CE - 410012331000201100037011SENTENCIASENTENCIA20230524173407

Radicado: 41001-23-31-000-2011-00037-01(57343)

Demandante: Jesús Horacio Salazar y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023) Radicado número: 41001-23-31-000-2011-00037-01(57343)

Demandantes: Jesús Horacio Salazar y otros Demandado: Municipio de Neiva Referencia: Acción de reparación directa Tema: Responsabilidad del Estado por acción u omisión de la autoridad administrativa.

Subtema 1: Posición de garante. Deber de cuidado. Subtema 2: Ejercicio oportuno de la acción. Subtema 3: Litisconsorcio necesario. Subtema 4: Indemnización de perjuicios morales y daño a la salud en materia de lesiones psíquicas. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Neiva en contra de la sentencia dictada el 24 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS DEL CASO La parte actora demanda, en sede de reparación directa, al municipio de Neiva

(Huila), porque considera que este último omitió el deber de cuidado que tenía respecto de las menores de edad L.V. B. 8., A.P.R.D. y A.L.C.Q. 1 , en su condición de estudiantes de la institución educativa "Oliverio Parra Borrero", de esa

respecto de las menores de edad L.V. B. 8., A.P.R.D. y A.L.C.Q. 1 , en su condición de estudiantes de la institución educativa "Oliverio Parra Borrero", de esa municipalidad, quienes, en el decir de los demandantes, fueron sometidas a actos sexuales por el docente del referido colegio, Jorge Luis Vidarte Aranda, durante la jornada escolar.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda Colectivo familiar número 1: Liliana Salazar Tovar, quien afirma que actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores L.V. B. 5., identificada como la víctima directa número 1, y Kevin Germán Cuellar Salazar; Alan Denilson Bailen Salazar y William Alexis Andrés Bailen Salazar, quienes ponen de presente su condición de hermanos de la víctima directa número 1; y José Elver Bailen Jauregui, Reynel Salazar Tovar y Jesús Horacio Salazar, quienes ponen de presente, respectivamente, su condición de padre, tío y abuelo de la víctima directa número 1. Colectivo familiar número 2: Luz Yenni 2 Rocha Díaz, quien expresa que interviene en este proceso en nombre propio y en representación de su hija 1 Por tratarse de menores de edad, en atención al interés superior que les asiste, como medida de protección se omite referenciar sus nombres. 2 Cabe destacar que en la demanda •;e hace referencia al nombre "Yenny" (folio 10 del cuaderno 3), no obstante,

en el registro civil de nacimiento visible a folio 40 del mismo cuaderno e identificado con el indicativo serial 10623279, se indica el nombre "Yenni", por lo que la Sala entenderá que este último es el nombre correcto.Radicado: 41001-23-31-000-2011-00037-01 (57343)

Demandantes: Jesús Horacio Salazar y otros

A.P.R.D, 3 , identificada como la víctima directa número 2; Miguel Ángel Guacari Rocha y Deisy Yulieth Guacari Rocha, estos dos últirhos que se reconocen como hermanos de la víctima directa número 2. Colectivo familiar número 3: María Consuelo Quimbayo Ticora y Juan Carlos Cumbe Muñoz, quienes aseveran que acuden en este proceso en nombre propio y en represe n tación de sus hijos menores A.L.C.Q., identificada como la víctima directa número 3, y Juan Carlos Cumbe Quimbayo; y Luis Enrique Quimbayo Ticora, Diana Paola Zúñiga Quimbaya 4 y Norma Constanza Montealegre Quesada, quienes, respectivamente, aducen su condición de tío, tía y prima de la víctima directa númerb 3. Los aludidos colectivos familiares presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa 5 , con la pretensión de que esta Jurisdicción profiera sentencia en la que declare administrativamente responsable al municipio de Neiva, por el daño causado como consecuencia de los actos sexuales a los que fueron sometidas L.V. B.S., A.P.R.D. y A.L.C.Q. por el docente de la institución educativa "Oliverio Lara Borrero" de la ciudad de Neiva, Jorge Luis Vidarte Aranda, mientras estudiaban en el

