CE - 410012331000201000721021SENTENCIA20230622154255

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 41001233100020100072102 (59454) Demandante: — RUTH JACQUELINE PEREZ PEREZ Y OTROS Demandado: - NACIÓN -— FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Tema: > Privación injusta de la libertad. Ley 600 de 2000. Apelante único.

Liquidación de perjuicios. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 1% de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 27 de julio de 2000, Marco Fidel Pinzón Azuero denunció ante la Fiscalía General de la Nación que Carlos Onofre Pinzón Sierra había sido secuestrado por desconocidos. Luego, el 11 de marzo de 2001, Willinson Guzmán Vásquez testificó - ante la Fiscalía 2? Especializada de Neiva que Ruth Jacqueline Pérez Pérez había participado en el secuestro del señor Pinzón Sierra. Posteriormente, el 23 de marzo de 2001, la Fiscalia 2? Especializada de Neiva impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Ruth Jacqueline Pérez Pérez, por ser presunta autora del delito de secuestro extorsivo. Por ello, el 26 de marzo de

de 2001, la Fiscalia 2? Especializada de Neiva impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Ruth Jacqueline Pérez Pérez, por ser presunta autora del delito de secuestro extorsivo. Por ello, el 26 de marzo de 2001, agentes del CTI detuvieron a la señora Pérez Pérez. Después, el 8 de marzo de 2002, la Fiscalía 4? Especializada de Neiva acusó a la sindicada de ser autora del delito de secuestro extorsivo. Seguidamente, mediante sentencia del 26 de noviembre de 2003, el Juzgado 1.Penal del Circuito Especializado de Neiva absolvió a la procesada por ín dubio pro reo. Los demandantes consideran que la detención de Ruth Jacqueline Pérez Pérez fue injusta, puesto que fue absuelta porRadicado: 41001233100020100072102 (59454) Demandante: Ruth Jacqueline Pérez y otros no existir certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de secuestro extorsivo. ll ANTECEDENTES

1. Demanda El 20 de noviembre de 2010, Ruth Jacqueline y Mary Pérez Pérez, Gustavo Rojas Rubiano y María José Rojas Pérez, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Ruth Jacqueline Pérez Pérez.

Como pretensiones de su demanda, los demandantes solicitaron condenar a las entidades accionadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de

la privación de la libertad de la que fue objeto Ruth Jacqueline Pérez Pérez. Como pretensiones de su demanda, los demandantes solicitaron condenar a las entidades accionadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los actores; por daño a la vida de relación, 100 SMLMV a cada uno de los actores; por daño emergente, la suma de $45.700.000 a Ruth Jacqueline Pérez Pérez; y por lucro cesante, la suma de $96.584.219 a Ruth Jacqueline Pérez Pérez. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 27 de julio de 2000, Marco Fidel Pinzón Azuero denunció ante la Fiscalía General de la Nación que Carlos Onofre Pinzón Sierra había sido secuestrado por desconocidos. Señala que el 11 de marzo de 2001, Willinson Guzmán Vásquez testificó ante la Fiscalía 2? Especializada de Neiva que Ruth Jacqueline Pérez había participado en el secuestro del señor Pinzón Sierra. Indica que el 23 de marzo de 2001, la Fiscalia 2? Especializada de Neiva impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Ruth Jacqueline Pérez Pérez, por ser presunta autora del delito de secuestro extorsivo. Señala que el 26 de marzo de 2001, agentes del CTI detuvieron a la señora Pérez Pérez. 1 Fl. 288 a 310, C. 2.Radicado: 41001233100020100072102 (59454) " o Demandante: Ruth Jacqueline Pérez y otros + Manifiesta que el 8 de marzo de 2002, la Fiscalía 4 Especializada de Neiva acusó a la sindicada de ser autora del delito de secuestro extorsivo.

" o Demandante: Ruth Jacqueline Pérez y otros + Manifiesta que el 8 de marzo de 2002, la Fiscalía 4 Especializada de Neiva acusó a la sindicada de ser autora del delito de secuestro extorsivo. Aduce que mediante sentencia del 26 de noviembre de 2003, el Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Neiva absolvió a la procesada por in dubio pro reo. Sostiene que el 28 de mayo de 2004, el Tribunal Superior de Neiva confirmó la anterior providencia, decisión contra la que se interpuso recurso extraordinario de casación. Concluye que mediante proveído del 8 de octubre de 2008, la Sala de Casación Penal de la Corté Suprema de Justicia resolvió no casar la sentencia del 28 de mayo de 2004 proferida por el Tribunal Superior de Neiva. Los demandantes consideran que la detención de Ruth Jacqueline Pérez Pérez fue injusta, puesto que fue absuelta por no existir certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de secuestro extorsivo. Textualmente los demandantes solicitan: “[...] Que se declare que la Nación Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación [...] son administrativa y solidariamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los convocantes, a raíz de la privación injusta de la libertad de que fue objeto Ruth Jacqueline Pérez Pérez el día 26 de marzo de 2001 hasta el 1? de diciembre de 2003, por ser absuelta de toda responsabilidad penal [...]”.

