CE - 410012333000201400235011SENTENCIA20230803110316

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)

Demandante: Libardo Perdomo Ceballos Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de l Huila, que accedió las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( CPACA), el señor Libardo Perdomo Ceballos , por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 51356 del 6 de noviembre, RDP 057157 del 17 de diciembre

conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 51356 del 6 de noviembre, RDP 057157 del 17 de diciembre y RDP 058424 del 30 de diciembre, todas del 2013, mediante las cuales le fue negado el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, l a accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar al actor

1 Folios 2 al 14.2

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015) Demandante: Libardo Perdomo Ceballos la pensión gracia de jubilación, por su labor como docente , desde cuando adquirió el estatus jurídico; ii) pagar los valores adeudados con los ajustes de valor, en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y iii) pagar las costas del proceso.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, se relataron los siguientes:

1. El señor Libardo Perdomo Ceballos fue nombrado por el intendente nacional de Caquetá, mediante Decreto 718 del 2 de febrero de 1976, como profesor de primaria en la Miniconcentración El Triunfo del municipio de La Monta ñita, cargo que desempeñó hasta el 7 de febrero de 1977.

1. Posteriormente, prestó sus servicios en el departamento del Huila vinculado en propiedad como nacionalizado de forma continua desde el 6 de febrero de 1985 hasta el 28 de agosto de 1986; desde el 21 de agosto de 1986 hasta el 12 de agosto

1. Posteriormente, prestó sus servicios en el departamento del Huila vinculado en propiedad como nacionalizado de forma continua desde el 6 de febrero de 1985 hasta el 28 de agosto de 1986; desde el 21 de agosto de 1986 hasta el 12 de agosto de 1993; desde el 13 de agosto de 1993 hasta el 18 de diciembre de 1997; y del 17 de diciembre de 1997 hasta la fecha de presentación de la demanda, todos los nombramientos realizados en propiedad a través de decreto departamental, completando así más de 32 años al servicio del departamento del Caquetá y del

Huila.

1. Durante todo el tiempo en que se ha desempeñado como docente lo ha hecho con honradez, idoneidad, consagración y buena conducta. El 24 de noviembre de 2006 cumplió 50 años de edad. Adquirió el status para acceder a la pensión gracia el 25 de noviembre de 2006, razón por la que solicitó su reconocimiento el 30 de septiembre de 2013, el que le fue negado mediante los actos administrativos demandados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron las Leyes 4 de 1966, 114 de 1913, 116 de 1928; 37 de 1933; 91 de 1989 y 115 de 1994.3

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015) Demandante: Libardo Perdomo Ceballos Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo

siguiente:

1. El proceso de nacionalización prescrito con la entrada en vigencia de la Ley 43 de

Demandante: Libardo Perdomo Ceballos Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo

siguiente:

1. El proceso de nacionalización prescrito con la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975, nacionalizó la educación primaria y secundaria que oficialmente venían prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y com isarías y se definió como un .servicio público a cargo de la

Nación.

1. No es de recibo el análisis de la UGPP para negar la pensión gracia, en el sentido de que el demandante sea docente nacional, porque entre 1976 y 1980 la educación primaria fue entregada a la Intendencia Nacional del Caquetá para su administración y los educadores adquirieron la calidad de nacionalizados.

1. El señor Libardo Perdomo Ceballos fue vinculado como docente de primaria en la Miniconcentración El Triunfo del Municipio de Montañita, nombrado por Decreto 718 del 2 de febrero de 1976, es decir, con carácter nacionalizado, por el intendente, por lo que el tiempo laborado para la Intendencia del Caquetá es computable para el reconocimiento de la pensión gracia.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP, por medio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las siguientes razones de defensa:2

1. Para el reconocimiento de la pensión gracia no es admisible computar tiempos de servicio de carácter nacional, por cuanto son incompatibles con los prestados en un departamento, municipio o distrito.

1. La entidad obró en legal forma al negarle la pensión al demandante, comoquiera

servicio de carácter nacional, por cuanto son incompatibles con los prestados en un departamento, municipio o distrito.

1. La entidad obró en legal forma al negarle la pensión al demandante, comoquiera que su tiempo de servicio prestado es de carácter nacional, pues el nombramiento como profesor de primaria en la Miniconcentración El Triunfo del municipio de La

2 Folios 84 al 904

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015) Demandante: Libardo Perdomo Ceballos Montañita fue efectuado mediante el Decreto 0718 del 2 de febrero de 1976 por el intendente nacional de Caquetá.

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; ausencia de vicios en el acto administrativo demandado; y prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 3 de diciembre de 2014, accedió a las pretensiones de la demanda , con sustento en las siguientes consideraciones:3

1. A partir de la ley 43 de 1975 empezó el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria, en la que se estableció que los gastos que ocasionaran los departamentos, intendencias, comisarías, municipios y el Distrito Especial de Bogotá, serían por cuenta de la Nación, razón por la que el nombramiento del personal naciona lizado continuaba siendo competencia de los funcionarios que ejercían dicha función, de tal suerte que los intendentes, al tener tal atribución podían nombrar al personal educativo nacionalizado.

1. En el presente asunto se advierte que el intendente nacional del Caquetá ,

ejercían dicha función, de tal suerte que los intendentes, al tener tal atribución podían nombrar al personal educativo nacionalizado.

1. En el presente asunto se advierte que el intendente nacional del Caquetá , invocando la Ley 43 de 1975, y, específicamente el parágrafo del artículo 1, nombró al señor Libardo Perdomo Ceballos como docente de la Minic oncentración El Triunfo, y si bien como lo afirma la entidad demandada la Intendencia era de carácter Nacional y depende del Gobierno Nacional , lo que en principio llevaría a afirmar que el nombramiento es nacional, la regulación propia del sistema educativo le atribuyó la competencia a las Intendencias Nacionales, entre estas al intendente nacional del Caquetá, para designar al personal docente.

