CE - 410012333000201400153021AUTOQUERESUEL20230705143347

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN «A»

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veinti trés (2 3) de junio de dos mil veinti trés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del dere cho Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 02 (0507 -2017 )

Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPPDemandado: BALMES HERNÁNDEZ SANTANA Tema : Cosa juzgada constitucional , acto administrativo no susceptible de control judicial por ser de ejecución y falta de jurisdicción y competencia. Ley 1437 de 2011. Ape lación auto

La Sección Segunda, Subsección «A» del Consejo de Estado , procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la decisión adopta da por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Orali dad en la audiencia inicial celebrada el 31 de enero de l 2017 , de declarar impróspera s la s excepciones de cosa juzgada , acto no susceptible de control judicial al ser de ejecución y falta de jurisdicción y

audiencia inicial celebrada el 31 de enero de l 2017 , de declarar impróspera s la s excepciones de cosa juzgada , acto no susceptible de control judicial al ser de ejecución y falta de jurisdicción y competencia .

ANTECEDENTES

La UGPP , a través de a poderado judicial , presentó demanda 1 el 11 de abril de 201 42, en el medio de control nulidad y restabl ecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA , en la modalidad de lesividad, para que se declare la nulidad del acto administrativo RDP 04 5252 del 30 de septiembre de 2013 , por el cual concedió una pensión gracia al señor Balmes Hernández Santana, en cumplimiento a un fallo de tutela , proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué,

1 Folios 11 -22. 2 Fecha tomada del acta individual de reparto a folio 148 cuaderno principal 1.Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 02 (0507-2017)

Demandante: Ugpp

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 (Bolívar ), porque , en su criterio, el benef iciario no cumple con los requisitos que exige la ley para acceder a esa prestación .

A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) ordenar la devolución de todas las sumas de dinero pagad as por concepto de

requisitos que exige la ley para acceder a esa prestación .

A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) ordenar la devolución de todas las sumas de dinero pagad as por concepto de la pensión desde el 1 de septiembre de 1 999 de forma retroactiva e indexada y ii) conden ar en costas.

La entidad en el acápite de los hechos , expresó que según el cuaderno administrativo del señor Balmes Hernández Santana , nació el 1 de septiembre de 1949 y prestó sus servicios al Estado como d ocente de carácter nacional en la Secretaría de Educación del Departamento del Huila desde el 26 de febrero de 1975 hasta el 6 de agosto de 2003.

Mediante las Resoluciones 43624 de l 14 de diciembre de 2005 y 24454 de l 29 de mayo de 2007 , negó al demandado , el reconocimiento y pago de una pensión gracia porque no acreditó el cump limiento de los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, ya que los tiempos de servicio prestados fueron del orden nacional. Decisión que reiteró a través de las Resoluciones 20961 del 15 de mayo y 63293 del 31 de diciembre de 2008, al desatar una solicitud de revocatoria directa y un recurso de reposición.

Pese a lo anterior, el señor Balmes Hernández presentó una demanda de tutela para que le fuera reconocida la prestación . El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué , (Bolívar ), autoridad a la que le correspondió el asunto por reparto , en fallo

demanda de tutela para que le fuera reconocida la prestación . El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué , (Bolívar ), autoridad a la que le correspondió el asunto por reparto , en fallo del 6 de octubre de 2006 , tuteló los derechos invocados y ordenó expedir los actos administrativos que le reconocieran la p ensi ón gracia solicitada.

La UGGP , dio cumplimiento a la anterior orden, mediante la Resolución RDP 045252 de l 30 de septiem bre de 2013 , con la cualRadicado: 41001 23 33 000 2014 00153 02 (0507-2017)

Demandante: Ugpp

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia al demandado a partir del 1 ° de septiembre de 1999.

