CE - 410012331000201700029011SENTENCIASENTENCIA20230719085127

Radicado: 41001-23-31-000-2017-00029-01 (60652)

Demandante: Wilson Ramírez Pérez y Otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandantes:

Demandado: Referencia: 41001-23-31-000-2017-00029-01 (60652) Wilson Ramírez Pérez y Otros Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional y Otros

Acción de Reparación Directa. Tema 1: Privación injusta de la libertad — Ley 906 de 2004. Subtema 1.1. Falta de acreditación del daño antijurídico. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 2013 1 , resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 27 de septiembre de 2017, que denegó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS Narran los demandantes que el día 7 de marzo de 2009 el señor Wilson Ramírez Pérez, quien conducía la motocicleta de placas NTX 72A y se desplazaba por la

carrera 14 con calle 8 del plano urbano de la municipalidad de Neiva, en compañía del señor Edwin Steven Mona Paniagua, fue aprehendido por la Policía de

carrera 14 con calle 8 del plano urbano de la municipalidad de Neiva, en compañía del señor Edwin Steven Mona Paniagua, fue aprehendido por la Policía de Vigilancia Local, poco después de que el segundo de los nombrados había intentado con arma de fuego en mano, atentar contra el patrimonio del señor Wilson Mauricio Araujo Trujillo, quien denunció el hecho ante la Fiscalía 20 de la Unidad de Reacción Inmediata URI que adelantó pesquisas preliminares, dio apertura a investigación criminal, el día 6 de abril de 2009 acusó al actor ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva en funciones de conocimiento, por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones en concurso con hurto agravado y calificado, cargos de los que el juzgado dicho le absolvió el día 26 de febrero de 2010. Por estos hechos considera la parte actora que le sobrevinieron perjuicios morales y materiales por los que ahora se demanda en reparación directa.

II. ANTECEDENTE 2.1. La demanda Pretenden los accionantes Wilson Ramírez Pérez y Arelis Morales Sepúlveda que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional -Fiscalía General de la Nación -Rama Jurisdiccional, con ocasión de la privación de libertad que soportó Wilson Ramírez Pérez dentro de la investigación criminal radicada al No 410016000716200900444, a consecuencia 1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: "los

investigación criminal radicada al No 410016000716200900444, a consecuencia 1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: "los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y, (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno ( . . )".Radicado: 41001-23-31-000-2017-00029-01 (60652) Demandante: Wilson Ramírez Pérez y Otros de la detención preventiva que se le impuso por la Fiscalía Primera Seccional de Neiva a solicitud de Wilson Mauricio Araujo Trujillo 2 . 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia: Admitida la demanda 3 , notificado el auto referido 4 y fijado en lista el procesos, la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional dio oportuna respuesta oponiéndose a las pretensiones en cuanto los daños y perjuicios supuestamente infligidos a los demandantes, no fueron consecuencia de la acción u omisión de la Policía Nacional; propuso como excepción la que denominó "Falta de legitimación en la causa por pasiva" 6 . Lo propio hizo La Nación -Rama Judicial quien se opuso a las declaraciones y codenas pedidas en la demanda, dado que los hechos en que se fundan no constituyen falla en la administración de justicia; prop9so como excepciones las que rotuló "Falta de causa para demandar", "Inexistencia de perjuicios", "Inexistencia de nexo de causalidad", "Hecho de un tercero" y la "Innominada" que resultare probada en el proceso 7 .

