CE - 410012331000201100528011SENTENCIA20231011111125

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 41001233100020110052801 (1334 -2016)

Demandante: Julia Inés Barreto Parra Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social 1

Tema: Reconocimiento pensión gracia. Tipo de vinculación .

Decreto 01 de 1984.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala de Subsección A resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 16 de diciembre de 2015 , que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1 Pretensiones

La señora Julia Inés Barreto Parra , por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 3, requirió

1 En adelante UGPP.

en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 3, requirió

1 En adelante UGPP. 2 Folios 3 al 30 y adición y/o corrección de la demanda a folios 148 y 149. 3 Código Contencioso Administrativo (CCA) , vigente para la época de la demanda, dado que fue radicada el 13 de octubre de 2011, según acta individual de reparto visible a folio 111 del cuaderno principal 1.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación : 41001233100020110052801 (1334 -2016)

Demandante: Julia Inés Barreto Parra

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2 declarar la nulidad de la s Resoluci ones 06428 del 21 de febrero de 2008 y 05641 del 21 de febrero de 2009, por medio de las cuales, la entidad demandada negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia teniendo en cuenta todo s lo s factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior al 17 de agosto de 2006 , fecha en la que adquirió el estatus pensional ; (ii) reajustar todas las mesadas pensionales en aplica ción de lo establecido en el artículo 178 del CCA; (iii) pagar intereses comerciales y moratorios desde que

que adquirió el estatus pensional ; (ii) reajustar todas las mesadas pensionales en aplica ción de lo establecido en el artículo 178 del CCA; (iii) pagar intereses comerciales y moratorios desde que adquirió el derecho pensional y hasta que se verifique el pago según lo dispuesto en el artículo 177 del CCA ; ( iv) resarcir los perjuicios causados de conformidad con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 ; (v) pagar costas y agencias en derecho , y (vi) cancel ar las condenas con cargo al presupuesto de la entidad desde la vigencia fiscal del año 2005.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

La señora Julia Inés Barreto Parra expuso que na ció el 1 de agosto de 1941 y laboró como docente al servicio del magisterio en los departamentos de Tolima, Huila y Santander de manera interrumpida del 13 de febrero de 1967 al 17 de agosto de 2006 .

Indicó que el 10 de diciembre de 2007, solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social 4, el reconocimiento y pago de la pensión gracia y esta fue negada a través de los actos administrativos demandados.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

4 En adelante CAJANAL.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación : 41001233100020110052801 (1334 -2016)

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3 Luego de efectuar una sinopsis del marco normativo de la pensión gracia y relaciona r jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado , la accionante afirm ó que cumpl ió con los requisitos para acceder a la prestación que reclama , puesto que se desempeñó como docente por más de 20 años , sin que sea posible negarl e dicho derecho bajo el argumento de que laboró en plazas del orden nacional y que no se encontraba vinculada como docente de carácter departamental, distrital o municipal para el 31 de diciembre de 1980 .

El Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda 5 y ordenó tramitarla de acuerdo con el proceso ordinario señalado en los artículos 206 y siguientes de CCA.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 6

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer de sustento teniendo en cuenta que , de acuerdo con las documentales aportadas al expediente administrativo, la actora, al 31 de diciembre de 1980 no se encontraba vinculada como docente departamental, distrital o municipal.

En su defensa propuso la s siguientes excepciones (i) inexistencia de la obligación ; (ii) prescripción ; y (iii) la innominada .

3. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Huila, superada la etapa probatoria,

de la obligación ; (ii) prescripción ; y (iii) la innominada .

3. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Huila, superada la etapa probatoria, mediante auto del 3 de noviembre de 2014 7, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión.

5 Auto del 9 de noviembre de 2011 obrante a folio 115, cuaderno prin cipal 1. 6 Folios 138 a 144 y respuesta a la aclaración de la demanda a folio 167 a 163. 7 Folio 423.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación : 41001233100020110052801 (1334 -2016)

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4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 8

El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia el 16 de diciembre de 2015 , por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda , al considerar que de acuerdo con las normas y jurisprudencia que regulan la materia y de acuerdo con el acervo probatorio allegado , encontró que la accionante tenía 66 años de edad para el momento en el que elevó la solicitud de la prestación, por lo que cumplió con el requisit o de los 50 años de edad y, además, estuvo vinculada como docente en establecimientos

edad para el momento en el que elevó la solicitud de la prestación, por lo que cumplió con el requisit o de los 50 años de edad y, además, estuvo vinculada como docente en establecimientos educativos del orden territorial antes del 31 de diciembre de 1980.

