CE - 410012331000200800393011SENTENCIASENTENCIA20230623170205

• Radicado: 410012331000200800393 01 (54430)

Demandante: Wilmer Augusto Agudelo Pinzón y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023) Radicado número: 410012331000200800393 01 (54430) Demandantes: Wilmer Augusto Agudelo Pinzón y otros Demandado: . La Nación-Fiscalia General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Tema : Privación injusta de la libertad — Ley 600 de 2000. Subtema 1.1. Captura con fines de indagatoria. Subtema 1.2. Falta de acreditación del daño antijuridico. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 11 de marzo de 2015, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS Wilmer Augusto Agudelo Pinzón y Fernell Casavianca Solórzano fueron capturados por miembros del Ejército Nacional, luego de que un informante los señalara como integrantes de las FARC. Durante la captura, fue incautado un artefacto explosivo (granacia de mano) que se encontraba cerca al vehículo en el que se desplazaban. Una vez puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, fueron dejados en libertad, por cuanto el delito de porte, tráfico y

artefacto explosivo (granacia de mano) que se encontraba cerca al vehículo en el que se desplazaban. Una vez puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, fueron dejados en libertad, por cuanto el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de uso privativo de las fuerzas armadas no es de aquellos para los que se requiera la resolución de situación jurídica. Finalmente, la investigación precluyó, en tanto existian dudas frente al porte del artefacto explosivo por parte de los capturados. Il. ANTECEDENTES 2.1. La demanda Pretenden los accionantes que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de ta Nación-Fiscalía General de la Nación y la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, con ocasión de la privación de libertad que soportaron Wilmer Augusto Agudelo Pinzón y Fernell Casavianca Solórzano, dentro de la investigación criminal adelantada por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, a consecuencia de su captura efectuada por miembros del Ejército Nacional. Los actores piden resarcimiento de los siguientes perjuicios:Radicado: 410012331000200800393 01 (54430) Demandante: Wilmer Augusto Agudelo Pinzón y otros 2.1.1. Morales: “el equivalente en moneda nacional de 1000 gramos oro para los demandantes al valor actual; en razón a que fueron puesto sal escarnio público a través de prensa regional con información de la página judicial identificados con pie de foto a todo color,. violando el debido proceso y la reserva sumarial, presumiéndose una condena anticipada ante la sociedad”.

escarnio público a través de prensa regional con información de la página judicial identificados con pie de foto a todo color,. violando el debido proceso y la reserva sumarial, presumiéndose una condena anticipada ante la sociedad”. 2.1.2. Materiales por daño emergente: “la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS ($4.337.000) M/Cte.- que ha debido gastar el señor FERNELL CASAVIANCA SOLÓRZANO como honorarios y demás diligencias judiciales, -traslados y movilización, fotocopias y papelería en general, sumas que, fueron sufragadas por mi cliente, además de las mercancías que tenía para sobrevivir como comerciante”. vor 2.1.3. Materiales por lucro cesante: “la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($12.568.400) M/Cte, que se liquidarán a favor del señor FERNELL CASAVIANCA SOLÓRZANO, poderdante directo perjudicado, correspondiente a la suma que este dejó de percibir o producir en razón de que al momento de su detención ilegal y arbitraria POR LAS REPERCUSIONES Y EL DESPRESTIGIO EN -EL ÁMBITO EN EL CUAL SE HA DESEMPEÑADO ya que se encontraba laborando como persona independiente de acuerdo a la certificación que anexo, como comprador que era de la Comercializadora DITRILIDER, percibiendo como sueldo un salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos”.

“La Cuma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

que era de la Comercializadora DITRILIDER, percibiendo como sueldo un salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos”. “La Cuma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MODENA LEGAL Y CORRIENTE ($11.880.000) M/Cfe, que se liquidarán a favor del señor WILMER AUGUSTO PINZÓN .AGUDELO, poderdante y directo perjudicado, correspondiente a la suma que este dejó de percibir y/o producir en razón a que al momento de su detención ilegal y arbitrana POR LAS REPERCSIONES Y EL DESPRESTIGIO EN EL ÁMBITO EN EL CUAL SE HA DESEMPEÑADO ya que se encontraba laborando con la empresa GALLEGO TRUJILLO ANGÉLICA MARÍA, de acuerdo a la certificación que anexo, percibiendo como sueldo un salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos”. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia: El Tribunal Administrativo del Huila, en auto del 15 de diciembre de 2008, dispuso la admisión de la demanda. El auto admisorio fue notificado en debida forma!. Transcurrido el término para contestar la demanda, la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional alegó que la parte actora no trajo al proceso prueba alguna del tiempo en que los demandantes estuvieron privados de la libertad, como tampoco, de la acción u omisión que hubiera causado un daño por parte de dicho organismo, teniendo en cuenta que la privación de la libertad es responsabilidad de la Fiscalia? La Nación-Fiscalía General de la Nación no presentó escrito de contestación. 1 Auto admisorio de la demanda y constancia de notificación, f. 24 y 55, c. 4.

