CE - 410012331000200800550011SENTENCIASENTENCIA20230727092503

Radicado: 41001-23-31-000-2008-00550-01 (60328)

Demandante: José Arce! Zúñiga Alvarez y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandantes:

Demandado: Referencia: 41001-23-31-000-2908-00550-01 (60328)

José Arce] Zúñiga Alvarez y otros. La Nación - Fiscalía General de la Nación. Acción de reparación directa. Tema 1: Responsabilidad del Estado por la administración de justicia. Subtema 1.1. Privación injusta de la libertad - Ley 600 de 2000. Subtema 1.2. Daño antijurídico - no configurado. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 20131, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte accionaca contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 2 de agosto de 2017, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS José Arce¡ Zúñiga Álvarez fue Vinculado a una investigación criminal dentro de la cual la Fiscalía, al decidir su situación jurídica, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por el delito de rebelión.

Luego, un juez penal efectuó el control de legalidad sobre esa decisión y dispuso

cual la Fiscalía, al decidir su situación jurídica, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por el delito de rebelión. Luego, un juez penal efectuó el control de legalidad sobre esa decisión y dispuso su revocación. Posteriormente, la autoridad instructora precluyó la actuación por considerar que la Fiscalía que decretó la apertura de la instrucción se abstuvo de corroborar el dicho de los testigos de cargo en relación con la verdadera existencia de los hechos denunciados. Los demandantes califican como injusta la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Zúñiga Álvarez.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda El 14 de mayo de 20082, José Arce¡ Zúñiga Álvarez junto con algunos de sus familiares más cercanos, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, con la que pretenden que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación - Fiscalía General de la Nación—, con ocasión de la privación de la libertad que aquel soportó dentro de la investigación criminal 1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: 'los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (U) conscriptos y,

(ni) muerte de personas privadah' de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno (.4". 2 Folios 11 a 13 C.2.Radicado: 41001-23-31-000-2008-00550-01 (60328)

Demandante: José Arce! Zúñiga Alvarez y otros

al turno (.4". 2 Folios 11 a 13 C.2.Radicado: 41001-23-31-000-2008-00550-01 (60328) Demandante: José Arce! Zúñiga Alvarez y otros radicada al núm. 56.688, a consecuencia de la detención preventiva que se le impuso por el delito de concierto para delinquir. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia El Tribunal Administrativo del Huila, por auto de fecha 19 de enero de 2009 admitió la demanda, lo que fue notificado a la entidad áccionada 4 . La Nación - Fiscalía General de la Nación - se pronunció oportunamente frente a la demanda, con escrito en el que se opuso, a las pretensiones formuladas 5 . Como argumento defensivo, expresó que su actuación se adelantó con fundamento en la normatividad penal vigente, así como en los elementos probatorios recaudados en el marco de la instrucción briminal que daban cuenta de la participación del demandante en la conducta punible que se le atribuía. Una vez agotada la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo 6 . Así lo hicieron los demandantes, quienes manifestaron que la privación de la libertad de José Arce¡ Zúñiga Alvarez ocurrió sin que existieran indicios que determinaran su responsabilidad en la comisión del delito de rebelión 7 . La entidad accionada, por su parte, argumentó que la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al actor encontró sustentó en los señalamientos efectuados por algunos reinsertados de las FARÇ que lo sindicaban de

accionada, por su parte, argumentó que la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al actor encontró sustentó en los señalamientos efectuados por algunos reinsertados de las FARÇ que lo sindicaban de pertenecer a ese grupo armado ilegal, por lo que aseguró que las decisiones adoptadas en la investigación en ningún modo podían considerarse como arbitrarias o violatorias de los procedimientos legales 6 . El Ministerio Público guardó silencio en esa oportunidad procesal 9 . 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia dei 2 de agosto de 201710, analizó la responsabilidad del Estado bajo el régimen objetivo, y consideró que la privación de la libertad padecida por José Arce¡ Zúñiga Alvarez constituyó la materialización de una carga que éste no estaba obligado a soportar, en la medida de que la investigación penal iniciada en su contra finalizó con una providencia que mantuvo incólume su presunción de inocencia, por lo que encontró acreditado el daño antijurídico objeto de la ,pretensión de reparación, daño que imputó a la Fiscalía General de la Nación, en cuanto fue un órgano perteneciente a la estructura de esa entidad quien resolvió la situación jurídica del sindicado y lo privó de su libertad. En consecuencia, declaró administrativa y patrimon ¡al mente responsable a la Fiscalía General dé la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue objeto José Arce¡ Zúñiga Álvarez y, condenó a esta entidad al pago de perjuicios morales en cuantía 'de 50 SMLMV para cada uno de los demandantes. Folios 27 a 30 C.2. Folios 39 a 43 C.2.

