CE - 36 Sentencia 39642022PRIMAESPECIA 0 20241218124353711

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CONJUEZ PONENTE: CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS

Bogotá D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Radicación: 730012333000201600785 02 (3964-2022)

Demandante: FERNANDO CASTILLA ALDANA Y OTROS1

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Tema: Apelación sentencia – Pima de servicios 30%

Procede la Sala de Conjueces a resolver el recurso de apelación, interpuesto tanto por la parte demandante como demandada, contra la sentencia del 1 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces , mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1 La demanda.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C PACA, los señores FERNANDO CASTILLA ALDANA , DIEGO

ALBERTO PRIETO DUARTE, SANDRA CECILIA PATARROYO MONTEJO, CARLOS

AUGUSTO ZULUAGA RAMÍREZ, ROGER ADRIANO RUBIANO MOLINA, OMAR

ALBERTO PRIETO DUARTE, SANDRA CECILIA PATARROYO MONTEJO, CARLOS

AUGUSTO ZULUAGA RAMÍREZ, ROGER ADRIANO RUBIANO MOLINA, OMAR ALFONSO RAYO BOCANEGRA Y LUIS ERNESTO CARDOZO ÁVILA solicitaron la nulidad de los siguientes actos administrativos, por medio de los cuales la RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL negó la reliquidación y pago de las diferencias debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992:

# Demandantes Actos administrativos 1 Fernando Castilla Aldana Oficio DSAJ-000437 del 3 de mayo de 2016 2 Diego Alberto Prieto Duarte Oficio DSAJ-000409 del 8 de abril de 2016

1 Diego Alberto Prieto Duarte, Sandra Cecilia Patarroyo Montejo, Carlos Augusto Zuluaga Ramírez, Roger Adriano Rubiano Molina, Omar Alfonso Rayo Bocanegra y Luis Ernesto Cardozo Ávila.Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 Sandra Cecilia Patarroyo Montejo Oficio DSAJ-000834 del 28 de julio de 2016 4 Carlos Augusto Zuluaga Ramírez Oficio DSAJ-000841 del 28 de julio de 2016 5 Roger Adriano Rubiano Molina Oficio DSAJ-000404 del 28 de abril de 2016 6 Omar Alfonso Rayo Bocanegra Oficio DSAJ-000406 del 28 de abril de 2016

5 Roger Adriano Rubiano Molina Oficio DSAJ-000404 del 28 de abril de 2016 6 Omar Alfonso Rayo Bocanegra Oficio DSAJ-000406 del 28 de abril de 2016 7 Luis Ernesto Cardozo Ávila Oficio DSAJ-000407 del 28 de abril de 2016

De igual manera, pidió inaplicar por inconstitucionales los artículos 6 de los Decretos 57 de 1993, 106 de 1994, 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998, 44 de 1999, 673 de 2002, 3569 de 2003, 4172 de 2004, 936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007 y 658 de 2008 ; 7 de los Decretos 43 de 1995, 2740 de 2000, 1475 de 2001, 2720 de 2001, 2777 de 2001; 8 de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, y los que en lo sucesivo se dicten.

Como consecuencia de tal declaración, a título de restablecimiento del derecho pidi eron condenar a la demandada a:

“[…] [S]e tenga la totalidad del salario básico mensual que han devengado los actores en su calidad de jueces de la república, incluido el 30% inadecuadamente imputado como prima especial sin carácter salarial (que debe ser componente integral de la asignación básica mensual), para efecto de liquidación y pago de las prestaciones sociales de mis poderdantes, así.

3.1. Para el Doctor Diego Albero Prieto Duarte , en calidad de Juez Cuarto De

asignación básica mensual), para efecto de liquidación y pago de las prestaciones sociales de mis poderdantes, así.

3.1. Para el Doctor Diego Albero Prieto Duarte , en calidad de Juez Cuarto De Ejecución De Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, desde el 1 de junio de 2009 y en adelante hasta la fecha que cesen los hechos que le dan origen.

3.2. Para el Doctor Omar Alfonso Rayo Bocanegra , en calidad de Juez de la República, por el tiempo que se acredite en el certificado de tiempo de servicios y en adelante hasta la fecha que cesen los hechos que le dan origen.

3.3. Para el Doctor Roger Adriano Rubio Molina en calidad de Juez Séptimo Penal del Circuito de Ibagué, desde el 01 de julio de 2009 y en adelante hasta la fecha que cesen los hechos que le dan origen.

