CE - 410012333000201700572011AUTOQUERESUEL20230911085711

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá, D.C., once (11) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00572-01 (70.034)

Actor: Piscicola New York S.A. y otros Demandado: Nación–Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y otro Referencia: Reparación d e los perjuicios causados a un grupo 1

(CPACA)

El despacho2 resuelve los recursos de apelación interpuestos por Enel Colombia S.A. E.S.P. y Chubb Seguros de Colombia S.A. en contra el auto de 4 de mayo de 2023, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Huila decidió sobre las solicitudes probatorias formuladas en primera instancia.

I. ANTECEDENTES

1. El 31 de octubre del 2017 , Pisc ícola New York S.A. y otros 3 interpusieron demanda de reparación de los perjuicios causados a un grupo contra la NaciónAutoridad Nacional de Licencias Ambientales -en adelante ANLAy Enel Colombia S.A. E.S.P.4, con el fin de que se les indemnizar an los perjuicios supuestamente causados por el inicio de la operación del proyecto hidroeléctrico “El Quimbo”5.

2. Mediante auto del 27 de noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo del Huila admitió el llamamiento en garantía formulado por Enel Colombia S.A. E.S.P. y vinculó al sub examine a Axa Colpatria Seguros S.A., Chubb Seguros de Colombia

admitió el llamamiento en garantía formulado por Enel Colombia S.A. E.S.P. y vinculó al sub examine a Axa Colpatria Seguros S.A., Chubb Seguros de Colombia S.A. y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.6.

1 En esta providencia, solo por razones prácticas y de brevedad, en algunos apartes se acudirá a la expresión -acción de grupopara reemplazar lo que el CPACA denominó como medio de control de -reparación de los perjuicios causados a un grupo-. 2 De conformidad con el artículo 125.3 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, la presente decisión le corresponde adoptarla a la ponente, toda vez que no se trata de alguna de las que deben ser dictadas por la Sala. 3 En la demanda se identificaron como integrantes del grupo: Piscícola New York S.A., Procesadora y Comercializadora de Alimentos S.A. -PROCEAL S.A.- y Piscícola Ríos S.A.; posteriormente, se vincularon al grupo demandante: Piscícola La Sirena S.A.S. y Piscícola El Caracolí S.A.S. mediante auto del 21 de noviembre de 2017; Pisc ícola Max Pez LTDA. a través de auto de l 27 de noviembre de 2018; y, finalmente, Luis Carlos Preciado Sarmiento, a quien el a quo vinculó en providencia del 27 de noviembre de 2019. 4 En la demanda se identificó como sociedad demandada a Emgesa S.A. E.S.P. ; no obstante, mediante escritura pública N.º 562 del 1 de marzo de 2022 inscrita en la Notaría 11 de l Círculo

4 En la demanda se identificó como sociedad demandada a Emgesa S.A. E.S.P. ; no obstante, mediante escritura pública N.º 562 del 1 de marzo de 2022 inscrita en la Notaría 11 de l Círculo Notarial de Bogotá D.C., la sociedad cambió de razón social a Enel Colombia S.A. E.S.P. 5 Escrito obrante en folios del 17 al 102 del cuaderno principal N.º 1, identificado como el archivo 30 del índice 2 de Samai del Consejo de Estado. 6 Providencia obrante en el folio 45 del cuaderno del llamamiento en garantía N.º 1, identificado como el archivo 48 del índice 2 de Samai del Consejo de Estado.Radicación: 41001-23-33-000-2017-00572-01 (70.034)

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3. A través de auto del 4 de mayo del año en curso 7, el Tribunal resolvió sobre las solicitudes probatorias formuladas en el sub lite y, entre otras, negó las siguientes:

3.1. En relación con las peticiones de Enel Colombia S.A. E.S.P. negó el decreto de: i) prueba trasladada, dado que con los datos del proceso que se indicaron en la solicitud no se encontró actuación alguna en el sistema de información de la Rama Judicial; ii) una experticia rendida por la Universidad Nacional de Colombia sobre la situación de contaminación en la represa Betania y un informe preliminar elaborado por D&G ASESORES LTDA., dictámenes periciales que, pese a que se anunció que

Judicial; ii) una experticia rendida por la Universidad Nacional de Colombia sobre la situación de contaminación en la represa Betania y un informe preliminar elaborado por D&G ASESORES LTDA., dictámenes periciales que, pese a que se anunció que se anexaban con la contestación a la demanda, no fueron allegados al expediente; y iii) prueba pericial , previa exhibición de documentos, para contradecir los dictámenes aportados por los demandantes, porque que no se proporcionaron en los términos señalados en el artículo 228 del CGP.