que rotuló "Falta de causa para demandar", "Inexistencia de perjuicios", "Inexistencia de nexo de causalidad", "Hecho de un tercero" y la "Innominada" que resultare probada en el proceso 7 . La Nación -Fiscalía General de la Nación ejerció su derecho expresando que no le constan los hechos, oponiéndose a las pretensiones de la demanda y proponiendo como excepciones las que llamó "Cumplimiento de las atribuciones, competencias y misión institucional otorgadas por la , constitución y la ley a la Fiscalía General de la Nación", "Medida de aseguramiento ajustada a la ley", "Inexistencia de daño antijurídico", "Caducidad de la acción" y "Falta de legitimación en la causa por pasiva"s. El día 7 de abril de 2014 el Juez de conocimiento -segundo Administrativo de Descongestión del Circuito judicial de Neivaabrió el juicio a pruebas 9 ; el 11 de febrero de 2015 decretó la prueba pericial pedida por la parte actora y diferida hasta tanto se allegase la prueba documental, disponiendo oficiar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dirécción Regional Sur Sede NEIVA para la práctica de la experticia; en el mismo proveído denegó la prueba pericial pedida sobre perjuicios materiales y morales, por cuanto los primeros pueden ser establecidos con la documentación allegada al proceso y los segundos serán determinados por el fallador de conformidad con los parámetros legales y jurisprudenciales señalados al efecto". En virtud de Acuerdo No. PSAA15-10363 de junio 30 de 2015 dado por el Consejo Superior de ta Judicatura, por el que se

jurisprudenciales señalados al efecto". En virtud de Acuerdo No. PSAA15-10363 de junio 30 de 2015 dado por el Consejo Superior de ta Judicatura, por el que se ingresó al sistema de oralidad al Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Neiva, el proceso pasó por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo en Descongestión del mismo Circuito"; el 15 de junio de 2016 el apoderado de la parte actora renunció a la práctica de pruebas decretadas por el juez de conocimiento y, en especial, a la valoración por parte de Medicina Legal"; desistimiento aceptado por el Juez Noveno Administrativo del Circuito Oral de 2 Folios 3 a 20 del Cuaderno Principal -Demanda introductoria3 Folios 101 a 103 del Cuaderno Principal 1 -Auto Admisorio de Demanda- ° Folio 105 a 107 Ibídem -Notificaciones Auto Admisorio de Demandas Folio 102 Ibídem -Fijación el Lista6 Folios 108 a 112 Ibídem -Contestación Demanda Policía Nacional- ? Folios 123 a 151 Ibídem —Contestación Demanda Rama Judicial-' 8 Folios 156 a 166 ibídem —Contestación Demanda Fiscalía GenerálFolios 187 a 189 Ibídem -Decreto de Pruebas- ") Folios 202 a 203 del Cuaderno Principal 2 —Decreto de Pruebas Adicional- " Folio 207 Ibídem -Resignación de Proceso12 Folio 223 del Cuaderno Principal 2 —Desistimiento de Pruebas por parte demandante2Radicado: 41001-23-31-000-2017-00029-01 (60652)

Demandante: Wilson Ramírez Pérez y Otros

12 Folio 223 del Cuaderno Principal 2 —Desistimiento de Pruebas por parte demandante2Radicado: 41001-23-31-000-2017-00029-01 (60652) Demandante: Wilson Ramírez Pérez y Otros Neiva", al que se había reasignado nuevamente el proceso; el día 6 de septiembre de 2016 se clausuró la etapa probatoria y se dio traslado a las partes para alegaciones conclusivas y al Ministerio Público para concepto 14 . De la dicha prerrogativa hicieron uso la Policía Nacional" y la Fiscalía General de la Nación 16 . La primera reiterando los argumentos expuestos desde su contestación de demanda, enfatizó en que el procedimiento por el cual se dio captura al demandante en estado de flagrancia estuvo acorde a los mandatos constitucionales y legales, sin que se avizore falla de la Policía por acción u omisión, por lo que bajo ningún aspecto había de responder por el tiempo que estuvo privado de la libertad el demandante, en cuanto ésta autoridad no fue la que dispuso que se mantuviera tal situación, por lo que la "Falta de legitimación en la causa por pasiva" propuesta en nuestro favor esta llamada a prosperar. La Fiscalía General de la Nación insistió en que no podía estructurarse la responsabilidad patrimonial de la entidad entre varias razones, porque su actuación se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes, por lo que no era dable predicar frente a ella defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y mucho menos privación injusta de la libertad del señor Wilson Ramírez Pérez; conforme a la Ley 906 de 2004 correspondía al Juez en función de control de garantías, legitimar la