2. Contestaciones El 9 de febrero de 2011?, el Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público.

2003, por ser absuelta de toda responsabilidad penal [...]”.

2. Contestaciones El 9 de febrero de 2011?, el Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. 2 Fl, 313, C. 2.Radicado: 41001233100020100072102 (59454) Demandante: Ruth Jacqueline Pérez y otros 2.41. La Fiscalía General de la Nación3 manifestó que no ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, porque sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de las prerrogativas constitucionales y legales que le habían sido conferidas. | 2.2..La Rama Judicial argumentó que el daño alegado por los accionantes devino de las actuaciones adelantadas por la Fiscalia General de la Nación, pues fue la entidad que impuso medida de aseguramiento en contra de Ruth Jacqueline Pérez Pérez. Como excepciones formuló las que denominó “caducidad”, “falta de legitimidad en la causa por pasiva”, “falta de causa para demandar” e “inexistencia de perjuicios”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 24 de abril de 20155, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para - alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La parte actoraf, la Fiscalía General de la Nación? y la Rama Judicial? reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público? solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, al estimar que resultaba aplicable la responsabilidad objetiva, toda vez que Ruth Jacqueline Pérez Peréz había sido absuelta por in dubio pro reo.

respectivamente. 3.2. El Ministerio Público? solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, al estimar que resultaba aplicable la responsabilidad objetiva, toda vez que Ruth Jacqueline Pérez Peréz había sido absuelta por in dubio pro reo. 3 Fl 352 a 357, C. 2. 4FL 328a342,C.2.- 5 Fl, 474, C. 3. $ FL 480 a 485, C. 3, 7 Fl. 486 a 490, C. 3. 8 Fl 476 a478,C. 3. 9 Fl. 509 a 517, C. 3, Concepto rendido por el Procurador 153 Judicial ll Administrativo de Neiva.Radicado: 41001233100020100072102 (59454) Demandante: Ruth Jacqueline Pérez y otros 4, Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 1% de marzo de 20171? el Tribunal Administrativo del Huila accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de Ruth Jacqueline fue injusta, toda vez que fue absuelta por ín dubio pro reo, lo cual, en su concepto, constituía uno de los supuestos para - declarar objetivamente la responsabilidad patrimonial del Estado. Por otra parte, consideró que el daño antijurídico no era imputable a la Rama Judicial, pues su actuación no fue determinante en la producción del hecho lesivo. Al efecto sostuvo en la sentencia que: “f...] es claro que se configura en este caso una de las circunstancias en que, conforme a los precedentes jurisprudenciales citados, quien ha sido privado de la libertad y su familia tienen derecho a ser indemnizados, pues según la misma administración de justicia, la demandante Ruth

una de las circunstancias en que, conforme a los precedentes jurisprudenciales citados, quien ha sido privado de la libertad y su familia tienen derecho a ser indemnizados, pues según la misma administración de justicia, la demandante Ruth Jacqueline Pérez Pérez no cometió el delito de secuestro extorsivo por el cual fue acusada y vinculada al proceso penal y restringida su líbertad, siendo abiertamente desproporcionado e injusto imponer al actor una carga pública que todos los administrados deben asumir en condiciones de igualdad. A fuerza de ello se concluye conforme las circunstancias fácticas descritas, que la señora Ruth Jacqueline Pérez no está en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó a ella y a su grupo familiar y por tanto, debe calificarse dicho hecho como antijurídico e imputable únicamente a la Fiscalía General de la Nación como pasa a explicarse y el deber de indemnizar los perjuicios causados. Se dice que la obligación de - reparar recae exclusivamente en la Fiscalía General de la Nación, pues el daño lo produjo esta entidad a los demandantes al ordenar la capfura y detención en establecimiento carcelario de la demandante Ruth Jacqueline Pérez, que a la postre resulta ser antijurídica al no haber demostrado la comisión del delito [...]”. En la parte resolutiva, el a quo condenó exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Ruth Jacqueline Pérez Pérez, Gustavo Rojas Rubiano y María José Rojas Pérez, y 50 SMLMV a Mary Pérez Pérez; y por lucro cesante, la suma de $30.061.967 a Ruth Jacqueline Pérez Pérez.

