CE - 410012333000201400318021SENTENCIASENTENCIA20230525195726

Radicado: 41001-23-33-000-2014-00318-02 (27174)

Demandante: Club Deportivo Atlético Huila S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 41001-23-33-000-2014-00318-02 (27174)

Demandante CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO HUILA S.A.

Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP Temas Liquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social . Principio de congruencia de la sentencia . Competencia de la UGPP. Requerimientos para declarar y/o corregir. Pagos no constitutivos de salario y artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia de l 9 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de l Huila, que decidió lo siguiente1: “PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos Liquidación Oficial No. RDO 164 del 27 de junio de 2013 y la resolución No. RDC 174 del 23 de diciembre de 2013, por

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos Liquidación Oficial No. RDO 164 del 27 de junio de 2013 y la resolución No. RDC 174 del 23 de diciembre de 2013, por conducto de las cuales (en su orden) se profirió la liquidación oficial por inexactitud, y mora en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social (períodos julio a diciembre de 2008, enero a noviembre de 2009, enero a diciembre de 2010, y febrero a octubre de 2011) y resolvió el recurso de reconsideración, conforme a lo motivado.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se DECLARA la firmeza de las declaraciones presentadas por los periodos de los periodos de julio a diciembre de 2008, enero a noviembre de 2009, enero a diciembre de 2010, y febrero de 2011.

De igual forma, se ORDENA a la UGPP, que devuelva o reintegre la totalidad de los dineros, debidamente actualizados, que hubieran sido embargados o pagados como consecuencia de los actos nulitados.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones,

CUARTO: SIN costas.

QUINTO: En firme esta providencia, previa la expedición de las copias de la presente sentencia de rigor y hechas las anotaciones en el software de gestión, archívese el expediente.” ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Previos Requerimientos para Declarar y/o Corregir Nros. 177 y 259 del 28 de febrero y 26 de marzo de 2013 , respectivamente, la Unidad Administrativa Especial de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en

Previos Requerimientos para Declarar y/o Corregir Nros. 177 y 259 del 28 de febrero y 26 de marzo de 2013 , respectivamente, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) profirió al demandante la Liquidación Oficial Nro. RDO 164 del 27 de junio de 2013, por las conductas de inexactitud y mora en las autoliquidaciones y pagos de los aportes a salud, pensión, fondo de solidaridad, riesgos laborales y

1 Fls. 447 y siguientesRadicado: 41001-23-33-000-2014-00318-02 (27174)

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caja de compensación familiar, por los períodos de julio a diciembre de 2008, enero a noviembre de 2009, enero a diciembre de 2010 y febrero a octubre de 2011 en la suma de $2.691.988.000 (fls.41 a 52). Contra la anterior decisión el demandante interpuso el recurso de reconsideración, que fue resuelto en la Resolución Nro. RDC 174 del 23 de diciembre de 2013, que reliquidó los ajustes en la suma de $2.686.076.800 (fls.55 a 78). ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las

Demanda En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones (fls.347 a 349): “PRIMERA PRINCIPAL : Solicito al Honorable Tribunal declarar la nulidad de los ACTOS ADMINISTRATIVOS identificados como la Liquidación Oficial No. RDO 164 del 27 de Junio de 2013 “ Por medio de la cual se profiere liquidación oficial al CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA S.A., con NIT 800.118.562 por inexactitud y mora en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos de julio a diciembre de 2008, enero a noviembre de 2009, enero a diciembre de 2010 y febrero a octubre de 2011” expedida por la Subdirectora de Determinación de Obligaciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP y la RESOLUCION No. RDC 174 del 23 de Diciembre de 2013 “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO 164 del 27 de Junio de 2013 Por medio de la cual se profiere liquidación oficial al CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA S.A., con NIT 800.118.562 por inexactitud y mora en la s autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos de julio a diciembre de 2008, enero a noviembre de 2009, enero a diciembre de 2010 y febrero a octubre de 2011” ,

de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos de julio a diciembre de 2008, enero a noviembre de 2009, enero a diciembre de 2010 y febrero a octubre de 2011” , proferida por el Director de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y contribuciones parafiscales de la Protección Social UGPP, por haber sido expedidos con desviación de las atribuciones propias de quienes los profirieron.