ella defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y mucho menos privación injusta de la libertad del señor Wilson Ramírez Pérez; conforme a la Ley 906 de 2004 correspondía al Juez en función de control de garantías, legitimar la medida de aseguramiento, como la captura e imputación, siendo de cargo de Fiscal adelantar la investigación y presentar al juez el caso sustentado con pruebas y evidencias materiales, con solicitud de la medida que asegurara la comparecencia de los imputados, preservara la prueba, protegiera la comunidad y en especial a las víctimas, argumentos que hicieron eco en el entendimiento del juez que fungía en control de garantías, por lo que accedió al decreto de la medida• cautelar al amparo del artículo 308 de la Ley 906 de 2004; fue reiterativa la Fiscalía en relación con los medios de excepción que tenía propuestos desde la contestación de la demanda, para concluir recabando la denegación de las pretensiones de la demanda. El 5 de mayo de 2017, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, a quien se había reasignado el proceso, antes repartido al Juzgado Noveno del mismo Circuito, declaró falta de competencia funcional para conocer del mismo y dispuso su remisión al Tribunal Administrativo del Huila 17 ; Corporación que el día 12 de julio de 2009 avocó el conocimiento del asunto y dispuso la continuación de su trámite". 2.3. La sentencia recurrida El día 27 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Huila, denegó las pretensiones de la demanda bajo consideración, según la cual, como quiera que el demandante no acreditó la privación efectiva de la libertad, ni su extensión en el

El día 27 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Huila, denegó las pretensiones de la demanda bajo consideración, según la cual, como quiera que el demandante no acreditó la privación efectiva de la libertad, ni su extensión en el tiempo, faltó al deber que le imponía el artículo 177 del C. de P.C., pues no demostró el daño antijurídico, presupuesto de la responsabilidad sin cuya acreditación resultaba inocuo hacer el juicio de imputación. 19 . 13 Folio 225 y 225 vto. Ibídem —Aceptación del Desistimiento de Pruebas por el Juzgado del conocimiento14 Folio 228 Ibídem —Auto que clausura etapa probatoria y concede traslado para alegaciones -16 Folios 231 a 234 Ibídem -Alegaciones Policía Nacional16 Folios 242 a 249 Ibídem -Alegaciones Fiscalía General de la Nación17 Folios 253 a 255 Ibídem —Remisión del Proceso por competencia al Tribunal Administrativo del Huila18 Folios 260 a 261 Ibídem —Auto del Tribunal Administrativo del Huila avocando conocimiento -19 Folios 264 a 276 del cuaderno de 2' instancia —Sentencia de primer grado3Radicado: 41001-23-31-000-2017-00029-01 (60652)

Demandante: Wilson Ramírez Pérez y Otros 2.4. El Recurso de Apelación 2.4.1. La parte demandante sustentó su recurso de alzada 2 ° con fundamento en los siguientes cargos contra la sentencia de primera instancia: 2.4.1.1. La Administración tiene la carga de la prueba en casos de responsabilidad por privación injusta de la libertad, en los casos en que se absuelva a una persona por sentencia o providencia equivalente, pues ese

