CE - 4 Sentencia FALLOTUTE SentenciaPJ202404166 0 20241120120606718

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C, catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01

Demandante: EDGAR MANGA RUBIO

Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL

CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia en la que se negaron sus pretensiones de reparación directa. Se confirmará la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por cuanto el interés de la demandante es someter la controversia a una instancia adicional.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia de 5 de septiembre de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en la cual se resolvió:

“(...) SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia (...)”. (mayúsculas y negrillas del original – archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

II. ANTECEDENTES

La parte actora promovió proceso de acción de tutela1 en contra de las sentencias

(...)”. (mayúsculas y negrillas del original – archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

II. ANTECEDENTES

La parte actora promovió proceso de acción de tutela1 en contra de las sentencias de 31 de mayo de 2017 y 22 de mayo de 2024 proferidas por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado , respectivamente, por medio de l as cuales se negaron las pretensiones del medio de control de reparación directa que promovió en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en el proceso no. 25000-23-36-000-2015-00863-00/01, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo y decisión sin motivación

1 Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 9 de agosto de 2024.Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01

Demandante: Edgar Manga Rubio Acción de tutela – Impugnación de fallo

2 y vulneraron sus derechos fundamentales del debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia y propiedad privada.

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. El 25 de septiembre de 2012, el señor Dionisio Castillo Hernández presentó una demanda ejecutiva de mayor cuantía en su contra con base en un pagaré de 15 de junio de 2001 por valor de seiscientos millones de pesos más intereses corrientes.

demanda ejecutiva de mayor cuantía en su contra con base en un pagaré de 15 de junio de 2001 por valor de seiscientos millones de pesos más intereses corrientes.

1. El 27 de noviembre de 2012 , el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Facatativá libró mandamiento de pago y ordenó el embargo de la cuenta bancaria del demandante.

1. El 9 de marzo de 2013 , el apoderado de l señor Dionisio Castillo Hernández presentó ante el juzgado un convenio de pago suscrito por ese apoderado , el ejecutante y -aparentementepor Edgar Manga Rubio, con firma autenticada de la Notaría Única de San Francisco (Cundinamarca), según el cual el ejecutado accedía al débito del dinero embargado desde su cuenta bancaria.

1. Previa consignación del depósito judicial por parte del banco al juzgado y sin que se hubiera notificado al ejecutado el auto que libró mandamiento de pago en su contra, e l 12 de marzo de 2013 , el apoderado de Dionisio Castill o Hernández presentó sendos memoriales al juzgado con los cuales ratificó la facultad de su apoderado para recibir los dineros depositados en la cuenta de ahorros del actor y solicitó que , una vez se hiciera la entrega material de los fondos retenidos, se ordenara el levantamiento de la medida cautelar y la terminación del proceso ejecutivo.

1. Ese documento ingresó al despacho el 14 de marzo de 2013 y, en la misma fecha, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Facatativá resolvió que, previamente a resolver sobre lo solicitado, se debía acreditar el pago del arancel

1. Ese documento ingresó al despacho el 14 de marzo de 2013 y, en la misma fecha, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Facatativá resolvió que, previamente a resolver sobre lo solicitado, se debía acreditar el pago del arancel judicial a órdenes de ese despacho, lo cual acató el apoderado del ejecutante el 18Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01

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3 de marzo del mismo año , a través de un documento en el cual se anotó que “los señores DIONISIO CAST ILLO HERNANDEZ Y EDGAR MANGA RUBIA, al igual que el suscrito abogado, manifestamos que renunciamos a los términos de ejecutoria.”.

1. Con base en lo anterior y a través de auto de 19 de marzo de 2013 , el juzgado ordenó la terminación del proceso ejecutivo por pago total de la obligación, levantó el embargo sobre la cuenta del señor Edgar Manga Rubio y autorizó la entrega del título judicial en favor de Dionisio Castillo Hernández.

1. A través de un memorial presentado el 1 de abril de 2023 , el ejecutante, su apoderado y -falsamenteel señor Edgar Manga Rubio, manifestaron al juzgado que renunciarían a los términos de ejecutoria del auto que ordenó la terminación del proceso ejecutivo.

1. Por tal razón, el 2 de abril del mismo año se expidió la comunicaci ón contentiva de la orden de pago de depósitos judiciales, con la cual el juzgado decidió la entrega material de una suma cuantiosa en favor de la parte ejecutante.

1. Por tal razón, el 2 de abril del mismo año se expidió la comunicaci ón contentiva de la orden de pago de depósitos judiciales, con la cual el juzgado decidió la entrega material de una suma cuantiosa en favor de la parte ejecutante.

