CE-41001-23-31-000-2004-01239-01(17252)-2011

RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA - Obligados / SOCIEDADES EXTRANJERAS - Están sujetas a retención por pagos o abonos / INGRESOS DE FUENTE NACIONAL - Situaciones que los origina Conforme al artículo 406 del Estatuto Tributario deben retener a título de impuesto sobre la renta, quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas sujetas a impuesto en Colombia a favor de sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, personas naturales y sucesiones ilíquidas de extranjeros no residentes en Colombia. Así, las sociedades extranjeras sólo están sujetas a retención por los pagos o abonos en cuenta que constituyan ingreso de fuente nacional, como lo corrobora el artículo 12 del Estatuto Tributario, que prevé que las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. Por su parte, el artículo 24 ibídem prevé que se consideran ingresos de fuente nacional, los provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio. Además, son ingresos de fuente nacional los provenientes de la enajenación de bienes materiales e inmateriales que se encuentren dentro del país al momento de su enajenación. La norma cita algunos conceptos que constituyen ingresos de fuente nacional.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 406 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 12 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 24

SERVICIO DE TELEVISION - Definición / SERVICIO DE TELEVISION

NACIONAL - Se origina y recibe dentro del territorio nacional / SERVICIO DE TELEVISION INTERNACIONAL - Puede originarse fuera del territorio o en el país / TELEVISION INTERNACIONAL - Los operadores, contratistas y concesionarios pueden recibir directamente y decodificar señales de televisión vía satélite / SERVICIO DE TELEVISION SEGUN LA TECNOLOGIA DE TRANSMISION - Puede ser cableada, cerrada y radiodifundida Conforme a la clasificación del servicio de televisión del artículo 22 de la Ley 182 de 1995, modificado por el artículo 24 de la Ley 335 de 1996, en función de su nivel de cubrimiento y según el país de origen y destino de la señal, la televisión puede ser nacional e internacional. Es nacional la que se origina y recibe dentro del territorio nacional. Y, es internacional aquélla cuyas señales de televisión se originan fuera del territorio nacional y pueden ser recibidas en Colombia o aquélla que se origina en el país y que puede recibirse en otros países. En el caso de la televisión internacional, los operadores, contratistas y concesionarios del servicio, pueden recibir directamente y decodificar señales de televisión vía satélite, siempre que cumplan con las disposiciones relacionadas con los derechos de uso y redistribución de las mismas y con las normas que expida la Comisión Nacional de Televisión sobre el recurso satelital (artículo 26 Ley 182 de 1995).De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 182 de 1995, según la tecnología de transmisión, la televisión puede ser cableada y cerrada, si la señal llega al usuario a través de un medio físico de distribución; radiodifundida, si la señal de televisión llega al

usuario desde la estación transmisora por medio del espectro electromagnético, propagándose sin guía artificial, como es el caso de la televisión colombiana. Y, satelital, si le llega al usuario desde un satélite de distribución directa.

NOTA DE RELATORIA: Sobre el servicio de televisión cableada ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta Rad. 15686 y 15440, 2007/06/07 y 2007/07/14, M. P. María Inés Ortiz Barbosa; Rad. 15787, 29 de septiembre de 2007, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y Rad. 15688, 2 de agosto de 2008, M.P.

Héctor J. Romero Díaz TELEVISION SATELITAL - Definición / SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL INTERNACIONAL Proceso de la prestación del servicio / TELEVISION SATELITAL INTERNACIONAL - Cuando se origina se presta o ejecuta en el exterior sus ingresos no son de fuente nacional / INGRESOS PROVENIENTES DE SERVICIOS DE TELEVISION SATELITAL - No son de fuente nacional / RETENCION EN LA FUENTE POR TELEVISION SATELITALLos ingresos provenientes de su prestación no son de fuente nacional y no deben ser objeto de retención en la fuente / IMPUESTO SOBRE LA RENTANo grava los ingresos originados en la prestación de servicios ejecutados desde el exterior El Acuerdo 32 de 1998 de la Comisión Nacional de Televisión, por el cual se reglamenta el servicio de televisión satelital define en su artículo 2 la televisión satelital como aquella que permite a los habitantes del territorio nacional la recepción, para uso exclusivo e individual, de señales de televisión transmitidas,