los siguientes cargos contra la sentencia de primera instancia: 2.4.1.1. La Administración tiene la carga de la prueba en casos de responsabilidad por privación injusta de la libertad, en los casos en que se absuelva a una persona por sentencia o providencia equivalente, pues ese día se resuelve el último extremo temporal donde se determina la privación. 2.4.1.2. El a quo dejó de lado la valoración ,del Informe de Policía de Vigilancia en caso de Captura en Flagrancia, que daba cuenta que la aprehensión se originó desde el día 7 de marzo de 2009. Así mismo, la situación jurídica donde se debatía la privación injusta de la libertad, quedó resulta realmente en la sentencia del 26 de febrero de 2010, ignorar esto implica una violación directa la ley sustancial, constitutiva de vía de hecho. 2.4.1.3. No es lógico negar las pretensiones de la demanda bajo argumento, según el cual, la restricción de la libertad no se dio como consecuencia de la imposición de una medida de aseguramiento proferida por el Juez Promiscuo Municipal de Campoalegre Huila con funciones de control de garantías, sino en virtud de una captura en flagrancia. 2.4.1.4. Las pruebas aportadas indican que desde el 7 de marzo del año 2009 hasta el 26 de febrero de 2010 perduró eh el tiempo la detención del señor Ramírez Pérez; la presunción de inocencia prevista en nuestro ordenamiento tiene rango de derecho fundamental, por cuya virtud el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia, por el contrario, son las autoridades judiciales competentes las llamadas a probar su culpabilidad.

ordenamiento tiene rango de derecho fundamental, por cuya virtud el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia, por el contrario, son las autoridades judiciales competentes las llamadas a probar su culpabilidad. 2.4.1.5. La Policía Nacional no logró probar su oposición, aceptó sí que, efectivamente, privó de su libertad al demandante, desplazando esta responsabilidad a la Fiscalía y a la Rama Judicial; alegó que cumplió los protocolos fijados, respetando los derechos del capturado. La Rama Judicial aceptó que el demandante estuvo privado de la libertad y nadie controvirtió la sentencia en que lo expresó. 2.5. Trámite relevante en segunda instancia Por auto del 10 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Huila, concedió el recurso de alzada y dispuso el envío del expediente a esta Corporación 21 ; el día 31 de enero de 2018, el apoderado de la parte actora en sede de segunda instancia, allegó, a objeto que fuera tenida en cuenta, certificación del INPEC acerca del tiempo que estuvo privado de la libertad el actor 22 ; mediante proveído adiado el 14 de febrero de 2018, esta Corporación admitió el recurso de apelación propuesto por el demandante y dispuso su notificación personal a Ministerio Público y, por estados, a las partes 23 ; en proveído posterior fechado el 16 de mayo de 2018, el Despacho observó que la solicitud probatoria no se subsumía en ninguna de las causales previstas en el artículo 214 del C.C.A., razón por la que denegó su decreto y, a renglón seguido,

solicitud probatoria no se subsumía en ninguna de las causales previstas en el artículo 214 del C.C.A., razón por la que denegó su decreto y, a renglón seguido, 20 Folios 279 a 287 Ibídem —Recurso de Apelación de la Parte Actóra21 Folio 289 del Cuaderno de 2 a Instancia -Auto concediendo recurso de apelación22 Folios 296 a 297 Ibídem —Solicitud de Prueba de la parte actora en r instancia23 Folio 290 Ibídem -Admisión Recurso de Apelación4Radicado: 41001-23-31-000-2017-00029-01 (60652) Demandante: Wilson Ramírez Pérez y Otros corrió traslado a las partes para alegaciones conclusivas y a Ministerio Público para rendir concepto". De la dicha prerrogativa hicieron ejercicio la Fiscalía Genera1 25 y la parte actora 26 . La demandada —Fiscalía General de la Nación-, reiteró los argumentos expuestos• desde la contestación de la demanda. La parte demandante, apelante en el contencioso que nos ocupa, prácticamente replicó los argumentos traídos a colación como sustento de la alzada, llegando a la conclusión entonces expresada, según la cual se evidencia violación indirecta de la Ley sustancial, por error de vía de hecho -art. 29 constitucional-, por lo que recabó la revocación de la sentencia de primera instancia, decretando la responsabilidad de los demandados. El Ministerio Público 27 señaló en su vista que no se encuentra probada la existencia de la privación efectiva de la libertad del señor Ramírez Pérez y, por tanto, no existe prueba del daño antijurídico aducido por la actora, y, por ello, el