3.4. Para el Doctor Luis Ernesto Cardozo Ávila, en calidad de Juez Primero Penal del Circuito para Adolecentes (sic) de Ibagué, desde el 01 de septiembre de 2012 y en adelante hasta la fecha que cesen los hechos que le dan origen.

3.5. Para el Doctor Fernando Castilla Aldana en calidad de Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué Tolima, desde el momento en que se vinculó como Juez de la República y en adelante hasta la fecha que cesen los hechos que le dan origen.

3.6. Para la Doctora Sandra Cecilia Patarroyo Montejo, en calidad de Juez Sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, desde el momento en que se vinculó como Juez de la Republica y en adelante hasta la fecha que cesen los hechos que le dan origen.

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, desde el momento en que se vinculó como Juez de la Republica y en adelante hasta la fecha que cesen los hechos que le dan origen.

3.7. Para el Doctor Carlos Augusto Zul uaga Ramírez, en calidad de Magistrado sala Civil - Familia Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, desde el 08 de noviembre de 1993 y en adelante hasta la fecha que cesen los hechos que le dan origen.Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4. Que como consecuencia de las declaraciones y condenas se liquide y pague la prima especial sin carácter salarial ordenada por el artículo 14 de la Ley 4º de 1992, a favor de los doctores Diego Alberto Prieto Duarte, Omar Alfonso Rayo

Bocanegra, Roger Adriano Rubio Molina, Luis Ernesto Cardozo Ávila, Fernando Castilla Aldana, Sandra Cecilia Patarroyo Montejo, Carlos Augusto Zuluaga Ramírez, en porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), ni superior al sesenta por ciento (60%). Que debe ser un valor adicional o plus de lo que en la actualidad perciben y se imputa como asignación básica y prima especial de servicios. Desde la vigencia de la Ley 4º de 192 y en adelante hasta que cesen los hechos que la originan.

5. Que como consecuencia de las condenas y declaraciones, se ordene la reliquidación de las prestaciones sociales que han devengado los doctores Diego

Alberto Prieto Duarte, Omar Alfonso Rayo Bocanegra, Roger Adriano Rubio Molina, Luis Ernesto Cardozo Ávila, Fernando Castilla Aldana, Sandra Cecilia

reliquidación de las prestaciones sociales que han devengado los doctores Diego Alberto Prieto Duarte, Omar Alfonso Rayo Bocanegra, Roger Adriano Rubio Molina, Luis Ernesto Cardozo Ávila, Fernando Castilla Aldana, Sandra Cecilia Patarroyo Montejo, Carlos Augusto Zuluaga Ramírez, en calidad de funcionarios judiciales, desde el momento en que se vincularon como funcionarios judiciales y en adelante hasta que cesen los hechos que le dan origen; correspondientes a la sumatoria de lo que hoy se imputa como asignación básica mensual y prima especial sin carácter salarial.

6. Que se condene en costas a la entidad accionada.

7. Que se ordene la indexación de las sumas de dinero que se reconozcan.

8. Que el cumplimiento de la sentencia se haga en los términos de los artículos 192 y 195 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo ”

(Ortografía, gramática, mayúsculas y negrillas del texto original)

1.2 La contestación de la demanda2.

La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones y solicitó se declaren probadas las excepciones. Afirmó que por mandato legal expreso del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en armonía con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C -279 de 1996, la prima especial de servicios no tiene el carácter de salarial, lo que significa que dicho porcentaje no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las prestaciones sociales.

Propuso como excepciones: i) prescripción y ii) innominada o genérica.

1.3 . Sentencia de primera instancia3.

no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las prestaciones sociales.

Propuso como excepciones: i) prescripción y ii) innominada o genérica.

1.3 . Sentencia de primera instancia3.

El Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces , a través de la sentencia de 1 de octubre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así:

2 Folios 380 a 381 del cuaderno 2. 3 Folios 414 a 451 del cuaderno 2.Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“PRIMERO. DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por la parte accionada respecto de los derechos reclamados de los demandantes de la siguiente forma,

1.1 Con relación a Diego Alberto Prieto Duarte se tendrán por prescritos los derechos causados antes del 08 de abril de 2013, según lo explicado.