PRIMERA SUBSIDIARIA : Solicito al Honorable T ribunal declarar la nulidad de los ACTOS ADMINISTRATIVOS identificados como la Liquidación Oficial No. RDO 164 del 27 de Junio de 2013 (…) y la RESOLUCION No. RDC 174 del 23 de Diciembre de 2013 (…), por haber sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse.

SEGUNDA SUBSIDIARIA: Solicito al Honorable Tribunal declarar la nulidad de los ACTOS ADMINISTRATIVOS identificados como la Liquidación Oficial No. RDO 164 del 27 de Junio de 2013 (…) y la RESOLUCION No. RDC 174 del 23 de Diciembre de 2013 (…), por haber sido expedidos con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa.

TERCERA SUBSIDIARIA: Solicito al Honorable Tribunal declarar la nulidad de los ACTOS ADMINISTRATIVOS identificados como la Liquidación Oficial No. RDO 164 del 27 de Junio de 2013 (…) y la RESOLUCION No. RDC 174 del 23 de Diciembre de 2013 (…), por haber sido expedidos con falsa motivación.

CUARTA SUBSIDIARIA : Solicito al Honorable Tribunal declarar la nulidad de los ACTOS

de 2013 (…) y la RESOLUCION No. RDC 174 del 23 de Diciembre de 2013 (…), por haber sido expedidos con falsa motivación.

CUARTA SUBSIDIARIA : Solicito al Honorable Tribunal declarar la nulidad de los ACTOS ADMINISTRATIVOS identificados como la Liquidación Oficial No. RDO 164 del 27 de Junio de 2013 (…) y la RESOLUCION No. RDC 174 del 23 de Diciembre de 2013 (…), por haber sido expedidos de forma irregular.

SEGUNDA PRINCIPAL. Que a título de restablecimiento del derecho, directamente violado por la DEMANDANDA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP-, se decrete:Radicado: 41001-23-33-000-2014-00318-02 (27174)

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2.1.- Que se declare la legalidad y firmeza de las planillas PILA que contienen el registro de los aportes parafiscales realizados por el CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA S.A. 2.2.- Que las liquidaciones y pagos efectuados por el CLUB ATLETICO HUILA S.A., durante los periodos indicados en los actos demandados, estuvo ajustada a la ley. 2.3.- Que como consecuencia de la declaración anterior, se exonere al CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA S.A., a pagar suma de dinero alguna por concepto de aportes a la seguridad social por los periodos relacionados en la demanda y objeto de discusión.

2.3.- Que como consecuencia de la declaración anterior, se exonere al CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA S.A., a pagar suma de dinero alguna por concepto de aportes a la seguridad social por los periodos relacionados en la demanda y objeto de discusión. TERCERA PRINCIPAL.- En virtud a las declaraciones anteriores y a título de indemnización, se condene a la entidad demandada a: 3.1.- Al reconocimiento y pago de la suma de : $338.5 millones de pesos, o la suma que al momento de la presentación de la declaración de renta correspondiente al año 2014, de la sociedad CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA S.A., se vea ob ligado a cancelar, por la imposibilidad de aplicar las deducciones y costos previstos en Artículo 771 -5 del Estatuto tributario que fue adicionado a dicho Estatuto mediante el Artículo 26 de la Ley 1430 de Diciembre 29 de 2010 y que preliminarmente se establece en dicha suma tomando en consideración el presupuesto aprobado para ejecutar en el año 2014. En virtud a no ser susceptible de cuantificar y establecer como perjuicio causado sino eventual, no procede para efectos de juramento estimatorio en los términos del Artículo 206 CGP. 3.2.- La restitución al CLUB DEPORTIVO ATLETICO HUILA S.A . de todas las sumas de dinero que, por cualquier concepto, le sean descontadas, abonadas, rematadas etc. con fundamento en los actos demandados. 3.3.- Las sumas de dinero deben ser debidamente actualizadas y/o generar los intereses corrientes y/o moratorios permitidos en la ley, conforme lo determine el Honorable Tribunal. CUARTA PRINCIPAL.- Se condene en costas y gastos procesales a la convocada, incluyendo

corrientes y/o moratorios permitidos en la ley, conforme lo determine el Honorable Tribunal. CUARTA PRINCIPAL.- Se condene en costas y gastos procesales a la convocada, incluyendo las agencias en derecho. A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007; 16, 31 a 35 de la Ley 181 de 1995; 30 de la Ley 1393 de 2010; 702 y 703 del Estatuto Tributario; 23, 24 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los cargos de nuli dad se resumen de la siguiente manera:

