CE - 410012333000201300227031SENTENCIAFALLO20230906121314

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 41001-23-33-000-2013-00227-03 (6149-2019) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandado: Rafael Enrique Vergara Madera

Temas: Lesividad. Improcedente devolución de mesadas percibidas de buena fe. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto la parte demanda nte contra la sentencia proferida el dieciséis (16) de agosto de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) instauró demanda en contra del señor RAFAEL ENRIQUE VERGARA MADERA, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

instauró demanda en contra del señor RAFAEL ENRIQUE VERGARA MADERA, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ello bajo la modalidad de lesividad, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la Resolución 17728 del 10 de junio de 1998, por medio de la cual la extinta Cajanal (hoy UGPP) reconoció una pensión gracia a favor del demandado y de la Resolución 000775 de 12 enero de 2006 que reliquido la pensión reconocida en cumplimiento de un fallo judicial. Que a título de restablecimiento del derecho se condene al accionado a restituir a la entidad de manera indexada, la

1 Folio 124, C1.2

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suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas a las cuales no tenía derecho.

Que la condena respectiva atienda lo previsto en el artículo 187 del CPACA y se imponga el pago de las costas a la parte pasiva.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que el demandado durante su vida laboral tuvo varias vinculaciones, así, (i) con la secretaria de educación de Caldas entre el 20 de enero de 1969 has ta el 04 de

manera.

Que el demandado durante su vida laboral tuvo varias vinculaciones, así, (i) con la secretaria de educación de Caldas entre el 20 de enero de 1969 has ta el 04 de marzo de 1971 periodo que no resultaría valido para pensión gracia por ser una entidad de carácter departamental (ii) como docente con el INEM “Julián Motta Salas de Neiva ” entre el 11 de febrero 1975 hasta el 24 de febrero de 1998 naturaleza nacional, tiempo que no se podía tener en cuenta para el reconocimiento de la pensión solicitada.

Que mediante Resolución 17728 del 10 de junio de 1998, la extinta Cajanal le reconoció al demandado una pensión gracia en cuantía in icial de $620.011,1 3, efectiva a partir del 31 de enero de 1998, reliquidada mediante Resolución 0000775 del 12 de enero de 2006 en cumplimiento de un fallo judicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 31 de mayo de 20133, y debido a la imposibilidad de notificar personalmente esta decisión al señor Rafael Enrique Vergara Madera, se expidió providencia el 3 de diciembre de 20134 con la cual se ordenó su emplazamiento, lo cual efectivamente ocurrió mediante publicación en la Emisora H.J Doble K5. De igual manera el demandado se notificó personalmente el 21 de marzo de 2014.

Por su parte , la parte demandada presentó memorial de contestación 6 en el cual manifestó que los actos acusados se encuentran ajustados a la Constitución y la ley y propuso las excepciones , siguientes excepciones: i) inexistencia de vicios que

Por su parte , la parte demandada presentó memorial de contestación 6 en el cual manifestó que los actos acusados se encuentran ajustados a la Constitución y la ley y propuso las excepciones , siguientes excepciones: i) inexistencia de vicios que conlleven a la configuración de anulabilidad de los actos admin istrativos demandados, II) caducidad de la Acción, III) presunción de legalidad del acto acusado, IV) improcedencia de la devolución de las mesadas pensionales.

2 Folios 125 y 126, C1. 3 Folios 167 a 169. 4 Folio 217, C2. 5 Folio 217. 6 Folios 231 a 239.3

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Mediante memorial la parte demandante, 7 solicitó la suspensión de los actos acusados, luego a través de auto se corrió traslado de dicha medida8, y mediante providencia de 5 de mayo de 2014 se resolvió decretar la medida provisional solicitada9 que fue confirmada por auto de 16 de mayo de 2 019 del Consejo de Estado.10

Por auto de 30 de septiembre de 201411 se fijó fecha de audiencia inicial, la cual se llevó a cabo el día 30 de octubre de 201412 en el que se saneo el trámite del proceso, se resolvió la excepción previa de caducidad la cual se declaró no probada, se decretaron las determinó que no había excepciones previas para resolver, se fijó el

se resolvió la excepción previa de caducidad la cual se declaró no probada, se decretaron las determinó que no había excepciones previas para resolver, se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se efectuó el decreto de pruebas y se concedió el recurso de apelación frente a la excepción no declarada, la cual fue confirmada mediante auto 16 de mayo de 2019 del Consejo de Estado13.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN14

El Tribunal Administrativo del Huila dictó sentencia escrita el 16 de agosto de 2019 a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, esto al declarar la nulidad de los actos reprochados, pero al mismo tiempo denegar el reintegro de las sumas de dinero reclamadas.