1.2 Con relación a Omar Alfonso Rayo Bocanegra se tendrán por prescritos los derechos causados antes del 08 de abril de 2013, según lo explicado.

1.3 Con relación a Roger Adriano Rubio Molina se tendrán por prescritos los derechos causados antes del 08 de abril de 2013, según lo explicado.

1.4 Con relación a Luis Ernesto Cardozo Ávila se tendrán por prescritos los derechos causados antes del 08 de abril de 2013, según lo explicado.

1.5 Con relación a Fernando Castilla Aldana se tendrán por prescritos los derechos causados antes del 18 de abril de 2013, según lo explicado.

derechos causados antes del 08 de abril de 2013, según lo explicado.

1.5 Con relación a Fernando Castilla Aldana se tendrán por prescritos los derechos causados antes del 18 de abril de 2013, según lo explicado.

1.6 Con relación a Sandra Cecilia Patarroyo Montejo se tendrán por prescritos los derechos causados antes del 28 de junio de 2013, según lo explicado.

SEGUNDO. DECLARAR no probada la excepción de prescripción propuesta por la parte accionada respecto de los derechos reclamados por Carlos Augusto Zuluaga Ramírez causados desde el 02 de febrero de 2016 hasta el 31 de agosto de la misma anualidad, según lo explicado.

TERCERO. DECLARAR no probada la excepción innominada o genérica propuesta por la parte demandada.

CUARTO. INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, para el caso en concreto, el Artículo 6° del Decreto 57 de 1993, Artículo 6° del Decreto 106 de 1994, Artículo 7° del Decreto 43 de 1995, Artículo 6° de Decreto 36 de 1996, Artículo 6° de Decreto 76 de 1997, Artículo 6° de D ecreto 64 de 1998, Artículo 6° del Decreto 44 de 1999, Artículo 7º del Decreto 2740 de 2000, Artículo 7° del Decreto 1475 de 2001, Artículo 7º del Decreto 2720 de 2001, Articulo 7° del Decreto 2777 de 2001, Artículo 6° del Decreto 673 de 2 002, Articulo 6º del Decreto 3569 de 2003, Artículo 6° del Decreto

7º del Decreto 2720 de 2001, Articulo 7° del Decreto 2777 de 2001, Artículo 6° del Decreto 673 de 2 002, Articulo 6º del Decreto 3569 de 2003, Artículo 6° del Decreto 4172 de 2004, Artículo 6º del Decreto 936 de 2005, Artículo 6° del Decreto 389 de 2006, Artículo 6º del Decreto 618 de 2007, Artículo 6° del Decreto 658 de 2008, Artículo 8º del Decreto 723 de 2009, Artículo 8° del Decreto 1388 de 2010, Artículo 8º del Decreto 1039 de 2011, Artículo 8º del Decreto 874 de 2012, Artículo 8° del Decreto 1024 de 2013, Artículo 8° del Decreto 194 de 2014, Artículo 4° del Decreto 1105 de 2015, Artículo 4º del Decr eto 234 de 2016, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

QUINTO. DECLARAR la nulidad de los actos administrativos [demandados] […] . SEXTO. […] ORDENAR a la RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ a reconocer y pagar a favor de los demandantes la prima especial creada con la Ley 4º de 1992 como un 30% adicional al salario básico mensual re-liquidando con el 100% del salario básico mensual, las prestaciones sociales y demás emolumentos prestacionales devengados por los demandantes de la siguiente forma,Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

mensual, las prestaciones sociales y demás emolumentos prestacionales devengados por los demandantes de la siguiente forma,Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6.1 Con relación a Diego Alberto Prieto Duarte reconocer la primas especial desde el 08 de abril de 2013 en adelante y por el tiempo efectivamente laborado, según lo explicado en precedencia.

6.2 Con relación a Omar Alfonso Rayo Bocanegra reconocer la prima especial desde el 08 de abril de 2013 en adelante y por el tiempo efectivamente laborado, según lo explicado en precedencia.

6.3 Con relación a Roger Adriano Rubio Molina reconocer la prima especial desde el 08 de abril de 2013 en adelante y por el tiempo efectivamente laborado, según lo explicado en precedencia.

6.4 Con relación a Luis Ernesto Cardozo Ávila reconocer la prima especial desde el 08 de abril de 2013 en adelante y por el tiempo efectivamente laborado, según lo explicado en precedencia.

