CE - 410012331000201200260011SENTENCIA20230913073219

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 41001-23-31-000-2012-00260-01 (59.633)

Actor: EDILBERTO ORTIZ RIVERA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – el operador judicial debe verificar si la medida de aseguramiento se impuso bajo los criterios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad / FALLA DEL SERVICIO – se configuró – la privación de la libertad de la que fue objeto el aquí actor fue injusta.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía General de la Nación y por la parte demandante en contra de la sentencia del 16 de marzo de 2017, por medio de la cual la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , así (trascripción literal, incluidos posibles errores):

PRIMERO: DECLARAR que la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, es administrativamente responsable por los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes por la privación injusta de la libertad de que fue objeto.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decla ración, condenar a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagarle al señor

materiales causados a los demandantes por la privación injusta de la libertad de que fue objeto.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decla ración, condenar a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagarle al señor EDILBERTO ORTÍZ RIVERA por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma de DOCE MILLONES TRESCIENTOS

SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($12’363.860).

Igualmente, se le ordena pagar a favor de EDILBERTO ORT IZ RIVERA, MÓNICA YINETH ORTIZ ESCALANTE, EGDEL ADRIANA ORTIZ, LINA GIOVANNA ORTIZ ESCALANTE, NORMA CONSTANZA ORTIZ ESCALANTE Y HERNÁN FELIPE ORTIZ ESCALANTE -hijosy a la señora MARIEL A RIVERA DE ORTIZ -madre de la víctima-, el equivalente a 90 S.M.M.L.V., para cada uno por concepto de perjuicios morales.

TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del C.C.A., se expedirán copias de la sentencia, con constancia de ejecutoria con destino a los demandantes, a la Nación - Fiscalía General de laRadicación: 41001-23-31-000-2012-00260-01 (59.633)

Actor: Edilberto Ortiz Rivera y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

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Nación - como al Ministerio Público, con las constancias previstas en el artículo 115 del C.P.C.

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

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Nación - como al Ministerio Público, con las constancias previstas en el artículo 115 del C.P.C. (…).

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se afirma que , en el marco de un proceso penal por los delitos de rebelión y concierto para delinquir agravado , Edilberto Ortiz Rivera fue privado injustamente de su libertad, circunstancia que le ocasionó perjuicios a él y a sus familiares.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda1

El 19 de junio de 20122, Edilberto Ortiz Rivera y otros3, por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda de repa ración directa en contra de la NaciónFiscalía General – Rama Judicial, con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial como consecuencia de los perjuicios que afrontaron él y sus familiares, derivados de la privación de su libertad.

En síntesis, los hechos narrados fueron los siguientes:

Con el fin de determinar los responsables de las extorsiones realizadas contra comerciantes, ganaderos y funcionarios públicos en los municipios de Tesalia, Paicol, Nátaga, Yaguará y La Plata, la Fiscalía inició una investigación a la que fue vinculado Edilberto Ortiz Rivera, junto con otras personas, por los posibles delitos de rebelión y concierto para delinquir agravado.

El 4 de junio de 2007, la Fiscalía Cuarta Especializada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Neiva le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva al aquí actor.

El 4 de junio de 2007, la Fiscalía Cuarta Especializada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Neiva le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva al aquí actor.

El 28 de septiembre de 2007, la Fiscalía precluyó la investigación en favor del ahora demandante por el delito de concierto para delinquir agravado y continuó el proceso en lo relacionado con la conducta punible de rebelión.

El 26 de marzo de 2010, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata absolvió a Edilberto Ortiz Rivera de l delito de rebelión , determinación que fue

1 La demanda obra de folios 6 a 30 del cuaderno principal. 2 Folio 30 del cuaderno principal. 3 A saber: Mónica Yineth Ortiz Escalante, Egdel Adriana Ortiz, Lina Giovanna Ortiz Escalante, Norma Constanza Ortiz Escalante, Hernán Felipe Ortiz Escalante y Mariela Rivera de Ortiz.Radicación: 41001-23-31-000-2012-00260-01 (59.633)

Actor: Edilberto Ortiz Rivera y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

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confirmada, el 9 de agosto de 2011, por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.