Para ello aseguró que el reconocimiento de la pensión gracia se hizo contabilizando el tiempo laborado como docente de vinculación nacional, sin que ello fuera posible, puesto que solo se admiten periodos como docente territorial o nacionalizado; además sostuvo que, si se encontraba recibiendo salario de la Nación, no podía recibir pensión gracia de la misma entidad, contrariando así la prohibición constitucional de percibir dos asignaciones provenientes de las arcas nacionales.

Que, en tal sentido, la Resolución No. 17728 de 10 de junio de 1998 y la Resolución 000775 de 12 de enero de 2006, se emitieron desconociendo las normas que le sirvieron de sustento, la primera por reconocer un derecho sin haber cumplido la totalidad de requisitos legales que lo sustentan y la segunda por modificar aspectos sobre una prestación que en principio no le correspondía.

sirvieron de sustento, la primera por reconocer un derecho sin haber cumplido la totalidad de requisitos legales que lo sustentan y la segunda por modificar aspectos sobre una prestación que en principio no le correspondía.

EL RECURSO DE APELACIÓN15

7 Folios 1 a 2, Cuaderno de medida cautelar. 8 Folio 4 del Cuaderno de medida cautelar. 9 Folios 15 a 23 del Cuaderno de medida cautelar. 10 Folios 79 a 83 del Cuaderno de 2° instancia de medida cautelar. 11 Folio 271, del 2° Cuaderno Ppal. 12 Folios 275 a 280, del 2° cuaderno Ppal. 13 Folios 326 319 del 2° cuaderno Ppal. 14 Folios 348 a 354 del 2° Cuaderno Ppal. 15 Folios 360 a 361.4

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La parte demandante sostuvo que el primer punto de inconformidad consiste en que el fallador niega el reintegro de las sumas canceladas de manera ilegal por el reconocimiento del pago de la pensión gracia , bajo el argumento que durante el trámite judicial la entidad accionante no acreditó que el demandado hubiere actuado de mala fe y en virtud de articulo 164 Literal C numeral 1° de la Ley 1437 no hay lugar al reintegro de las de dinero.

El segundo punto de desavenencia es referente a la negatoria de acceder a la

de mala fe y en virtud de articulo 164 Literal C numeral 1° de la Ley 1437 no hay lugar al reintegro de las de dinero.

El segundo punto de desavenencia es referente a la negatoria de acceder a la condena en costas en primera instancia, bajo el argumento que la parte demandada actuó de buena fe, de lo cual disiente teniendo en cuenta lo sostenido por el Consejo de Estado que ha variado la posición que venía sosteniendo en esta materia y ha aceptado aplicar la tesis de carácter objetivo, en la cual la parte que resulta vencida debe ser condenada en costas.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada16 presentó alegaciones finales mediante las cuales indicó que no es procedente la devolución de las mesadas correspondientes a la pensión gracia que ha recibido porque estas fueron debidamente reconocidas mediante la Resolución 017728 del 10 de Junio de 1998 junto con una reliquidación en virtud de la Resolución 000775 del 12 de Enero de 2006, cuyos derechos constituyen propiedad privada por haber obtenido la prestación legalmente, es decir, se ha generado un derecho adquirido que se encuentra amparado bajo la presunción de legalidad y veracidad.

La parte demandante17 en sus alegatos de conclusión señaló que en el proceso no se avizora un argumento de fondo que permita respaldar la buena fe del accionado, pues contrario sensu a lo manifestado por el tribunal de primera instancia, hubo una actuación dolosa y de mala fe teniendo en cuenta que el señor Rafael Enrique Vergara Madera al momento de solicitar el reconocimiento de la pensión gracia, era conocedor de que no cumplía con los requisitos para que se accediera al

actuación dolosa y de mala fe teniendo en cuenta que el señor Rafael Enrique Vergara Madera al momento de solicitar el reconocimiento de la pensión gracia, era conocedor de que no cumplía con los requisitos para que se accediera al reconocimiento pensional, toda vez que había laborado como docente de orden nacional del 11 de febrero de 1975 al 24 de febrero de 1998, esto por 23 años y 13 días, cuando para ser acreedor de dicha prestación se debe haber laborado por el término de 20 años como docente del orden territorial o nacionalizado, lo cual el demandado no acreditaba.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.18