existencia de la privación efectiva de la libertad del señor Ramírez Pérez y, por tanto, no existe prueba del daño antijurídico aducido por la actora, y, por ello, el fallo recurrido debe ser confirmado. 2.6. Impedimento. El magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar incurso en causal de impedimento por haber rendido concepto en el proceso en calidad de agente del Ministerio Público 28 . Con el fin de resolver el impedimento, el doctor Yepes Corrales se retiró del recinto para que los demás integrantes de la Sala decidieran de conformidad, luego de lo cual, aquellos encontraron fundada la manifestación de impedimento y aceptaron la solicitud del doctor Yepes de separarse del asunto. En atención a que se encuentra acreditada la causal invocada, se declarará fundado el impedimento y, en consecuencia el proyecto será resuelto en Sala dual.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") — aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 26-30 -- el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley", como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la

perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley", como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin hm il aciones". Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas 24 Folio 301 Ibídem —Auto deniega prueba y corre traslado para alegaciones conclusivas25 Folios 303 a 313 Ibídem -Alegaciones de la Fiscalía General de la Nación28 Folios 327 A 334 ibídem -Alegaciones Parte Demandante22 Folios 335 a 341 vto. Ibídem -Vista Pública del Procurador Primero Delegado25 índice 18 de SAMAI. 23 "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo los recursos interpuestos la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. [.. .I"' (subrayado fuera del texto original).

recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. [.. .I"' (subrayado fuera del texto original). 3° Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ). 5Radicado: 41001-23-31400-2017-00029-01 (60652) Demandante: Wilson Ramírez Pérez y Otros aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada" 31 . 3.2. En este orden de ideas, el primer cargo de la apelación da lugar al siguiente problema jurídico: ¿Demostró la parte demandante haber padecido un daño derivado de la imposición de una medida restrictiva de la libertad, con ocasión del proceso penal que se adelantó en su contra por los delitos de Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y Hurto calificado y agravado en grado de tentativa? En caso de que la parte demandante haya . cumplido con esa carga probatoria, la Sala se ocupará de determinar si el,daño padecido por el actor es antijurídico y, consiguientemente, si resulta imputable a las demandadas. Igualmente, si hay lugar al reconocimiento de perjuicios conforme se encuentren demostrados y acordes a las reglas jurisprudenciales sobre la

es antijurídico y, consiguientemente, si resulta imputable a las demandadas. Igualmente, si hay lugar al reconocimiento de perjuicios conforme se encuentren demostrados y acordes a las reglas jurisprudenciales sobre la materia.

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede al resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la ley 270 y a la naturaleza del asunto 32 , así como al oportuno ejercicio que de la acción hizo la,parte demandante, ya que presentó su demanda el día 9 de mayo de 2012, esto es, dentro de los dos (2) años posteriores 33 al día siguiente a la ejecutoria de la sentencia con la que el día 26 de febrero de 2010 fue absuelto y que se dictó en audiencia, sin que fuera objeto de recurso 34 . Contando con la suspensión deli término de caducidad que operó cuando faltaban dos días para la expiración de la acción, entre el 24 de febrero de 2012 -fecha de presentación de la solicitud de conciliacióny el 7 de mayo de la misma calenda en que se declaró fallida la misma, según reza certificación expedida por la Procuraduría Judicial II 15a de Neiva el día 8 de mayo de la misma anualidad. 4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en causa por activa: Wilson Ramírez Morales como ofendido directo y Arelis Morales Sepúlveda como su compañera permanente, condición que acreditó con declaraciones extrajuicio rendidas ante