6.5 Con relación a Fernando Castilla Aldana reconocer la prima especial desde el 18 de abril de 2013 en adelante y por el tiempo efectivamente laborado, según lo explicado en precedencia.

6.6 Con relación a Sandra Cecilia Patarroyo Montejo reconocer la prima especial desde el 28 de junio de 2013 en adelante y por el tiempo efectivamente laborado, según lo explicado en precedencia.

6.7 Con relación a Carlos Augusto Zuluaga Ramírez desde el 02 de febrero de 2016 en adelante y por el tiempo efectivamente laborado como Juez o Magistrado y hasta la finalización de la relación legal y reglamentaria.

6.7 Con relación a Carlos Augusto Zuluaga Ramírez desde el 02 de febrero de 2016 en adelante y por el tiempo efectivamente laborado como Juez o Magistrado y hasta la finalización de la relación legal y reglamentaria.

SÉPTIMO. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUE a pagar a favor de los señores Diego Alberto Prieto Duarte, Omar Alfonso Rayo Bocanegra, Roger Adriano Rubio Molina, Luis Ernesto Cardozo Ávila, Fernando Castilla Aldana, Sandra Cecilia Patarrovo Montejo y Carlos Augusto Zuluaga Ramírez las diferencias resultantes de la reliquidación del salario básico mensual, prestaciones sociales y demás emolumentos prestacionales tomando como base el 100% del salario básico mensual.

OCTAVO. CONDENAR a la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué a actualizar el valor de los dineros adeudados en términos del artículo 187 del CPACA, conforme a los lineamientos emitidos en la parte considerativa de la presente determinación.

NOVENO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO. ORDENAR a la demandada dar cumplimiento a la presente sentencia según lo dispuesto en los artículos 192 y S.S. del CPACA.

DÉCIMO PRIMERO. Sin condena en costas. (…)”

Señaló que, de acuerdo con lo expuesto por el Cons ejo de Estado en las decisiones de 2 de abril de 2009, 9 de julio de 2014 4 y 2 de septiembre de 2019 5, en armonía con los

Señaló que, de acuerdo con lo expuesto por el Cons ejo de Estado en las decisiones de 2 de abril de 2009, 9 de julio de 2014 4 y 2 de septiembre de 2019 5, en armonía con los instrumentos internacionales en materia laboral, la prima especial prevista en el artículo

4 Radicado: 110010325000200700087 00. 5 Número interno: 2204-2018C.P. Carmen Anaya de Castellanos.Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

14 de la Ley 4ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores beneficiarios de aquella. En ese mismo sentido, precisó que esta interpretación desarrolla en mayor medida los principios de progresividad, favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial . De ahí que concluyó que los demandantes tienen derecho a que se reliquiden los ingresos mensuales sobre la base del 100% del salario básico más el 30% de la prima especial de servicios y las prestaciones serán liquidadas sobre la base de todo el salario sin sumar o restar el 30%, equivalente a la prim a especial, toda vez que dicha prestación social no tiene carácter salarial.

Finalmente, declaró prescritas las sumas causadas tres años atrás contados desde la fecha en que se realizaron las peticiones.

1.4 El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Parte demandada6

La parte demandada pidió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegar las súplicas de la demand a. Expuso que de acuerdo con las disposiciones

Parte demandada6

La parte demandada pidió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegar las súplicas de la demand a. Expuso que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en armonía con el pronunciamiento efectuado por la Corte Constitucional en la sentencia C -279 de 1996, la prima especial no tiene carácter salarial, lo que significa que no puede tenerse en cuenta para liquidar las prestaciones sociales del empleado.

A continuación, aseveró que reconocer la prima especial, en el caso de aquellos funcionarios que ocuparon el cago de magistrado de tribunal y equivalentes, superaría el tope de la remuneración legal prevista para ellos. Tal es el caso del señor Carlos Augusto Zuluaga Ramírez, quien ocupó el cargo de magistrado de Tribunal.