Sin embargo, el a quo puntualizó que la accionante no acreditó los 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado, toda vez que el tiempo laborado entre el 24 de febrero de 2000 y el 30 de enero de 2002, así como el periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 2003 y el 17 de agosto de 2006 corresponden a establecimiento s educativo s del orden nacional.

Aclaró que el argumento referido a que se posesionó ante el respectivo gobernador del Huila y no frente a delegados del Ministerio de Educación Nacional no es de recibo dado que, dentro de las consideraciones expuestas en los actos de nombramiento contenidos en lo s Decreto s 202 del 17 de febrero de 2000 y 0925 del 2 de septiem bre de 2003, se indicó que el nombramiento se realiza ba en ejecución o facultado por el C onvenio 031 de 198 6 firmado entre el Gobierno Nacional y la Conferencia Episcopal Colombiana .

Se abstuvo de condenar en costas de acuerdo con lo señalado en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

8 Folios 141 a 145 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación : 41001233100020110052801 (1334 -2016)

Demandante: Julia Inés Barreto Parra

de 1998.

8 Folios 141 a 145 Vto.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación : 41001233100020110052801 (1334 -2016)

Demandante: Julia Inés Barreto Parra

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5. EL RECURSO DE APELACIÓN 9

La parte demandante solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda .

Insistió en que se trata de un a docente nacionalizada para lo cual, afirm ó que conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, existe un solo momento para que un docente adquiera tal categoría y corresponde a la vinculación, es decir , que son nacionalizados los que se posesionaron antes del 1 de enero de 1976 y hasta el 31 de diciembre de 1980, por lo que, en su caso particular, consider a que no perdió tal categoría teniendo en cuenta que se vinculó como docente territorial el 13 de febrero de 1967.

Se mostró inconforme con la valoración probatoria efectuada por el a quo , pues, se desconoció el antecedente jurisprudencial que prevé que el carácter territorial o nacional de los nombramiento s docentes no lo determina la ubicación del establecimiento educativo en donde se presten servicios, sino el ente gubernativo que en efecto profie re dicho acto, lo que a su vez define la planta de

prevé que el carácter territorial o nacional de los nombramiento s docentes no lo determina la ubicación del establecimiento educativo en donde se presten servicios, sino el ente gubernativo que en efecto profie re dicho acto, lo que a su vez define la planta de personal a la que pertenece y el presupuesto de donde proceden los pagos laborales.

Finalmente , adujo que dentro del proceso se demostró que durante los años 2000 a 2006 fue designada y posesionada por f uncionarios de índole departamental y municipal , y no se evidencia en ningún documento que haya sido designada o ratificada por el Ministerio de Educación Nacional , ni que sus actividades hayan sido reguladas por este, por lo que no es posible considerar q ue los sueldos y prestaciones sociales estuvieran a cargo de la Nación.

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

9 Folios 479 a 488, cuaderno principal 3.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación : 41001233100020110052801 (1334 -2016)

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6 6.1 La parte demanda nte 10 reiteró los argumentos esbozados en el recurso de alzada .

6.2 La entidad demanda da 11 insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda .

El Ministerio Público emitió concepto 12 a través del cual solicitó

recurso de alzada .

6.2 La entidad demanda da 11 insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda .

El Ministerio Público emitió concepto 12 a través del cual solicitó co nfirma r la sentencia apelada . Al respecto, indicó que, de acuerdo con la prueba documental obrante en el plenario, la accionante no cumplió 20 años de servicio en planteles del orden territorial dado que en tres oportunidades ostentó la calidad de docente nacional.

Agregó que s i bien la actora se vinculó antes del 30 de diciembre de 1980 en un plantel territorial y por muchos años ostentó la calidad de docente nacionalizado, también lo es que fue docente nacional en algunos planteles que , con el paso del tiempo se transformaron en nacionales.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recur so de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 13. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 14, la competencia del juez de

10 Folio 557 a 569. 11 Folios 575 a 578. 12 Folios 571 a 574 Vto. 13 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 14 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pron unciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos

instancia por los tribunales administrativos […]». 14 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pron unciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación : 41001233100020110052801 (1334 -2016)

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7 segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante .

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , a la Sala le corresponde determina r:

➢ Si la señor a Julia Inés Barreto Parra cumpl ió con el requisito de 20 años de servicios en la docencia departamental, distrital o nacionalizado, tal como lo establecen las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 de 1989 .

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La pensión gracia.

