CE - 410012331000201100602011SENTENCIASENTENCIA20230719084505

Radicado: 41001-2341-000-2011-00602-01 (59517)

Demandante: Jair Edgardo Chinchilla Mendoza y Otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandantes:

Demandado: Referencia: 41001-23-31-000-2011-00602-01 (59517) Jair Edgardo Chinchilla Mendoza y Otros Fiscalía General de la Nación y Otra Acción de reparación directa.

Tema 1: Privación injusta de la libertad — Ley 600 de 2000. Subtema 1.1. Daño antijurídizo — no acreditado. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 2013 1 , resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Nación -Fiscalía General de la Nación, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 1° de marzo de 2017, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS En la vía que de Garzór conduce a Neiva, la Policía de Carreteras, el 8 de

noviembre de 2006, previo registro y hallazgo de sustancias estupefacientes en el vehículo matriculado bajo enseña NBA — 662, capturó, entre otros, al señor Jair Edgardo Chinchilla Mendoza, a quien puso a disposición de la Fiscalía de turno. El ente investigador, después de algunas indagaciones e inspección judicial a la sustancia decomisada en asocio de perito, dio apertura a investigación criminal por fabricación, tráfico y porte legal de estupefacientes, vinculó, mediante indagatoria, a Jair Edgar Chinchilla Mendoza y le impuso medida de aseguramiento de detencióri preventiva sin beneficio de excarcelación. Con posterioridad lo acusó de ser coparticipe del reato y remitió las diligencias al Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva, despacho que, el 26 de noviembre de 2008, profirió sentencia absolutoria por ji dubio pro reo y concedió la libertad provisional previa diligencia compromisoria, esto es, después de 25 meses de restricción de la libertad, por los cuales la parte actora reclamó el reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda Pretenden los accionantes Jair Edgardo Chinchilla, Rosme Chinchilla Mendoza, Marlon Chinchilla Mendoza, John Jairo Chinchilla Mendoza, Carmen Martín Chinchilla Camacho y Arac.gly Mendoza de Chinchilla, en demanda presentada a 14 de diciembre de 2011, con asiento en los hechos de que da cuenta la síntesis del

1 En la mencionada acta, la Salli Plena de la Sección Tercera del consejo de Estado, aprobó: "los expedientes que están para fallc en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y, (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno (...)".Radicado: 41001-23-31-000-2011-00602-01 (59517) Demandante: Jair Edgardo Chinchilla Mendoza y Otros caso antes referida, que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación -Fiscalía General de la Nación -Rama Judicial, con ocasión de la privación de libertad que soportó Jair Albeiro Chinchilla Mendoza dentro de la investigación criminal radicada al número 131512, en la que la Fiscalía le impuso detención preventiva como medida de aseguramiento. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia Admitidas la demanda y su reforma 2 , notificados los autos respectivoss y fijado en lista el proceso, la Nación -Rama Judicial dio respuesta en tiempo 4 , oponiéndose a las pretensiones y manifestando desconocer por completo los hechos que las sustentan; propuso como excepciones las que rotuló: "Falta de legitimación en la causa por pasiva", Falta de causa para demandar", "inexistencia de perjuicios" y la "Innominada" que el fallador halle probada. La Fiscalía General de la Nación a su turnos, dio respuesta a la demanda y su reforma, expresando que no le constan los hechos y que estará a lo que sobre ellos resulte probado, oponiéndose a las pretensiones y, se abstuvo de proponer excepciones.

reforma, expresando que no le constan los hechos y que estará a lo que sobre ellos resulte probado, oponiéndose a las pretensiones y, se abstuvo de proponer excepciones. El día 28 de abril de 2014 se abrió el proceso a pruebass y practicadas las mismas, se dio traslado a las partes para alegaciones conclusivas, como al Ministerio Público para que rindiera concepto 7 . De esta prerrogativa hicieron uso la parte demandantes y las demandadas Nación -Rama Judicial 9 y Nación -Fiscalía General de la Nación"; reiterando los argumentos expuestos en la demanda y las contestaciones a la misma. El ministerio Público guardó silencio. 2.3. La sentencia recurrida El 1° de marzo de 2017 el Tribunal Administrativo del Huila, tuvo por probados el daño antijurídico y el nexo causal, y aplicando el égimen objetivo de responsabilidad, acogió parcial y favorablemente las pretensiones de la demanda", vale decir, declarando administrativa y patrimonialmente responsable de los daños infligidos a los demandantes, a la Nación -Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, condenándola al pago de los perjuicios morales para Jair Edgardo Chinchilla Mendoza -ofendido directo-, Aracely Mendoza de Chinchilla -progenitoray Carmen Martín Chinchilla Camacho -progenitora razón de 100 S.M.L.M.V., para cada uno de ellos y, 50 S.M.L.M.V. para cada uno de sus hermanos John Jairo y Rosme Chinchilla Mendoza. Por perjuicios materiales -lucro cesante-, en favor del afectado directo, la suma de $24.834.553,00 por salarios dejados de percibir