responsabilidad de la Fiscalia? La Nación-Fiscalía General de la Nación no presentó escrito de contestación. 1 Auto admisorio de la demanda y constancia de notificación, f. 24 y 55, c. 4. 2 Contestación de la demanda, Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, f. 56, c. 1. 2Radicado: 410012331000200800393 01 (54430) Demandante: Wilmer Augusto Agudelo Pinzón y otros w 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo' del Huila encontró demostrado que el 26 de marzo de 2006, los señores Wilmer Augusto Agudelo Pinzón y Fernell Casavianca Solórzano fueron capturados por miembros del Ejército, en medio de un operativo de requisa, por la presunta posesión de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, luego de ser señalados por habitantes del sector como presuntos milicianos de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Una vez puestos a disposición de la Fiscalia 14 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva, el 27 de marzo de 2006, se decretó la apertura de la instrucción y se ordenó escuchar en indagatoria a los capturados, diligencia durante la cual la Fiscalía ordenó su libertad, como quiera que el delito por el que fueron investigados es de aquellos por los que no se resuelve situación jurídica. Finalmente, el 27 de enero de 2007, la Fiscalía 15 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva decidió no proferir acusación y precluyó la investigación a favor de los procesados. Por lo anterior, el Tribunal concluyó que existió una privación injusta de la libertad

Penales del Circuito de Neiva decidió no proferir acusación y precluyó la investigación a favor de los procesados. Por lo anterior, el Tribunal concluyó que existió una privación injusta de la libertad durante 3 días que constituyó un daño antijurídico padecido por los demandantes, que no se encontraban en la obligación de soportar y que resulta atribuible a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por ser el que efectuó la captura y, a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por haber dado inicio a la respectiva investigación penal. Al respecto en la sentencia se anotó: “[A] juicio de la Sala, los supuestos que sirvieron de fundamento a la resolución que precluyó la investigación en favor de los demandantes, hacen que la privación de la libertad encaje en la responsabilidad estatal por ser el daño antijurídico, el Estado no pudo demostrarles responsabilidad material en el delito imputado e investigado, por lo que habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial”. o. Como indemnización de perjuicios morales condenó a las entidades demandadas al pago de 1.5 SMLMV a favor de cada uno de los demandantes y, como indemnización de perjuicios materiales, ordenó el pago de $64.291 pesos, para cada uno. 2.4. Los recursos 2.4.1. La Nación-Fiscalía General de la Nación sustentó su recurso de apelación con fundamento en los siguientes cargos contra la sentencia de primera instancia: 2.4.1.1. La decisión de precluir la investigación no deslegitima la vinculación de los demandantes a una investigación penal, pues es deber de la Fiscalia investigar los hechos acaecidos.

con fundamento en los siguientes cargos contra la sentencia de primera instancia: 2.4.1.1. La decisión de precluir la investigación no deslegitima la vinculación de los demandantes a una investigación penal, pues es deber de la Fiscalia investigar los hechos acaecidos. 2.4.1.2. No se expuso un factor de imputación claro que permita atribuirle responsabilidad extracontractual a la Fiscalia. 2.4.2. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional lo hizo con base en los siguientes: 2.4.2.1. No obra prueba alguna de la acción u omisión en virtud de la cual se le endilga responsabilidad al Ejército. 3Radicado: 410012331000200800393 01 (54430) Demandante: Wilmer Augusto Agudelo Pinzón y otros 2.4.2.2. De los hechos comprobados en el presente proceso no es posible deducir alguna acción u omisión que tuviera incidencia en el daño. 2.4.2.3. El Ejército Nacional no ejerce funciones de Policía Judicial, por lo que su actuación no sirve como fundamento de las decisiones judiciales adoptadas en el proceso penal; además, dentro de sus funciones, no se encuentra ninguna relacionada con la privación de la libertad de las personas, por lo que en este caso su actuación se ciñó a poner en conocimiento de la autoridad competente la posible comisión de un delito. 2.4.2.4, Las pruebas que reposaban en el expediente permitían deducir que las conductas de los demandantes daban lugar a que se investigaran penalmente y fueran privados de la libertad. > l 2.4.3. La parte actora presentó recurso de apelación con el fin de que se aumente