1. Una vez tuvo conocimiento de los movimientos de su cuenta bancaria , contrató los servic ios profesionales de un abogado, quien se trasladó al municipio de Facatativá y comprobó la existencia del proceso ejecutivo iniciado en su contra , a pesar de que nunca tuvo conocimiento de su existencia.

1. En efecto, jamás firmó el pagare título de ejecución ni el mencionado convenio de pago, ni los memoriales por medio de los cuales, supuestamente, renunció a los términos de ejecutoria de las providencias proferidas por el juzgado ; de hecho, prueba de ello es que para las fechas en que se suscribieron tales documentos residía en el extranjero.

1. Esa labor de investigación arrojó que en la demanda ejecutiva se indicó que la dirección del ejecutado era en la “Vereda Mancillas, Finca La Esmeralda del municipio de Facatativá – Cundinamarca”, población que el actor nunca conoció, como tampoco al señor Dionisio Castillo Hernández , con quien no ha celebrado ningún negocio.Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01

Demandante: Edgar Manga Rubio Acción de tutela – Impugnación de fallo

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1. El 18 de junio de 2013 , el apoderado del señor Manga Rubia presentó un memorial al juzgado con el cual solicitó la copia del expediente y los títulos judiciales,

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1. El 18 de junio de 2013 , el apoderado del señor Manga Rubia presentó un memorial al juzgado con el cual solicitó la copia del expediente y los títulos judiciales, documentos a partir de los cuales evidenció la falsificación de su firma en el pagaré y en los memoriales, además de la falta de notificación del auto que ordenó librar mandamiento de pago en su contra.

1. El 26 de septiembre de 2014, el aquí actor presentó una demanda de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Banco de Bogotá y la Superintendencia de Notariado y Registro para que sean declaradas patrimonial y extracontractualmente responsables de los daños ocasionados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que permitió el embargo y retiro de sus fondos a partir de documentos falsos2.

1. El 31 de mayo de 2017 , la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor3.

2 Los cargos de la demanda de reparación directa se centraron en que el pagaré y el convenio de pago presentados en el proceso ejecutivo fueron falsificados pues, jamás firmó tales documentos ni contrajo una deuda con Dionisio Castillo Hernández.

En su demanda aleg ó que no fue notificado personalmente del mandamiento de pago , lo cual le impidió conocer el proceso ejecutivo en su contra y, por ende, lo dejó sin oportunidad de presentar una defensa adecuada.

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá incurrió en un defectuoso funcionamiento de la

impidió conocer el proceso ejecutivo en su contra y, por ende, lo dejó sin oportunidad de presentar una defensa adecuada.

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque admitió y tramitó el proceso ejecutivo con base en documentos falsificados, sin verificar su autenticidad y hacer una revisión exhaustiva. Por tales razones facilitó el embargo y posterior entrega de sus fondos, lo cual generó un daño injustificado.

En relación con la Superintendencia de Notariado y Registro afirmó que esa autoridad no implementó los controles necesarios para verificar la autenticidad de los documentos notariales, permitiendo que se utilizaran sellos y firmas notariales falsificados.

Adicionalmente, acusó al Banco de Bogotá de no actuar con diligencia en cumplir la orden de embargo y liberar sus fondos sin cumplir con el deber de informar y proteger sus intereses en el momento de realizar una transferencia de alta cuantía.

El actor reclamó que el banco no le comunicó del embargo y ello facilitó el perjuicio económico.

3 El tribunal denotó que, para la fecha en que presuntamente se firmó el pagaré y se pactó el acuerdo de pago, el señor Manga Rubio no se encontraba en el país, la notificación del mandamiento de pago se hizo mediante estado de 29 de noviembre de 2012 y no de manera personal conforme con los artículos 315 y 505 del Código de Procedimiento Civil y que el juzgado no exigió la presentación personal del memorial por medio de l cual las partes del proceso renunciaron a los términos de ejecutoria del auto que terminó el proceso por pago.Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01

Demandante: Edgar Manga Rubio Acción de tutela – Impugnación de fallo

ejecutoria del auto que terminó el proceso por pago.Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01

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1. El demandante apeló esa decisión4 y, a través de sentencia de 22 de mayo de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia por considerar que , si bien se aportaron pruebas que permitían concluir que se causó un daño cierto, real y determinado al señor Edgar Manga Rubio por el embargo y posterior sustracción ilegal de su dinero, tal daño no era imputable a las autoridades judiciales demandadas en el proceso ordinario sino al “supuesto actuar delictivo de terceras personas frente al cual no cursa un proceso penal.”5.