Rosme Chinchilla Mendoza. Por perjuicios materiales -lucro cesante-, en favor del afectado directo, la suma de $24.834.553,00 por salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuvo privado de la libertad -2 años, 1 mes, 1 día-, tasados sobre la base del salario mínimo legal entonces vigente -$737.717,00, acrecidos en un 25% por prestaciones sociales y debidamente indexados. El Tribunal no hizo consideración alguna en torno de la Rama Jurisdiccional. 2 Folios 78 a 80 y 165 a 166 Ibídem —Autos admisorios de demanda y reforma3 Folios 85 a 86 y 165 -Notificaciones Admisión de demanda y reforma4 Folios 88 a 101 Ibídem -Contestación de demanda Rama Judicial5 Folios 106 a 114 y 140 a 147 Ibídem -litis contestatio de la Nación -Fiscalía General de la Nación- ° Folios 185 A 185 a 187 Ibídem —Decreto de Pruebas la Instancia7 Folio 261 del Cuaderno Principal 2 -Traslado para alegaciones conclusivas- ° Folios 277 a 283 Ibídem -Alegaciones parte actora9 Folios 284 a 286 Ibídem —Alegaciones Rama Judicial1° Folios 291 a 297 Ibídem -Alegaciones Fiscalía General de la Nación11 Folios 315 a 334 del cuaderno de r Instancia —Sentencia de primer grado 2Radicado: 41001-23-31-000-2011-00602-01 (59517) Demandante: Jair Edgardo Chinchilla Mendoza y Otros 2.4. El recurso de Apelación 2.4.1. La parte demandada Nación -Fiscalía General de la Nación apeló 12 y sustentó

Demandante: Jair Edgardo Chinchilla Mendoza y Otros 2.4. El recurso de Apelación 2.4.1. La parte demandada Nación -Fiscalía General de la Nación apeló 12 y sustentó su recurso en los siguientes cargos contra la sentencia de primera instancia: 2.4.1.1. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación con asiento en los artículos 250 de la Carta Constitucional y 120 del Código de Procedimiento Penal debidamente concordados, ya de oficio, ora previa denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Así, se tiene que la Fiscalía en la investigación seguida contra el actor Jair Edgardo Chinchilla Mendoza obró en cumplimiento de un deber constitucional. 2.4.1.2. La privación de la libertad de que fue sujeto el señor Chinchilla Mendoza no puede tildarse de injusta, en cuanto su captura se dio en flagrancia y su detención se fundó en pruebas serias que fueron arrimadas a la investigación, sin que mediase vulneración de ningún derecho del investigado y con sujeción a las exigencias de forma y de fondo previstas en la Ley Penal, acreditada como estaba la materialidad del hecho y concurrentes como eran los indicios graves que respaldaron la decisión. 2.4.1.3. Probado quedó que dentro del vehículo en que viajaba el señor Chinchilla Mendoza se halló una substancia estupefaciente (base de coca), lo cual motivó su captura, relacionada directamente con su comportamiento culposo frente a los hechos que suscitaron la investigación, lo que impone al juez administrativo el análisis de las eximentes de responsabilidad aplicables