emitidas, difundidas y programadas desde el extranjero, a través de segmentos especiales (satélites) de difusión directa, hasta los equipos terminales de recepción individual. La Ley 182 de 1995 no describe los aspectos técnicos del funcionamiento de la televisión por cable y satelital; sin embargo, el Ministerio de Comunicaciones en escrito dirigido al Director General de la DIAN el 6 de marzo de 2003. Cabe anotar que los conceptos del Ministerio de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Televisión, aunque no son obligatorios (artículo 25 del Código Contencioso Administrativo) para este asunto, brindan elementos de juicio para determinar el funcionamiento técnico de la televisión por cable y satelital, lo que permite dilucidar dónde se presta este tipo de servicio de televisión. Con base en las pruebas que están en el expediente, la sociedad, por medio de los contratos suscritos, adquiría una licencia limitada y no exclusiva para exhibir, durante la vigencia del contrato, un servicio de programación, apoyado por anunciantes, de entretenimiento general, mediante televisión por cable y/o SMATV, MATV, MDS o MMDS u otros sistemas de distribución en el territorio1. Según los términos y condiciones, el concedente en el exterior transmitía el servicio mediante un satélite de comunicaciones adecuado y el operador adquiría y mantendría una estación receptora del satélite adecuada para recibir el servicio y lo transmitiría simultáneamente a su recepción sobre una base continua2. De acuerdo con lo anterior, y como lo ha reconocido la DIAN, Alpevisión S.A. distribuye en el país el servicio de televisión internacional que es prestado por las entidades extranjeras

desde el exterior, por lo tanto, conforme con los conceptos técnicos aludidos, se trata de un servicio de televisión internacional, que se origina en el exterior y desde allí se presta o ejecuta, luego, los ingresos que reciben las empresas extranjeras no son de fuente nacional, como igualmente se concluyó en los pronunciamientos aludidos. Ello, porque no es un servicio prestado en Colombia, independientemente de que llegue al país, pues, lo que determina el lugar de prestación del servicio de televisión satelital o por cable es donde se origina y desde donde se ejecuta. Además, según el artículo 24 del Estatuto Tributario, los servicios que constituyen ingresos de fuente nacional son los prestados en el país, no desde el exterior, como sucede con la televisión internacional satelital o por cable, aunque la señal de televisión llegue finalmente a cada hogar en Colombia. A su vez, concluir que la televisión satelital o por cable internacional se presta en Colombia porque finalmente llega al país, significa desconocer la definición de televisión satelital, dada en el Acuerdo 32 de 1998 de la Comisión Nacional de 1 Folio 32 c. a. 2. 2 Folio 50 c. a. 2 Televisión, en el sentido de que es aquella que permite a los habitantes del territorio nacional la recepción, para uso exclusivo e individual, de señales de televisión transmitidas, emitidas, difundidas y programadas desde el extranjero, a través de segmentos especiales (satélites) de difusión directa, hasta los equipos terminales de recepción individual. Lo anterior, porque llevaría a la conclusión de que la televisión satelital se presta en Colombia por el solo hecho de que aquí se

reciba, sin tener en cuenta que la señal se transmite, emite, difunde y programa desde el exterior, lo cual es aplicable igualmente para el caso de la televisión por cable. Dado que los ingresos que recibió la sociedad del exterior no provenían de la prestación del servicio de televisión en Colombia, sino de la prestación de un servicio ejecutado desde el exterior, los pagos efectuados a dicha sociedad no estaban gravados con el impuesto sobre la renta (artículo 12 del Estatuto Tributario), por lo que no debían ser objeto de retención en la fuente por ese concepto ni por remesas. De acuerdo con lo anterior, no procedía, en consecuencia, el desconocimiento de las deducciones por gastos efectuados al exterior, toda vez que no era exigible el requisito de acreditar la consignación del impuesto retenido a título de renta y remesas, porque para la empresa extranjera beneficiara del pago, lo pagado no constituía renta gravable en Colombia, conforme con los artículos 24, 121, 123 y 419 del Estatuto Tributario.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 24 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 121 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTIUCLO 123 / ESTATUTO TRIBUTARIO – 419 / ACUERDO 32 DE 1998 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 12

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS

Bogotá, D.C. diecinueve (19) de mayo de dos mil once (2011) Radicación número: 41001-23-31-000-2004-01239-01(17252)

Actor: ALPEVISION S.A.