A juicio de la parte actora, la s entidades demandadas son responsables por la privación de la libertad a la que fue sometido Edilberto Ortiz Rivera . La Fiscalía General, porque profirió la medida de aseguramiento en su contra “con fundamento único y exclusivo en un informe investigativo de interceptaciones”4, sin ninguna otra

privación de la libertad a la que fue sometido Edilberto Ortiz Rivera . La Fiscalía General, porque profirió la medida de aseguramiento en su contra “con fundamento único y exclusivo en un informe investigativo de interceptaciones”4, sin ninguna otra prueba que sostuviera la imputación en su contra, y la Rama Judicial, en la medida en que avocó conocimiento del proceso penal el 1° de febrero de 2008, y el aquí demandante recuperó su libertad solo hasta el 20 de junio de ese mismo año.

2. Contestaciones de la demanda

2.1. La Rama Judicial5 alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que el actor estuvo privado por actuaciones adelantadas por la Fiscalía, mas no por el proceder del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de La Plata y/o del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, entes judiciales que lo absolvieron de responsabilidad. Resaltó que las decisiones judiciales en cuestión fueron proferidas “en derecho”.

2.2. La Fiscalía General de la Nación 6 sostuvo que el daño alegado por el demandante no tuvo la connotación de antijurídico, pues para el momento de la imposición de la medida de aseguramiento existían indicios de responsabilidad frente a las conductas punibles que le fueron endilgadas al señor Ortiz Rivera. Puso de presente, además, que aunque el actor fue absuelto de responsabilidad penal, esa circunstancia, en sí misma, no podía considerarse como constitutiva de una falla del servicio.

3. La sentencia de primera instancia

La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia el

esa circunstancia, en sí misma, no podía considerarse como constitutiva de una falla del servicio.

3. La sentencia de primera instancia

La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia el 16 de marzo de 2017 7, en la que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, con fundamento en que fue injusta la privación de la libertad de la que fue objeto el aquí actor, previas consideraciones de que al caso le resultaba aplicable el “régimen de responsabilidad de carácter objetivo”.

4 Así se consignó en el hecho séptimo de la demanda, que obra a folio 13 del cuaderno principal. 5 Folios 250 a 263 del cuaderno principal 2. 6 Folios 270 a 283 del cuaderno principal 2. 7 Folios 550 a 570 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 41001-23-31-000-2012-00260-01 (59.633)

Actor: Edilberto Ortiz Rivera y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

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Determinó que la “ obligación de reparar reca[ía] exclusivamente en la Fiscalía ”, porque fue esa entidad la que “orden[ó] la captura y detención en establecimiento carcelario del señor Ortiz Rivera”. Fue con ese argumento que el a quo absolvió de responsabilidad a la Rama Judicial -así ello no qu edara consignado de forma textualy condenó a la Fiscalía General a pagar a los demandantes perjuicios morales y materiales, en la modalidad de lucro cesante.

El fundamento de la decisión del a quo será plasmado en la parte considerativa de la presente providencia.

textualy condenó a la Fiscalía General a pagar a los demandantes perjuicios morales y materiales, en la modalidad de lucro cesante.

El fundamento de la decisión del a quo será plasmado en la parte considerativa de la presente providencia.

5. Los recursos de apelación

5.1. La Fiscalía General de la Nación8 apeló el fallo de primera instancia y solicitó su revocatoria. Advirtió que el régimen objetivo de responsabilidad no resultaba aplicable al presente caso. Aseguró que el aquí demandante estaba en el deber de soportar la privación de su libertad, toda vez que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales y encontró sustento en pruebas válidamente recogidas. Insistió en que se tuviera en cuenta el principio de progresividad, sobre el que se cimentaba el proceso penal y en que debía condenarse, también, a la Rama Judicial.

5.2. La parte actora9 afirmó estar de acuerdo con el sentido del fallo; sin embargo, dijo que se debía: (i) revisar los montos concedidos por perjuicios morales, para aumentarlos; (ii) conceder los perjuicios solicitados por “daño a la vida de relación”; (iii) otorgar lo pedido por daño emergente, sumas que fueron negadas por el a quo y (iv) examinar el ingreso base de liquidación con el que se calculó el lucro cesante, para incrementarlo; además, reconocer el tiempo promedio en que el actor, como persona económicamente activa, tardó en conseguir empleo.

Los argumentos expuestos como sustento de los recursos de apelación serán plasmados en el acápite de consideraciones de este proveído.

6. El Ministerio Público guardó silencio en el trámite de segunda instancia.

Los argumentos expuestos como sustento de los recursos de apelación serán plasmados en el acápite de consideraciones de este proveído.