lo cual motivó su captura, relacionada directamente con su comportamiento culposo frente a los hechos que suscitaron la investigación, lo que impone al juez administrativo el análisis de las eximentes de responsabilidad aplicables al régimen adoptado, para concluir que el daño reclamado no puede imputarse a la Nación -Fiscalía General de la Nación. 2.5. Conciliación Previo señalamiento y convocatoria, el 1° de junio de 2017 se llevó a cabo audiencia de conciliación judicial, que resultó fallida por falta de ánimo conciliatorio, y en consecuencia, se concedió el recurso de alzada interpuesto por la demandada Nación -Fiscalía General de la Nación y se dispuso su remisión a esta Corporación". 2.6. Trámite relevante en segunda instancia Llegado el proceso a esta Colegiatura, el 5 de julio de 2017 se admitió al recurso de alzada propuesto por la parte demandada 14 , se dispuso su notificación a las partes, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; en providencia posterior se otorgó traslado para alegaciones conclusivas y al Ministerio Público para rendir concepto". Prerrogativa de la que hicieron uso la Fiscalía General y el Ministerio Público. La primera -Fiscalía General - 16 , después de referirse a los antecedentes del caso, como a la sentencia objeto de apelación, reiteró la ausencia del carácter injusto de la privación de libertad del demandante, en cuanto no asoma al plenario actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, tal que 12 Folios 337 a 346 del cuaderno de 2 8 Instancia -Recurso de Apelación de la Fiscalía General de la Naciónabiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, tal que 12 Folios 337 a 346 del cuaderno de 2 8 Instancia -Recurso de Apelación de la Fiscalía General de la Nación13 Folios 350 a 352 Ibídem -Acta de Audiencia de Conciliación Fallida- " Folios 362 y 362 vto. Ibídem -Admisión Recurso de Apelación15 Folio 369 Ibídem Traslado para alegaciones conclusivas16 Folios 371 a 379 Ibídem —Alegaciones Fiscalía General de la Nación3Radicado: 41001-23-31-000-2011-00602-01 (59517) Demandante: Jair Edgardo Chinchilla Mendoza y Otros demuestre que la privación de la libertad del señor phinchilla Mendoza no fue apropiada, ni razonada. Así mismo, destacó que el periodo de detención del señor Chinchilla Mendoza no puede imputarse en su totalidad a la Fiscalía General de la Nación, en cuanto la mayor parte de tiempo el procesado estuvo a órdenes del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva, dado que una vez cobró ejecutoria la resolución acusatoria, transcurrieron 1 año y 4 meses antes que el juzgado citado se pronunciara sobre la libertad del procesado, circunstancia por la que el a quo no ha debido excluir de responsabilidad a la Rama Jurisdiccional. El Ministerio Público conceptuó 17 , que dada la flagrancia frente a la cual la autoridad policiva actuó, existían razones objetivas que justificaban la aprehensión del actor, y la actuación de dicha autoridad no es objeto de esta controversia. En lo que toca a la Fiscalía, si bien para el momento en que se produjeron la medida de

policiva actuó, existían razones objetivas que justificaban la aprehensión del actor, y la actuación de dicha autoridad no es objeto de esta controversia. En lo que toca a la Fiscalía, si bien para el momento en que se produjeron la medida de aseguramiento y la acusación, se daban los presupuestos de Ley para adoptar las decisiones, no aconteció lo mismo frente al fallo, pues para condenar era precisa e indispensable la certeza sobre la responsabilidad del demandante. A criterio del Ministerio Público dada la absolución por duda, se infiere que la restricción de la libertad del señor Jair Edgardo Chinchilla Mendoza fue injusta, hecho que resulta imputable tanto a la Nación -Rama Judicial, como a la Fiscalía General de la Nación, como quiera que la medida de aseguramiento de detención preventiva se impuso por ésta última y la primera mantuvo la privación de la libertad; circunstancia por lo que la sentencia apelada debe ser reformada para que la responsabilidad patrimonial y extracontractual por la privación de la libertad del señor Jair Edgardo Chinchilla Mendoza se declare frente a las dos ehtidades demandadas, en proporción, en su orden de 49,60% y 50,40% como se anotó en el salvamento de voto de que fue objeto esta sentencia. 2.6. Impedimento. Mediante memorial visible al folio 406 del Cuaderno de segunda instancia, el magistrado Nicolás Yepes Corrales hizo expreso su impedimento para conocer y decidir el proceso de la referencia, habida cuenta de haber rendido concepto en el mismo como Procurador Primero Delegado ante esta Corporación, con lo que se configura la causal prevista en el inciso primero del artículo 141 del

conocer y decidir el proceso de la referencia, habida cuenta de haber rendido concepto en el mismo como Procurador Primero Delegado ante esta Corporación, con lo que se configura la causal prevista en el inciso primero del artículo 141 del Código General del Proceso. La solicitud de impedimento que se declaró fundado mediante auto del 9 de julio de 2019 18 .