3.2. Frente a las solicitudes presentadas por Chubb Seguros de Colombia S.A. negó el decreto: i) del interrogatorio de los demandantes, en cuanto indicó que ese medio de prueba resulta improcedente atendiendo a la naturaleza de la pretensión de reparación de perjuicios causados a un grupo; ii) del “testimonio técnico” del señor Roberto Álv arez, por inconducente, iii) del traslado de dos informe s técnicos rendidos en otro proceso judicial, porque el número de radicado que se informó no se encontró en el sistema de información de la Rama Judicial; iv) de los dictámenes periciales que se anunciaron con la contestación, dado que no se aportaron dentro de la oportunidad prevista en el parágrafo del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 ; y v) de la exhibición de la primera reclamación, junto con el sello de radicación, en la que se le pusieron en conocimiento a Enel Colombia S.A. E.S.P. los hechos que motivaron la demanda , en cuanto dicha petición no cumplió con el lleno de los requisitos señalados en el artículo 266 del CGP.

la que se le pusieron en conocimiento a Enel Colombia S.A. E.S.P. los hechos que motivaron la demanda , en cuanto dicha petición no cumplió con el lleno de los requisitos señalados en el artículo 266 del CGP.

3.3. Adicionalmente, a petición de la parte actora, decretó el interrogatorio del director general de la Anla.

4. Contra la anterior providencia, Chubb Seguros de Colombia S.A.8, Enel Colombia S.A. E.S.P. 9 y la Anla10 interpusieron recursos de reposición y, en subsidio , de apelación11.

7 Índice 158 de Samai del Tribunal de origen. 8 Índice 164 de Samai del Tribunal de origen. 9 Índice 164 de Samai del Tribunal de origen. 10 Índice 166 de Samai del Tribunal de origen. 11 Las razones en las que sustentaron su inconformidad serán relacionadas en las consideraciones de esta providencia.Radicación: 41001-23-33-000-2017-00572-01 (70.034)

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5. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante auto proferido en audiencia del 31 de mayo de 202312: i) resolvió favorablemente el recurso de reposición interpuesto por la Anla, en el sentido de revocar el decreto del interrogatorio de parte del representante de la entidad para, en su lugar, ordenar que rindiera informe escrito bajo juramento; ii) confirmó la decisión en lo relacionado con las pruebas que negó

por la Anla, en el sentido de revocar el decreto del interrogatorio de parte del representante de la entidad para, en su lugar, ordenar que rindiera informe escrito bajo juramento; ii) confirmó la decisión en lo relacionado con las pruebas que negó a Chubb Seguros de Colombia S.A. y Enel Colombia S.A. E.S.P.; y iii) concedió, en el efecto devolutivo, los recursos de apelación interpuestos de forma subsidiaria por las mencionadas entidades13.

6. En el término de traslado de los recursos de apelación , la parte actora se pronunció14 y solicitó que se confirmara la decisión cuestionada.

II. CONSIDERACIONES

1. Alcance de los recursos de apelación

En cuanto los recursos son procedentes15, se presentaron dentro de la oportunidad legal16 y fueron sustentados, el despacho resolverá sobre los reparos de Enel Colombia S.A. E.S.P. -demandaday Chubb Seguros de Colombia S.A. -llamada en garantía-17 contra el auto que negó algunas de las solicitudes probatorias que formularon en primera instancia.

Para lo anterior, el despacho, en primer lugar , precisará la normativa aplicable al presente asunto para el decreto y práctica de pruebas.

2. Régimen aplicable

La Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante auto de unificación de 6 de agosto de 2020, señaló que la integración normativa en la pretensión de reparación de perjuicios causados a un grupo se debía efectuar con