Gustavo Rojas Rubiano y María José Rojas Pérez, y 50 SMLMV a Mary Pérez Pérez; y por lucro cesante, la suma de $30.061.967 a Ruth Jacqueline Pérez Pérez. 19 Fl. 521 a 540, C. 4.Radicado: 410012331090020100072102 (594.54)

Demandante: Ruth Jacqueline Pérez y otros

5. Recurso de apelación El 29 de marzo de 201711, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 23 de mayo de 201712 y admitido el 28 de junio de 201713. 5.1. La parte actora! solicitó incrementar el valor reconocido por perjuicios morales a Mary Pérez Pérez y reconocer el daño a la vida de relación solicitado en el libelo introductorio.

Textualmente manifestó que: f..] Sí bien es cierto el Despacho reconoció el perjuicio moral a la madre de la víctima, también lo es que no fue reconocido con base a los montos fijados por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 [...] Lo anterior se afirma, pues a la Sra. Mary Pérez Pérez se le reconoció la suma de 50 S.M.L.M.V., cuando lo correcto según el grado de consanguinidad de la perjudicada y la presunción que se maneja para los familiares más cercanos es de 100 S.M.L.M.V., tal como se estableció en la sentencia de unificación. Además, está probado en el plenario que la privación de Ruth Jacqueline Pérez Pérez le causó una alteración a su vida familiar, sus costumbres, su entorno social que se vio reflejado con los señalamientos y discriminación, situación está que directamente le afectó al grupo

plenario que la privación de Ruth Jacqueline Pérez Pérez le causó una alteración a su vida familiar, sus costumbres, su entorno social que se vio reflejado con los señalamientos y discriminación, situación está que directamente le afectó al grupo familiar. En tal sentido, solicito comedidamente se revoque parcialmente la sentencia, se acceda al reconocimiento del perjuicio daño a la vida de relación y la debida tasación del perjuicio moral a la madre de la privada injustamente de la libertad [...].

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 8 de agosto de 20175 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 11 Fl. 546 a 548, C. 4. 12 FL. 577 y 578, C. 4. 13 Fl. 603, C. 4, 14 Fl. 519 a 521, C. 4. 15 Fl. 606, C. 4.Radicado: 41001233100020100072102 (59454) Demandante: Ruth Jacqueline Pérez y otros 6.1. La parte actora? reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 6.2. La Fiscalia General de la Nación, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio!”.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 1? de marzo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la

del Huila, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86$ del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia. 16 Fl, 607 y 608, C. 4. 17 Fl, 609, C. 4, 18 “Artículo 86. Acción. de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa O la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.”Radicado:41001233100020100072102 (59454) -

Demandante: Ruth Jacqueline Pérez y otros

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general'? estableció unos plazos para poder ejercer

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general'? estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción”, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos “adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como limite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la. salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. 12 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legisfador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida

a través de la cual, el legisfador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico, En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”. 22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 "...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legistador (...) El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”Radicado: 41001233100020100072102 (59454) Demandante: Ruth Jacqueline Pérez y otros La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de

solidificar el concepto de derechos adquiridos.”Radicado: 41001233100020100072102 (59454) Demandante: Ruth Jacqueline Pérez y otros La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure”! que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia??, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al-vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Así mismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado,

de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, 21 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legistador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso jure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: ”... fsfi el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce

ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.10

Radicado: 41001233100020100072102 (59454) Demandante: Ruth Jacqueline Pérez y otros lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad”.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la providencia del 8 de octubre de 2008, mediante la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 28 de mayo de 2004?, proferida por el Tribunal Superior de Neiva, cobró ejecutoria en la misma fecha en que se suscribió, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000%, ¡i) que la anterior decisión se notificó mediante edicto del 16 de octubre de 2008, el cual se desfijó el 20 de octubre siguiente”, fecha a partir de la cual los demandantes tuvieron conocimiento de dicha providencia”; ¡¡i) que los demandantes presentaron - solicitud de conciliación extrajudicial el 13 de octubre de 201028, la cual se declaró fallida el 23 de noviembre siguiente; y iv) que la demanda se presentó el 26 de noviembre de 2010%. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622;