6. El Ministerio Público guardó silencio en el trámite de segunda instancia.

8 Folios 576 a 584 del cuaderno del Consejo de Estado. 9 Folios 598 a 606 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 41001-23-31-000-2012-00260-01 (59.633)

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III. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, la Sala10 procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía General de la Nación y por la parte demandante11 contra la sentencia de primera instancia.

Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales: competencia, demanda en tiempo y legitimación en la causa.

1. El objeto de los recursos de apelación y el esquema que se propone para resolver el asunto

De acuerdo con los reparos de las impugnaciones, a la Sala le corresponde determinar el régimen de responsabilidad aplicable al presente caso y, consecuencialmente, señalar si la privación de la libertad de la que fue objeto el aquí demandante fue injusta o no (primer cargo) ; además, de confirmarse la responsabilidad de la Fiscalía, se estudiarán los reparos de la parte demandante, asociados con la indemnización de los perjuicios (segundo cargo).

2. Caso concreto

responsabilidad de la Fiscalía, se estudiarán los reparos de la parte demandante, asociados con la indemnización de los perjuicios (segundo cargo).

2. Caso concreto

2.1. De la apelación de la Fiscalía

En el fallo apelado, el Tribunal consideró, en primer lugar, que el régimen aplicable en este tipo de casos era el objetivo, por daño especial , luego de analizar algunas sentencias del Consejo de Estado12. Seguidamente, el a quo llegó a la conclusión de que la restricción de la libertad que padeció el actor, por 13 meses y 6 días, podía tildarse de injusta, por cuanto se profirió sentencia absolutoria en su favor , porque no cometió el delito a él endilgado. Agregó que la obligación de reparar recaía

10 Mediante auto del 20 de enero de 2023, la ponente de esta providencia avocó el conocimiento del asunto de la referencia con fines de descongestión, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el Acuerdo No. 303 de 12 de diciembre de 2022. 11 La Sala precisa que los recursos presentados tanto la Fiscalía como la parte actora fueron concedidos por el Tribunal Administrativo, y que lo propio hizo esta Corporación, con ponencia del Consejero Danilo Rojas Betancourth, cuando dijo que “ veni[an] debidamente sustentados”; sin que sea relevante para esta Subsección el hecho de que hubiese omitido involuntariamente especificar que una de las impugnaciones correspondía a la parte demandante. 12 Al respecto, mencionó las siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

sea relevante para esta Subsección el hecho de que hubiese omitido involuntariamente especificar que una de las impugnaciones correspondía a la parte demandante. 12 Al respecto, mencionó las siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera: (i) Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2012, exp. 23.381, C.P. Carlos Alberto Zambrano; (ii) Subsección A, sentencia del 17 de octubre de 2013, exp. 23.354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y (iii) Subsección C, sentencia del 10 de agosto de 2015, exp. 30.134, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.Radicación: 41001-23-31-000-2012-00260-01 (59.633)

Actor: Edilberto Ortiz Rivera y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

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exclusivamente en la Fiscalía, “pues el daño lo produjo esta entidad (…) al ordenar la captura y detención en establecimiento carcelario del señor Ortiz Rivera”.

En desacuerdo con lo anterior, la Fi scalía manifestó su inconformidad con la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva. En esa línea, p uso de presente que la medida de aseguramiento en contra de Edilberto Ortiz Rivera fue acorde a derecho, p orque se fundamentó en “informes de inteligencia [y] de investigación sobre interceptación de conversaciones telefónicas ”, suscritos por el Gaula, que daban cuenta de las extorsiones realizadas a algunos comerciantes, ganaderos, funcionarios y habitantes de varios municipios del Huila, realizadas por

investigación sobre interceptación de conversaciones telefónicas ”, suscritos por el Gaula, que daban cuenta de las extorsiones realizadas a algunos comerciantes, ganaderos, funcionarios y habitantes de varios municipios del Huila, realizadas por el frente 66 “Joselo Losada” de las Farc, con la coordinación de alias “Aracely”, con quien el aquí demandante sostenía “una entrañable amistad”.

Dijo que debía tenerse en cuenta el principio de progresividad, según el cual la actividad que se cumple en cada una de las etapas que componen el proceso penal se adelanta con la finalidad de alcanzar mayores grados en el conocimiento del objeto de la investigación, pasando de la incertidumbre a la certeza de lo acaecido.

2.1.1. Régimen aplicable al caso concreto

Con el fin de resolver sobre este cargo del recurso de apelación, y previo a analizar las pruebas allegadas a este proceso, la Sala considera pertinente referirse brevemente al régimen aplicable en estos asuntos en los que se alega la privación injusta de la libertad.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C -037 de 1996 13, analizó la constitucionalidad, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y manifestó que, en los casos de privación injusta de la libertad, no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que el juez debía examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido.