12 Minutos 21:26:00 a 1:35:16 de la audiencia de pruebas, índice 186 de Samai del Tribunal de origen.

pretensión de reparación de perjuicios causados a un grupo se debía efectuar con

12 Minutos 21:26:00 a 1:35:16 de la audiencia de pruebas, índice 186 de Samai del Tribunal de origen. 13 El expediente fue remitido por el Tribunal de origen el 9 de junio del 2023 e ingresó al despacho el 10 de julio siguiente. Índice 3 de Samai del Consejo de Estado. 14 Índice 174 y 175 de Samai del Tribunal de origen. 15 De acuerdo con lo señalado en el numeral 7 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. 16 El auto de 4 de mayo de 2023 se notificó por estado electróni co del 10 de mayo siguiente, en los términos dispuestos en el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021, y los recursos de apelación se interpusieron dentro de los 3 días siguientes -15 de mayo de 2023-. 17 En este punto se precisa que no hay lugar a resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por la Anla toda vez que el Tribunal a quo, en auto de 31 de mayo de 2023, resolvió de manera favorable a dicha entidad el recurso de reposición interpuesto de forma principal en contra del auto de 4 de mayo de la misma anualidad.Radicación: 41001-23-33-000-2017-00572-01 (70.034)

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la Ley 1437 de 2011 y que las normas procesales civiles solo eran aplicables en los casos en que el CPACA no regulara la materia18.

Con posterioridad a la anterior providencia, el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021 introdujo el parágrafo 2° del artículo 243 de la Ley 1437 de 201119, en el sentido de señalar que en los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales -como es el caso de la pretensión de reparación de perjuicios causados a un grupo - y en el proceso ejecutivo, la apelación procede y se tramita de confor midad con las normas especiales que los regulan, salvo la sustentación, la cual siempre debe llevarse a cabo ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir.

En esas condiciones, a partir de la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, de manera general, en lo relacionado con la procedencia y el trámite de la apelación en materia de la pretensión de reparación de perjuicios causados a un grupo no resulta aplicable el criterio de unificación adoptado por la Sección Tercera el 6 d e agosto de 2020, en cuanto a integración normativa, porque el legislador estableció de forma expresa que en este punto primaban las disposiciones especiales, salvo en lo relacionado con la sustentación del recurso20.

No obstante, en los demás asuntos, com o es el caso del decreto y práctica de

de forma expresa que en este punto primaban las disposiciones especiales, salvo en lo relacionado con la sustentación del recurso20.

No obstante, en los demás asuntos, com o es el caso del decreto y práctica de pruebas, de acuerdo con el criterio de unificación de la Sección resultan aplicables las disposiciones especiales que se encuentran en la Ley 472 de 1998 , en lo no previsto en la norma especial lo señalado la Ley 1437 de 2011, junto con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021 21 y en lo no regulado en los mencionados estatutos rige lo dispuesto en el Código General del Proceso.

3.1. Pruebas negadas a Chubb Seguros de Colombia S.A. -llamada en garantía de Enel Colombia S.A. E.S.P.-

3.1.1. Interrogatorio de parte

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 6 de agosto de 2020, C.P. María Adriana Marín, exp: 64.778. 19 A cuyo tenor: “Artículo 243. Apelación. (…) Parágrafo 2o. En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos el recurso siempre debe rá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir (…)”. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. auto del 7 de septiembre de 2022, exp: 68.447. 21 Incluidas las reg las del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del

del 7 de septiembre de 2022, exp: 68.447. 21 Incluidas las reg las del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del CPACA, toda vez que, de conformidad con lo señalado en el inciso 2° del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, las referidas modificaciones aplican a partir de la publicación de la referida ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hubiesen decretado pruebas. Al respecto, se precisa que la Ley 2080 de 2021 se publicó en el Diario Oficial No. 51. 568 de 25 de enero de 2021 y para ese momento en el presente asunto no se habían decretado pruebas, actuación que se surtió el 4 de mayo de 2023.Radicación: 41001-23-33-000-2017-00572-01 (70.034)

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La llamada en garantía solicitó que se decretara el interrogatorio de parte de “todos los demandantes” con el fin de que abs olvieran un cuestionario “en punto de los hechos materia del presente litigio”.

El Tribunal a quo negó el decreto de la prueba, para lo cual indicó que , si bien el interrogatorio de parte no se encuentra expresamente prohibido en el trámite de la acción de grupo, no era menos cierto que se opone a la naturaleza de esa acción cuando está dirigido a que lo rinda la parte actora , dado que , por tratarse de un

interrogatorio de parte no se encuentra expresamente prohibido en el trámite de la acción de grupo, no era menos cierto que se opone a la naturaleza de esa acción cuando está dirigido a que lo rinda la parte actora , dado que , por tratarse de un evento de “litisconsorcio necesario”, la confesión de alguno de los demandantes no puede tener efectos frente a los demás miembros del grupo afectado.