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL-DIRECCION DE

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES FALLO La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 27 de mayo de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que dispuso: “PRIMERO. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial Renta Sociedades Revisión N° 130642003000057 del 25 de marzo de 2003, por la cual se modificó la declaración de ingresos y patrimonio para personas jurídicas del año gravable 1999 presentada por la sociedad Alpevisión S.A. y de la Resolución 130012004000015 de 26 de abril de 2004, por virtud de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto anterior. En lo relacionado con la retención de pagos al exterior remesas y pagos al exterior renta, sin afectar los demás conceptos contenidos. SEGUNDO. Denegar las demás súplicas de la demanda. TERCERO. En firme la presente decisión, devuélvase el expediente al juzgado de origen”. ANTECEDENTES PROCESALES La demanda ALPEVISIÓN S.A. formuló las siguientes pretensiones: “1. Se declare la nulidad de Liquidación Oficial de Revisión 130642003000057 de fecha 25 de marzo de 2003, correspondiente a la declaración de impuesto de renta del año gravable 1999.

2. Se declare la Nulidad de la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración N° 130012004000015 de fecha 26 de abril de 2004,

correspondiente a la Declaración del Impuesto de Renta del año gravable 1999.

3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos -Administración de Impuestos de Neiva, a pagar a la sociedad ALPEVISIÓN S.A. La

suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS

OCHENTA Y UN MIL PESOS ($371.581.000,oo) M/CTE”.

4. Se condene en costas judiciales a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos -Administración de Impuestos de Neiva".

La demandante citó como normas violadas los artículos 29, 93 y 150 de la Constitución Política; 12, 20, 21, 22, 24, 683, 694, 695, 696, 703, 704, 783 y 779 del Estatuto Tributario; 22 de la Ley 182 de 1995; 3 literal g) de la Ley 488 de 1998; 58 y 57 del Decreto 2117 de 1992 y 264 de la Ley 223 de 1995; así como la Decisión 40 y la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena. Los cargos de la demanda se resumen así:

1. Nulidad por violación al debido proceso. Señaló que en el Acta de la inspección tributaria que se practicó a la actora no se identificó el objeto de prueba, incurrió en imprecisiones en cuanto al año gravable y en cuanto al tipo de impuesto. Que tampoco se informó el cierre de la investigación. Que, en consecuencia, el requerimiento especial estuvo fundamentado en una prueba que no fue debidamente practicada.

Señaló que con el requerimiento especial y la ampliación al requerimiento especial también se violó el debido proceso porque confundió en los textos el análisis del impuesto de renta de 1999 y de retenciones en la fuente por ese mismo año, lo cual no sólo no se podía hacer, sino que induciría a la contribuyente a error. Adujo que la DIAN había sido incongruente al desconocer los gastos por no efectuarles la retención y simultáneamente cobrar dichas retenciones en otros procesos. Dijo que si hipotéticamente la DIAN tuviera la razón, Alpevisión S.A. sufriría un detrimento patrimonial en virtud del pago de unas retenciones sobre unos valores que no se aceptarían como deducibles en el impuesto de renta. Por lo anterior, señaló que la Administración no solo vulneró el debido proceso al inaplicar las formalidades propias de las pruebas, sino también el principio de equidad y justicia en la determinación del impuesto.

2. Nulidad por indebida y errada aplicación de la ley. Dijo que la DIAN había violado por indebida aplicación el artículo 24 del Estatuto Tributario, que señalaba los ingresos de fuente nacional. Que, de acuerdo con el objeto social de la contribuyente y conforme con el artículo 22 de la Ley 182 de 1995, los pagos que realizaban a los programadores extranjeros las empresas colombianas, no estaban dentro del territorio nacional, pues, en virtud del concepto de la Comisión Nacional de Televisión, el lugar de prestación del servicio de televisión era el domicilio del programador internacional, pues allí era donde se originaba la señal correspondiente.

Indicó que para establecer el lugar en donde se prestaba el servicio de televisión, el Ministerio de Comunicaciones, mediante oficio del 6 de marzo de 2003, clasificó el servicio de televisión según el país de origen y destino de la señal, el nivel de cubrimiento territorial, y estableció que el servicio prestado por el programador internacional era cumplido en el exterior, mediante el envío de la señal desde la estación terrena, ubicada en el exterior, al satélite. Con base en ello, señaló que los ingresos percibidos por los programadores internacionales no podían ser considerados de fuente nacional y no estaban sometidos a la retención en la fuente por impuesto de renta. Indicó que la Administración había desestimado el concepto de la Comisión Nacional de Televisión, porque consideró que no era un acto administrativo, lo cual implicaba la violación del artículo 230 de la Constitución Política. Señaló que la DIAN trataba, en los actos acusados, de revivir el Concepto 46236 de 1996 que había sido anulado por el Consejo de Estado al considerar que las rentas que recibían las empresas extranjeras sin domicilio en el país por la trasmisión de programas de televisión mediante señal satelital no eran ingresos de fuente nacional. Que, en consecuencia, no debía practicarse retención en la fuente sobre tales pagos y el gasto era deducible. Precisó que las normas que desarrollaban el derecho tributario internacional eran los tratados o convenios internacionales y las normas internas o domésticas de cada país, con trascendencia internacional. Que para el caso serían las Decisiones 40 y 351 del Acuerdo de Cartagena y los artículos 12, 20 y 24 del