Trámite

El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Oralidad, mediante auto de l 26 de mayo de 2014 3, admitió la demanda y dispuso notificar al señor Balmes Hernández Santana , quien en el término del traslado contestó y propuso las siguientes excepciones:

• Inept itud de la demanda . La resolución demandada es un acto de ejecución por cuanto se limita a dar cumplimiento a lo decido en una sentencia constitucional . Además, si la entidad accionante estima que la pensión reconocida es ilegal , debió hacer uso del recurso extraordinario de revisión

acto de ejecución por cuanto se limita a dar cumplimiento a lo decido en una sentencia constitucional . Además, si la entidad accionante estima que la pensión reconocida es ilegal , debió hacer uso del recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

• Cosa juzgada : En esta controversia se propusieron los mismos fundamentos de hecho y de derecho que en el fallo de tutela del 6 de octubre de 2006, proferido por el Juzga do Segundo Civil del Circuito de Magangué, Bolívar que ordenó el reconocimiento de la pensión gracia .

• Falta de jurisdicción y competencia . Debió interponerse un recurso extraordinario de revisión.

Decisión apelada

El Tribunal Administrativo de l Huila , S ala Cuarta de Oralidad , en la a udiencia inicial celebrada el 31 de enero de 2017 , resolvió declarar imprósperas las excepciones de inept itud de la demanda, cosa juzgada y falta de jurisdicción y competencia , propuestas por la parte demandad a.

3 Folio 150 -151.Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 02 (0507-2017)

Demandante: Ugpp

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 Sostuvo que los actos administrativos que se adoptan en cumplimiento de un fallo de tutela en el que ordena el

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 Sostuvo que los actos administrativos que se adoptan en cumplimiento de un fallo de tutela en el que ordena el reconocimiento de prestaciones periódicas de orden laboral, no pueden ser considerados como de ejecución y son pasibles de control judicial, dado la naturale za de la prestación y a que no reflejan la voluntad de la administración sino la del juez de tutela, lo que hace viable que el juez natural realice el estudio de legalidad, en ese orden , consideró que las tres exceptivas mencionadas carecen de prosperidad.

Recurso de apelación

El apoderado de la parte demandada presentó recurso de apelación 4 contra la decisi ón del tribunal ; en síntesis, argumentó que la sentencia de acción de tutela 2006 -194 de l 6 de octubre de 2006 , proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, hizo tránsito a cosa juzgada consti tucional , con lo cual , quedó en firme y no se puede reabrir un debate sobre lo ya decidido, pues la decisión se tornó en definitiva y vinculante. Finalizó diciendo que el acto o bjeto de juicio e s de ejecución.

CONSIDERACIONES Cuestión previa

Teniendo en cuenta que el apoderado de la parte demandada mediante memoriales allegados en fecha s 8 de junio de 2018 5 y el 3 de agosto de 2020 6, tachó de falsas las certificaciones de tiempo de servicio y salarios expedida s por la Secretaría de

mediante memoriales allegados en fecha s 8 de junio de 2018 5 y el 3 de agosto de 2020 6, tachó de falsas las certificaciones de tiempo de servicio y salarios expedida s por la Secretaría de Educación de la gobernación del Huila y formuló un incidente de nulidad y solicitud de pruebas, debe decirse que so bre es os aspecto s no se pronunciara el despacho, comoquiera que de

4 A folio 490 obra CD que contiene el desarro llo de la audiencia. Minuto 0:10:2 1 a 0:17:15 . 5 Folios 506 -515 cuaderno 2. 6 Folios 523 -530.Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 02 (0507-2017)

Demandante: Ugpp

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 acuerdo con lo dispuesto en el art ículo 328 7 del Código General del Proceso, el a quem , en lo que respecta a la apelación de autos, solo puede pronunciarse sobre los reparos hechos en el recurso de alzada frente la decisión del juez de primera instancia .

Competencia

Es competencia de est a corporación conocer el recurso de apelación formulado en primera instancia contra el auto del 31 de enero de 2017 , proferido por el Tribunal Administrativo de l Huila ; Sala Cuarta de Oralidad de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso.

Sala Cuarta de Oralidad de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso.

Corresponde el conocimiento de este asunto al magistrado ponente en virtud de lo dispuesto en el artículo 125 del CPACA , pues la decisión apelada no se refiere a lo previsto en l os numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 ibidem .

Problema jurídico Concierne al despacho determinar si la Resolución RDP 045252 del 30 de septiembre de 2013, objeto de juicio , es un acto susceptible de control judicial a través del medio de control insta urado ante esta jur isdicción , teniendo en cuenta que deviene del cumplimiento de un fallo de tutela que esta afectado por el fenómeno de la cosa juzgada.