fallida el 23 de noviembre siguiente; y iv) que la demanda se presentó el 26 de noviembre de 2010%. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622; Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716. 24 Por la cual se confirmó el proveido del 26 de noviembre de 2003, que absolvió a Ruth Jacqueline Pérez Pérez por in dubio pro reo. 25 Ley 600 de 2000. Artículo 187. “Ejecutoría de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma - y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente (...)”. 26 Según da cuenta copia auténtica del edicto No. 264 suscrito por la Secretaria de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Fl. 169, C. 6. 27 Corte Constitucional. Sentencia C-641 de 2002: “(...) 40. Conforme a lo expuesto, es pertinente concluir que la norma es constitucional en el sentido de que efectivamente dichas sentencias y providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario

concluir que la norma es constitucional en el sentido de que efectivamente dichas sentencias y providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente. Sin embargo, como la notificación de las mismas es indispensable y solamente a partir de dicho conocimiento, es posible imponer voluntaria o coactivamente el cumplimiento de las ordenes proferidas en la decisión judicial, la Corte considera que la ejecutoria de dichas sentencias y providencias no produce efectos jurídicos mientras no se surta su notificación. Por eso, en la parte resolutiva de esta sentencia se declarará exequible la disposición acusada, en el sentido que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias respectivas (..: y” 2% Fl 287, C.2. 22 Fl 288 a310,C. 2.11

Radicado: 41001233100020100072102 (59454)

Demandante: Ruth Jacqueline Pérez y otros

4. Legitimación en la causa 4.1. Ruth Jacqueline Pérez Pérez (víctima), María José Rojas Pérez (hija), Mary Pérez Pérez (madre) y Gustavo Rojas Rubiano (cónyuge), están legitimados en la causa por activa, ya que la primera fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 27.761, en el cual fue privada de la libertad, según da cuenta copia simple de la certificación del 15 de septiembre de 2010 suscrita por el Fiscal 2? Especializado de Neiva%, y los demás hacen parte de su núcleo familiar, según dan cuenta copias auténticas de sus correspondientes registros civiles de nacimiento?! y del registro civil de matrimonio?? obrantes en el expediente.

el Fiscal 2? Especializado de Neiva%, y los demás hacen parte de su núcleo familiar, según dan cuenta copias auténticas de sus correspondientes registros civiles de nacimiento?! y del registro civil de matrimonio?? obrantes en el expediente. 4.2. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección”, puesto que la primera entidad impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Ruth Jacqueline Pérez Pérez, y la segunda, la absolvió del delito de secuestro extorsivo, por in dubio pro reo.

5. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a modificar la suma reconocida en primera instancia por concepto de perjuicios morales y a reconocer el daño a la vida de relación, conforme a lo solicitado en el recurso de apelación. -6.El caso concreto En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 1? de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, la parte actora solicitó incrementar el valor reconocido por perjuicios morales a Mary Pérez Pérez y reconocer el daño a la vida de relación 30 FL 12a13,C. 1. 39 FI. 3,4y5,C.1. 212,61. e onsejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.:12

Radicado: 41001233100020 100072102 (59454) Demandante: Ruth Jacqueline Pérez y otros solicitado en el libelo introductorio.

Radicado: 41001233100020 100072102 (59454) Demandante: Ruth Jacqueline Pérez y otros solicitado en el libelo introductorio.

En este sentido, y comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida el 1% de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, se resolverá el asunto sub lite en aquello que se reprocha como' desfavorable en el recurso. Bajo esta óptica, la Sala analizará sí hay lugar a modificar el valor reconocido por concepto de perjuicios morales a Mary Pérez Pérez y si es procedente reconocer indemnización por daño a la vida de relación a favor de los demandantes. | ! £ | 6.1. Liquidación de perjuicios A continuación, se analizará si es procedente modificar el valor de la indemnización reconocida por perjuicios morales a Mary Pérez Pérez y si hay lugar a reconocer indemnización por daño a la vida de relación a favor de los demandantes, teniendo en cuenta que estas fueron las tipologías de perjuicios discutidas en el.recurso de apelación que se presentó contra la sentencia proferida el 19 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Huila. 6.1.1. La parte demandante en el recurso de apelación solicitó que se incrementara el valor reconocido por concepto de perjuicios morales a Mary Pérez Pérez. En ese sentido, se evidencia que la sentencia apelada condenó a la NaciónFiscalía General de la Nación a pagar por perjuicios morales, 50 SMLMV a Mary Pérez Pérez.

En ese sentido, se evidencia que la sentencia apelada co