esta entidad al pago de perjuicios morales en cuantía 'de 50 SMLMV para cada uno de los demandantes. Folios 27 a 30 C.2. Folios 39 a 43 C.2. Folios 45 a 66 C.2. 6 Folio 95 C.2. Folios 96 a 101 C.2. o Folios 102 a 122 C.2. Folio 123 c.2. 10 Folios 304 a 319 C. Ppal. 2Radicado: 41001-23-31-000-2008-00550-01 (60328)

Demandante: José Arce! Zúñiga Alvarez y otros

2.4. El recurso de apelación La entidad accionada, en el recurso de apelación interpuesto el 28 de agosto de 201711, solicitó la revocación de la sentencia de primera instancia. Como fundamento de su petición, argumentó que la privación de la libertad de que fue objeto José Arce¡ Zúñiga no podía calificarse como injusta, comoquiera que las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación en el marcó de la investigación a la cual fue vinculado el demandante, se ajustaron a lo dispuesto en la normatividad penal vigente para la época de los hechos, tanto como a los medios de prueba allegados a la actuación criminal. 2.5. Conciliación Según lo prescrito en el articulo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal Administrativo del Huila convocó a las partes a audiencia de conciliación 12 , diigencia que celebrada como fue el 3 de octubre de 201713, se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio; por lo que dicha Corporación concedió el recurso de apelación formulado por la entidad demandada 14 .

diigencia que celebrada como fue el 3 de octubre de 201713, se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio; por lo que dicha Corporación concedió el recurso de apelación formulado por la entidad demandada 14 . 2.6. Trámite procesal relevante en segunda instancia Esta Corporación admitió el recurso de apelación, con auto del 17 de enero de 201815 . Por auto del 28 de febrero de 201816, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo; oportunidad procesal que fue aprovechada únicamente por la entidad apelante, quien remarcó que el Tribunal Administrativo del Huila, en la sentencia de primera instancia, se abstuvo de analizar la legalidad de la medida de aseguramiento de detención preventiva dictada en contra del ahora accionante y, por tanto, de determinar si la decisión que ordenó la privación de su libertad fue producto de una actuación arbitraria y violatoria de los procedimientos legales 17 .

III. PROBLEMAS JURÍDICOS En atención a los presupuestos de la responsabilidad patrimonial pública, que, en nuestro caso, deben inferirse del artículo 90 de la Constitución Política, y en función de los reproches - que la recurrente formula a la sentencia de primera instancia, la Sala encuentra necesario dar respuesta a los siguientes problemas jurídicos en forma sucesiva, aunque condicionada a la contestación afirmativa que el cuestionamiento precedente reciba: 11 Folios 323 a 339 C. Ppal.

12 Folio 341 C. Ppal. 13 Folio 361 C. Ppal. 14 ¡bid. 15 Folio 366 C. Ppal.

el cuestionamiento precedente reciba: 11 Folios 323 a 339 C. Ppal. 12 Folio 341 C. Ppal. 13 Folio 361 C. Ppal. 14 ¡bid. 15 Folio 366 C. Ppal. 16 Folio 368 C. Ppal. 17 Folios 369 a 385 C. Ppal. 3Radicado: 41001-23-31-000-2008-00550-01 (60328) Demandante: José Arce! Zúñiga Alvarez y otros 3.1. ¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación..de la libertad a la que fue sometido José Arce¡ Zúñiga Alvarez en el proceso penal adelantado en su contra por el delito de rebelión, que terminó en razón a la preclusión de la investigación? Si la respuesta al anterior interrogante es de signo afirmativo, procederá a la solución de este otro: 3.2. ¿El daño antijurídico que sufrieron los demandantes a causa de la detención padecida por el señor Zúñiga Alvarez, es imputable a la Nación por causa de acción u omisión de la Fiscalía General de la Nación?