B.S., A.P.R.D. y A.L.C.Q. por el docente de la institución educativa "Oliverio Lara Borrero" de la ciudad de Neiva, Jorge Luis Vidarte Aranda, mientras estudiaban en el referido colegio. La parte actora, en consecuencia, solidtó que el juez administrativo condenara al demandado a pagar, por concepto de pbrjuicios morales, una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los demandantes; y el mismo monto para cada uno,pero por concepto de "daño a la vida de relación o fisiológico". Los hechos en los que la parte actora fundamentó sus pretensiones, en síntesis, son los siguientes: El Ministerio de Educación Nacional, el 18 de diciembre de 2002, certificó al municipio de Neiva para que asumiera la prestación de¡ servicio educativo dentro de su jurisdicción. La institución educativa "Oliverio Lára Borrero' está adscrita y pertenece" al municipio de Neiva. En 2008, el señor Jorge Luis Vidarte, abusando de su condición de docente oficial que laboraba en el refórido colegio, cometió actos sexuales con las estudiantes, L.V.B.S., A.P.R.D. y A.L.C.Q., quienes tenían 7 y 8 años de edad, respectivamente. Luz Yenni Rocha Díaz, ' madres A.P.R.D., denunció penalmente al docente el 7 de noviembre de 2008. Las madres de las tres menores, el 10 de noviembre de 2008, informaron de lo sucedido a la rectora de la institución educativa. Un juez penal de la ciudad de Neiva condenó, al educador, por incurrir en el delito de actos sexuales con menor de catorce años, decisión que fue confirmada

educativa. Un juez penal de la ciudad de Neiva condenó, al educador, por incurrir en el delito de actos sexuales con menor de catorce años, decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva el 13 d ie. octubre de 2010. 2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia Admitida la demanda 6 , notificado el auto admisorio 7 , y ¿óhidos los traslados de ley, el municipio de Neiva presentó escrito de contestacióña la demanda 8 , en el que propuso estas excepciones: i} "falta de LitisconsTorte necesario", bajo la consideración de que en este proceso debieron ser vincUlados la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Huila, por cuanto el primero es quien gira los recursos para el pago de los salarios de los docentes del orden territorial y, Es del caso precisar que el nombre que está mencionado en la demanda respecto de aquella menor (folio 10 M cuaderno 3), no coincide con el que se encuentra en el registro civil denacimiento allegado a folio 41 del cuaderno 3, identificado con el indicativo serial 29890665. En la demanda se registra el apellido "Quimbayo' (folio 10, cuaderno 3), pero en el registro civil está la referencia del apellido "Quimbaya". Folio 49. Cuaderno 3. Demanda. Folios 10 a 31. Cuaderno 3 6 Auto admisorio. Folios 157 a 159. Cuaderno 3. Diligencias de notificación. Folios 159 y 163. Cuaderno 3. Contestación a la demanda. Folios 172 a 181. Cuaderno 3. 2Radicado: 41001-23-31-000-2011-00037-01(57343)

Contestación a la demanda. Folios 172 a 181. Cuaderno 3. 2Radicado: 41001-23-31-000-2011-00037-01(57343)

Demandantes: Jesús Horacio Salazar y otros

el segundo adelantó el nombramiento como docente nacionalizado, del señor Vidarte Aranda; u) "falta de legitimación en causa pasiva", comoquiera que el municipio inició las investigaciones correspondientes, luego de tener conocimiento de lo sucedido; y no tenía la capacidad administrativa de revisar las hojas de vida de los docentes que eran asignados a su cargo; iii) "culpa de terceros", al estimar que el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación del Huila y el docente comprometen su responsabilidad por los hechos aducidos en la demanda; y iv) "denuncia al pleito", con el objeto de obtener en este proceso la vinculación de la Nación - Ministerio de Educación Nacional y del departamento del Huila. Con el objeto de tramitar la excepción de "denuncia al pleito", según lo dispuesto en los artículos 54, 55 y 56 del Código de Procedimiento Civil (CPC), el Tribunal Administrativo del Huila diátó el auto el 25 de julio de 2011, en el que ordenó que se citara al departamento del Huila y a la Nación - Ministerio de Educación Nacional para que acudieran a este contencioso. Ahora, por haberse superado el término legal ordenado en el articulo 57 del CPC, y en vista de que la parte interesada no adoptó las actuaciones tendientes a garantizar la notificación del auto admisorio a las autoridades denunciadas, el Tribunal dictó providencia el 3 de octubre de 201210, en la que dejó sin efecto la denuncia al pleito y, en consecuencia, ordenó que se