A través de sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, la Sección Tercera

debía examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido.

A través de sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, la Sección Tercera de esta Corporación14, con fundamento en los supuestos consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, acogió un régimen de responsabilidad objetivo en

13 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C -037 del 5 de febrero de 1996, M.P: Vladimiro Naranjo Mesa, exp: PE-008. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente: 23.354.Radicación: 41001-23-31-000-2012-00260-01 (59.633)

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los casos de privación de la libertad cuando el sindicado era absuelto porque (i) no cometió el delito; (ii) el hecho no existió; (iii) la conducta por la cual fue detenido no es típica, providencia en la que, además, se agregó el supuesto (iv) de aquellos casos en los cuales se concedía la libertad por aplicación del principio in dubio pro reo, pese a que este último evento no estaba previsto en la norma mencionada. Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sentencia SU -072 de 2018 15, a través de la cual precisó que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de

Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sentencia SU -072 de 2018 15, a través de la cual precisó que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C037 de 1996estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, por lo que al operador judicial le corresponde determinar si la privación fue apropiada, razonable y proporcionada.

A su vez, mediante sentencia del 15 de agosto de 2018 16, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de casos; sin embargo, dicha providencia quedó sin efectos por vía de tutela17, por lo que el 6 de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo 18, este último que, si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió de man era enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, particularmente la definida por la Corte Constitucional, en la sentencia C -037 de 199619, en la que se sostuvo que en los casos de privación injusta de la libertad debía examinarse la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos.

Contextualizado el panorama jurisprudencial, la Subsección considera pertinente aclarar que, en cuanto a los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo, tanto el Consejo de Estado20 como la Corte Constitucional21 han indicado que, por regla general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, por ende,

aclarar que, en cuanto a los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo, tanto el Consejo de Estado20 como la Corte Constitucional21 han indicado que, por regla general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, por ende, se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa.

15 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU -072 del 5 de julio de 2018, M. P: José Fernando Reyes Cuartas, exps: T-6.304.188 y T-6.390.556. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 46.947. 17 Mediante fallo de tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, exp: 2019-00169-01 (AC). 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de agosto de 2020, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 46.947. 19 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 20 Al respecto, se pueden consultar las siguientes provi dencias dictadas por esta Corporación: i) Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras. 21 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T -044 del 14 de febrero de 2022, M.P:

abril de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras. 21 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T -044 del 14 de febrero de 2022, M.P: Paola Andrea Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898.Radicación: 41001-23-31-000-2012-00260-01 (59.633)

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Conviene agregar que, en múltiples fallos de tutela 22, se ha señalado que los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el as unto sometido a su consideración, argumento que ha servido de sustento para descartar la vulneración de derechos fundamentales en aquellas controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por no tener en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la demanda o del fallo de primera instancia23.

Por tales motivos, y de acuerdo con la jurisprudencia vigente, la Sala deberá examinar la legalidad de la medida de aseguramiento que fue impuesta al aquí demandante.

2.1.2. Sobre la legalidad de la medida de aseguramiento

La Sala anticipa que confirmará la responsabilidad de la Fiscalía, pero no con fundamento en un régimen objetivo de responsabilidad, como lo hizo el Tribunal Administrativo, sino porque la medida de aseguramiento que se le impuso a Edilberto Ortiz Rivera no estuvo ajustada a derecho24.

Con lo anterior, esta Subsección no está variando la causa petendi que se planteó

Administrativo, sino porque la medida de aseguramiento que se le impuso a Edilberto Ortiz Rivera no estuvo ajustada a derecho24.

Con lo anterior, esta Subsección no está variando la causa petendi que se planteó desde la demanda. Al respecto se advierte que en el escrito inicial se solicitó, como pretensión principal, declarar la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía -y de la

22 Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii) sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado; (iii) sentencia del 24 de mayo de 2021, radicación 11001-03-15-0002021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B. 23 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “ Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019) no incurrió en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta Corporación. Por el contrario, el Tribunal aplicó la regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver el asunto sometido a su cons ideración, analizando la antijuridicidad del daño para encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar que

encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), radicado 23.354, por ser esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha indicado el Consejo de Estado, por regla general y salvo q ue de manera expresa se disponga lo contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e inmediata del derecho” (sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente No. 66.535, M.P. Nicolás Yepes Corrales). 24 Estudio que la Sala realiza atendiendo a lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, en la que analizó la constitucionalidad, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y manifestó que, en los casos de privación injusta de la libertad, no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que el juez debía examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido ( Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C -037 del 5 de febrero de 1996, M.P: Vladimiro Naranjo Mesa, exp: PE-008).Radicación: 41001-23-31-000-2012-00260-01 (59.633)