1. Los actos acusados fueron expedidos con desviación de las atribuciones propias de quienes lo profirieron Afirmó que la UGPP debía desarrollar sus funciones de fiscalización de manera subsidiaria a las asignadas a las administradoras de recursos parafiscales con el fin de evitar una duplicidad en la administración de los aportes y/o choques entre las decisiones adoptadas. Además, como la demandada manejaba asuntos equiparables a los tributarios, debía agotar una actividad probatoria mínima para determinar si un concepto constituía o no salario y su impacto en el IBC, para que, como lo hace un juez, se lleve a cabo la correspondiente valoración pr obatoria y llegue a la convicción de que se trata de un ingreso hace parte del IBC.

En este caso, se profirieron los actos acusados con desviación de las atribuciones conferidas por la norma y no sustentó las decisiones allí adoptadas. Sumado a esto,

llegue a la convicción de que se trata de un ingreso hace parte del IBC. En este caso, se profirieron los actos acusados con desviación de las atribuciones conferidas por la norma y no sustentó las decisiones allí adoptadas. Sumado a esto, de la jurisprudencia transcrita parcialmente en los actos, podía advertir se la obligación de la entidad de probar qué conceptos eran parte del IBC, pero no lo cumplió porque no le era conveniente a sus intereses.Radicado: 41001-23-33-000-2014-00318-02 (27174)

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2. Infracción de las normas en que debieron fundarse Sostuvo que la demandada desconoció las normas que regulan sus funciones, toda vez que en la fiscalización no se encontró hallazgo alguno, o no le fue puesto de presente al actor, con lo cual no actuó de manera subsidiaria a las administradoras de los recursos parafiscales sino de manera autónoma y principal.

Expuso que la UGPP expidió dos requerimientos y no uno como lo exige la norma, y desconoció la obligación de practicar las pruebas para corroborar cuáles pagos hacían parte del IBC y su posterior val oración en los actos que dieron fin a la actuación. Sumado a esto, omitió tener en cuenta las normas nacionales e internacionales existentes en relación con los derechos deportivos, el manejo de la imagen y los bienes patrimoniales. Explicó que, en el mundo del deporte, la imagen del deportista constituye un activo

internacionales existentes en relación con los derechos deportivos, el manejo de la imagen y los bienes patrimoniales. Explicó que, en el mundo del deporte, la imagen del deportista constituye un activo de propiedad única y exclusiva de éste, con unos ingresos que en algunos eventos superan los pagos por su actividad deportiva propiamente. Al igual que en el caso de los artistas, para los futbolistas, los ingresos por publicidad que el club pagaba no corresponden a la retribución de la labor desempeñada, sino que se trata de un reconocimiento anterior al contrato, de manera que su tratamiento tributario tiene una connotación diferente (ingresos no laborales). Precisó que el trabajador , directamente o a través de su familia o amigos, y normalmente en horarios no laborales, es quien desarrolla actividades de publicidad sin subordinación o dependencia por parte del club.

3. Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa Insistió en que la UGPP no puso de presente los hallazgos que dieron origen a su actuación y, posteriormente, encausó el proceso a la determinación de las sumas canceladas, pero no a la discusión sobre si un determinado concepto era o no salario, lo cual solo se vino a presentar al momento de expedir la liquidación oficial y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.

Señaló que la entidad no aportó ni practicó pruebas que demostraran que los pagos por derechos deportivos, publicidad y venta de boletería, ajenos al contrato, eran de carácter salarial y por ende parte del IBC . Destacó que, aunque la UGPP tiene la facultad de determinar la naturaleza de un pago sin necesidad de la intervención de un Juez, su decisión debe estar fundamentada en las pruebas aportadas al proceso

carácter salarial y por ende parte del IBC . Destacó que, aunque la UGPP tiene la facultad de determinar la naturaleza de un pago sin necesidad de la intervención de un Juez, su decisión debe estar fundamentada en las pruebas aportadas al proceso y no simplemente afirmar que todo pago recibido por el trabajador es salario.