16 Ver índice 9 de la plataforma SAMAI. 17 Ver índice 13 de la plataforma SAMAI. 18 Idem.5

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si es procedente ordenar el reintegro del dinero percibido por el demandado por concepto de la pensión gracia reconocida y reliquidada en virtud de las Resoluciones No. 017728 de 10 de junio de 1998 y No. 000775 de 12 de enero de 2006, atendiendo el literal c) numeral 1° del artículo 164 del CPACA. y la negatoria de la condena en costas de primera instancia de la parte vencida.

c) numeral 1° del artículo 164 del CPACA. y la negatoria de la condena en costas de primera instancia de la parte vencida.

Marco normativo y jurisprudencial

Del principio de la buena fe para devolución de prestaciones periódicas

Conforme al artículo 83 Superior, el principio de buena fe implica que: (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico-administrativas. Esta última carac terística opera como presunción legal que admite prueba en contrario.19

En cuanto al alcance del citado principio, la Corte Constitucional20 ha sostenido:

«[…] La jurisprudencia constitucional ha entendido el principio de buena fe “como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a la luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el c umplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianz a y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es

deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianz a y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico.”21

Así, la buena fe es uno de los principios que rige las relaciones entre la Administración y los administrados y se caracteriza por ser leal, honesta y esperada. A partir de lo esbozado anteriormente, es claro que uno de los componentes esenciales de las actuaciones de buena fe es el respeto por la confianza otorgada por las partes. […]» (Cursiva del texto).

19 Ver Sentencia C -071 de 2004, Corte Constitucional. Sentencia del 3 de febrero de 2004. Referencia: expediente D-4692. 20 Sentencia T-437/12 del 12 de junio de 2012. Referencia: Expediente T-2809770. 21 Sentencia C-131 de 2004, citado en la sentencia C-1094 de 2004.6

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A su turno, el literal c) del numeral 1° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé que la demanda deberá

A su turno, el literal c) del numeral 1° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé que la demanda deberá ser presentada en cualquier tiempo cuando «[…] se dirija contra actos que reconozca o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. […]». (Subraya la Sala).

Respecto de la recuperación de dineros pagados a particulares de buena fe, la Sección Segunda de del Consejo de Estado22 ha manifestado:

«[…] Sin embargo, ella considera que no es viable disponer el reintegro de las mesadas pensionales que han sido pagadas a el señor (…), como se solicita en el escrito introductorio del proceso, en virtud del reconocimiento de pensión de jubilación por el acto administrativo acusado, pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A, no habr á lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe, situación aplicable en el caso sub -judice, ya que le correspondía a la parte actora probar debidamente que el demandado cuando solicitó la pensión actúo de mala fe y ello no ocurrió así”23.

“No obstante lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos efectuados por la en tidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante la legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni en la vía gubernativa

la en tidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante la legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la obtención de los reajustes pagados”.

“Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para determinar que el demandado al recibir la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de mala fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el recurso de apelación, corresp onde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).

Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho:

[…]

Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares se mantiene incólume . En cuanto a los servidores públicos no es que

que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares se mantiene incólume . En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la

22 Sentencia del 15 de septiembre de 2016, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13). 23 Sentencia de 2 de marzo de 2000, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente No. 12.971.7

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presunción que favor ece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la producción de los actos administrativos […]

Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia, puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las prestaciones que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c), del CPACA.[…]» (Subraya la sala).

Acorde con la normativa y jurisprudencia citada en precedencia, esta Subsección observa que el principio de la buena fe incorpora una presunción legal que admite

del CPACA.[…]» (Subraya la sala).

Acorde con la normativa y jurisprudencia citada en precedencia, esta Subsección observa que el principio de la buena fe incorpora una presunción legal que admite prueba en contrario, y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario, o en este caso, el demandado, actuó de mala fe.

Bajo dicho entendido, no hay lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, salvo que se pruebe por la entidad Estatal que la parte pasiva incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho.