adoptó las actuaciones tendientes a garantizar la notificación del auto admisorio a las autoridades denunciadas, el Tribunal dictó providencia el 3 de octubre de 201210, en la que dejó sin efecto la denuncia al pleito y, en consecuencia, ordenó que se continuara con el trámite procesal respectivo. Agotada la etapa de pruebas", el Tribunal corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto 12 , como en efecto, así ocurrió 13 . El Ministerio Público consideró que el municipio de Neiva era responsable del daño objeto de la pretensión indemnizatoria de los actores. 2.3. La sentencia apelada El Tribunal Administrativo del Huila dictó sentencia el 24 de febrero de 201614, en la que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional 15 y encontró administrativamente responsable al municipio de Neiva 16 por las "agresiones" que sufrieron L.V.B.S., A.P.R.D. y A.L.C.Q. En consecuencia, condenó al demandado a pagar i) por concepto de daño a la salud, la suma de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para cada una de las víctimas directas 17 ; y u) por concepto de perjuicios morales: 100 SMLMV a favor de L.V.B.S., Liliana Salazar Tovar, José Elver Bailen Jauregui, A.PR.D., Luz Yenni Rocha Díaz, A.L.C.Q., María Consuelo Quimbayo Ticora y Juan Carlos Cumbe Muñoz; 50 SMLMV a favor de Kevin Germán Cuellar Salazar, 'Alan Denilson Bailen Salazar, William Alexis Andrés

Quimbayo Ticora y Juan Carlos Cumbe Muñoz; 50 SMLMV a favor de Kevin Germán Cuellar Salazar, 'Alan Denilson Bailen Salazar, William Alexis Andrés Bailen Salazar, Jesús Horacio Salazar, Miguel Angel Guacari Rocha, Deisy Yulieth Guacari Rocha y Juan Carlos Cumbe Quimbayo; y 25 SMLMV a favor de Reynel Salazar Tovar, Luis Enrique Quimbayo Ticora, Diana Paola Zúñiga Quimbaya y Norma Constanza Montealegre Quesada 18 . Auto que tramitó la denuncia al pleito. Folios 2 y 3. Cuaderno 4. 10 Auto que dejó sin efecto la excepción de denuncia al pleito. Folios 315 a 316. Cuaderno 1. 11 El juez de primera instancia abrió el periodo probatorio el 20 de marzo de 2013. Folios 319 a 323. Cuaderno 12 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 382. Cuaderno 1. 13 Alegatos de conclusión en primera instancia de la parte demandante. Folios 384 a 938. Cuaderno 1. Alegatos de conclusión en primera instancia del demandado. Folios 400 a 403. Cuaderno 1. Concepto del Ministerio Público. Folios 406 a 415. Cuaderno 1. 14 Sentencia de primera instancia. Folios 420 a 439. Cuaderno principal. 15 Numeral primero de la parte resolutiva de la referida sentencia. 16 Numeral segundo de la parte resolutiva de la referida sentencia. 17 Numeral cuarto de la parte resolutiva de la referida sentencia. 16 Numeral tercero de la parte resolutiva de la referida sentencia.