W. CONSIDERACIONES: 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asista para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la ley 270 de 1996 y a la naturaleza del asunto 18 , así como al oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda el día 14 de mayo de 200819, esto es, dentro de los dos (2)

así como al oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda el día 14 de mayo de 200819, esto es, dentro de los dos (2) años posteriores 20 al día siguiente a la ejecutoria de la decisión de fecha 5 de julio de 200621, por medio de la cual la autoridad instructora precluyó la investigación adelantada en contra de José Arce¡ Zúñiga 22 por el delitç de rebelión. 4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por 'activa: José Arce¡ Zúñiga Alvarez, como sujeto pasivo de la privación de la librtad; Luz Amparo Angel, quien demuestra ser su cónyuge 23 ; Elenicxa Zúñiga Angel 24 , Luis Gerardo Zúñiga Ange1 25 y José Arce¡ Zúñiga Ange1 26 , acreditádos como sus hijos. Y en lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la persona jurídica llamada a responder en este asunto es la Nación, representada por el Fiscal General de la Nación 27 , puesto que fue un órgano de la entidad que él regenta quien tramitó la instrucción criminal, profirió medida de aseguramiento de detención preventiva y resolución de preclusión contra el mencionado actor. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Autó del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 19 Folios 1 a 13 C.2. 20 CCA. Articulo 136.8 "Caducidad de las acciones. (...) La de reparación directa caducará al vencimiento del

19 Folios 1 a 13 C.2. 20 CCA. Articulo 136.8 "Caducidad de las acciones. (...) La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del dia siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. ( ... )". 21 Según la constancia expedida por la Fiscalía Tercera Seccional de Neiva, Huila, visible a folio 13 C.2., se tiene que la resolución que precluyó la instrucción seguida en contra del actor quedó debidamente ejecutoriada el 21 de julio de 2006. 22 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de febrero de 1996, exp. 11425. 23 La copia auténtica del registro civil de matrimonio con indicativo serial.03591676, obrante a folio 7 C.2., demuestra que Luz Amparo Ángel es cónyuge de José Arce¡ Zúñiga Alvarez. 24 La copia auténtica del registro civil de nacimiento con indicativo serial 15938319, obrante a folio 9 C.2. denota que Elenicxa Zúñiga Angel es hija de José Arce[ Zúñiga Alvarez yLuz Amparo Angel. 25 La copia auténtica del registro civil de nacimiento con indicativo serial 15938504, obrante a folio 10 C.2., acredita que Luis Gerardo Zúñiga Angel es hijo de José Arce¡ Zúñiga Alvárez y Luz Amparo Angel. 26 La copia auténtica del registro civil de nacimiento con indicativo serial 20595385, obrante a folio 11 C.2.,

acredita que Luis Gerardo Zúñiga Angel es hijo de José Arce¡ Zúñiga Alvárez y Luz Amparo Angel. 26 La copia auténtica del registro civil de nacimiento con indicativo serial 20595385, obrante a folio 11 C.2., demuestra que José Arce¡ Zúñiga Ángel es hijo de José Arce[ Zúñiga Álvárez y Luz Amparo Angel. 27 La Fiscalía General de la Nación "representa a la Nación en aquellos asuntos contencioso administrativos que se susciten con ocasión de sus actuaciones u omisiones". Al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—. Auto del 25 de septiembre de 2013, exp. 20420. 4Radicado: 41001-23-31-000-2008-00550-01 (60328)