No obstante, deberá tenerse en cuenta que esta Sala24 reconoce el reintegro de las mesadas causadas y abonadas al docente, siempre y cuando resulte evidente, por ejemplo, un fraude global en el reconocimiento de la prestación, el cual se configura por una serie de actuaciones dudosas o fraudulentas.

Al respecto, tal supuesto se podría estructurar cuando a pesar de la negativa reiterada de la administración sobre la pensión reclamada, el educador insiste en obtenerla y para el efecto acude ante el juez de tutela, pero esto bajo unas condiciones irregulares que no se ajustan a su realidad fáctica , tal como sería la presentación de la demanda en un domicilio diferente al de su residencia, o básicamente en distritos judiciales que no correspond en a su último lugar de servicios ni al de la expedición de los actos que negaron la prestación, pues lo cierto es que tales situaciones controvierten la buena fe.

Resolución del caso concreto

básicamente en distritos judiciales que no correspond en a su último lugar de servicios ni al de la expedición de los actos que negaron la prestación, pues lo cierto es que tales situaciones controvierten la buena fe.

Resolución del caso concreto

Es de destacar que en esta instancia el único recurrente es la misma entidad demandante, quien en su alzada muestra inconformidad con la decisión de denegar la devolució n de las sumas pagadas al demandado en virtud de los actos administrativos declarados nulos y la negatoria de la condena en costas a la parte vencida. Por tal razón, los reparos que pueden ser analizados por el ad quem en la presente oportunidad, son exclusivamente los relacionados con dichas

24 Sentencias del 1.° de septiembre de 2014, radicado: 25000232500020110060902 (3130 -2013), 18 de mayo de 2017, radicado: 73001233300020140072701 (4274 -16); 10 de mayo de 2018 Radicado: 20001233300020140003801 (3069-16); 14 de febrero de 2019 Radicación: 17001233300020150058801 (232118); 28 de octubre de 2021 Radicación: 66001 2333 000 2015 00221 01 (4963 -2018); 11 de marzo de 2021

Radicación: 15001-23-33-000-2014-00301-01(4976-18); entre otras.8

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pretensiones, ello en el entendido de que tanto la parte activa como pasiva se encuentran conformes con la anulación de las manifestaciones censuradas.

Lo anterior implica que no existe discusión en este escenario sobre la improcedencia del reconocimiento de una pensión gracia a favor del señor Rafael Enrique Madera Vergara bajo los preceptos de la Ley 114 de 1913, Ley 116 de 1928, y Ley 37 de

1933. En tal sentido, en principio sería del caso que se ordenara un restablecimiento del derecho tendiente al reembolso deprecado por la autoridad libelista. Empero, se destaca que, conforme a la argumentación y línea jurisprudencial pacífica expuesta con antelación, dicho pedimento solo puede prosperar en la medida en que se enerve la presunción de buena fe que recae sobre las actuaciones del pensionado relacionadas con el reconocimiento de la respectiva prestación, carga de la cual solo es titular la parte activa.

En efecto, para que proceda el reintegro de prestaciones periódicas pagadas a los particulares, se debe probar por parte de la administración que el reclamante incurrió en conductas antijurídicas, esto es, i) que era consciente de la ilicitud o incluso falsedad de la actuación, los documentos o el sustento fáctico con los que solicita el reconocimiento del derecho prestacional, y ii) que adicionalmente tuvo la intención o el dolo para inducir a err or o quebrantar la moralidad y rectitud de la autoridad competente, a fin de que esta accediera a sus peticiones, a pesar de que

solicita el reconocimiento del derecho prestacional, y ii) que adicionalmente tuvo la intención o el dolo para inducir a err or o quebrantar la moralidad y rectitud de la autoridad competente, a fin de que esta accediera a sus peticiones, a pesar de que no colmaba las exigencias normativas para la estructuración de la prerrogativa deprecada.

Es decir, la demostración de la mal a fe de un administrado conlleva una diligencia probatoria relevante y profusa que corrobore de manera fehaciente la consolidación de los dos elementos precitados, los cuales si bien tienen un componente subjetivo importante, no pueden ser obviados, en el entendido de que conforme al ordenamiento constitucional, lo que se presume es la buena fe, no el actuar deshonesto, toda vez que este último corresponde a una suerte de acusación que en observancia del principio y derecho al debido proceso, exige su compr obación con medios de convicción plenos y no con simples inferencias o indicios que pueda generar duda.