A juicio del apelante, no existe impedimento legal para el decreto del interrogatorio de parte tratándose de acciones de grupo y, en todo caso, de considerarse que se configura un “litisconsorcio necesario ”, ello con llevaría a que , en los términos indicados en el artículo 192 del CGP, cuando la confesión no provenga de todos los litisconsortes simplemente sea valorada como un testimonio.

El despacho precisa que , en efecto, esta Corporación ha señalado que el interrogatorio de la totalidad del grupo demandante no resulta procedente en las acciones de grupo, de una parte, porque al proceso iniciado en ejercicio de esta acción se entienden vinculados no s olo la persona o el grupo que actúa como accionante, sino todos los que hubieren sufrido perju icios con la causa común que se señala en la demanda, quienes solo se individualizarían en una etapa posterior a la probatoria y en el evento en que se acceda a las pretensiones de la demanda.

De otra parte, porque el interrogatorio de todo el grupo demandante contraría la naturaleza de la acción de grupo, toda vez que ni el representante del grupo ni los integrantes identificados tienen poder dispositivo sobre los intereses de la colectividad.

No obstante, también se ha precisado que resulta procedente que la parte demandada cite a los miembros del grupo conocidos en el proceso , con el fin de

integrantes identificados tienen poder dispositivo sobre los intereses de la colectividad.

No obstante, también se ha precisado que resulta procedente que la parte demandada cite a los miembros del grupo conocidos en el proceso , con el fin de que aclaren cuestiones litigiosas , evento en el cual sus afirmaciones no podrán tenerse como confesión, salvo en el tema de la demostración de perjuicios individuales y solo frente a quien rinda la declaración22.

22Al respecto se indicó: “ Pero, como se ha señalado, las normas del Código de Procedimiento Civil relacionadas con el interrogatorio de parte sí contrarían la naturaleza de la acción de grupo, pues dicha prueba no aparece regulada en ese cuerpo normativo en relación con acciones colectivas, sino meramente, para acciones individuales, en las cuales se debate el inte rés de una persona, o de varias personas cuando integran un litisconsorcio, caso en el cual, según lo previsto en el artículo 196, laRadicación: 41001-23-33-000-2017-00572-01 (70.034)

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En esas condiciones, el despacho revocará el numeral 6.2. de la parte resolutiva del auto de 4 de mayo del 2023 para, en su lugar, decretar el interrogatorio de parte de los miembros presentes del grupo solicitado por Chubb Seguros de Colombia S.A.

Por lo anterior , el Tribunal a quo fijará fecha y hora para que se practique el interrogatorio de parte a los representante s legales de Piscícola New York S.A. ;

los miembros presentes del grupo solicitado por Chubb Seguros de Colombia S.A.

Por lo anterior , el Tribunal a quo fijará fecha y hora para que se practique el interrogatorio de parte a los representante s legales de Piscícola New York S.A. ; Procesadora y Comercializadora de Alimentos S.A. ; Piscícola Ríos S.A.; Piscícola La Sirena S.A.S.; Piscícola El Caracolí S.A.S.; Piscícola Max Pez LTDA. así como al señor Luis Carlos Preciado Sarmiento.

3.1.2. Testimonial “técnica”

Chubb Seguros de Colombia S.A. s olicitó que se decretara el testimonio del señor Roberto Álvarez, “Director para Latinoamérica de Recursos Naturales del ajustador Mclarens”, con el fin de que declare sobre “ aspectos pertinentes a la cobertura ofrecida por la póliza No. 39417 de cara a los hecho s que nos ocupan, tales como si el evento se trata de una condición contaminante a la luz de la póli za, los requisitos para que oper e la cobertura denominada ‘daños a los recursos naturales’”.

El Tribunal a quo negó el decreto del testimonio por inconducente. Señaló que lo que se pretende probar con la declaración “ hará parte del análisis que deberá surtirse al desatarse la presente litis”.