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

Respecto de los condicionantes para accede r a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o reci bir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública y autorizó la suma de servicios prestados en diversas épocas alNulidad y restablecimiento del derecho Rad icación : 41001233100020110052801 (1334 -2016)

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8 computar los años en la enseña nza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Con la Ley 37 de 1933 , el beneficio se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los conceptos de docente «nacional», «nacionalizado» y «territorial».

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley lim itó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y

por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modific ado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos .

En ese orden, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Es tado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló con claridad dicha exclusión.

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Est ado en sentencia deNulidad y restablecimiento del derecho Rad icación : 41001233100020110052801 (1334 -2016)

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9 unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 15 previó las pautas jurisprudenciales a seguir en relación con el presupuesto proveniente del situado fiscal y la titularidad de los recursos provenientes del sistema general de partici paciones.

Dicha decisión hizo también referencia a los fondos educativos regionales, los cuales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados y en ese sentido se aclaró que el universo de esos recu rsos con los que se financiaban, le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas , por lo que no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se conv ierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial,

docentes territoriales y/o nacionalizados se conv ierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

La sentencia en mención, se refirió a la prueba de calidad de docente territorial para lo cual, determinó que se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -2013encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación : 41001233100020110052801 (1334 -2016)

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10 En cuanto al origen de los recursos de la entidad nominadora, se señaló que lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada.

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE -S22022 del 11 de agosto de 2022 16 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que Los docentes pueden acceder a la pens ión gracia antes y después del 29 de

efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que Los docentes pueden acceder a la pens ión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

En conclusión, queda claro que, para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos, es decir, haber alcanzado la

con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos, es decir, haber alcanzado la edad de 50 años y haber observado buena conducta.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23 -33 -000 -201600278 -01 (3018 -2017).Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación : 41001233100020110052801 (1334 -2016)

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11 2.3.2 La Educación Contratada

En relación con la educación contratada, esta Corporación en sentencia del 24 de julio de 2008 17, con ponencia de la doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez, sostuvo lo siguiente:

«Mediante la Ley 20 de 1974, se aprobó el Concordato y el Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973 y surge la Educación Misional Contratada. Esta modalidad de prestación del servicio educativo posibilitó la ampliación de la educación en los sectores más apartados del país y en los antiguos territorios nacionales a través de la suscripción de contratos ent re el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica.

“(…) Como servicio a la comunidad en las zonas marginadas,

más apartados del país y en los antiguos territorios nacionales a través de la suscripción de contratos ent re el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica.

“(…) Como servicio a la comunidad en las zonas marginadas, necesitadas temporalmente de un régimen canónico especial, la Iglesia colaborará en el sector de la educación oficial mediante contratos que desarrol len los programas oficiales respectivos y contemplen las circunstancias y exigencias específicas de cada lugar. Tales contratos celebrados con el Gobierno Nacional se ajustarán a criterios previamente acordados entre éste y la Conferencia Episcopal, de co nformidad con lo dispuesto en el Artículo VI. (…)”

Con el fin de desarrollar los contratos mencionados en la norma transcrita, el Gobierno expidió el Decreto 2768 de 1975, que consagró normas para la celebración de los contratos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica y estableció que serían firma dos por el Ministerio de Educación Nacional a nombre del Gobierno Nacional y por el respectivo Ordinario Competente a nombre de la Iglesia, y tienen como objeto la administración por parte de esta de los centros educativos en el sector de la educación ofic ial, su tenor literal es el siguiente:

“Artículo cuarto. El nombramiento de rectores y directores, del personal docente, administrativo y de servicio, en los centros educativos bajo contrato, se hará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El nombr amiento de los rectores o directores de cada centro educativo o de cada conjunto de centros educativos bajo régimen contractual, lo hará el Ministerio de Educación Nacional entre los candidatos que presente el Ordinario competente. (…)”

1. El nombr amiento de los rectores o directores de cada centro educativo o de cada conjunto de centros educativos bajo régimen contractual, lo hará el Ministerio de Educación Nacional entre los candidatos que presente el Ordinario competente. (…)”

El Decreto 2484 d e 1976 modificó el Decreto 2768 de 1975 y estableció que el Ordinario Competente (Iglesia Católica) presentará al Ministerio de Educación Nacional los nombres del personal directivo, docente y administrativo de cada Centro

17 Radicación interna 2387 -2006.Nulidad y restablecimiento del derecho Rad icación : 41001233100020110052801 (1334 -2016)