De acuerdo con este contexto de intelección, y además conforme al recurso de apelación, la Subsección encuentra que la parte pasiva no demostró que el señor Rafael Enrique Vergara Madera obró de mala fe al haber solicitado el reconocimiento de la pensión gracia a través de una petición por estar convencido de haber colmado las exigencias de la Ley 114 de 1913 para el efecto, y mucho menos al interponer una acción de tutela para obtener la reliquidación de la prestación.

Sobre el punto se destaca que en el presente proceso, no se acreditó a través de ninguna prueba que el demandado haya llevado a cabo comportamientos que9

prestación.

Sobre el punto se destaca que en el presente proceso, no se acreditó a través de ninguna prueba que el demandado haya llevado a cabo comportamientos que9

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comprometieran su lealtad, rectitud y honestidad, pues de conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona podrá presentar peticiones respetuosas ante las autoridades en interés particular para materializar el reconocimiento de sus derec hos, así como acciones de tutela en búsqueda de garantizar sus derechos fundamentales cuando estime que están amenazados de vulneración o lo propio ya se ha materializado.

Ahora bien, por el contrario, la mala fe por ejemplo tiene lugar cuando se despliegan actividades dolosas y conscientes como sucede en el evento en que un administrado acude a la interposición de una acción de tutela en un lugar diferente al de su domicilio, o al de la última ubicación en la que prestó su servicio, o al de la expedición de los actos administrativos a demandar, esto incluso a sabiendas de que el derecho reclamado se le había negado expresamente en las diversas oportunidades que tuvo para el efecto.25

De forma comparativa, esta Corporación ha estudiado casos de docentes que igualmente acudieron a la referida acción constitucional para obtener el reconocimiento de la pensión gracia, pero ello en actuaciones que presentaron una serie de situaciones fraudulentas, tanto así que resultaron en invest igaciones y

igualmente acudieron a la referida acción constitucional para obtener el reconocimiento de la pensión gracia, pero ello en actuaciones que presentaron una serie de situaciones fraudulentas, tanto así que resultaron en invest igaciones y condenas penales contra los jueces que dictaron esa clase de fallos en razón de la materialización de un fraude global y la comisión del delito de prevaricato por acción, tal como se extrae de la sentencia T -218 de 2012 proferida por la Corte Constitucional en la que se analizó y constató lo propio al señalar que,

«[…] un hecho relevante para controvertir dicha validez – que también permite cuestionarla desde la cláusula rebus sic stantibus –, es la Formulación de Pliego de Cargos por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, con fecha del cinco (5) de octubre de dos mil nueve (2009), que se elevó contra el Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué. Dos son los elementos a d estacar en la referida actuación. Por una parte, el hecho de que las actuaciones de la mencionada autoridad judicial, dentro del trámite de la tutela del dos mil seis (2006), se consideren “(…) como grave dolosas (…)”, dado que en el fallo “(…) es evidente (…) que (…) desconoció la procedibilidad de la acción de amparo (…) por cuanto existía otro mecanismo de protección judicial, [y] no se daban los presupuestos para que operara como mecanismo transitorio (…)”. Por la otra, que se exponga que carecía de com petencia, con fundamento en las siguientes razones: 1. Ninguno de los accionantes contaba con cédula de ciudadanía de Magangué o Bolívar, 2. Ninguno

de com petencia, con fundamento en las siguientes razones: 1. Ninguno de los accionantes contaba con cédula de ciudadanía de Magangué o Bolívar, 2. Ninguno tenía su residencia en ese departamento, y prestaron sus labores en Departamentos diferentes al mencionado , 3. El lugar donde se profirieron las resoluciones que denegaban la prestación fue Bogotá, misma ciudad donde se recibirían notificaciones la parte demandante. Por ello, los presupuestos de la competencia en la acción de tutela no permitían que conociera del caso (Cuad. 1B, Folios 7580).

En este orden de ideas, y con posterioridad a la formulación del pliego de cargos, una Sala del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico –Sala Jurisdiccional Disciplinaria Dual de Descongestión - decidió tal asun to el diecisiete (17) de

25 Sobre el particular se puede revisar la sentencia de esta Subsección del 23 de mayo de 2019, con radicación 76001233100020090029501 (3106-16). ISS contra Luis Alberto Valencia Rodríguez10

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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