La llamada en garantía pidió revocar la anterior decisión, para lo cual señaló que la conducencia en materia probatoria supone que exista prohibición legal para adoptar

confesión que se haga en el interrogatorio de parte deberá provenir de todos los litisconsortes necesarios o facultativo, pues de lo contrario, la confesión que uno de ellos haga tendrá valor de prueba testimonial respecto de los demás.

confesión que se haga en el interrogatorio de parte deberá provenir de todos los litisconsortes necesarios o facultativo, pues de lo contrario, la confesión que uno de ellos haga tendrá valor de prueba testimonial respecto de los demás. Todo lo anterior no obsta para de manera oficiosa o a instancia de parte pueda llamarse a declarar a los integrantes del grupo conocidos en el proceso, con de fin de que aclaren cuestiones litigiosas, pero sus afirmaciones no podrán ser tenidas como confesión. Por lo tanto, cuando los artículos 76, 77 y 78 de la Ley 472 de 1998 se refieren a la declaración de parte, al establecer, que la parte que rinda declaración podrá presentar documentos relacionados con los hechos; que cuando la parte en el interrogatorio manifieste que el conocimiento de los hechos lo tiene otra persona, deberá indicar el nombre de ésta y explicar la razón de su dicho, y que la parte al rendir su declaración podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su declaración, deberá entenderse que en dichas normas se está haciendo referencia al interrogatorio que como testimonio puede formularse a los mi embros del grupo únicamente con el fin de aclarar aspectos relevantes del proceso, pero que su dicho carece del valor de confesión frente al grupo, lo cual no obsta para que pueda dársele tal alcance en el tema de la demostración de perjuicios individuales, sólo frente a quien rinda la declaración (…) ”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 25 de octubre de 2006, AG -250002327000200400502-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido se pueden consulta r, entre otras providencia s, Consejo de Estado, Sala

Tercera, auto del 25 de octubre de 2006, AG -250002327000200400502-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido se pueden consulta r, entre otras providencia s, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de tutela del 24 de noviembre de 2016, expediente 11001 -03-15-000-2016-00053-01(AC) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas y Secció n Tercera, Subsección C, auto de 13 de octubre de 2020, C.P. Guillermo Sánchez Luque, rad.: 76001-23-33-010-2016-00559-01.Radicación: 41001-23-33-000-2017-00572-01 (70.034)

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determinado medio probatorio y, a su juicio, no existe una previsión normativa que impida demostrar los supuestos pretendidos a través de la prueb a testimonial solicitada.

Al respecto, el despacho advierte que no se indicó cuál o cuáles son los conocimientos especializados del testigo ni resulta posible establecer cuál fue su relación con los hechos materia del proceso , omisión que impide analizar la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba.

Asimismo, se encuentra que los hechos objeto de la prueba se relacionan, de una parte, con el alcance del contrato de seguro y, de otra, con aspectos técnicos tendientes a determinar si lo narrado en la demanda corresponde a uno de los

Asimismo, se encuentra que los hechos objeto de la prueba se relacionan, de una parte, con el alcance del contrato de seguro y, de otra, con aspectos técnicos tendientes a determinar si lo narrado en la demanda corresponde a uno de los siniestros que ampara la respectiva póliza.

En ese escenario, frente al primer objeto de la prueba -alcance del contrato de seguroel medio probatorio idóneo para acreditar la existencia, cobertura y obligaciones emanada s de una póliza es el escrito que contenga el respectivo contrato de seguro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1046 del Código de Comercio 23 y en el sub lite reposa copia del contrato celebrado entre Chubb Seguros de Colombia S.A. y Enel Colombia S.A. E.S.P.24.

Asimismo, en relación con el segundo punto objeto de la prueba –determinar si el evento se trata de una condición contaminante a la luz de la póliza - lo procedente era aportar o solicitar un dictamen pericial en cuanto, según lo indicado en el artículo 226 del CGP, es el medio probatorio procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

En esas condiciones, se confirmará el numeral 6.3.2. de la parte resolutiva de la decisión apelada, en cuanto negó el decreto del testimonio del señor Roberto Álvarez.

3.1.3. Prueba trasladada

La llamada en garantía solicitó el traslado de i) “un informe final modelado integral proferido por la Universidad Nacional de Colombia – Sede Amazonia que se llevó a cabo en el año 2015 contentivo de un estudio ecohidrológico del complejo el Quimbo

La llamada en garantía solicitó el traslado de i) “un informe final modelado integral proferido por la Universidad Nacional de Colombia – Sede Amazonia que se llevó a cabo en el año 2015 contentivo de un estudio ecohidrológico del complejo el Quimbo – Betania” y ii) “el informe final campaña de monitoreo de calidad de agua proferido

23 “Artículo 1046. Prueba del contrato de seguro – póliza. El contrato de seguro se probará por escrito o por confesión”. 24 Documento contenido en el cuaderno del llamamiento en garantía N.º 1, folios del 5 al 7.Radicación: 41001-23-33-000-2017-00572-01 (70.034)

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por la ANLA y la CAM ”, con el fin de acreditar la calidad del agua del embalse Betania y su afectación por las actividades piscícolas.