3Radicado: 41001-23-31-000-2011-00037-01(57343) Demandantes: Jesús Horacio Salazar y otros El Tribunal también condenó al municipio de Neiva a satisfacer estas medidas de justicia restaurativa 19 : i) rehabilitación: consistenteen elaborar, con cargo al presupuesto del órgano demandado, un diagnóstico 'psicológico, en el que se dictamine si persisten secuelas psíquicas en las víctimas directas, como consecuencia de las agresiones cometidas por el docente. En caso de que sea afirmativa la respuesta al anterior interrogante, corresponderá establecer cuál es el tratamiento psicológico necesario para superar tales secuelas, y luego, cancelarlo con cargo al presupuesto de la Alcaldía de Neiva; u) satisfacción: tendiente a que, el Alcalde del municipio de Neiva y el/la rector(a) de la institución educativa "Oliverio Lara Borrero", en una ceremonia privada, ofrezcan unas excusas públicas a las víctimas ya sus familiares, por. omitir el deber de vigilar y custodiar a las estudiantes, así como de revisar las hojas de vida de los docentes asignados a su cargo; y garantías de no repetición: atinente a imponerle la carga de realizar dentro de los tres meses siguientes a la jecutoria del fallo, con el acompañamiento de la Procuraduría Delegada para laInfancia y la Adolescencia de Neiva, una revisión exhaustiva de las hojas de vida de los educadores a su cargo, y que actualmente estén laborando. En ¿aso de constatar algún antecedente relacionado con la comisión de una conducta abusiva a un menor de edad, corresponde informar a la autoridad respectiva. En la sentencia de primera

cargo, y que actualmente estén laborando. En ¿aso de constatar algún antecedente relacionado con la comisión de una conducta abusiva a un menor de edad, corresponde informar a la autoridad respectiva. En la sentencia de primera instancia quedó establecido que el demandado está obligado a presentar constancia de haber realizado las anteriores medidas j5ara efecto de verificar su cumplimiento. Como sustento de su decisión, el Tribunal encontró qUe en el presente asunto el departamento del Huila y el Ministerio de Educación Nacional carecían de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que para la época en la que ocurrieron los hechos objeto de la demanda, el servicio ,-público de la educación ya se encontraba descentralizado, al punto que el municipio de Neiva actuaba como administrador de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), y del centro educativo donde se produjo el daño objeto de reparación. Ahora, el a quo indicó que el municipio de Neiva estaba legitimado enla causa por pasiva, en la medida en que la institución educativo Oliverio Lara Borrero "se encontraba adscrita 1,20 al aludido ente territorial. Por otra parte, manifestó que la vigilancia con la que contaba la institución educativa "Oliverio Lara Borrero", no tuvo la eficacia suficiente para garantizar la seguridad de las menores que estaban bajo su guarda f su custodia, y fue por eso que resultaron agredidas sexualmente durante la jorrfada escolar. Indicó que el municipio, al pasar por alto los antecedentes que' .tenía el docente, había desconocido las reglas de la experiencia que indican cjúe, cuando una persona es enferma y desarrolla este tipo de conductas sexüales,.difícilmente puede impedir

municipio, al pasar por alto los antecedentes que' .tenía el docente, había desconocido las reglas de la experiencia que indican cjúe, cuando una persona es enferma y desarrolla este tipo de conductas sexüales,.difícilmente puede impedir la satisfacción de su instinto perverso. Finalmente, prec isó que la condena también involucra el daño causado a A.P.R.D., en la medida e&que, aunque el docente no fue condenado en el proceso penal por haberla agredido, las otras dos menores habían manifestado en sus entrevistas psicológicas que A.P.R.D. fue víctima de los actos abusivos del educador. En relación con la tasación de los perjuicios morÍes, acudió a los criterios establecidos en la sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2014 por esta Corporación (expediente 31172). Para ello, encontró acreditado el parentesco de los demandantes con las menores, y, luego, observó que, aunque el Instituto 19 Numeral sexto de la parte resolutiva de la referida sentencia. 20 Folio 427. Cuaderno principal. 4Radicado: 41001-23-31-000-2011-00037-01 (57343) Demandantes: Jesús Horacio Salazar y otros Nacional de Medicina Leg a l no dictaminó en este contencioso alguna incapacidad como consecuencia de los actos sexuales ejecutados, sí había pruebas del expediente del proceso penal que daban cuenta que la agresión física recibida por las menores, aunque no dejó secuelas permanentes en su cuerpo, si produjo lesiones de orden psíquido, que comportan sufrimiento de orden moral para la víctima y sus familiares. Aquellos medios de pruebas fueron: i) el informe rendido