De acuerdo con el informe técnico de grafología rendido por la Fiscalía General de la Nación, el pagaré y el acuerdo de pago no fueron suscritos por el señor Edgar Manga Rubio.

Para esa autoridad se configuró un daño, en la medida que el actor vio afectado su patrimonio por la entrega del dinero que fue sustraído de su cuenta de ahorros lo cual le acarreó perjuicios económicos y familiares, sin embargo, afirmó que no podía imputarse al juzgado porque el documento aportado como título ejecutivo gozaba de presunción de autenticidad y veracidad para el momento en que se presentó la demanda ejecutiva, correspondiendo al ejecutado alegar su falsedad ante el juez penal.

En cuanto al Banco de Bogotá determinó que actuó en cumplimiento de una orden judicial, acató el embargo decretado por el juzgado y retuvo los fondos de la cuenta del actor sin que pudiera

ante el juez penal.

En cuanto al Banco de Bogotá determinó que actuó en cumplimiento de una orden judicial, acató el embargo decretado por el juzgado y retuvo los fondos de la cuenta del actor sin que pudiera cuestionar la legalidad de la orden de embargo ni la validez de los documentos presentados en el proceso judicial.

En lo referente a la Superintendencia de Notariado y Registro concluyó que esa autoridad no tiene una responsabilidad directa y que no obró prueba en el proceso que diera cuenta de la participación fraudulenta del notario único del Circuito de San Francisco en el reconocimiento de la firma del señor Manga Rubio, del acuerdo de pago o del pagaré, al punto que el demandante reconoció que se acercó a la Notaría y le fue informado que los sel los plasmados en tales documentos no corresponden con los que ellos utilizan en sus gestiones.

4 La parte actora insistió en que el mandamiento de pago no le fue notificado personalmente y en que el juzgado debió verificar la autenticidad de los documentos aportados, en especial el pagaré y el convenio de pago, debido a que presentaban características inusuales, lo cual debía considerarse como una falla en el servicio judicial.

Nunca contó con representación legal en el proceso ejecutivo, contraviniendo el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil, que establece que en asuntos de mayor cuantía es necesaria la intervención de un abogado.

La autoridad desconoció las conclusiones de un peritaje grafotécnico que concluyó que las firmas en el pagaré y el convenio de pago no correspondían a las suyas.

5 A partir del dictamen pericial decretado en el curso del proceso de reparación directa concluyó que

el pagaré y el convenio de pago no correspondían a las suyas.

5 A partir del dictamen pericial decretado en el curso del proceso de reparación directa concluyó que “frente los documentos que la parte actora aduce como falsos (pagaré 01 y Convenio de pago), existe una probabilidad [de] que no correspondan con la firma del señor Manga Rubio, circunstancia que para el momento en que se desarrollaron los hechos, le era imposible conocer al juez rector del proceso ejecutivo, dada la presunción de veracidad y de autenticidad que recae sobre un título valor, máxime si dichos documentos cuentan con sello de presentación personal notariado.”.

La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación advirtió que le asistía la razón al demandante en afirmar que el juez del proceso ejecutivo no notificó personalmente el mandamiento de pago librado en su contra, pues , no reposa en el expediente documento alguno que demuestre dicha actuación; sin embargo, estimó que tal situación no puede considerarse como la causaExpediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01

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2. Los fundamentos de la vulneración

El actor afirmó que la s sentencias cuestionadas incurrieron en los defectos sustantivo y decisión sin motivación que ocasionaron la trasgresión de sus derechos fundamentales del debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia y propiedad privada.

Sobre el defecto sustantivo alegó que la s providencias inaplicaron e interpretaron erróneamente los artículos 63 y 340 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

y propiedad privada.

Sobre el defecto sustantivo alegó que la s providencias inaplicaron e interpretaron erróneamente los artículos 63 y 340 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Sostuvo que la falta de representación adecuada y la omisión del trámite de traslado de tres días para la transacción violaron su derecho de defensa y facilitaron el perjuicio patrimonial.

Frente a la decisión sin motivación argumentó que las decisiones judiciales carecieron de fundamentación suficiente porque se centraron en la exoneración de

eficiente del daño pues “los documentos que se hicieron valer en el proceso gozaban de veracidad y autenticidad”.