4. Falsa motivación Afirmó que la UGPP falsamente otorgó a los derechos deportivos y al manejo de la imagen de los jugadores una connotación laboral en contra de las disposiciones legales que rigen la materia, que si bien dicha situación no se advertía de manera expresa del texto de los actos acusados, s í se podía deducir que la motivación fue el incremento de recaudos por concepto de parafiscales2.

Reiteró lo expuesto en cargos anteriores sobre la imagen del deportista y que los

2 Sobre la motivación de los actos citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 1 de noviembre de 2012, exp.17786, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.Radicado: 41001-23-33-000-2014-00318-02 (27174)

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ingresos no son salariales

5. Expedición irregular Explicó que el debate originado en el proceso de fiscalización estaba centrado en la liquidación correcta y oportuna de los aportes parafiscales de la seguridad social, pero nunca se enfocó en establecer si determinado concepto era o no salario para efectos de establecer el IBC, que de ser así la UGPP hubiera podido encontrar que

liquidación correcta y oportuna de los aportes parafiscales de la seguridad social, pero nunca se enfocó en establecer si determinado concepto era o no salario para efectos de establecer el IBC, que de ser así la UGPP hubiera podido encontrar que los conceptos de pago por derechos deportivos, los contratos publicitarios, lo relacionado con la imagen del deportista y las comisiones por venta de boletería (que se podía desarrollar tanto por los funcionarios del club como agentes externos) no estaban relacionados con la labor desempeñada por el jugador. Fue por ello que no aportó pruebas para demostrar que no constituían salario, ni tampoco tenían origen en la actividad o trabajo del empleado. Puso de presente que , según el artículo 35 de la Ley 181 de 1995, los convenios que se celebren entre organismos deportivos sobre transferencias de deportistas profesionales no se consideran parte de los contratos de trabajo. Adujo que con el pr oceso de cobro coactivo del que fue objeto la sociedad con ocasión a los actos demandados, se está vulnerando el artículo 771-5 del Estatuto Tributario (adicionado por el artículo 26 de la Ley 1430 de 2010 ), por cuanto la reforma tributaria introdujo la bancarización de los costos y gastos como condición para su aceptación por parte de la DIAN, limitándose considerablemente los pagos en efectivo, ya que , a partir de enero de 2014 , solo podrían tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables en un límite del 50%. De ahí que la declaración de renta correspondiente al año 2014 al presentarse sin las deducciones correspondientes en cumplimiento de la citada norma, generaría para el demandante un perjuicio, ya que al tener sus cuentas embargadas no tenía

50%. De ahí que la declaración de renta correspondiente al año 2014 al presentarse sin las deducciones correspondientes en cumplimiento de la citada norma, generaría para el demandante un perjuicio, ya que al tener sus cuentas embargadas no tenía la posibilidad de crear nuevas, ni manejar las existentes, limitándose el manejo de la empresa a los pagos en caja en efectivo. Oposición de la demanda La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda , con fundamento en lo siguiente (fls.391 a 415): Frente al primer cargo expuso que, de conformidad con las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012, el Decreto Ley 169 de 2008 y los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013, la UGPP cuenta con la facultad para adelantar los procesos de fiscalización encaminados a determinar la oportuna y correcta liquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social, así como para solicitar la información que estime conveniente para establecer la ocurrenc ia de hechos generadores de las obligaciones parafiscales. Explicó que, con anterioridad a la vigencia de la Ley 1607 de 2012 se expidieron requerimientos de información, no obstante, la unidad se encontraba facultada para solicitar la información que estimara pertinente por mandato legal, sin que ello fuera una competencia subsidiaria como lo entendía el actor. Señaló que los ajustes liquidados tuvieron origen en las infracciones cometidas porRadicado: 41001-23-33-000-2014-00318-02 (27174)