las conductas de los demandantes daban lugar a que se investigaran penalmente y fueran privados de la libertad. > l 2.4.3. La parte actora presentó recurso de apelación con el fin de que se aumente la indemnización de perjuicios morales, se reconozca indemnización por perjuicios a la vida de relación y, se reconozca el lucro cesante por un periodo de 8.7 meses, por el tiempo que tarda una persona en vincularse nuevamente al mercado laboral. 2.5. Conciliación Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal convocó a audiencia de conciliación?, la cual fue evacuada el 27:de noviembre de 2015, y hubo de declararse fallida. E 2.6. Trámite relevante en segunda instancia . + Esta Corporación, en auto del 8 de julio de 2015%, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Huila. Finalmente, por auto del 12 de agosto de 2018f, corrió traslado a las partes, para que presentaran alegatos de conclusión, y al Ministerio Público, para que rindiera concepto de fondo. La parte demandante ¡presentó sus alegatos de conclusión, en los que insistió se acceda a las súplicas de la demanda”. El Ministerio Público y la parte demandada guardaron silencio.

Il. PROBLEMA JURÍDICO: 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) — aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 dejla Ley 153 de 1887%— el “ 3 Auto del 29 de abril de 2015, f. 345, c. ppal.

aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 dejla Ley 153 de 1887%— el “ 3 Auto del 29 de abril de 2015, f. 345, c. ppal. + Acta de audiencia de conciliación, f. 351, c. ppal. $ Auto de 8 de julio de 2015, que admite recurso de apelación, f. 365, c. ppal. $ Auto de traslado, 12 de agosto de 2015, f. 368, c. ppal. a ? Alegatos de conclusión parte demandada, f. 369 a 378, c. ppal. p. $ “Artículo 40. Las leyes concemientes a la sustanciación y mtualidad; de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. li Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decreladas, las audiencias convocadas, tas diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovigron los incidentes o comenzaron á surtirse las notificaciones. [...]” (subrayado fuera del texto original). 4Radicado: 410012331000200800393 01 (54430) l Demandante: Wilmer Augusto Agudelo Pinzón y otros “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a

decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo establece el articulo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, “cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”. Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de “pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”!?. 3.2. En este orden de ideas, de acuerdo con los cargos de la apelación, es preciso resolver el siguiente problema jurídico: ¿La captura con fines de indagatoria de los señores Wilmer Augusto Agudelo Pinzón y Fernell Casavianca Solórzano constituyó un daño antijurídico imputable a las entidades demandadas? 3.3. En caso de que el anterior interrogante sea respondido de manera positiva, será necesario estudiar el siguiente problema jurídico: ¿La indemnización de perjuicios tasada en primera instancia se ajusta a los preceptos establecidos por la ley y la jurisprudencia?

3.3. En caso de que el anterior interrogante sea respondido de manera positiva, será necesario estudiar el siguiente problema jurídico: ¿La indemnización de perjuicios tasada en primera instancia se ajusta a los preceptos establecidos por la ley y la jurisprudencia? « IV, CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede al resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de fa competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la ley 270 y a la naturaleza del asunto", así como al oportuno ejercicio que del medio de control hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda el día 8 de septiembre de 2008, esto es, dentro de los dos (2) años posteriores!? al día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó? la investigación!1, 4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en causa por activa: Wilmer Augusto Agudelo 3 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(1,). 1% CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 11 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985).

11 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 12 CCA. Articulo 136.8. "La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”. 1 Resoltción de preclusión, 26 de enero de 2007. Se fijó estado el 2 de febrero de 2007, f. 222 y 228, c. 2. M CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 2 de febrero de 1996, exp. 11425. 5Radicado: 410012331000200800393 01 (54430) Demandante: Wilmer Augusto Agudelo Pinzón y otros Pinzón y Fernell Casavianca Solórzano. Esto, por cuanto se trata de las personas directamente afectadas con la privación de la libertad que consideran injusta. Y en lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra legitimada(os) en causa a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y la Nación-Fiscalía General de la Nación, por ser los órganos que intervinieron en la actuación que la parte actora considera le generó un daño antijurídico. : 4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada 4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la