que la Sala encuentra legitimados en causa por activa: Wilson Ramírez Morales como ofendido directo y Arelis Morales Sepúlveda como su compañera permanente, condición que acreditó con declaraciones extrajuicio rendidas ante Notario por Luis Fernando Sepúlveda y Héctor Arma Castañeda, las cuales, si bien, por sí solas no prestan mérito probatorio, en el paso particular, tales dichos resultaron corroborados por otros medios de prueba, como ocurrió con lo 31 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 32 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 33 C.C.A. Artículo 136-8. "Caducidad de las acciones.(. ..). 8. La 'd e reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena pro causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.(...)". 34 El fallo absolutorio quedó ejecutoriado en la misma data por cuanto no se interpuso recurso alguno. Cfr. folios 85 a 91 del Cuaderno Principal 1 -Sentencia Penal Absolutoria-. 6Radicado: 41001-23-31-000-2017-00029-01 (60652) Demandante: Wilson Ramírez Pérez y Otros expresado por la señora Doris Pérez, progenitora de Wilson Ramírez, quien depuso ante la Fiscalía de conocimiento que su hijo convivía con Arelis Morales;

Demandante: Wilson Ramírez Pérez y Otros expresado por la señora Doris Pérez, progenitora de Wilson Ramírez, quien depuso ante la Fiscalía de conocimiento que su hijo convivía con Arelis Morales; así como la manifestación dada por el capturado quien expresó a la Policía que se le avisara de su aprehensión a Arelis Morales Sepúlveda, con quien, además, tiene una hija en común 35 .

Y en lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra legitimada en causa a la Nación, representada para este caso por el Director Ejecutivo de la Administración de Justicia, el Fiscal General de la Nación y del Director General de la Policía, en cuanto la actuación de dichos organismos guarda relación con los hechos de la demanda. 4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada 4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. 4.2.2. La Ley 906 de 2004, vigente para el momento de los hechos, prescribe medidas de aseguramiento privativas de la libertad , cuando el juez de control de garantías, a petición de fiscal, infiera razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre que la medida resulte necesaria para evitar que el imputado obstruya la administración de

garantías, a petición de fiscal, infiera razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre que la medida resulte necesaria para evitar que el imputado obstruya la administración de justicia, constituya un peligro para la sociedad o la víctima, o sea probable que no comparezca al proceso o cumpla la sentencia 37 . Por lo cual el análisis de la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la restricción de la libertad, que no debe basarse en fórmulas generales o abstractas, sino con arreglo a las circunstancias en medio de las cuales se desarrolla el proceso y las que rodearon la comisión del delito en el caso concreto 35 , impone que la medida de aseguramiento, se acompañe al proceso. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad pueden ser de detención preventiva en establecimiento carcelario o en la residencia del imputado. La primera procede cuando se trate de delitos cuya competencia corresponda a los jueces penales de circuito especializados o el delito investigado tenga pena de cuatro (4) años o más 39 . Dicha medida, puede ser sustituida por las de detención 35 Folios 93,73 y 39 del Cuaderno Principal N° 1 —Probanzas de la Unión Marital de Hecho entre Actores 36 "Artículo 307. Son medidas de aseguramiento: II A. Privativas de la libertad II 1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. II 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; [...1". 37 "Artículo 308. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su

el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; [...1". 37 "Artículo 308. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: II I. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. II 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. II 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. [...]". 38 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-469 de 2016, fundamento jurídico 20; y sentencia c123 de 2004, fundamento jurídico 5. 35 "Artículo 313. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos: II I. En los delitos de 7Radicado: 41001-23-31-000-2017-00029-01 (60652) Demandante: 1441son Ramírez Pérez y Otros en el lugar de residencia, cuando sea suficiente para el cumplimiento de los fines, conforme a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado 4 °. La definición del tipo de medida cautelar impuesta debe atender a "juicios de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto -o ponderación-, que en cada caso en

conforme a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado 4 °. La definición del tipo de medida cautelar impuesta debe atender a "juicios de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto -o ponderación-, que en cada caso en concreto debe aplicar el juez de garantías, a fin de establecer si la restricción de los derechos fundamentales a la libertad de locomoción, intimidad y libertad general de acción es admisible o no" 41 . La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 42 ha precisado, a su vez, que la Ley 906 de 2004 re