III. PROBLEMAS JURÍDICOS 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP'') — aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 18-20 — el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las 11 Folios 391 a 404 del cuaderno de r Instancia —Concepto del Agente del Ministerio Público- " Folio 408 a 409 vto. del cuaderno de r Instancia —Proveído que declara fundado impedimento del magistrado Nicolás Yepes corrales. 19 "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciada!) y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo, los recursos interpuestos la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las leyes

práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. [. ..]" (subrayado fuera del texto original). 29 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(J). 4Radicado: 41001-23-31-000-2011-00602-01 (59517) Demandante: Jair Edgardo Chinchilla Mendoza y Otros decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley', como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones". Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada" 21 .

como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada" 21 . 3.2. En este orden de ideas, el primer cargo de la apelación da lugar al siguiente problema jurídico: ¿ Demostró la parte actora haber padecido un daño antijurídico como consecuencia de la privación de la libertad de que fue objeto el señor Jair Edgardo Chinchilla Mendoza en el marco de una investigación penal por el delito de fabricación, tráfico y transporte de estupefacientes que concluyó con decisión absolutoria en aplicación del "in dubio pm reo"? 3.2.1. Si la respuesta al anterior problema se refleja afirmativa, habrá lugar a responder la siguiente pregunta: ¿De los organismos representativos de la Nación que fueron demandados, a cuál o cuáles de ellos corresponde imputar la responsabilidad por la causación del daño antijurídico de que fue objeto el señor Chinchilla Mendoza? 3.2.2. Dilucidado lo anterior, deberá la Sala establecer, ¿Si los perjuicios reconocidos y tasados por la primera instancia se encuentran demostrados y si su cuantificación satisface los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta Corporación?

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede al resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a la preceptuado por el artículo 73 de la ley 270 y a la naturaleza del asunto 22 , así como al oportuno ejercicio que de la acción de reparación directa hizo la parte

consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a la preceptuado por el artículo 73 de la ley 270 y a la naturaleza del asunto 22 , así como al oportuno ejercicio que de la acción de reparación directa hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda el día 14 de diciembre de 2011 23 , esto es, dentro de los dos (2) años posteriores" al día siguiente a la ejecutoria de la sentencia con la que, con base en el principio in dubio pm reo fue absuelto 25 . En 21 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 22 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985), 23 Folios 1 a 4 del Cuaderno principal 1 24 C.C.A. Artículo 136-8. "Caducidad de las acciones: U.] 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. [...r. 25 Folios 15 a 45 y 46 a 61 del Cuaderno Principal 1 -Sentencias penales de 1° y 2° grado-Radicado: 41001-23-31-000-2011-0060241 (59517) Demandante: Jair Edgardo Chinchilla Mendoza y Otros efecto, la sentencia absolutoria cobró ejecutoria el 22 cle septiembre de 2009 26 , lo

Demandante: Jair Edgardo Chinchilla Mendoza y Otros efecto, la sentencia absolutoria cobró ejecutoria el 22 cle septiembre de 2009 26 , lo que indica que el término de caducidad corría entre el 23 de septiembre de 2009 y el 23 de septiembre de 2011; dicho término se suspendió el 19 de septiembre de 2011 con la radicación de la solicitud de conciliación, cuando faltaban cuatro días para que se cumpliera el término bienal. Como conciliación fallida tuvo ocurrencia el 14 de diciembre de 2011 y ese mismo día se radicó la demanda, quiere decir ello que su presentación fue oportuna. 4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en causa por activa: Jair Edgardo Chinchilla Mendoza como ofendido directo, sus progenitores 'Carmen Martín Chinchilla Camacho y Aracely Mendoza de Chinchilla, y sus hermanos Rosme Chinchilla Mendoza y John Jairo Chinchilla Mendoza, quienes acreditaron su parentesco con sus respectivos registros civiles de nacimiento 27 .

En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra legitimada en la causa la Nación, quien será representada dentro de este juicio por el Fiscal General de la Nación y el Director Ejecutivo de la Administración Judicial, en cuanto la actuación de las autoridades judiciales guarda relación con los hechos de la demanda. 4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada 4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos' causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad

4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos' causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. 4.2.2. La Ley 600 de 2000, vigente en el momento de los hechos, establecía que la medida de aseguramiento de detención preventiva procedía cuando existieran dos (2) indicios graves de responsabilidad, con base en pruebas legalmente producidas en el proceso, y el delito imputado fuera castigado con pena de prisión mínima de cuatro (4) años o fuera mencionado en el artículo 357.2 de la Ley 600 de 2001 281 . Con todo, la estricta coherencia que debe ser observada con la comprensión que se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio lesionado no está obligado a soportar 2 g, lleva a entender que, en algunas ocasiones, el daño causado con plena observancia de la ley y de la principialística rectora de la actuación del órgano demandado puede, sin embargo, resultar intrínsecamente injusto. Esa la razón por la que el juicio relativo a la juridicidad del daño no se agota con la verificación de la observancia del actuar conforme a derecho positivo de la autoridad que causó el daño, verificación que siempre viene necesaria para preservar el sentido correctivo y propedéutico que cumple el juicio de responsabilidad estatal aquiliana y, por el contrario, debe extenderse al análisis de

autoridad que causó el daño, verificación que siempre viene necesaria para preservar el sentido correctivo y propedéutico que cumple el juicio de responsabilidad estatal aquiliana y, por el contrario, debe extenderse al análisis de 26 Esto, si se tiene en cuenta que, como en materia penal no existen ejecutorias parciales, la sentencia absolutoria cobró fi rmeza con la sentencia del 17 de septiembre de 2009 proferida, en sede de apelación. por el Tribunal Superior de Neiva la cual cobró ejecutoria tres días después, esto es el 22 de septiembre de 2009. 27 Folios 11 y 12 del C. Principal y 207 del C. Principal 2 -Registros Civiles de Nacimiento Seriales 6171409Jair Edgardo Chinchilla-, 001223 Rosme Chinchilla Mendoza y 8324267 —John Jairo Chinchilla Mendoza -- 28 "Artículo 356. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. 11Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. II No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad. II Artículo 357. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos: Il . Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años. [. ..]". 29 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 1992, exp. 6771. 6Radicado: 41001-23-31-000-2011-00602-01 (59517)

Demandante: Jair Edgardo Chinchilla Mendoza y Otros

6Radicado: 41001-23-31-000-2011-00602-01 (59517) Demandante: Jair Edgardo Chinchilla Mendoza y Otros su conformidad con la justicia. Así lo reclama un correcto entendimiento del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Esa injusticia, cuando de una privación de la libertad personal por causa de detención preventiva dispuesta con ocasión de una investigación penal se trata, como bien lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, no puede determinarse linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente, del proceso penal. Tampoco emerge de forma automática por descarte de la antijuridicidad que reposa en la causación del daño 3 °. Debe surgir de una adecuada relación entre los fines que se pretendían satisfacer con la medida 31-32 , y la contribución que haya prestado la conducta del penalmente procesado a la configuración de la convicción con el grado de probabilidad que exigía la ley para su decreto, de una apariencia de su responsabilidad en el asunto (razonabilidad). Además, la medida de aseguramiento no puede equivaler o superar el monto de pena previsto para el delito 33 . Ahora bien, en el procedimiento penal adelantado, el nivel de certidumbre de la responsabilidad del imputado debía incrementarse a medida que avanzara el proceso, pasando de la posibilidad, al resolver la situación jurídica, a serios motivos de credibilidad, cuando se califica el mérito del sumario 34 , y luego a la certidumbre 35 30 «[E]I juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección Jun dica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una

30 «[E]I juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección Jun dica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabifidad, proporcionalidad y legalidad. [...]". CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU -072 de 2018. 31 "Esta Corle estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva". CORTE IHD, Caso Suárez Rosero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, serie C N° 35, párr. 77. 32 "Las medidas cautelares se establecen en tanto sean indispensables para los objetivos propuestos. La prisión

preventiva no es una excepción a esta regla. Como consecuencia del principio de excepcionalidad, sólo procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso porque se pueda demostrar que las medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se debe procurar su sustitución por una de menor gravedad cuando las circunstancias así lo permitan. [...] 105. Otra condición del carácter cautelar de la prisión preventiva es que está llamada a regir sólo durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto (provisionalidad)". COMISIÓN IDH. Informe 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr. 100 y 102 y 105. 33 "La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que se espera en caso de una condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que no sería posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción". CORTE IDH. Caso Barreto Leiva Vs Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 122.

34 "Artículo 395. Formas de calificación. El sumario se calificará profiriendo resolución de acusación o resolución de pre alusión de la instrucción. [. ..] Articulo 397. Requisitos sustanciales de la resolución de acusación. El Fiscal General de la Nación o su delegado dictarán resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado. [...] Artículo 397. Requisitos sustanciales de la res