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la parte actora y en la aplicación en debida forma de las normas relativas al salario a efectos de establecer el IBC, por tanto, no se incurrió en una desviación de poder no se fijó discrecionalmente la base de cotización , puesto que es algo definido por mandato legal. Manifestó que la entidad goza de autonomía e independencia frente a la jurisdicción laboral para interpretar las cláusulas contractuales a fin de determinar la verdadera naturaleza de los emolumentos. En ese sentido, no era de recibo que el actor alegara una desviación de poder de la Administración al no dar por ciertos hechos y situaciones que no pudo acreditar en el proceso de fiscalización, o simplemente porque no concordaba con su interpretación sesgada de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Respecto al segundo cargo, afirmó que las obligaciones frente al Sistema de la Protección Social son de tracto sucesivo, por lo que la obligación se extiende en el tiempo mientras ostente dicha calidad de aportante. De ahí que la UGPP pueda expedir tantos requerimientos para declarar y/o corregir como meses tenga el año, toda vez que la Ley 1607 de 2012 no limitó el número de esta actuación por la misma razón que los aportes tienen una vigencia mensual, así mismo, también puede expedir, si así lo desea, un requerimiento por cada conducta fiscalizada. Agregó que el requerimiento para declarar y/o corregir no era el mismo requerimiento especial expedido por la DIAN y regulado en el artículo 703 del

expedir, si así lo desea, un requerimiento por cada conducta fiscalizada. Agregó que el requerimiento para declarar y/o corregir no era el mismo requerimiento especial expedido por la DIAN y regulado en el artículo 703 del Estatuto Tributario, por el contrario, en materia de aportes debía atenderse el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, el cual no impuso límite alguno para enviar varios requerimientos, como sucedió en el presente caso. Destacó que la norma, al exigir un solo requerimiento, lo que pretende es garantizar la seguridad jurídica de los aportantes, en el entendido que no se abra un nuevo proceso por un mismo tributo del mismo período, situación que se respetó en el asunto debatido, comoquiera que los requerimientos versaron sobre subsistemas diferentes. Adujo que no vulneró los derechos de defensa y audiencia del actor (tercer cargo), toda vez que la entidad respetó los reportes contables y la nómina allegados por la sociedad, a partir de la cual advirtió que en el cálculo del IBC no se incluyeron valores pagados a los trabajadores, los cuales tenía n connotación salarial al ser cancelados de forma habitual y permanente. Indicó que no se asumieron funciones de los jueces laborales, comoquiera que la entidad contaba con competencias para incluir en el IBC aquellos pagos salariales. Señaló que la interpretación de la parte actora para justificar el carácter no salarial de los pagos por publicidad, bonificaciones y comisiones pagadas a sus trabajadores era distinta a lo establecido en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que los montos cancelados por esos conceptos superaban el salario básico de los trabajadores. Por esta razón, la demandada, en ejercicio de

trabajadores era distinta a lo establecido en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que los montos cancelados por esos conceptos superaban el salario básico de los trabajadores. Por esta razón, la demandada, en ejercicio de sus competencias, realizó visita de inspección tributaria en las instalaciones de la sociedad, solicitando los contratos de tra bajo, convenios interinstitucionales y contratos de patrocinio con el fin de determinar la naturaleza de los pagos mencionados. A partir de lo anterior encontró que los pagos alegados por el actor fueron registrados en las cuentas contables relacionadas con el gasto de la nómina (41555501, 52356001 y 52950501), además, en los estados financieros “CUENTA:Radicado: 41001-23-33-000-2014-00318-02 (27174)

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5235600100 JUGADORES” que corresponde a publicidad, se evidenció el pago mensualizado por este concepto, lo cual configuró su periodicidad. Advirtió que los pagos denominados “bonificaciones” en sus registros contables no contaban con sustento de desalarización, comoquiera que las cláusulas invocadas por la aportante no eran suficientes ni claras. Frente a las “comisiones por venta de boletería” para 2008, 2009 y 2010, se detectaron pagos registrados bajo el concepto de premios deportivos que luego fueron aclarados por la sociedad indicando que correspondían a comisiones para los trabajadores