las menores, aunque no dejó secuelas permanentes en su cuerpo, si produjo lesiones de orden psíquido, que comportan sufrimiento de orden moral para la víctima y sus familiares. Aquellos medios de pruebas fueron: i) el informe rendido por la trabajadora social del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Luz Elena Aristizábal, y u) los testimonios rendidos en el proceso adelantado contra el señor Vidarte Aranda, por el psiquiatra forense del Instituto de Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Juan Carlos Cuellar Hernández, y una psicóloga del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Finalmente, determinó que las lesiones psíquicas padecidas por las tres menores, dada las condiciones especiales de la controversia, eran equivalentes a un menoscabo físico cuya gravedad era superior al 50% En cuanto al daño a la salud, aclaró que, aunque formalmente el actor no solicitó en el acápite de pretensiones de la demanda el reconocimiento de una indemnización por dicho concepto, en la causa petendi sí se hizo mención de ello, al referirse al daño a lai vida de relación o fisiológico, que, conforme a los parámetros jurisprudenciales de esta Corporación, ha unificado estas categorías de perjuicios en el daño ala salud. Tras ello, con base en la misma sentencia de unificación utilizada para la indemnización de los perjuicios morales, coligió que las mentadas pruebas revelaban que las menores padecían de ansiedad, miedo y temor a ser nuevamente menoscababas, como consecuencia de la agresión; por lo que también correspondía asimilar la afección sufrida con una incapacidad por

las mentadas pruebas revelaban que las menores padecían de ansiedad, miedo y temor a ser nuevamente menoscababas, como consecuencia de la agresión; por lo que también correspondía asimilar la afección sufrida con una incapacidad por una gravedad superior al 50%, para así establecer una indemnización de 100 SMLMV a favor de cada víctima directa. Ahora, a partir del análisis de factores sociales, la naturaleza dé la lesión y el lugar donde ocurrieron los hechos, y siguiendo criterios de la se ntencia de unificación, aumentó la condena inicial fijada a un monto equivalente a 250 SMLMV. Respecto de las medidas de justicia restaurativa, aseveró que en los eventos en que haya una vulneración grave de la dimensión objetiva y subjetiva de los derechos fundamentales de los niños, es posible que el juez administrativo decrete, de oficio, medidas de justicia restaurativa, distintas a la indemnización convencional de perjuicios, que garanticen la idónea y correcta aplicación del principio de reparación intégral contenido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. En este caso, según el juez de primera instancia, la falla en el servicio generada por la omisión del deber de cuidado y vigilancia de los estudiantes dentro del centro educativo, produjo una vulneración significativa y representativa al ámbito subjetivo del derecho a la salud, a la integridad personal y a la dignidad humana, así como a la dimensión objetiva de aquellas garantías constitucionales. 2.4. El recurso de apelación El municipio de Neiva, por medio de dos escritos radicados oportunamente, interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia.

así como a la dimensión objetiva de aquellas garantías constitucionales. 2.4. El recurso de apelación El municipio de Neiva, por medio de dos escritos radicados oportunamente, interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia. En el primero de los escritos de apelación 21 , el demandado protestó que el juez de primera instancia, a partir de un "análisis diáfano" del proceso de descentralización del sector de la educación, no haya encontrado acreditada la excepción de falta de litisconsorcio necesario, por la no vinculación de la 21 Primer escrito de apelación. Folios 443 a 447. cuaderno principal. 5Radicado: 41001-23-31-000-2011-00037-01 (57343)