7 ARTÍ CULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de au tos, el superior sólo t endrá competencia para tramitar y decidir el recurso , condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 02 (0507-2017)

Demandante: Ugpp

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6

Para resolver el anterior planteamiento se hace necesario primero hacer alusión a lo siguiente :

La c osa juzgada

Es una institución jurídico procesal que permite tener certeza sobre lo decidido judicialmente dentro un pleito, en el sentido de que no puede ser debatido un mismo asunto en el que lo pretendido ya fue estudiado, analizado, se surtieron los a ctos procesales del caso y se resolvió de fondo, reabriendo un nuevo proceso sin que aquel tenga un fin.

El Estado busca con este principio brindar seguridad jurídica y estabilidad en las sentencias, por lo que una vez ejecutoriadas, las ha dotado de un c arácter de inmutables, vinculantes, definitivas y coercitivas, siempre y cuando guarden protección y aval de los derechos fundamentales.

Con ella se garantiza la confianza legítima sobre determinada materia ya juzgada, cuyos destinatarios son las partes d el proceso, terminando así la disputa de manera definitiva para que

aval de los derechos fundamentales.

Con ella se garantiza la confianza legítima sobre determinada materia ya juzgada, cuyos destinatarios son las partes d el proceso, terminando así la disputa de manera definitiva para que no se extienda en el tiempo de forma indefinida, razón por la cual los efectos que imprime la cosa juzgada no habilitan al juez ni a las partes a pronunciarse o debatir en un nuevo proceso sobre la controversia litigiosa que ya ha sido objeto de decisión.

En el artículo 303 del Código General del Proceso, al que nos remitimos por disposición del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se dispuso que las sentencias ejecutoriadas proferidas en procesos contenciosos tienen fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre i) el mismo objeto, ii) se funde en la misma causa que el anterior y iii) entre ambos procesos haya identid ad jurídica de partes.Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 02 (0507-2017)

Demandante: Ugpp

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 Por tanto , debe decirse que cuando un juez advierta dentro del conocimiento de un nuevo proceso que la controversia planteada ya fue objeto de pronunciamiento mediante sentencia que se encuentra debidamente ejecutoriada e identifiq ue que se hallan los tres elementos mencionados, tendrá que abstenerse de tramitar y decidir de fondo el asunto, por haberse configurado la

ya fue objeto de pronunciamiento mediante sentencia que se encuentra debidamente ejecutoriada e identifiq ue que se hallan los tres elementos mencionados, tendrá que abstenerse de tramitar y decidir de fondo el asunto, por haberse configurado la institución de la cosa juzgada, so pena de quebrantar el principio de seguridad jurídica, certeza y firmeza de las d ecisiones judiciales.

De otro lado, en cuanto a las sentencias de tutela, la Corte Constitucional 8 ha expresado que cuando se decide un caso por ésta o termina el proceso de selección para revisión por ella misma , y precluye el lapso para insistir en la s elección de un proceso, queda en firme la sentencia de tutela; opera ndo así, el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y, en consecuencia, no hay lugar a reab rir el debate sobre lo decidido, en lo que respect a a la protección de los derechos fundamenta les.

Los actos administrativos .

Son susceptibles de control judicial ante esta corporación los denominados actos administrativos definitivos, en cuanto son los que decide n directa o indirectamente el fondo de un asunto o hacen imposible continuar la actu ación, por cuanto tienen la vocación de crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular.

No obstante, también ha sostenido este colegiado 9 que excepcionalmente los actos de ejecución , son susceptibles de

8 Corte Constitucional, magistrado ponente, Palacio Palacio, Jorge Iván, auto T -208 de 15 de abril de 2013. 9 Corte Constitucional, Magistrado Ponente, Sierra Porto, Humberto Antonio,

8 Corte Constitucional, magistrado ponente, Palacio Palacio, Jorge Iván, auto T -208 de 15 de abril de 2013. 9 Corte Constitucional, Magistrado Ponente, Sierra Porto, Humberto Antonio, sentencia de tutela T -923 de 2011 de 7 de diciembre de 2011. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Ponente: Hernández, Gómez, W illiam, proceso número: 76001 23 33 000 2013 01144 01 (3465 -2017), demandante: Saray Gutiérre z Ortega y otros, auto de 4 de octubre de 2018. Subsección B, Ponente, Ibarra Vélez, Sandra Lis set, proceso con radicado: 25000 23 42 000 2019 00695 01 (1699 -2020),Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 02 (0507-2017)