4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada 4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: 0) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. 4.2.2. La jurisprudencia administrativa ha reiterado! que corresponde a la Fiscalía General de la Nación la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal, cuando las circunstancias fácticas indiquen la comisión de un delito, conforme a los articulos 250 de la Constitución?” y 23 de la Ley 270 de 19961. Aparte, la Ley 600 de 2000?, vigente cuando la investigación fue abierta en este caso, imponía a la Fiscalía la obligación de investigar ta ocurrencia de conductas que hubieran llegado a su conocimiento y estuvieran tipificadas. Como correlato a las obligaciones constitucionales y legales de la Fiscalía General de la Nación, que debe acatar según los artículos 4 y 6 de la Constitución??, y atendiendo al deber de los sujetos procesales de colaborar con la administración de justicia?!, la Y. 1% CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias del 4 de diciembre de 2006, exp. 13168; del 26 de abril de 2017, Rad. 41326; y del 11 de marzo de 2019, exp. 55518; del 29 de abril de 2019, exp. 47496; del 30 de septiembre de 2019, exp. 43938,

abril de 2017, Rad. 41326; y del 11 de marzo de 2019, exp. 55518; del 29 de abril de 2019, exp. 47496; del 30 de septiembre de 2019, exp. 43938, 18 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T-342 de 2022, fundamento jurídico 121. 17 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. “Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. [...I”. 18 LEY 270 DE 1996. “Artículo 23. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio, mediante denuncia o querella, por petición del Procurador General de la Nación, del Defensor del Pueblo 0 por informe de funcionario público, investigar los delitos, declarar precluidas las. investigaciones realizadas, calificar mediante acusación o preclusión y sustentar ta acusación de los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes, excepto los delitos cometidos por miembros dela fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio”. Y 12 LEY 600 DE 2000. "Artículo 74. Corresponde a la Fiscalía General de: la Nación dirigir, realizar y coordinar la investigación e instrucción en materia penal. [...] Artículo 114. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación: || 1. Investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. [...] Artículo 322. En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción, la

Nación: || 1. Investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. [...] Artículo 322. En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción, la investigación previa tendrá como finalidad determinar si ha tenido ocurrencia la conducta que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades, si está descrita en la ley penal como punible, sí se ha actuado al amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, sí cumple el requisito de procesabilidad para iniciar la acción penal y para recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible”. e 20 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. “Artículo 4, [...] Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. [...] Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.

Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión O extralimitación en el ejercicio de sus funciones. [...J”. 21 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. “Artículo 95. La calidad dle colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificaria. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. || Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. || Son deberes de la persona y del ciudadano: [...] 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; [...]”. 6Radicado: 410012331000200800393 01 (54430) 1 Demandante: Wilmer Augusto Agudelo Pinzón y otros

para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; [...]”. 6Radicado: 410012331000200800393 01 (54430) 1 Demandante: Wilmer Augusto Agudelo Pinzón y otros jurisprudencia ha reiterado que el proceso penal es una carga pública, que todo ciudadano tiene el deber de asumir??, En línea con lo anterior, la Subsección ha precisado que "la captura del imputado con fines de indagatoria, ordenada con la plenitud de formalidades y en los casos previstos en la ley, no constituye una infracción a la normatividad procesal penal ni una restricción injustificada del derecho a la libertad personal, puesto que el ordenamiento jurídico impone a todas las personas, en igualdad de condiciones, el deber de afrontar la investigación de las autoridades y de comparecer, si es necesario, para rendir su versión sobre los hechos. Tal carga se extiende durante el tiempo que la ley confiere al instructor para que resuelva la situación jurídica del indagado"2, Conforme a la Ley 600 de 2000, vigente cuando se produjo la captura de 26 de marzo de 20062425 debía-citarse al imputado a indagatoria, cuando el funcionario competente considerara que pudiera ser autor o partícipe de una infracción penal, conforme a tas circunstancias consignadas en las actuaciones, pudiendo el funcionario además prescindir de la citación y librar orden de captura directamente, cuando surgieran razones para considerar que se trataba de un delito en el que estuviera: obligatorio resolver la situación jurídica“. Al capturado, debía hacérsele saber sus derechos, de lo que debía dejarse constancia escrita?”, y aquel debía ser puesto inmediata y directamente a disposición del funcionario

