor afectada, padeció lesiones físicas al caer en el canal pluvial antes referido, tal situación no da lugar a la declaratoria automática de responsabilidad patrimonial de las demandadas, pues, para que esta sea procedente, no basta con acreditar la existencia del daño, sino que (como se señaló en precedencia) se debe demostrar, la falla

en la que se alega incurrieron las accionadas; v.gr. la inobservancia de la administración a las presuntas quejas que realizó la comunidad por las condiciones en las que se encontraba dicho canal y -como se ha mencionado a lo largo de este proveídola falla en el servicio, en la que incurrieron las demandas al incumplir el deber legal que les asistía. Dicha providencia fue notificada personalmente el 14 de noviembre de 2023. 1.4. Fundamentos de la vulneración El apoderado judicial de la accionante expuso que en el fallo del 9 de noviembre de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar se configuró un defecto por desconocimiento del precedente, al no aplicar la sentencia del 19 de abril de 2012 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera en la que reiteró el contenido del artículo 90 de la Carta Política que explica que la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento i) la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y ii) la imputación del mismo a la administración pública tanto por acción, como por la omisión de un deber normativo. En la misma decisión se expuso que en la imputación jurídica se debe determinarDemandante: Yedni Quiñones Patiño Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-02386-00

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la atribución conforme a un deber jurídico «(que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial, -desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional)». Asimismo, puso de presente que en la providencia del 8 de julio de 2013, el Consejo de Estado, Sección Tercera4 aclaró que cuando se incumple el deber de mantenimiento de los conductos o sumideros que integran la infraestructura o red de alcantarillado se incurre en una falla del servicio imputable a la empresa de servicios públicos domiciliarios. En consecuencia, manifestó que el caso concreto debió estudiarse a la luz de la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, a título de falla en el servicio. Por otro lado, sostuvo que el tribunal incurrió en un defecto fáctico por la incorrecta valoración de las pruebas. De forma específica mencionó los siguientes testimonios: 1. Jaider Gaitán Gonzáles: Se le debió dar prevalencia a su testimonio, ya que fue una de las personas que socorrió a la menor al momento del accidente y narró cómo sucedió. El ciudadano adujo que «[…] esta problemática estaba informada por el presidente de la junta comunal y habitantes del barrio al municipio ya que con anterioridad se había presentado otros casos similares, pero sin consecuencias graves. […] además la visibilidad en ese sector es nula porque tiene poca iluminación, elemento con figurante al grado de responsabilidad del MUNICIPIO DE AGUACHICA al ser un peligro latente a cualquier tipo de persona que transita por allí5». 2. Lubin Edgardo Obregón: En su condición de operario de la empresa de servicios públicos señaló que en la revisión técnica que realizó al sitio del accidente en diciembre de 2017

al ser un peligro latente a cualquier tipo de persona que transita por allí5». 2. Lubin Edgardo Obregón: En su condición de operario de la empresa de servicios públicos señaló que en la revisión técnica que realizó al sitio del accidente en diciembre de 2017 (3 años después del suceso), aún se encontraba el ducto sin la rejilla correspondiente. Demostrando que se seguían presentando problemas en la prestación del servicio. 3. Roberto Lince Rocha: El funcionario del municipio de Aguachica, en su declaración explicó que el ente territorial era el encargado de realizar el 4 Radicado: 25000-23-26-000-2001-00979-01. «Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público. Las empresas serán, en todo caso, responsables por todos los daños y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación de sus redes». 5 Transcripción literal que puede contener errores.Demandante: Yedni Quiñones Patiño Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-02386-00

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mantenimiento de las rejillas, especialmente en la temporada de lluvias. 1.5. Trámite de la acción de tutela El 23 de mayo de 2024, la magistrada ponente admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y, como parte demandada, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cesar y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar6. Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado del proceso, de los señores Jaider Gutiérrez Santana, Sara Sofía Gutiérrez Quiñones, Valery Vargas Quiñones y Carmen Patiño Gaona «parte demandante», así como al municipio de Aguachica (Cesar), a la Empresa de Servicios Públicos de Aguachica E.S.P. «parte demandada», y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado «tercero interviniente» en el medio de control de reparación directa, identificado con el radicado 20001-33-33-004-2016-00122-00/017. Además, le reconoció personería para actuar al abogado Jorge Mario Martínez Navarro, en calidad de apoderado judicial de la señora Yedni Quiñones Patiño. 1.6. Intervenciones Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes: 1.6.1. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado En documento allegado el 28 de mayo del presente año, la jefe de la oficina asesora jurídica de la entidad indicó que, ninguno de los hechos que fundamenta el reclamo es atribuible a la Agencia, razón por la que solicitó la desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva. 1.6.2. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar Mediante memorial del 28 de mayo del año en curso, el juez de primera instancia

la Agencia, razón por la que solicitó la desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva. 1.6.2. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar Mediante memorial del 28 de mayo del año en curso, el juez de primera instancia 6 Índice 7 de Samai. La notificación fue remitida a: jadmin04vup@notificacionesrj.gov.co; j04admvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadmincsr@notificacionesrj.gov.co; sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co; tutelastacsr@cendoj.ramajudicial.gov.co; 7 Índice 7 y 12 de Samai. La notificación fue realizada en los siguientes buzones web: eljork100@hotmail.com; espa-aguachica-cesar@hotmail.com; contactenos@esp-aguachica-cesar.gov.co; notificacionjudicial@aguachica-cesar.gov.co; jaidergutierrez006@gmail.com; vargasvalerie@gmail.com; patiñogaonac@gmail.com; 24saraqg@gmail.com.Demandante: Yedni Quiñones Patiño Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-02386-00