Estatuto Tributario. Señaló que las normas internas mantenían los criterios de imposición aplicados por el Derecho Internacional Tributario (criterio de la fuente), ya que gravaba el país donde estaba la fuente de la riqueza, la cual estaba vinculada con el domicilio o residencia del receptor de la riqueza. Sostuvo que la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena en el artículo 15 definía por concepto de emisión, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicaciones. Por lo tanto, si las sociedades extranjeras percibían un ingreso, estos se derivaban de poner la señal en el satélite, es decir, por la emisión, lo cual se realizaba fuera del territorio nacional. Dijo que era claro que el principio internacional de la fuente se aplicaba para la tributación en materia del impuesto de renta, pues para IVA era claro que el consumidor se encontraba en Colombia y, en el momento en que se desarrollaba el hecho generador, la señal objeto del servicio ya se encontraba en el territorio nacional. Explicó que el artículo 3 de la Ley 488 de 1998, señalaba que, salvo los servicios de radio y televisión, los demás servicios de conexión o acceso satelital se entendían prestados en el país y causaban impuesto sobre las ventas. Sobre el punto citó la sentencia de la Corte Constitucional C-108 de 2000 que declaró exequible la citada ley. Finalmente señaló que la Administración de Impuestos de Neiva debió haber aplicado el Concepto de la DIAN 076824 del 28 de noviembre de 2003, que

modificó la doctrina tributaria en cuanto al tema, pero que pese a ello, mediante la Resolución 130012004000015 del 26 de abril de 2004, confirmó todos los puntos de vista expuestos con anterioridad, con lo cual violó no sólo el Decreto 2117 de 1992 sino el derecho de la contribuyente de aplicar lo favorable del concepto, conforme con el artículo 264 de la Ley 223 de 1995. Contestación de la demanda La DIAN contestó la demanda con los siguientes argumentos: Dijo que no se había violado el debido proceso porque en el auto que decretó la inspección tributaria se relacionó expresamente el objeto de la prueba, que fue sobre la verificación de la exactitud de la declaración de renta del año gravable 1999 y se indicó el funcionario comisionado para llevar tal diligencia oficial, en términos del artículo 779 del Estatuto Tributario. Que el objeto de la prueba también se infería del texto del acta. Informó que si bien en el acta no se indicó la fecha de cierre de la investigación, la misma correspondía a la fecha de notificación, el 3 de julio de 2002. Señaló que no había incongruencia ni violación al principio de justicia, pues el impuesto de renta y el concepto de retención en la fuente se relacionaban y eran consecuentes. Que al iniciar la investigación por el impuesto de renta se determinó que la sociedad debió recaudar y declarar la retención en la fuente por los pagos realizados a las empresas extranjeras prestadoras del servicio de televisión satelital, como lo exigía el artículo 121 del Estatuto Tributario para la procedencia de esas deducciones. Que ello significaba que los gastos del exterior eran deducibles en el impuesto de renta si se hacía el pago de la retención en la fuente