Demandante: José Arce! Zúñiga Alvarez y otros

4.2. En relación con el primer problema jurídico formulado 4.2.1. El articulo 90 de la Constitución Política de Colombia prescribe que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir doS (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (U) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. 4.2.2. Con todo, la estricta coherencia que debe ser observada con la comprensión que se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio lesionado no está obligado a soportar 28 , lleva a entender que, en algunas ocasiones, el daño causado con plena observancia de la ley y de la

comprensión que se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio lesionado no está obligado a soportar 28 , lleva a entender que, en algunas ocasiones, el daño causado con plena observancia de la ley y de la principialística rectora de la actuación del órgano demandado puede, sin embargo, resultar intrínsecamente injusto. Esa la razón por la que el juicio relativo a la juridicidad del daño no se agota con la verificación de la observancia del actuar conforme a derecho positivo de la autoridad que causó el daño, verificación que siempre viene necesaria para preservar el sentido correctivo y propedéutico que cumple el juicio de responsabilidad estatal aquiliana y, por el contrario, debe extenderse al análisis de su conformidad con la justicia. Así lo reclama un correcto entendimiento del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Esa injust'cia, cuando de una privación de la libertad personal por causa de detención preventiva dispuesta con ocasión de una investigación penal se trata, como bien lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, no puede determinarse linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente, del proceso penal. Tampoco emerge de forma automática por descarte de la antijuridicidad que reposa en la causación del daño 29 . Debe surgir, una inadecuada relación entre los fines que se pretendían satisfacer con la medida 30 31, y los elementos de juicio invocados por el operador jurídico con sustento en los medios materiales probatorios recabados, de modo tal que se reduzca a una apariencia de la responsabilidad del implicado en el asunto (razonabilidad).

medios materiales probatorios recabados, de modo tal que se reduzca a una apariencia de la responsabilidad del implicado en el asunto (razonabilidad). 28 Consejo de Estado ! Sección Tercera. Sentencia del 28 de mayo de 1992, exp. 6771. 29 «[E]l juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en es:os casos, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalid a d y legalidad. [ ... ]". Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018. 30 "Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantias judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los limites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva". CORTE IHD, Caso Suárez Rosero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, serie C N° 35, párr. 77. 31 'Las medidas cautelares se establecen en tanto sean indispensables para los objetivos propuestos. La

35, párr. 77. 31 'Las medidas cautelares se establecen en tanto sean indispensables para los objetivos propuestos. La prisión preventiva no es una excepción a esta regla. Como consecuencia del principio de excepcionalidad, sólo procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso porque se pueda demostrar que las medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se debe procurar su sustitución por una de menor gravedad cuando las circunstancias así lo permitan. [ ... ] 105. Otra condición del carácter cautelar de la prisión preventiva es que está llamada a regir sólo durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto (provisionalidad)". COMISIÓN [CH. Informe 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2003, párr. 100 y 102 y 105. 5Radicado: 41001-23-31-000-2008-00550-01 (60328)

Demandante: José Arce! Zúñiga Alvarez y otros

Además, la medida de aseguramiento no puede equivaler o superar el monto de pena previsto para el delit0 32 . 4.2.3. Pues bien, conforme a las pruebas documentales, practicadas en el presente asunto, fueron acreditados los siguientes hechos: 4.2.3.1. Mediante providencia del 12 de junio de, ' 2002, la Fiscalía Segunda Especializada de Neiva, con fundamento en iforme de la Sección de Inteligencia del Departamento de Policía del Huila, ordenó la apertura de investigación preliminar y, en consecuencia, dispuso escuchar en

' 2002, la Fiscalía Segunda Especializada de Neiva, con fundamento en iforme de la Sección de Inteligencia del Departamento de Policía del Huila, ordenó la apertura de investigación preliminar y, en consecuencia, dispuso escuchar en declaración jurada al señor Farith Motta González 33 . 4.2.3.2. Por resolución de fecha 10 de julio de 002, la Fiscalía Segunda Especializada de Neiva ordenó la apertura de la instrucción en contra de José Arce¡ Zúñiga Álvarez —entre otros— por el delito de rebelión y, dispuso su captura 34 para que mediante indagátoria fuera vinculado a la actuación, así como práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos motivo de investigción 35 . 4.2.3.3. El día 13 de julio de 2002, José Arce¡ Zúñiga Álvarez —junto con otras 11 personas—, fue capturado por miembfos de la Policía Judicial y dejado a disposición de la Fiscalía Segunda Especializada de Neiva con oficio DPH-SlJlN de esa misma fecha 36 , autoridad que el 14 de julio de 2002 expidió boleta de encarcelamiento 37 n la cual le solicitó al comandante de la SIJÍN de Neiva mantener "privado de la libertad al entonces capturado. 4.2.3.4. El señor José Arce¡ Zúñiga Álvarez rindió ' indagatoria el 18 de julio de 2002 ante la Fiscalía Segunda Especializada de Neiva 38 , la que fue ampliada en diligencia celebrada por esa autoridad el 23 de julio de dicha anualidad 39 .