Parte demandante

La apoderada del señor Carlos Augusto Zuluaga Ramírez interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar parcialmente la decisión proferida por el a quo, solo en lo que hace relación a su caso concreto. Para el efecto, explicó que el Tribunal incurre en error respecto de los tiempos de servicio que tiene en cuenta al resolver el asunto. En ese sentido, aseveró que si bien le corresponde a la parte demandante probar el supuesto de hecho que alega, también lo es que el artículo 167 del CGP y demás nor mas concordantes prevén que el juez tiene la facultad de exigir se aporte una prueba a la parte que se encuentre en una mejor posición para probar en virtud de su cercanía con ella o por tenerla en su poder, como en este evento ocurre con la certificación de servicios que puede emitir de forma completa la entidad accionada.

que se encuentre en una mejor posición para probar en virtud de su cercanía con ella o por tenerla en su poder, como en este evento ocurre con la certificación de servicios que puede emitir de forma completa la entidad accionada.

6 Folios 398 a 400 del expediente.Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

De ahí que consideró pertinente oficiar a la Dirección Ejecutiva para que emita una certificación que contenga todos los cargos desempeñados y períodos laborados por el demandante, con el fin de que se ordene reliquidar y pagar las prestaciones sociales con base en el 100% de salarios desde el 8 de noviembre de 1993 y hasta tanto ocupe el cargo de juez.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Problema jurídico

Se contrae a establecer si la parte demandante tiene derecho o no a que se ordene un reajuste salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual con las respectivas consecuencias prestacionales conforme a las disposiciones del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y, por lo tanto, la reliqui dación de los salarios y prestaciones sociales . De igual forma se analizará la prescripción trienal.

Con miras a resolver tal problema jurídico, resulta imprescindible para esta Sala observar lo que sobre el particular ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado y proceder, en consecuencia, a aplicar las reglas que se hayan fijado en la misma, en la medida en que tal jurisprudencia constituye un precedente con carácter vinculante.

2. Posición del Consejo de Estado en relación con la interpretación y

en consecuencia, a aplicar las reglas que se hayan fijado en la misma, en la medida en que tal jurisprudencia constituye un precedente con carácter vinculante.

2. Posición del Consejo de Estado en relación con la interpretación y aplicación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

La Ley 4ª de 1992, en desarrollo del artículo 150, numeral 19, literales e.) y f.) de la Constitución Nacional, fijó los objetivos y criterios a los cuales se debe sujetar el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre los que se encuentran los pertenecientes a la Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, Congreso Nacional y Fuerza Pública, estableciendo una prima especial a su favor. En uso de las facultades otorgadas por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Presidente de la República expidió los Decretos 053 y 057 de 1993, aplicables a la Fiscalía General de la Nación y a los Servidores Públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.

La Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 2 de septiembre de 2019, 7 después de examinar las normas constitucionales (artículo 150), legales (Ley 4ª/92 y Ley 332/96) y reglamentarias (decretos salariales expedidos por el gobierno nacional), así como la noción de prima, precisó el contenido y alcance de la norma prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992:

332/96) y reglamentarias (decretos salariales expedidos por el gobierno nacional), así como la noción de prima, precisó el contenido y alcance de la norma prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992:

7 Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (22042018); actor: Joaquín Vega Pérez; Conjuez ponente: Carmen Anaya de Castellanos.Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que

Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional”.

De lo anterior, se concluye que en cumplimiento del mandato legal contenido en el art. 14 de la Ley 4ª de 1992, se debe adicionar la prima especial allí ordenada y no incluirla dentro del salario para darle esa denominación. En consecuencia, el salario debe pagarse en un 100% y, con base en ese porcentaje, liquidar las prestaciones sociales pues éstas se vieron afectadas al haber reducido el salario en un 30%.

De tal manera, los servidores públicos a que alude el art. 14 de la Ley 4ª de 1992, tenían y tienen un derecho consolidado a recibir el ciento por ciento (100%) de una remuneración mensual determinada, que varía según el cargo que ocupen, el cual se vio disminuido en un 30% cuando el gobierno lo consideró como “prima especial”. Así mismo, tenían y tienen el derecho consolidado a la liquidación y pago de sus prestaciones sociales, con base en el 100% de su salario básico mensual, pero de acuerdo con los decr etos expedidos por el gobierno nacional, las respectivas autoridades han liquidado y pagado dichas prestaciones solamente con base en el 70% de dicho salario.

Es así como no sólo la prima especial de servicios no se ha reconocido, ni pagado como se debía hacer, es decir, como adición o incremento al salario de los servidores públicos

dichas prestaciones solamente con base en el 70% de dicho salario.