En ese sentido, indicó que las mencionadas pruebas “obraban en el expediente que se tramita ante el Tribunal Administrativo del Huila (M.P. Ra miro Aponte Pino), acción popular de ra dicado N. 41001 23 24 004 2014 00524 00, demandante: Comepez, demandado: Emgesa S.A. y otros”.

El Tribunal de primera instancia negó el decreto de la prueba trasladada, dado que con el número de radicado del proceso que se informó no se encontró registro en el sistema de información de la Rama Judicial.

Chubb Seguros de Colombia S.A. señaló que, si bien incurrió en un error

con el número de radicado del proceso que se informó no se encontró registro en el sistema de información de la Rama Judicial.

Chubb Seguros de Colombia S.A. señaló que, si bien incurrió en un error involuntario al indicar 2 dígitos del número del radicado del proceso, no es menos cierto que la solicitud contenía otros datos del proceso, como las partes, el año y el consecutivo, información que permite identificar que la actuación a la que hizo referencia es el proceso con radicado 4100123 3300020140052400, que también cursa en ese Tribunal.

Una vez revisado el escrito de contestación a la demanda , presentado por el llamado en garantía, se advierte que en el acápite de pruebas se incurrió en un error en dos dígitos del número de radicado del proceso del que se solicitó el traslado de los infor mes; no obstante, se encuentra que aportó elementos suficientes para identificar el proceso en el cual se encuentran las pruebas de las que se solicitó el traslado y que su radicado correcto es 41001233300020140052400.

En efecto, en el escrito de contestación a la demanda el llamado en garantía identificó el medio de control, las partes, el magistrado ponente, el año y consecutivo del radicado, así como el objeto del proceso, de ahí que no resultara procedente negar el decreto de la prue ba por el error en que se incurrió en dos dígitos del radicado del proceso del que se solicitó el traslado de los informes, máxime cuando en el expediente obran copias de providencias proferidas en esa actuación judicial.

Así las cosas, se revocará el num eral 6.4. de la parte resolutiva del auto de 4 de

en el expediente obran copias de providencias proferidas en esa actuación judicial.

Así las cosas, se revocará el num eral 6.4. de la parte resolutiva del auto de 4 de mayo del 2023 y se decretará como prueba trasladada los informes solicitados por Chubb Seguros de Colombia S.A., relacionados en el folio 132 del cuaderno N°1 del llamamiento en garantía.

3.1.4. Dictamen pericialRadicación: 41001-23-33-000-2017-00572-01 (70.034)

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En la contestación a la demanda el llamado en garantía señaló que el término previsto para el traslado resultaba insuficiente para aportar dictámenes periciales que le permitirían acreditar varios de los supuestos planteados en la demanda, por lo que solicitó que se le ampliara el plazo para allegar las referidas pericias, para lo cual procedió de conformidad el 31 de agosto de 2020.

El Tribunal a quo negó por extemporáneo el dictamen pericial anunciado en la contestación a la demanda , en cuanto indicó que se allegó con posterioridad al término que contempla el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, norma que regula expresamente el tema y dispone que, una vez anunciado en la contestación que se va a aportar un dictamen pericial, el término de traslado se amplía por (30) días más y la experticia debe allegarse en dicho período.

regula expresamente el tema y dispone que, una vez anunciado en la contestación que se va a aportar un dictamen pericial, el término de traslado se amplía por (30) días más y la experticia debe allegarse en dicho período.

El llamado en garantía indicó que el dictamen pericial lo aportó en oportunidad, dado que, por expresa remisión normativa del artículo 68 de la Ley 472 de 1998, la disposición aplicable para el caso es el artículo 227 del CGP, norma que señala que cuando el término para contestar la demanda sea insuficiente para aportar la pericia, el sujeto pro cesal la debe anunciar en el escrito y el juez del caso se pronuncia concediendo un término prudente dentro del cual se aporta el dictamen.

A su juicio, en el caso concreto el Tribunal a quo no señaló el plazo dentro del cual se debía aportar el dictamen, de ahí que el allegado el 31 de agosto de 2020 resultó oportuno.

El despacho precisa que, tal como lo señaló con antelac