respectiva. Sostuvo que las entidades extranjeras, incluidas las que prestaban el servicio de televisión por suscripción, por no existir norma expresa que las excluyera, eran gravadas sobre rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y quienes hicieran pagos o abonos en cuenta por rentas sujetas al impuesto en Colombia, debían efectuar retención en la fuente a título de renta a las sociedades extranjeras sin domicilio en el país a la tarifa del 35%, y por remesas el 7% del resultado obtenido de restar del valor del pago o abono en cuenta el respectivo impuesto de renta. Sobre el punto citó el Concepto de la DIAN 67467 de 1998. Dijo que la fuente de los pagos se ubicaba en el territorio nacional, es decir, que eran pagos provenientes del país; en consecuencia, de fuente nacional y debían estar sometidos a los impuestos nacionales. Que el servicio de señal internacional, a pesar de ser prestado desde el extranjero, no dejaba de ser un servicio público utilizado en el territorio nacional, pues el usuario que disfruta del servicio está en Colombia (Conceptos 067467 de 1998, 046363 de 1999, 060381 de 2001 y 028280 de 2002). Explicó que no era aplicable el Concepto 076824 de 2003 al presente caso, porque en materia tributaria regía el principio de irretroactividad de la ley, lo cual era predicable de los conceptos que expedía la DIAN sobre un determinado asunto, máxime que los conceptos tenidos en cuenta por la DIAN, que eran los vigentes para la época de los hechos, no modificaban ninguna interpretación, sino que reiteraban la interpretación doctrinal de la DIAN.

Finalmente, señaló que los conceptos emitidos por entidades distintas a la DIAN, en cuanto a los impuestos administrados por esa entidad, carecían de efecto vinculante, de conformidad con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. SENTENCIA APELADA El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, según las siguientes razones: Precisó que la contribuyente era conocedora del objeto de la inspección tributaria, conoció las conclusiones y se notificó del cierre de la investigación. Además, en el requerimiento especial y en la ampliación se estableció que las modificaciones estaban relacionadas con el impuesto de renta. En cuanto al fondo del asunto, indicó que uno de los fundamentos de la actuación demandada era el Concepto de la DIAN 46236 de 1996 que fue anulado por el Consejo de Estado, según el cual, si bien la trasmisión de señales de televisión se realizaba a través del espectro electromagnético, no por ello se podía confundir la prestación del servicio televisivo satelital con la utilización de ese bien inmaterial. Que, en consecuencia, los ingresos obtenidos por los operadores extranjeros de televisión satelital sin domicilio en Colombia no se podían considerar rentas de fuente nacional y no eran objeto del impuesto de renta ni del complementario de remesas. Explicó que a través del Concepto 076824 del 28 de noviembre de 2003 la DIAN modificó su doctrina y precisó que siempre que el negocio jurídico celebrado entre el proveedor de contenidos, programador o emisor del exterior y el operador del país comprendiera simplemente la emisión y puesta a disposición de la señal, los

pagos realizados por dicho concepto constituían ingresos de fuente externa, no sujetos al impuesto sobre la renta en el país, ya que dichos servicios eran prestados en el exterior. Concluyó que los actos demandados eran nulos porque se apartaron del ordenamiento legal, de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la propia doctrina de la DIAN, aunque se afirmara que los conceptos institucionales que estaban vigentes para la época de la ocurrencia de los hechos eran de imperativo cumplimiento, pues estos no eran aplicables porque desconocían el marco normativo constitucional y legal. Así mismo precisó que la nulidad era parcial, ya que sólo comprendía lo relacionado "con el impuesto de retención en la fuente sobre el pago efectuado a las empresas extranjeras operadoras del servicio de televisión satelital y las sanciones que de ello se deriven, sin que ello se extienda a los 'honorarios, servicios e impuesto de timbre'", pues sobre tales asuntos, indicó, no se planteó ninguna controversia. Dijo que no se ordenaba la devolución de la suma de $371.581.000, por cuanto no había prueba de que la sociedad la hubiere pagado. Que tampoco prosperaba la condena en costas, pues la conducta asumida por la demandada no fue abusiva, dilatoria o temeraria. RECURSO DE APELACIÓN La DIAN solicitó revocar la sentencia del Tribunal. Indicó que, era obligación de la actora efectuar la retención en la fuente por los pagos efectuados a los operadores de televisión satelital del exterior, de conformidad con los artículos 406, 417 en concordancia con el 319 y 321 del Estatuto Tributario. Citó igualmente los