Actor: Edilberto Ortiz Rivera y otros

Vladimiro Naranjo Mesa, exp: PE-008).Radicación: 41001-23-31-000-2012-00260-01 (59.633)

Actor: Edilberto Ortiz Rivera y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

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Rama Judicialpor la privación injusta de la libertad que sufrió Edilberto Ortiz Rivera, “con ocasión de los daños y perjuicios causados por la evidente y contund ente falla en la administración de justicia ”. Al tiempo, en el acápite de los hechos, la parte actora resaltó que “ la medida privativa de la libertad impuesta e [ra] consecuencia de una deficiente e irrazonada instrucción ”25, porque se profirió “con fundamento único y exclusivo en un informe investigativo de interceptaciones”26.

Como no se está excediendo el alcance de las pretensiones planteadas por quienes ejercieron el derecho de acción, la Sala explicará, a continuación, las razones que sustentan su determinación.

Para iniciar, se advierte que en el proceso se demostró lo siguiente:

El 30 de octubre de 2006 , la Fiscalía Sexta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializada ante el Gaula del Huila dispuso la apertura de una investigación previa, para determinar los responsables de las extorsiones cometidas en los municipios de Tesalia, Paicol, Nátaga, Yaguará y La Plata , ubicados en el departamento del Huila.

El 11 de mayo de 2007, la Fiscalía Cuarta Especializada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Neiva vinculó, mediante indagatoria, a Edilberto Ortiz

departamento del Huila.

El 11 de mayo de 2007, la Fiscalía Cuarta Especializada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Neiva vinculó, mediante indagatoria, a Edilberto Ortiz Rivera al proceso penal en cuestión27, junto con otras personas, como supuestos “coautores copartícipes de los delitos de concierto para extorsionar y re belión, en concurso”28. El 14 de mayo de 2007 se hizo efectiva la captura del actor 29 y el 18 del mismo mes y año 30 rindió su diligencia de indagatoria 31, oportunidad en la que negó cualquier participación con grupos al margen de la ley y explicó que tenía unos equipos celulares destinados para venta de minutos en el municipio de Íquira – Huila, que eran utilizados por aquellos que requerían de ese servicio.

Mediante decisión del 4 de junio de 200732, la Fiscalía Cuarta Especializada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Neiva le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva al hoy demandante, por el delito

25 Folio 14 del cuaderno principal 1. 26 Así se consignó en el hecho séptimo de la demanda, que obra a folio 13 del cuaderno principal. 27 Folios 64 a 68 del cuaderno No. 2 de pruebas. 28 Folios 174 y 175 del cuaderno de pruebas 3. 29 Folio 214 del cuaderno de pruebas 3. 30 Folios 16 a 25 del cuaderno de pruebas 4. 31 Folios 16 a 25 del cuaderno de pruebas 4.

29 Folio 214 del cuaderno de pruebas 3. 30 Folios 16 a 25 del cuaderno de pruebas 4. 31 Folios 16 a 25 del cuaderno de pruebas 4. 32 Folios 78 a 89 del cuaderno de pruebas 4.Radicación: 41001-23-31-000-2012-00260-01 (59.633)

Actor: Edilberto Ortiz Rivera y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa

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de rebelión , y se abstuvo de hacerlo por la conducta punible de concierto para delinquir, en vista de que “no exist[ían] elementos muy definidos” para el efecto.

En la decisión que le impuso medida de aseguramiento al aquí demandante , la Fiscalía, primero, hizo referencia al contexto fáctico de la comisión de la conducta punible de rebelión, en concreto, a las extorsiones cometidas contra algunos comerciantes, ganaderos, funcionarios públicos y habitantes de los municipios mencionados, realizadas “al parecer por el frente 66 ‘Joselo Losada’ de las FARC”, en dirección y coordinación de alias “ Aracely”, qui en era la “ cabecilla que coordina[ba] las extorsiones y otros actos terroristas, con los llamados milicianos y colaboradores, mediante la utilización de los móviles celulares”.

Acto seguido , el ente acusador resaltó que “ la prueba aducida al proceso e [ra] esencialment