Es así como no sólo la prima especial de servicios no se ha reconocido, ni pagado como se debía hacer, es decir, como adición o incremento al salario de los servidores públicos beneficiarios de la misma, sino que, al considerarla una parte de él, también ha significado una reducción de dicho salario y de las prestaciones sociales a que tienen derecho. Tanto el gobierno nacional, a través de los decretos que desarrollaron el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como las autoridades administrativas encargadas de su aplicación, han violado la obligación al haber disminuido el salario de los servidores públicos tantas veces mencionados.

De tal manera, los servidores públicos a que alude el art. 14 de la Ley 4ª de 1992, tenían y tienen un derecho consolidado a recibir el ciento por ciento de una remuneración mensual determinada, que varía según el cargo que ocupen, el cual se vio disminuido enCalle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

un 30% cuando el gobierno lo consideró como “prima especial”. Así mismo, tenían y tienen el derecho consolidado a la liquidación y pago de sus prestaciones sociales, con base en el 100% de su salario básico mensual, pero de acuerdo con los decretos expedidos por el gobierno nacional, las respectivas autoridades han liquidado y pagado dichas prestaciones solamente con base en el 70% de dicho salario.

Es así como no solo la prima especial de servicios no se ha reconocido, ni pagado como se debía hacer, es decir, como adición o incremento al salario de los servidores públicos beneficiarios de la misma, sino que, al considerarla una parte de él, también ha significado

Es así como no solo la prima especial de servicios no se ha reconocido, ni pagado como se debía hacer, es decir, como adición o incremento al salario de los servidores públicos beneficiarios de la misma, sino que, al considerarla una parte de él, también ha significado una reducción de dicho salario y de las prestaciones sociales a que tienen derecho. Tanto el gobierno nacional, a través de los decretos que desarrollaron el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como las autoridades administrativas encargadas de su aplicación, han violado la obligación al haber disminuido el salario de los servidores públicos tantas veces mencionados.

3. Caso concreto

La entidad demandada en el recurso de apelación circunscribió su inconformidad en que en el caso concreto del señor Carlos Augusto Zuluaga Ramírez, en calidad de magistrado de Tribunal, no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda, so pena de superar el tope del 80% de lo que percibe un magistrado de alta corte. Por su parte, el referido demandante, en el recurso de alzada, indicó que no se tuvieron en cuenta los tiempos efectivamente laborados en la rama judicial.

Así las cosas, en aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 328 del CGP, y en garantía de los derechos de defensa y debido proceso, en armonía con los principios de doble instancia y non reformatio in pejus, es razonable concluir que la competencia de la Sala se encuentra delimitada por estos argumentos, quedando excluidos del debate aquellos temas frente a los que no presentó ningún reparo, en razón a que sobre ellos ha terminado la controversia.

Así pues, en el presente caso se encuentra demostrado:

la Sala se encuentra delimitada por estos argumentos, quedando excluidos del debate aquellos temas frente a los que no presentó ningún reparo, en razón a que sobre ellos ha terminado la controversia.

Así pues, en el presente caso se encuentra demostrado:

a) Que el señor Carlos Augusto Zuluaga Ramírez ha prestado sus servicios a la Rama Judicial, en los siguientes cargos y durante los siguientes periodos8:

Cargo Tiempo Juez Primero Civil Municipal de Sonsón 08/11/1993 hasta 08/11/1999 Juez Primero Civil Municipal de Medellín 09/11/1999 hasta 10/01/2000 Juez Primero Civil Municipal de Sonsón 11/01/2000 hasta 28/04/2002

8 Tal como consta en el reporte de cargos emitido el 13 de agosto de 2024 pro la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, obrante en el índice 36 de SAMAI.Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Juez Primero Civil Municipal del Carmen 29/04/2002 hasta 19/12/2002 Juez Primero Civil Municipal de Sonsón 20/12/2002 hasta 02/02/2003 Juez Primero Civil Municipal de la Ceja 03/02/2003 hasta 04/05/2003 Juez Primero Civil Municipal de Urrao 05/05/2003 hasta 31/08/2004 Juez Primero Civil Municipal de Sonsón 01/09/2004 hasta 09/02/2005 Juez Primero Civil del Circuito de Puerto Berrio 10/02/2005 hasta 01/05/2005 Juez Primero Civil Municipal de Sonsón 02/05/2005 hasta 09/05/2005

Juez Primero Civil del Circuito de Puerto Berrio 10/02/2005 hasta 01/0