Demandante: Ugpp

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 control judicial ante esta jurisdicc ión , cuando ellos se apartan, cambian, modifican, suprimen o exceden lo dispuesto en una orden administrativa o judicial impartida, porque crean, modifican o extinguen una situación que no ha sido objeto de debate.

Asimismo, est a corporación 10 ha considera do en relación a los actos de ejecución que se expiden en cumplimiento a un a orden de un fallo de tutela , que aquellos son susceptibles de control judicial ante esta j urisdicción , en razón a que lo que se persigue

actos de ejecución que se expiden en cumplimiento a un a orden de un fallo de tutela , que aquellos son susceptibles de control judicial ante esta j urisdicción , en razón a que lo que se persigue con una demanda de tutela es la protección y garantía de los derechos fundamentales, lo que no tiene por objeto de estudio la legalidad del acto administrativo, pues su análisis le corresponde a la competencia del juez natural, que es el de la jurisdicción de lo contencioso administrativo .

De ma nera que c uando la administración profiere un acto administrativo en acatamiento a una orden de una sentencia constitucional , con este se crea, modifica o extingue una situación jurídica para la entidad involucrada y el ciudadano , y la jurisdicción que deb e atender al conocimiento de ese asunto, ante un eventual cargo de nulidad, como se dijo, es la jurisdicción de lo contencioso administrativo en virtud de la naturaleza del asunto.

Caso en concreto

En el sub examine , la entidad demandante cuestiona la l egalidad de la Resolución RDP 045252 de l 30 de septiembre de 2013 , por ella misma expedida, por medio de la cual reconoció una pensión gracia al señor Balmes Hernández Santana , en cumplimiento a

demandante: Vitelma Moya Carrillo, auto de 24 de agosto de 2020. Subsección A, Ponente, Suárez Vargas, Rafael Francisco, proceso número: 25000 23 42 000 2018 02290 01 (3624 -2019), demand ante: U G P P, auto de 8 de octubre de 2020. 10 Consejo de Estado, magistrado ponente, Suárez Vargas, Rafael Francisco,

02290 01 (3624 -2019), demand ante: U G P P, auto de 8 de octubre de 2020. 10 Consejo de Estado, magistrado ponente, Suárez Vargas, Rafael Francisco, proceso con radicado: 41001 -23 -33 -000 -2014 -00394 -01(0840 -17), demandante: Ugpp auto de fecha 15 de noviembre de 2018; magistrado ponente, He rnández Gómez, W illiam, radicado: 41001 -23 -33 -000 -2014 -00394 -01(0840 -17), demandante: Ugpp, auto de 24 de octubre de 2018; Magistrado ponente, Palomino Cortes, Cesar, radicado: 68001 -23 -31 -000 -2011 -00327 -01(2160 -15), demandante: Ugpp, fallo de 7 de junio d e 2018.Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 02 (0507-2017)

Demandante: Ugpp

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 una orden d e un fallo de tutela del 6 de octubre de 2006 dent ro del proceso núm. 2006 -194 , proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, (Bolívar )11, porque arguye que el demandado no cumple con los requisitos para ser beneficiario de esa prestación .

En orden a desatar el problema jurídico propues to frente a lo resuelto por el Tribunal y los argumentos expuestos en el recurso

demandado no cumple con los requisitos para ser beneficiario de esa prestación .

En orden a desatar el problema jurídico propues to frente a lo resuelto por el Tribunal y los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la parte demand ada, en el que se refirió que el acto objeto de juicio no puede ser susceptible de control judicial a través del medio de control d e nulidad y restablecimiento instaurado porque se trata de uno de ejecución en tanto deviene de una sentencia de tutela que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, se advierte que no se accederá a las súplicas argüidas d e acuerdo con l as consideracion es que a continuación se exponen.