de 2002 ante la Fiscalía Segunda Especializada de Neiva 38 , la que fue ampliada en diligencia celebrada por esa autoridad el 23 de julio de dicha anualidad 39 . 4.2.3.5. La Fiscalía Segunda Especializada de N&iva, al decidir la situación jurídica de José Arce¡ Zúñiga Alvarez, entre otros, por resolución expedida el 2 de agosto de 2002, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin beneficio de excarcelación 40 , como coautor del delito de rebelión 41 . 32 "La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que Una persona condenada. El Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que se espera en caso de una condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que no sería posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción". CORTE IDH. Caso Barreto Leiva Vs Venezuela. Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 122. 33 Copia auténtica de la providencia de apertura de investigación preliminar obra a folio 7 C.20.

Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 122. 33 Copia auténtica de la providencia de apertura de investigación preliminar obra a folio 7 C.20. 14 Copia auténtica de la orden de captura número 0513857 expedida en çontra de José Arce¡ Zúñiga Alvarez es visible a folio 37 C.20. 31 Copia auténtica de la decisión que dispuso la apertura de instrucción obra a folios 29 a 30 C.20. 36 Copia auténtica del oficio de fecha 13 de julio de 2002 obra a folios 54 a 59 C.20. 31 Copia auténtica de la boleta de encarcelamiento número 0031 es visibl.a folios 147 a 148 C.20. ° Copia auténtica del acta de la diligencia de indagatoria rendida el 18 dé julio de 2002 es visible a folios 258 a 263 C.18. Copia auténtica de esa diligencia obra a folios 117 a 124 C.1 7. 40 Copia auténtica del formato de medida de aseguramiento obra a folio 194 C.16, 41 Copia auténtica de la resolución que impuso la medida de aseguramiénto de detención preventiva obra a folios 36 a 72 C.13. 6Radicado: 41001-23-31-000-2008-00550-01 (60328) Demandante: José Arce! Zúñiga Alvarez y otros 4.2.3.6. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva, mediante decisión de fecha 18 de diciembre de 2002, revocó la medida de aseguramiento impuesta a José Arce¡ Zúñiga Alvarez y ordenó librar la respectiva boleta de

4.2.3.6. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva, mediante decisión de fecha 18 de diciembre de 2002, revocó la medida de aseguramiento impuesta a José Arce¡ Zúñiga Alvarez y ordenó librar la respectiva boleta de libertad, por considerar, en el marco del control de legalidad, que contra aqjella medida restrictiva invocaran los defensores de algunos de los sindicados, que las versiones que sirvieron de sustento para su decreto no fueron valoradas integralmente por la autoridad investigadora 42 . 4.2.3.7. Finalmente, la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Neiva, por resolución del 5 de julio de 2006, precluyó la investigación adelantada contra José Arcel Zúñiga Alvarez por el delito de rebelión porque, a su juicio, la autoridad que decretó la apertura de la instrucción se abstuvo de corroborar el dicho de los testigos de cargo en relación con la verdadera existencia de los hechos denunciados. Al punto, sostuvo que "los sindicados, algunos familiares del mismo testigo de cargo, Farit Molla, lo señalan como una persona irresponsable, inestable, con problemas mentales como fruto de un accidente de tránsito que sufrió en la vía que de esta ciudad conduce a Yaguará, es conocido por sus paisanos como un delincuente, astuto para engañar a los campesinos y no cumplirles los trabajos de dentistería; el mismo reinsertado Carlos Alberto Silva en esta fiscalía afirmó que estos testigos nunca fueron miembros activos de la guerrilla, de tal manera que sus dichos no son dignos de credibilidad 1,43 .