La autoridad demandada destacó que, aun si el juzgado hubiera realizado actuaciones tendientes a notificar personalmente al actor del auto que libró mandamiento de pago en su contra, esa gestión no hubiera surtido efectos, pues en la demanda ejecutiva se aportó una dirección falsa, de ahí que “no tenía una probabilidad apta de que hubiera conocido en tiempo la ejecución y por lo tanto evitado la afectación de su patrimonio, porque de cualquier modo la notificación hubiera resultado infructífera y no precisamente por culpa del juzgado sino de quienes aportaron una dirección errada.”.

La demandada agregó que el convenio de pago contaba con sello y firma de comparecencia personal de autenticación notarial, por lo cual debía entenderse auténtico sin que fuera posible que el juzgado indagara sobre esa condición.

Si bien el juzgado aceptó los memoriales de renuncia de términos a pesar de no tener presentación personal, como lo exigía el artículo 122 del CPC, “un actuar opuesto no hubiera impedido la entrega

indagara sobre esa condición.

Si bien el juzgado aceptó los memoriales de renuncia de términos a pesar de no tener presentación personal, como lo exigía el artículo 122 del CPC, “un actuar opuesto no hubiera impedido la entrega del título en la medida que el paso del tiempo hubiera permitido que la providencia a la que se renunció a términos quedara en firme y de esta manera poder ejecutarla. De ahí que no se observa que tal circunstancia tuviera incidencia en el menoscabo en cuestión.”.

La suma de dinero estuvo congelada en la cuenta del demandante desde el 10 de diciembre de 2012 hasta el 1 de marzo de 2012, tiempo suficiente para que el actor se percatara de los irregulares movimientos realizados , dado que no se trataba de una cifra desdeñable que pudiera pasar inadvertida para cualquier cuentahabiente, además, los bancos expiden extractos trimestrales que informan a los titulares de los movimientos y transacciones realizadas en dicho periodo.

Para la autoridad demandada, tales hechos demostraron impasividad y negligencia por parte del señor Edgar Manga Rubio y exoneraron de responsabilidad al juzgado demandado.

En lo referente a la Superintendencia de Notariado y Registro y el Banco de Bogotá, la autoridad demandada compartió las consideraciones del tribunal.Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01

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7 responsabilidad por el hecho de un tercero y no en atención de las irregularidades procesales, específicamente la validez de un título falsificado y la falta de notificación personal del mandamiento de pago.

3. Pretensiones

7 responsabilidad por el hecho de un tercero y no en atención de las irregularidades procesales, específicamente la validez de un título falsificado y la falta de notificación personal del mandamiento de pago.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, el demandante solicitó que se acceda a las siguientes súplicas:

“(...) SEGUNDO: Dejar sin efectos las sentencias del 31 de mayo de 2017 y 22 de mayo de 2024, dictadas por el Tribunal Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B” y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, respectivamente, proferidas dentro del trámite del medio de control de reparación directa con Radicado No. 25000 -23-36-0002015-00863-01 (59867), así como cualesquiera otras providencias que las adicionen o complementen, por tipificarse quebrantamiento a los derechos fundamentales ya precisados.

TERCERO: Ordenar a los despachos accionados que dicten una nueva providencia debidamente motivada a causa de los defectos alegados o los defectos que resulten acreditados, acorde con las demás pretensiones que fueron formuladas en sede del medio de control de reparación directa promovido por el suscrito accionante. ”. (archivo d isponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI –mayúsculas del original).

4. Actuación en primer grado

Mediante auto de 15 de agosto de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió el proceso de acción de tutela , ordenó la notificación de los magistrados integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de

Mediante auto de 15 de agosto de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió el proceso de acción de tutela , ordenó la notificación de los magistrados integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y vinculó a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la sociedad Banco de Bogotá SA, por asistirles interés en el resultado del proceso.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 5 de septiembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional con fundamento en que el actor buscó reabrirExpediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01

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8 el debate concluido en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y emplear este mecanismo como una tercera instancia.

La acción de tutela pretende reabrir un debate probatorio y de interpretación de normas legales que fue adecuadamente abordado en el proceso de reparación directa.

7. Impugnación

El demandante presentó impugnación y le fue concedida con auto de 8 de octubre de 2024.

Como planteamiento en contra de la sentencia del a quo afirmó que, contrario a lo decidido, la acción de tutela sí superó el requisito de relevancia constitucional porque no se trataba de un simple desacuerdo legal , probatorio o de naturaleza

Como planteamiento en contra de la sentencia del a quo afirmó que, contrario a lo decidido, la acción de tutela sí superó el requisito de relevancia constitucional porque no se trataba de un simple desacuerdo legal , probatorio o de naturaleza económica, sino de una cuestión constitucional que implica la transgresión de los derechos fundamentales del debido proceso y defensa, en relación con el derecho de postulación.