En consecuencia , y teniendo en cuenta que el artículo 10 de la ley 43 de 1975 prescribe que ninguna de las entidades a que hace referencia dicha ley puede crear con cargo a la Nación nuevas plazas de maestros y profesores de la educación

3 Folios 109 al 117.5

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015) Demandante: Libardo Perdomo Ceballos primaria y secundaria sin contar con previa autorización del Ministerio de Educación Nacional, se concluye que el señor Libardo Perdomo Ceballo s fue nombrado docente nacionalizado por el intendente nacional del Caquetá como , como lo disponen las Leyes 91 de 1989 y 43 de 1975.

1. En el proceso está demostrado que el señor Libardo Perdomo Ceballos se ha desempeñado como docente nacionalizado a un ente territorial (Municipio de Neiva)

disponen las Leyes 91 de 1989 y 43 de 1975.

1. En el proceso está demostrado que el señor Libardo Perdomo Ceballos se ha desempeñado como docente nacionalizado a un ente territorial (Municipio de Neiva) desde el 19 de febrero de 1985 hasta el 16 de octubre de 2013, acreditando así mismo el haber laborado más de 20 años en dicho ente territorial , cumpliendo con los requisitos esenciales, sin contar incluso el periodo laborado en el departamento del Caquetá desde el 1 de febrero de 1976 hasta el 7 de febrero de 1977.

1. Respecto de la de prescripción, se tiene que el actor adquirió el estatus pensional el 24 de noviembre de 2006 y la primera petición que interrumpe el término de prescripción fue resuelta mediante Resolución 59120 del 26 de diciembre de 2007, sin embargo, como la demanda se presentó el 22 de mayo de 2014 prescribieron las mesadas anteriores al 22 de mayo de 2011.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la accionada interpuso recurso de apelación contra la sentencia con base en los siguientes argumentos:4

Los tiempos de servicio prestados en virtud del Decreto 0718 del 2 de febrero de 1976, expedido por el intendente del Caquetá, no son computables para la pensión gracia, por tratarse de una vinculación de carácter nacional. Por lo tanto, el demandante no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, en lo que se refiere a haber presta do 20 años de servicios a una institución educativa que esté a cargo del departamento o municipio.

demandante no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, en lo que se refiere a haber presta do 20 años de servicios a una institución educativa que esté a cargo del departamento o municipio.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

4 Folios 120 al 124.6

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)

Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

Las partes reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del proceso.5

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 1928 7 y 37 de 1933 8 consagraron la posibilidad de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,

Por su parte, las Leyes 116 de 1928 7 y 37 de 1933 8 consagraron la posibilidad de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley

5 Folios 169 al 175 6 Constancia secretarial obrante en el folio 199. 7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección. 8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.7

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015) Demandante: Libardo Perdomo Ceballos 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.9

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4 ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión

114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.9

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4 ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión o recompensa de carácter nacional».10

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S -699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, conc luyó que « la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensi onado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».11

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.

9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699. 10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.

También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección

B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.8

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015) Demandante: Libardo Perdomo Ceballos En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación, en la referida Sentencia S -699 de 1997 , afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada ; sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las

por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita, bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).9

si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).9

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)

Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1. 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.

1. 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo siguiente:14

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gra cia «es que la vinculación del

siguiente:14

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gra cia «es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».15

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 15001-23-33-0002016-00278-01 (3018-2017). 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sen tencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 15001-23-33-0002016-00278-01 (3018-2017). 15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-0221901 (AC).10

2016-00278-01 (3018-2017). 15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-0221901 (AC).10

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015) Demandante: Libardo Perdomo Ceballos pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.

[…]

1. La Sentencia C -506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la pensión gr acia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos previstos p ara obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

1. Mediante la Sentencia SU -014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley ». A partir de dicho

inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley ». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia del 21 de junio de 2018, 16 esta corporación fijó las siguientes reglas de unificación:17

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-201304683-01 (3805-2014). 17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.11

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015) Demandante: Libardo Perdomo Ceballos respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento d e la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las -situado fiscalcuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con

enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional bajo el argu mento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones , pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada».18

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada».18

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-201304683-01 (3805-2014).12

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015) Demandante: Libardo Perdomo Ceballos - Conforme a la cédula de ciudadanía y al registro civil de nacimiento , el señor Libardo Perdomo Ceballos nació el 24 de noviembre de 1956.19

• El 2 de febrero de 1976, mediante Decreto 718, el intendente nacional del Caquetá lo nombró en el cargo de maestro de la Miniconcentración El Triunfo del municipio de La Montañita.20 Tomó posesión el 10 de febrero siguiente21 y, de acuerdo con la certificación expedida por la coordinadora de la Secretaría de Educación del Caquetá, renunció el 7 de febrero de 1977.22

• Según certificado de tiempo de servicio expedido por la Secretaría de Educación de Neiva, el señor Libardo Perdomo Ceballos prestó sus servicios en el nivel media, vinculación en propiedad como nacionalizado, de forma continua, y al 24 de febrero de 2004 se desempeñaba como rector en la Escuela Normal Superior de Neiva, jornada completa, para un total de tiempo de servicio de 28 años, 6 meses y 8 días, prestados así:23

de 2004 se desempeñaba como rector en la Escuela Normal Superior de Neiva, jornada completa, para un total de tiempo de servicio de 28 años, 6 meses y 8 días, prestados así:23

➢ Del 19 de febrero al 31 de diciembre de 1985, y del 1 de enero de 1986 al 28 de agosto de 1986, en el Colegio Nacionalizado San José de Oporapa, por nombramiento e incorporación.

➢ Del 29 de agosto de 1986