Es preciso mencionar que ha sido reiterada la jurisprudencia 12 de la corporación al sostener que los actos administrativos de ejecución no son susceptibles de control judicial ante esta jurisdicción , porque se limitan a da r cumplimiento a una decisión administrativa o judicial , con lo cual, no crean, modifican o extinguen una situación jurídica para el administrado. No obstante lo anterior, en excepcionales casos, es posible examinar la legalidad de aquellos , cuando a la ho ra de materializar el mandato cambi an, modifi ca n o cre an nuevas condiciones jurídicas para el interesado que no han tenido lugar a reproches .

Asimismo, se ha adoptado la postura que cuando un acto administrativo de ejecución deviene del cumplimiento de u na

11 Folios 266 -302 del cuaderno principal 2. 12 Consejo de Estado, magistrado ponente, Suárez Vargas Rafael Francisco,

administrativo de ejecución deviene del cumplimiento de u na

11 Folios 266 -302 del cuaderno principal 2. 12 Consejo de Estado, magistrado ponente, Suárez Vargas Rafael Francisco, proceso con radicado: 25000 -23 -42 -000 -2018 -02003 -01(3258 -19), demandante: : Héctor Ale xander Alonso Lozano, auto del 30 de julio de 2020. Magistrada ponente: Ibarra Vélez, Sandra Li sset, proceso con radicado: 05001 23 33 000 2016 01960 01 (4878 -2016), demandante: Rocío de Lourdes Bedoya Ortiz, auto del 27 de mayo de

2019. Magistrado ponente: Hernández Gómez, W illiam, proceso con radica do: 76001 23 31 000 2005 05190 01 (3625 -2015) demandante: Alberto Moreno Sá nchez.Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 02 (0507-2017)

Demandante: Ugpp

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 acción de tutela, este puede ser susceptible de control judicial a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en razón a que , primero, el juez competente para realizar el estudio de legalidad es el de la jurisdicción de lo co ntencioso administrativo y segundo, a que la naturaleza de cada demanda (acción de tutela y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho) es diferente.

el estudio de legalidad es el de la jurisdicción de lo co ntencioso administrativo y segundo, a que la naturaleza de cada demanda (acción de tutela y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho) es diferente.

Mediante una demanda de tutela se busca la protección de los derechos fundamentales i nvocados como afectados y con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA , en sede de lo contencioso administrativo , se estudia la legalidad del acto administrativo .

De ahí que es in viable considera r que la figura de la institución de la cosa juzgada constitucional es restrictiva a la censura de legalidad que pueda hacerse de un acto administrativo que surge del cumplimiento de un fallo de tutela

La corporación ha precisado sobre este tema, lo sigui ente:

«[…] Respecto a la cosa juzgada constitucional en materia de acciones de tutela, la Corte Constitucional concluyó 13 que esta opera cuando el asunto: i) es decidido por ella misma y ii) cuando termina el proceso de selección para revisión y precluye e l lapso señalado para insistir en la selección de un proceso, lo que implica, excluir la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela y evitar una prolongación indefinida del conflicto y la protección de los derechos fundamentales que fue objeto de estudio.

Con base en lo anterior, en el presente caso se observa que los actos administrativos demandados se expidieron en cumplimiento al fallo de tutela proferido el 24 de mayo de

protección de los derechos fundamentales que fue objeto de estudio.

Con base en lo anterior, en el presente caso se observa que los actos administrativos demandados se expidieron en cumplimiento al fallo de tutela proferido el 24 de mayo de 2010 por el Juzgado Civil del Circuito d e Anserma, Caldas (folios 306 a 331 del cuaderno 1), que amparó los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, vida digna,

13 Corte Constitucional, Sala Quinta de Re visión, Sentencia T -208 de quince (15) de abril de dos mil trece (2013) , magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio Referencia: ex pediente T -3725102, Acción de tutela interpuesta por la representante legal de la Caja Nacional de Previsión Social –EICE - CAJANAL en liquidación contra el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales.Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 02 (0507-2017)

Demandante: Ugpp

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 tercera edad y mínimo vital, y, ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del hoy demandado, entre otros, con la inclusión del 100% de lo percibido como bonificación por servicios devengada en el último año de servicio.