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Nación - Ministerio de Educación Nacional en este proceso, toda vez que desconoce que: (i) los municipios y los departamentos actúan como administradores del servicio público de educación, pero bajo las directrices fijadas por el Ministerio de Educación Nacional; (U) mientras e l l Ministerio de Educación Nacional es el encargado de organizar los concursos para ocupar las plazas de docentes o de revisar las hojas de vida de los participantes, el municipio únicamente hace efectivo el nombramiento y la posesión de quien es elegido en el cargo; (iii) resulta errado afirmar que las entidades territoriales administran los recursos del SGP, ya que el Ministerio de Educación Nacional gira las sumas de dinero exactas para el pago de los salarios de los maestros; y (iv) no hay un proceso de descentralización del servicio público de la educación, ya que los municipios carecen de autonomía total para la administración de los recursos y del

dinero exactas para el pago de los salarios de los maestros; y (iv) no hay un proceso de descentralización del servicio público de la educación, ya que los municipios carecen de autonomía total para la administración de los recursos y del manejo del SGP. Por otra parte, hizo referencia a qçiee1 departamento del Huila no adoptó las medidas correctivas pertinentes, cuando el docente estaba a su cargo y realizó conductas irregulares con sus estudiantes. El apelante también manifestó su inconformidad con la indemnización de perjuicios morales reconocida en el fallo de primera instancia, ya que en el expediente no se encuentran pruebas testimoniales que revelen la relación afectiva entre las víctimas directas y quienes aducen supondición de abuelo, prima y tíos de aquellas. En cuanto al daño a la salud, reclamó que no fue pedido en la demanda, y que el Tribunal no estudió la situación particular de A.P.R.D., pero si tasó la condena en 250 SMLMV para cada víctima directa, a pesar que su motivación arrojaba un resultado de 150 SMLMV. Al final del primer escrito, el apelante solicitó que esta Corporación revocara o modificara la sentencia de primera instancia y que, en u lugar, declare la falta de litisconsorcio necesario, por no vincular en este proceso a la Nación - Ministerio de Educación Nacional, o que, en su defecto, determine que la condena a que hubiere lugar, deberá ser cancelada con los recursos del SGP, por tener una cuenta para pagos de sentencias y conciliaciones.También requirió que se revocaran las indemnizaciones reconocidas por concepto de daño a la salud, y a favor de quienes no satisfacen los criterios jurisprudendiales establecidos por esta Corporación.

cuenta para pagos de sentencias y conciliaciones.También requirió que se revocaran las indemnizaciones reconocidas por concepto de daño a la salud, y a favor de quienes no satisfacen los criterios jurisprudendiales establecidos por esta Corporación. En cuanto al segundo de los escritos de apelación 22 , el municipio de Neiva precisó que sus pretensiones no tienen como objetivo desconocer las atrocidades que comete una persona respecto de los derechos fuhiamentales de los niños, y que, por el contrario, su intención ha sido la de prevenir esta clase de conductas. Aclarado lo anterior, cuestionó que el Tribunal no hayaexaminado la vigencia de la acción, para efectos de notar que estaba inmersa en la consecuencia jurídica de la caducidad, al tener en cuenta que la parte actora conoció el daño objeto de sus súplicas indemnizatorias "a mediados del año 2008". Luego, insistió en que la condena reconocida en primera instancia por daño aIa salud, no contemple un examen concreto de lo que padeció A.P.R.D. También precisó que no había constancia de que las víctimas directas hayan sido remiüdas al Instituto Nacional de Medicina Legal, a efectos de acreditar el daño a la salud. Finalmente, destacó que, en el informe rendido por la trabajadora social del ICBF, ho se consignó las lesiones padecidas actualmente por las menores. 22 Segundo escrito de apelación. Folios 448 a 452. Cuaderno principal. 61 Radicado: 41001-23-31-000-2011-00037-01 (57343)