Insistió en los planteamientos relacionados con la presunta configuración de un defecto sustantivo y decisión sin motivación que elev aron la controversia a un debate de rango constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela , 2) delimitación del asunto y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de maneraExpediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01

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9 inmediata y eficaz, los derech os constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender

9 inmediata y eficaz, los derech os constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con ella términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista o tro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. Delimitación del asunto.

La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las sentencias proferidas en las dos instancias del proceso ordinario, lo cierto es que los argumentos de reproche de la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido de la providencia de segunda instancia, siendo aquella la que def inió el marco de decisión de la presente providencia.

Lo anterior, aunado a que esa sentencia fue la que finalizó el proceso y ante la eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial encargada de cumplir la orden y dictar una sentencia de reemplazo sería la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

En suma, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se proteja n los

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se proteja n los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia y propiedad privada , presuntamente vulnerado s con ocasión de la sentencia proferida por esa autoridad judicial el 22 de mayo de 2024,Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01

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10 por cuanto, a su juicio, incurrieron en un defecto sustantivo y un a decisión sin motivación.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse con el requisito de relevancia constitucional por las razones que procederán a exponerse:

1. P ara determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado consideró necesario examinar varios elementos, siendo uno de ellos que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional a las del proceso ordinario en que fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional fue diseñado para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial6.

1. Para la parte actora en la providencia judicial atacada se incurrió en un defecto sustantivo y una decisión sin motivación, no obstante, para esta Sala resulta claro, como lo fue para la primera instancia, que los fundamentos que soportaron la acción

1. Para la parte actora en la providencia judicial atacada se incurrió en un defecto sustantivo y una decisión sin motivación, no obstante, para esta Sala resulta claro, como lo fue para la primera instancia, que los fundamentos que soportaron la acción de tutela se dirigieron de manera exclusiva a discutir argumentos que ya fueron planteados en la demanda y en la apelación que presentó el demandante en el proceso ordinario, los cuales fueron debatidos y decididos en el trámite procesal correspondiente.

1. Los planteamientos de la demanda de acción de tutela para invocar la configuración de tal es defectos son una insistencia de aquellos expuestos en el curso del proceso ordinario, según los cuales la autoridad judicial demandada i) ignoró que el juzgado permitió la terminación del proceso ejecutivo sin que él contara con representación legal adecuada , por lo cual inaplicó el art ículo 63 del CPC sobre el derecho de postulación ; ii) aceptó una transacción falsificada sin correr traslado de ella a la contraparte ejecutada y con ello omitió la aplicación del artículo 340 del CPC; iii) facilitó la ejecución de un proceso irregular en su contra y contribuyó al perjuicio patrimonial que sufrió y , iv) centró su decisión en la

6 Sentencia de 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Expediente: 11001-03-15-000-2024-04166-01

Demandante: Edgar Manga Rubio Acción de tutela – Impugnación de fallo

11 exoneración de responsabilidad por el hecho de un tercero sin exponer

Demandante: Edgar Manga Rubio Acción de tutela – Impugnación de fallo

11 exoneración de responsabilidad por el hecho de un tercero sin exponer motivaciones frente a las irregularidades pro cesales acontecidas en el curso del proceso ejecutivo.

1. Sin embargo, dichos argumentos ya fueron expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación que presentó en contra de la sentencia de 31 de mayo de 2017 de la Subsección B de la Sección T ercera del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca en los siguientes términos:

“Dice el fallo en comento que del numeral 2º del artículo 340 del CPC se deduce que en el presente asunto la transacción produce efectos procesales, a pesar que una de las partes acompañe el documento respectivo, caso en el cual se dará traslado del escrito a la otra parte, por el término de tres días (...).

A pesar del esfuerzo de la sentencia en destacar que no se está quebrantando el trámite procesal correspondiente, de la simple lectura del citado numeral 2º; en este caso se dará traslado del escrito a las otras partes, por tres días.”, nuevamente se pone de presente todo lo contrario, toda vez que en el expediente ejecutivo brilla por su total y notoria ausencia que el Despacho accionado haya ordenado, mediante proveído legal y formalmente ejecutoriado, el precitado traslado de los tres días, para que si e ra del caso, el ejecutado tuviera la oportunidad de manifestarse (...).

Para iniciar, basados en los mismos conceptos de autenticidad y veracidad