Por tanto, como lo ha señalado esta Corporación 14, toda vez que la acción constitucional está dirigida a proteger derechos fundamentales y dado que los actos administrativos demandados no han sido objeto de control

servicios devengada en el último año de servicio.

Por tanto, como lo ha señalado esta Corporación 14, toda vez que la acción constitucional está dirigida a proteger derechos fundamentales y dado que los actos administrativos demandados no han sido objeto de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no se configura la cosa juzgada en el presente asunto, en tanto, que no se presenta la identidad de objeto, en razón a que el juez natural, ejerce el control de legalidad del acto según las causales de nulidad que se invoquen, a diferencia del juez de tutela, el cual estudia el acto bajo el marco de la transgresión de derechos fundamentales.

En conclusión: No se configura la cos a juzgada constitucional respecto de los actos administrativos objeto del presente medio de control, lo que permite al juez administrativo efectuar el control de legalidad sobre ellos. […]» 15. «Resaltado del despacho»

En virtud de la posición adoptada por este colegiado , el argumento del apelante de que el fallo de acción de tutela del 6 de octubre de 2006 , proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, Bolívar tiene el valor de cosa juzgada constitucional , motivo por el que no puede ser objeto de análisis de legalidad la Resolución RDP 045252 del 30 de septiembre de 2013 , que dio cumplimiento a esa acción constitucional ya que se trata de un acto de ejecución , queda desvirtuado , en atención a que se tratan de procesos de naturaleza y fines diferente s y que el juez competente para conocer sobre los vicios de nulidad de un acto administrativo es la jurisdicción de lo contencioso

que se tratan de procesos de naturaleza y fines diferente s y que el juez competente para conocer sobre los vicios de nulidad de un acto administrativo es la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

14 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Adminis trativo, Sección Segunda, Subsección A providencia del 13 de junio de 2017, consejero ponente: W illiam Hernández Gómez, número interno 4706 -2014; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, fecha del 25 de octubre de 2011, consejero ponente: Gustavo Gómez Aranguren, radicado 1100103 -15 -000 -2011 -01385 -00(AC). 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, magistrado ponente, Hernández Gómez, W illiam, proceso con radicado: 05001 -23 -33 -000 -2012 -00823 -01(2068 -17), demand ante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La Protección Social – UGPP , demandado: José Hernán Quintero Martínez , sentencia del 17 de octubre de 2018.Radicado: 41001 23 33 000 2014 00153 02 (0507-2017)

Demandante: Ugpp

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 En ese orden, como la demanda que cursa no se trata de una acción de tutela que invoca la protecci ón de los mismos derechos

Bogotá D.C. – Colombia 12 En ese orden, como la demanda que cursa no se trata de una acción de tutela que invoca la protecci ón de los mismos derechos fundam entales que se analizaron en el fallo del 6 de octubre de 2016 , por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, Bolívar , sino de un a, que pretende la revisión de ciertos supuestos de nulidad de la Resolución RDP 04525 2 del 30 de septiembre de 2013, no se configura la cosa juzgada constitucional , p ues la mentada institución surge cuando se verifican los siguientes elementos, según ha sostenido la Corte Constitucional: «(i) se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; (ii) que en el nuevo proceso exista identidad jurídica de las partes; (iii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iv) que el nuevo proceso se adelante por la misma causa qu e originó el anterior, es decir, por los mismos hechos »16.

Significa ello, que no es posible instaurar otra acción de la misma naturaleza reiterando un asunto constitucional que ya fue objeto de estudio y análisis en el cual se adoptó una decisión que qued ó en firme.

Por lo tanto, en este caso , no se configura la institución de la cosa juzgada constitucional , dado que la naturaleza del asunto que se estudia en una acción constitucional de tutela y en un medio de control de nulidad y restablecimiento del de recho es diferente, se itera, en la primera , se depreca la protección de los

que se estudia en una acción constitucional de tutela y en un medio de control de nulidad y restablecimiento del de recho es diferente, se itera, en la primera , se depreca la protección de los derechos fundamentales y en la segunda , la legalidad de un acto administrativo, con lo cual, el examen de legalidad de la Resolución RDP 045252 de l 30 de septiembre de 2013 , es de competencia privativa del juez natural de lo contencioso adminis