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del medio de control realizó un recuento de los hechos sucedidos en el trámite de la referencia y sostuvo que el análisis realizado en el caso fue riguroso, detallado y bajo los criterios de la sana crítica de las pruebas obrantes en el expediente, que llevó a concluir que la parte accionante no cumplió con la obligación de probar los hechos alegados en la demanda. En consecuencia, mencionó que no se han vulnerado los derechos fundamentales de la tutelante. Pese a que el Tribunal Administrativo del Cesar; los señores Jaider Gutiérrez Santana, Sara Sofía Gutiérrez Quiñones, Valery Vargas Quiñones, Carmen Patiño Gaona; el municipio de Aguachica (Cesar), y la Empresa de Servicios Públicos de Aguachica E.S.P., fueron notificados en debida forma, guardaron silencio. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Competencia El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por la señora Yedni Quiñones Patiño de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 11 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1. º del Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar. 2.2. Solicitud de desvinculación La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó la desvinculación del presente trámite, pues a su juicio,

carece de legitimación en la causa por pasiva. Dicha petición será negada, en tanto, la vinculación al proceso se realizó en calidad de tercero, y no como la autoridad contra la cual se encuentra dirigido el reparo señalado por la parte actora, en atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite. 2.3. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: • ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial? De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:Demandante: Yedni Quiñones Patiño Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-02386-00

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• ¿El Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente en la sentencia del 9 de noviembre de 2023? Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es procedente, y (iii) el estudio del caso concreto. 2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20128 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema9 y declaró su procedencia10. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud

y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 10 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».Demandante: Yedni Quiñones Patiño Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-02386-00

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natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia. 2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad 2.5.1. Relevancia constitucional Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional puesto que no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202211. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial: […] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para: […] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son

probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para: […] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes: […] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos 11 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandante: Yedni Quiñones Patiño Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-02386-00

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adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal12 (Énfasis de la Sala). De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes: En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico13; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional14. […] En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica. […] Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal15”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales16”. En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental. […] Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto17, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación

judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal18. (Resaltado de la Sala) Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la 12 Sentencia SU-573 de 2019. 13 Sentencia SU-103 de 2022. 14 Sentencia SU-103 de 2022. 15 Sentencia SU-103 de 2022. 16 Sentencia SU-128 de 2021. 17 Sentencia SU-573 de 2019. 18 Ibid.Demandante: Yedni Quiñones Patiño Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-02386-00

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Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados. 2.6. Caso concreto La señora Yedni Quiñones Patiño solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y «a la reparación de las víctimas de un hecho imputable a la administración», presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 9 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar que confirmó la providencia del 15 de septiembre de 2020 dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, al interior del medio de control de reparación directa. La actora adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente y fáctico, en atención a que no se estudió el caso concreto a la luz de la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, a título de falla en el servicio, ni se valoraron adecuadamente las declaraciones de los señores Jaider Gaitán Gonzáles, Lubin Edgardo Obregón y Roberto Lince Rocha. De la revisión

del recurso de apelación presentado en el medio de control se evidencia que la parte actora se encuentra reiterando los mismos argumentos que ya fueron analizados por el juez de instancia. En ese sentido, se observó que la señora Quiñones Patiño debatió que el daño causado era imputable a las demandadas a título de falla en el servicio y que el juez de primera instancia no examinó con detenimiento las pruebas obrantes en el expediente. Para empezar, en el fallo enjuiciado, el tribunal explicó que el régimen de responsabilidad aplicable al caso era el subjetivo bajo el título de imputación de falla en el servicio, toda vez que el daño alegado emanaba de una presunta omisión o negligencia de las accionadas del deber legal que les asistía. Seguido de ello, la autoridad accionada recordó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que el Estado está obligado a realizar las laboresDemandante: Yedni Quiñones Patiño Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-02386-00

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necesarias para cumplir con el sostenimiento de la red vial, de manera que deberá responder en unos eventos determinados19. De conformidad con dicha aseveración, especificó que para que se pudiera declarar la responsabilidad de la administración debía acreditarse además del daño, la acción u omisión en que pudo haber incurrido está en su deber de mantenimiento de la malla vial o el sistema de alcantarillado y el nexo causal entre aquel y ésta. Puntualmente adujo que «[…] la demostración de la existencia de una alcantarilla sin tapa no es, por sí sola, suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado». En lo referente a las declaraciones recibidas en el proceso, manifestó que en la audiencia de pruebas practicada fueron escuchados «[…] los señores Jaider Guitan, Luz Pérez, Yedny Quiñonez, Edgardo Llain, Omar Silva, Luis Acosta y Roberto Linche Rocha […]». Sobre estos señaló que rindieron los respectivos informes, donde detallaron el estado general de la alcantarilla donde ocurrió el accidente, sin que fuera posible establecer que las entidades accionadas incurrieron en una falla del servicio, por omisión del deber de realizar el mantenimiento a la red de alcantarillado. Asimismo, el Tribunal Administrativo del Cesar puso de presente que en dichos testimonios los ciudadanos «[…] dieron fe de las circunstancias en que ocurrieron los hechos y aseguraron que, la administración tenía conocimiento de las condiciones del canal de aguas lluvias, pues, en reiteradas ocasiones la comunidad presentó quejas por ese motivo -de las cuales no hay constancia en el sub lite-; y que, aunque las entidades prestadoras de dicho servicio conocían la condición del sistema pluvial, nunca se realizó un mantenimiento al mismo». No obstante, posteriormente, la Corporación advirtió que «[…] aunque en la demanda se manifestó que la comunidad había puesto quejas a la administración por las condiciones de la alcantarilla o canal de aguas

dicho servicio conocían la condición de