delito en el que estuviera: obligatorio resolver la situación jurídica“. Al capturado, debía hacérsele saber sus derechos, de lo que debía dejarse constancia escrita?”, y aquel debía ser puesto inmediata y directamente a disposición del funcionario que ordenó la aprehensión”, el cual contaba con un plazo de treinta y seis (36) horas para legalizar su situación, mediante la expedición de mandamiento escrito al director del centro de reclusión respectivo, para que se mantuviera privado de la 22 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168; del 26 de abril de 2017, Rad. 41326; y del 11 de marzo de 2019, exp. 55518; del 29 de abril de 2019, exp. 47496; del 30 de septiembre de 2019, exp. 43938. 23 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de mayo de 2019, exp. 41662, En sentido análogo se pronunció la Sección Tercera en sentencias del 26 de septiembre de 2016, exp. 47307; y del 28 de octubre de 2019, exp. 45504. 24 LEY 600 DE 2000. “Artículo 535. Derógase el Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean contranas a la presente ley. || Artículo 536. Este Código entrará en vigencia un año después de su promulgación. |...]”. 25 “Según se observa, la norna acusada mantiene incólume la ley 228 de 1995 en lo tocante a los procesos

contranas a la presente ley. || Artículo 536. Este Código entrará en vigencia un año después de su promulgación. |...]”. 25 “Según se observa, la norna acusada mantiene incólume la ley 228 de 1995 en lo tocante a los procesos iniciados antes de la vigencia de la ley 600 de 2000 por las conductas consideradas como contravenciones en aquella ley, ratificando a la vez la competencia de los Jueces Penales Municipales y el procedimiento preexistente a la ley 600 de 2000. ' Lo que equivale a decir que al entrar a regir esta ley, sí bien se conservan los tipos contravencionales y las concomitantes sanciones de la ley 228 de 1995 para las respectivas conductas cometidas bajo su vigencia, es lo cierto que en materia procedimental se le dará aplicación a la ley 600 a partir del 24 de julio de 2001 respecto de la iniciación y trámite de los procesos que sobre tales conductas sea menester adelantar desde esta fecha". CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-763 de 2002. 2 LEY 600 DE 2000. “Artículo: 333. El funcionario judicial recibirá indagatoria a quien en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en la actuación o por haber sido sorprendido en Hagrante conducta punible, considere que puede ser autor o participe de la infracción penal. [...] Artículo 336. Citación para indagatoria. Todo imputado será citado en forma personal para rendir indagatoria, para lo cual se adefantarán las diligencias necesañas, dejando expresa constancia de ello en el expediente. Si no comparece o ante la imposibilidad de hacer efectiva la citación, el funcionario competente podrá ordenar su conducción para garantizar la práctica de fa diligencia. || Cuando de las pruebas allegadas surjan razones para considerar

o ante la imposibilidad de hacer efectiva la citación, el funcionario competente podrá ordenar su conducción para garantizar la práctica de fa diligencia. || Cuando de las pruebas allegadas surjan razones para considerar que se procede por un delito por el cual resulta obligatorio resolver situación jurídica, el funcionario judicial podrá prescindir de la citación y librar orden de captura”. 27 LEY 600 DE 2000. “Artículo 349. Derechos del capturado. A toda persona capturada se le hará saber en forma inmediata y se dejará constancia escrita: || 1. Sobre los motivos de la captura y el funcionario que la ordenó. || 2. El derecho a entrevistarse inmediatamente con un defensor. || 3. El derecho a indicar la persona a quien se le deba comunicar su aprehensión. El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que éste indique. || 4. El derecho a no ser incomunicado". E 28 LEY 600 DE 2000. “Artículo 351.:El capturado mediante orden escrita será puesto inmediata y directamente a disposición del funcionario judicial que ordenó la aprehensión. || Sí no es posible, se pondrá a su disposición en el establecimiento de reclusión del lugar y el director le informará inmediatamente o en la primera hora hábil siguiente, por el medio de comunicación más ágil, dejando las constancias a que haya lugar”. 7Radicado: 410012331000200800393 01 (54430) Demandante: Wilmer Augusto Agudelo Pinzón y otros libertad?. Cuando fueran aprehendidas simultáneamente cinco (5) personas o más, el fiscal disponía de un plazo de diez (10) días, para definir la situación

Demandante: Wilmer Augusto Agudelo Pinzón y otros libertad?. Cuando fueran aprehendidas simultáneamente cinco (5) personas o más, el fiscal disponía de un plazo de diez (10) días, para definir la situación jurídica de los capturados" Además, el funcionario, a cuya disposición se encontrara el capturado debía, además, ordenar su libertad inmediata cuando la captura se prolongara ilegalmente, de lo que debía dejarse constancia en acta de compromiso suscrita por el liberado”. 4.3. Pues bien, conforme a las pruebas documentales practicadas en el presente asunto, fueron acreditados los sig