los trabajos de dentistería; el mismo reinsertado Carlos Alberto Silva en esta fiscalía afirmó que estos testigos nunca fueron miembros activos de la guerrilla, de tal manera que sus dichos no son dignos de credibilidad 1,43 . 4.2.4. Conforme con lo anterior, y en función de la juridicidad de la privación de la libertad que soportó el señor José Arce¡ Zúñiga Alvarez, aquella debe ser confrontada con la normativa de la Ley 600 de 2000, por la cual se expidió el Código Procesal Penal, vigente para esa época. El artículo 332 ibidem, de forma general, facultaba a la Fiscalía para ordenar la captura de quien considerara autor o partícipe de la infracción penal, con base en los resultados de la indagación previa o por flagrancia y, concretamente, el artículo 336 ejusdem prescribía que el ente instructor podía ordenar la captura del sindicado con fines de indagatoria si, conforme a las pruebas allegadas, existían razones para considerar que se trataba de un delito que lo obligaba a resolver la situación jurídica; la que, conforme al articulo 354 de la Ley 600 de 2000, debía ser definida en aquellos eventos en que resultara procedente la detención preventiva. La medida de aseguramiento, a su vez, procedía cuando se imputaran delitos que fueran castigados con pena de prisión cuyo mínimo fuera igual o superior a cuatro (4) años, según el artículo 357 ejusdem. En el sub examine, se observa que la Fiscalía Segunda Especializada de Neiva, con fundamento en el informe de la Seccional de Inteligencia del Departamento de Policía del Huila —en el cual dio a conocer que el particular Farith Motta

En el sub examine, se observa que la Fiscalía Segunda Especializada de Neiva, con fundamento en el informe de la Seccional de Inteligencia del Departamento de Policía del Huila —en el cual dio a conocer que el particular Farith Motta González "alias Jairo Sánchez" se presentó en las instalaciones de la SON y, luego de ser escuchado en entrevista, dijo pertenecer al frente Joselo Losada de las FARC y encontrarse desde hacía cuatro meses en la Inspección de Pacarní, procederte del municipio de Paujíl, Caquetá 44-45 —, inició la correspondiente indagación preliminar con el fin de determinar las personas que hacían parte o colaboraban con aquel bloque de las FARC que operaba en ese territorio. 42 Copia auténtica de la decisión que revocó la medida de aseguramiento obra a folios 58 a 78 C.5. 13 La resolución que precluyá la investigación es visible a folios 317 a 331 C.8. 14 Conforme se extrae de la providencia que revocó la medida de aseguramiento visible a folios 58 a 78 C.5. ' Copia auténtica del informe de policía judicial obra a folio 6 C.20. 7Radicado: 41001-23-31-000-2008-00550-01 (60328)

Demandante: José Arce! Zúñiga Alvarez y otros

Fue así como dentro de esta etapa se practicó declaración jurada a Farith Motta González, quien específicamente se refirió a José Arce¡ Zúñiga con el alias de "Chelo" y lo señaló como una de las personas que aportaba dinero a los comandantes del frente Joselo Losada de las FARC Manifestó que éste era pensionado de la policía y se desempeñaba como concejal de Nátaga, Huila,

"Chelo" y lo señaló como una de las personas que aportaba dinero a los comandantes del frente Joselo Losada de las FARC Manifestó que éste era pensionado de la policía y se desempeñaba como concejal de Nátaga, Huila, municipio donde dijo que el señor Zúñiga poseía varias propiedades, entre las cuales destacó un asadero de pollos, varias tiendas, un negocio o tomadero llamado "El Oasis" y una finca llamada "El Recuerdo"; por lo que, con base en ello, la Fiscalía procedió a ordenar la apertura formál de la investigación y a disponer su captura para que, mediante indagatoria, fuera vinculado a las diligencias por el delito de rebelión. En consecuencia, resultaba viable, en su momento, que el Fiscal realizara el estudio correspdndiente de la medida de aseguramiento y ordenara la aprehensión del hoy demandante, toda vez que se buscaba establecer su participación en la comisión de un delito cuya pena mínima de seis (6) años de prisión hacía procedente la detención preventiva 46 . Respecto de la duración de la captura, el artículo 340 de la Ley 600 de 2000 ordenaba que la indagatoria debía recibirse en la mayor brevedad posible o, a más tardar, dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición del Fiscal, pero duplicaba el término, si había más de dos capturados en la misma actuación procesal y la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha. Por su parte, el artículo 354 ejusdem prescribía que, cuando la persona se encontrara privada de la libertad, una vez r