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12 Educativo o de cada conjunto de C entros Educativos, para que este ratifique las novedades de personal, su tenor literal es el siguiente:

“El Ministerio de Educación Nacional procederá a ratificar las novedades de personal de los Centros Educativos bajo contrato de acuerdo con el siguient e procedimiento:

1. El Ordinario Competente presentará al Ministerio de Educación Nacional los nombres del personal directivo, docente y administrativo de cada Centro Educativo o de cada conjunto de

Centros Educativos. (…)”

Mediante el Decreto 2155 de 19 87, se derogaron los Decretos anteriores y en su lugar dispuso:

“Artículo 1º Los contratos que de conformidad con el artículo

Centros Educativos. (…)”

Mediante el Decreto 2155 de 19 87, se derogaron los Decretos anteriores y en su lugar dispuso:

“Artículo 1º Los contratos que de conformidad con el artículo trece del Concordato, se celebren entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica en el sector de la educación oficial en las zo nas contempladas en el artículo sexto del Tratado, se ajustarán a las siguientes reglas:

1. Los contratos serán celebrados por el Presidente de la República y el Ministro de Educación Nacional, o por este último, de conformidad con las normas sobre competencia vigentes al momento de la firma, en nombre del Gobierno Nacional y por el respectivo ordinario competente a nombre de

la Iglesia Católica.

2. Los contratos tienen como objeto la administración por parte de la Iglesia Católica de los Centros Ed ucativos del Estado y de la Iglesia Católica que se rigen por las normas del Estado y cumplan los requisitos fijados en este Decreto.

3. Para cada jurisdicción eclesiástica se celebrará un solo contrato, en cuyos anexos quedarán enumerados, por regiones, los institutos docentes que sean objeto de este régimen contractual.

En caso de que una jurisdicción eclesiástica abarque varias jurisdicciones civiles, se podrán hacer tantos contratos cuantas sean las jurisdicciones civiles, según las conveniencias o ex igencias legales.

4. En cada contrato se establecerá la posibilidad de su revisión y actualización según lo exija el cambio de las circunstancias durante su vigencia.

5. La duración de cada contrato será por un tiempo mínimo de tres años y máximo de cinco, y podrán ser renovados por acuerdo entre las partes.

y actualización según lo exija el cambio de las circunstancias durante su vigencia.

5. La duración de cada contrato será por un tiempo mínimo de tres años y máximo de cinco, y podrán ser renovados por acuerdo entre las partes.

6. Como anexo de cada contrato figura un inventario de los bienes muebles e inmuebles que pertenezcan a cada centro educativo.

7. Cuando el edificio del centro educativo del Estado pertenezca a la Iglesia Católica, en el contrato se mencionará expresamente el carácter eclesiástico de la propiedad del edificio.

8. Con cargo a las sumas señaladas en la ley de presupuesto de cada año y sus adiciones, se pagarán los sueldos y prestaciones sociales d el personal directivo docente, docenteNulidad y restablecimiento del derecho Rad icación : 41001233100020110052801 (1334 -2016)

Demandante: Julia Inés Barreto Parra

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13 y administrativo de los centros educativos bajo contrato, así como los gastos inherentes a la buena marcha de los centros educativos, sostenimiento de edificios, servicios públicos, material pedagógico y demás concept os que aparezcan dentro de la ley de presupuesto. Las partidas por aporte de cesantías y Ley 27 de 1974, las girará directamente el Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional de Ahorro y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo co n la apropiación presupuestal respectiva.

9. Cada contrato requiere para su validez:

Educación Nacional al Fondo Nacional de Ahorro y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo co n la apropiación presupuestal respectiva.

9. Cada contrato requiere para su validez: a) Pago de impuesto de timbre en la Administración de Hacienda Nacional; b) Aprobación y registro presupuestal; c) Publicación en el DIARIO OFICIAL. (…)”

Con la exped ición del Decreto 1268 de 2001 que reglamentó el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 la competencia para la suscripción de estos contratos con Iglesias y Confesiones Religiosas se trasladó a las Entidades Territoriales con cargo de sus presupuestos, bajo la continua inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional.

Lo anterior permite concluir que el cuerpo docente adscrito a los Centros Educativos Contratados, cuyos nombramientos provenían por ratificación del Ministerio de Educación Nacional, ostentaban el carácter de docentes Nacionales.

Lo anterior significa que los sueldos y prestaciones sociales del personal directivo docente, docente y administrativo de los centros educativos bajo contrato, estarán a cargo de la Nación.

La educ ación contratada se trata de una de las divers