Conceptos 67467 de 1998 y 060381 de 2001, y el artículo 22 de la Ley 182 de 1995, con los cuales precisó que el servicio de televisión satelital era una especie de televisión internacional, que independientemente del sistema tecnológico utilizado era un servicio público prestado en el territorio nacional, así se originara en el exterior. Explicó que debía tenerse en cuenta el concepto general de ingresos de fuente nacional consagrado en el artículo 24 del Estatuto Tributario, según el cual se consideraban ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales en el país y la prestación de servicios dentro del mismo territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio. Señaló que la recepción de una señal de televisión por la que se pagara una cantidad de dinero por uso, sea suscriptor, operador o concesionario, era un ingreso de fuente nacional y, como tal, estaba sujeto a los impuestos de renta y complementarios de remesa. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN La parte demandante dijo que además de los argumentos explicados en la demanda, era importante acentuar la fuerza vinculante que para los temas de orden tributario tenían los conceptos emitidos por la DIAN, como lo era el Concepto 076824 de 2003, expedido con anterioridad a la resolución que decidió el recurso de reconsideración y que aclaraba los conceptos que fueron tenidos en cuenta en la liquidación de revisión. Reiteró que las sociedades extranjeras percibían los ingresos por colocar la señal en el satélite, es decir, por la emisión en términos de la Decisión 351 del Acuerdo

de Cartagena, que ocurre por fuera del territorio colombiano. Solicitó que la nulidad que se debía declarar era total y no parcial, pues la modificación del Tribunal tenía como efecto para el impuesto de renta de la sociedad, confirmar la declaración privada presentada por la actora. Dijo que se debía dar aplicación al artículo 171 del Código Contencioso Administrativo y condenar en costas a la demandada. La parte demandada reiteró lo expuesto en el recurso de apelación y señaló que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 182 de 1995, según el cual el servicio de televisión era un servicio considerado como público, y el artículo 24 del Estatuto Tributario, que establecía que eran ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación de bienes materiales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su territorio, con o sin establecimiento propio, los pagos a las sociedades extranjeras constituyeron para ellas renta de fuente nacional, sobre la cual debían tributar en Colombia. Que, en consecuencia, el operador nacional que efectuaba el pago debía practicar la retención en la fuente. Explicó que el servicio de televisión no se agotaba con la emisión de la señal, sino con su recepción, por lo tanto, no podía considerarse que el servicio fuera prestado fuera del territorio nacional. El Ministerio Público no conceptuó. CONSIDERACIONES DE LA SECCIÓN Conforme con el recurso de apelación de la parte demandada, corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la DIAN determinó oficialmente el impuesto sobre la renta y complementarios a cargo

de ALPEVISIÓN S.A. por el año gravable de 1999. Concretamente la Sala analizará si proceden, como deducción, los gastos pagados al exterior sin haberles efectuado retención en la fuente para el beneficiario de los mismos. Cuestión preliminar Previo a decidir de fondo, la Sala observa que la doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez manifiesta estar impedida para conocer del proceso de la referencia, por configurarse la causal prevista en el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la contestación de la demanda se fundamentó en el Concepto 028280 de 2002, que suscribió en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica de la DIAN y que ratificó los conceptos de la DIAN 67467 de 1998, 046363 de 1999 y 60381 de 2001, también citados. La Sala negará el impedimento manifestado, por cuanto el hecho aducido por la Honorable Consejera no configura el supuesto previsto en el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que es causal de recusación “Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en éste como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo”. Lo primero que conviene recordar es que, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999, a la Oficina Jurídica de la DIAN le correspondía determinar el alcance general de, entre otras, las normas tributarias. Para tal efecto, el jefe de esa oficina emitía conceptos, que constituían la interpretación oficial que debían observar los funcionarios de esa entidad al resolver cada caso concreto en sede

administrativa3. 3 Según el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999 (norma vigente a la fecha en que se expidió el Concepto oficial 028280 de 2002) a la Oficina Jurídica de la DIAN le correspondía ejercer, entre otras, las siguientes funciones:

1. Determinar y mantener la unidad doctrinal en la interpretación de normas tributarias.

2. Actuar como autoridad doctrinaria en materia tributaria.

3. Compilar normas, doctrina y jurisprudencia de carácter tributario, en las publicaciones de la entidad.

4. Absolver consultas sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias.

Actualmente las mismas funciones las desempeña la Dirección de Gestión Jurídica, conforme con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008. La doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, antes de ser designada como magistrada de esta Corporación, se desempeñó como Jefe de la Oficina Jurídica de la DIAN, sin embargo, el hecho de que hubiera suscrito el mencionado concepto sobre la fuente de los ingresos que reciben las empresas extranjeras prestadoras del servicio de televisión internacional, no significa que hubiera emitido consejo o concepto fuera del proceso sobre las cuestiones en controversia ni sobre los actos demandados. En efecto, como lo ha considerado la Sala, la interpretación que realiza en su momento la DIAN, a través de la Jefe de la Oficina Jurídica, es abstracta y se realiza con independencia de cualquier situación concreta de algún con