Frente a las “comisiones por venta de boletería” para 2008, 2009 y 2010, se detectaron pagos registrados bajo el concepto de premios deportivos que luego fueron aclarados por la sociedad indicando que correspondían a comisiones para los trabajadores Ruíz Agudelo Martha Cecilia y Ovalle Rojas Consuelo. Estos pagos eran habituales y las cláusulas de exclusión no señalaban que estas actividades eran ejercidas por dichos empleados como un ingreso adicional que no tenía que ver con el contrato de trabajo, toda vez que el mismo dejó la posibilidad de asignar funciones distintas a las de la naturaleza de su cargo. Aun cuando las partes tuvieran la libertad de pactar que determinados pagos no tuvieran carácter salarial, no podía desconocerse que cuando estos r etribuyan directamente el servicio prestado por el trabajador deben considerarse como salariales y hacen parte del IBC para liquidar los aportes al Sistema de Seguridad Social3. A esto debía sumarse que la interesada no aportó prueba alguna que acreditara la liquidación y pago correcto de los aportes, por tanto, la actuación administrativa era válida, comoquiera que actuó amparada en el artículo 742 del Estatuto Tributario. Reiteró que las facultades de fiscalización de la UGPP no eran subsidiarias, ni era requisito tener hallazgos por parte de las administradoras para iniciar un proceso de fiscalización como lo entendía el actor. Señaló que los actos demandados no incurrieron en falsa motivación (cuarto cargo), toda vez que estuvieron fundados en las normas que rigen la materia y, aclaró que no desconoció ni declaró nulos los acuerdos de desalarización pactos por la sociedad y sus trabajadores, lo que hizo fue otorgarles el valor a dichos pactos

cargo), toda vez que estuvieron fundados en las normas que rigen la materia y, aclaró que no desconoció ni declaró nulos los acuerdos de desalarización pactos por la sociedad y sus trabajadores, lo que hizo fue otorgarles el valor a dichos pactos de acuerdo con la naturaleza, periodicidad y demás características de los pagos por “publicidad, comisiones y derechos deportivos ” reportados como bonificaciones, los cuales se excluyeron del IBC, en aplicación de las normas laborales y el artículo 53 de la Constitución Política. Precisó que a la parte actora le asistía la obligación de probar el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema y, como ello no ocurrió, los ajustes determinados estaban conforme a derecho. Agregó que el demandante mencionó la Ley 1393 de 2010, pero no indicó de forma precisa su incidencia frente a los conceptos liquidados. Sobre el quinto cargo, refirió que, de conformidad con el artículo 742 del Estatuto Tributario, a l actor le asistía la obligación de aportar los soportes de sus afirmaciones, por tanto, al no haber acreditado lo señalado en la demanda respecto de los pactos de desalarización en lo referente a contratos publicitarios, imagen del futbolista y comisiones por venta de boletería, tal como fue reconocido en la misma demanda, no podía predicarse vulneración alguna al debido proceso de la empresa. Reiteró que el valor tomado para efectuar las liquidaciones de aportes correspondió a la información aportada por el demandante, de la cual no fue posible establecer

3 Referenció la sentencia de la Corte Constitucional T -1029 del 29 de noviembre de 2012, y de la Corte

a la información aportada por el demandante, de la cual no fue posible establecer

3 Referenció la sentencia de la Corte Constitucional T -1029 del 29 de noviembre de 2012, y de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral del 1 de febrero de 2011, exp.35711Radicado: 41001-23-33-000-2014-00318-02 (27174)

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qué sumas correspondían a los conceptos indicados como no salariales, por tanto, la omisión probatoria de la interesada no podía trasladarse a la UGPP. Precisó que el artículo 771-5 del Estatuto Tributario invocado por el actor (rechazo de costos y gastos pagados en efectivo) , no era aplicable en materia de contribuciones parafiscales, toda vez que era una norma sustancial que excedía la remisión contenida en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 4 y no estaba relacionada con las contribuciones parafiscales. Destacó que, sobre el proceso de cobro coactivo, la UGPP debía atender lo reglado en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario y en la Resolución 691 de 2013 expedida por esa entidad. Sostuvo que l os actos demandados gozaban de ejecutoriedad y presunción de legalidad, en esa medida, mientras que la contribuyente no aportara el auto admisorio de la demanda ante la jurisdicción, la UGPP tenía plenas competencias para librar mandamiento de pago y decretar las medidas cautelares pertinentes, de

legalidad, en esa medida, mientras que la contribuyente no aportara el auto admisorio de la demanda ante la jurisdicción, la UGPP tenía plenas competencias para librar mandamiento de pago y decretar las medidas cautelares pertinentes, de suerte que la resolución que decretó las medidas cautelares era válida. Adujo que los ingresos por publicidad (bonificacio