Demandantes: Jesús Horacio Salazar y otros

2.5. El trámite procesal relevante de segunda instancia

61 Radicado: 41001-23-31-000-2011-00037-01 (57343)

Demandantes: Jesús Horacio Salazar y otros

2.5. El trámite procesal relevante de segunda instancia El Tribunal, tras el intento fallido de conciliación del asunto litigioso, concedió el recurso de apelación propLesto 23 . El Despacho Sustanciadoren esta segunda instancia, el 5 de noviembre de 2014, admitió el recurso de apelación interpuesto por la demandada 24 , y, en providencia posterior, corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio de Público para que emitiera su concepto 25 . Los demandantes, en sus alegaciones conclusivas 26 , sostuvieron que el demandado estaba legitimado en la causa por pasiva, toda vez que incumplió su deber legal de proteger y çuidar a las menores agredidas. Por otro lado, adujeron que los testimonios de Fanny Solórzano Trujillo y de Teresa Quesada Medina acreditan las relaciones afectivas entre las víctimas directas en mención y quienes acuden a este proceso como tíos, prima y abuelo de aquellas. Afirmaron que la sentencia de unificación utilizada por el Tribunal solo exige la prueba del parentesco para reconocer una indemnización, por concepto de daño a la salud, a favor de los abuelos. Luego, consideraron que estaba ampliamente probado que A.P.R.D. fue víctima de actos sexuales por el docente. Finalmente, manifestaron que el ejercicio de la acción fue oportuno, al tener en cuenta que las madres conocieron el daño el 6 de noviembre de 2008, que la solicitud de audiencia de conciliación prejudicial se

víctima de actos sexuales por el docente. Finalmente, manifestaron que el ejercicio de la acción fue oportuno, al tener en cuenta que las madres conocieron el daño el 6 de noviembre de 2008, que la solicitud de audiencia de conciliación prejudicial se radicó el 3 de noviembre de 2010, y que la demanda se presentó el 1 0 de febrero de 2011. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio 27 . lll. CONSIDERACIONES 3.1. Problemas jurídicos De la revisión de los escritos de apelación se extrae que el municipio de Neiva manifestó su inconformidad con el fallo de primera instancia, en relación con: i) la procedencia del litisconsdrcio necesario de la parte demandada; u) el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa; iii) la indemnización de perjuicios morales reconocida a favor de algunos integrantes del colectivo demandante, y iii) la condena impuesta por concepto de daño a la salud. Conforme a lo preceptuadb en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil 26 , norma aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, la competéncia del juez de segunda instancia generalmente se encuentra circunscrita a revisar solo lo que desfavorece a la parte apelante y que ha sido motivo de su incoñformidad. En ese sentido, habida cuenta de que solo el demandado apeló la sentncia dictada el 24 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo del Huila, 'habrá que resolver la controversia objeto de estudio, abordando únicamente los motivos de inconformidad que ya fueron expuestos. Así las cosas, la Sala absolverá los siguientes problemas jurídicos:

Administrativo del Huila, 'habrá que resolver la controversia objeto de estudio, abordando únicamente los motivos de inconformidad que ya fueron expuestos. Así las cosas, la Sala absolverá los siguientes problemas jurídicos: 23 Acta de audiencia de conciliación. Folio 459, Cuaderno principal. 24 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 464. Cuaderno principal. 25 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Folio 468. Cuaderno principal. 26 Alegatos de conclusión de la parte demandante en segunda instancia. Folios 469 a 482. Cuaderno principal. 27 Constancia secretarial. Folio 483. Cuaderno principal. 28 "La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o lá que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones". 7Radicado: 41001-23-31-000-2011-00037-Q1 (57343)

Demandantes: Jesús Horacio Salazar y otros

¿Procede la vinculación en este proceso de la Nación, representada por el Ministro de Educación Nacional, y del departamento del Huila; por constituir, junto con el municipio de Neiva, como parte demandada, un litisconsorcio necesario? ¿La parte actora presentó la demanda dentro del término legal exigido para promover la acción de reparación directa? En el evento de superarse los presupuestos procesales para dictar sentencia, y comoquiera que no fue motivo de reclamación en los escritos de apelación la prueba

¿La parte actora presentó la demanda dentro del término legal exigido para promover la acción de reparación directa? En el evento de superarse los presupuestos procesales para dictar sentencia, y comoquiera que no fue motivo de reclamación en los escritos de apelación la prueba del daño antijurídico, como tampoco el juicio de atribución del d