CE - 410012333000201800085011SENTENCIA20230503222709

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicado: 41001-23-33-000-2018-00085-01 (0999-2021)

Demandante: Alba Rocío Salazar Serrato

Demandado: E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relaci ón laboral subyacente o encubierta, prescripción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto po r la parte demandada contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión , de 29 de septiembre de 2020 , por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de la Ley 1437 de 2011), la ciudadana Alba Rocío Salazar Serrato , mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declarara la nulidad de los oficios 01-GER-002235-Sde la Ley 1437 de 2011), la ciudadana Alba Rocío Salazar Serrato , mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declarara la nulidad de los oficios 01-GER-002235-S2016 de 7 de junio de 2016 y 01 -GER-01268-S-2017 de 9 de marzo de 2017, en función de los cuales el gerente de la E.S.E demandada le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, así como el pago de las respectivas acreen cias derivadas de esta.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) declarar que entre la demandante y la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva existió una relación laboral entre el 30 de abril de 2010 y el 31 de mayo de 2014; ii) ordenar a la parte demandada a pagar las prestaciones sociales causadas durante ese lapso, tales como: cesantías, intereses a las cesantías, auxilio de transporte, las primas de navidad, vacaciones y servicios; la compensación de vac aciones, la sa nción moratoria por el no pago de las cesantías, entre otras; y, iii) indexar y pagar los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas. 1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:2

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Actor: Alba Rocío Salazar Serrato

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1. La señora Alba Rocío Salazar Serrato prestó sus servicios como auxiliar de enfermería,

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1. La señora Alba Rocío Salazar Serrato prestó sus servicios como auxiliar de enfermería, de manera ininterrumpida, en la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva , desde el 30 de abril de 2010 y el 31 de mayo de 2014 , bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios.

1. A lo largo de toda la vinculación, estuvo bajo la subordinación del jefe de enfermería y/o el médico de turno, quienes le impartían órdenes en cuanto a la forma, modo y tiempo de ejecución de sus labores.

1. Al mismo tiempo, c umplió con un horario de siete horas diarias establecido por la entidad; sin embargo, en ocasiones, tuvo que atender turnos de hasta dieciocho horas continuas.

1. L as actividades por las que fue contratada las realizó personalmente dentro de las instalaciones de la E.S.E. y, por ellas, percibió una remuneración económica mensual, en la cual nunca se le reconoció un valor adicional por recargos nocturnos.

1. Los días 26 de mayo de 2016 y 23 de febrero de 2017, presentó sendas solicitudes ante la E.S.E., para el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las respectivas prestaciones sociales.

1. Mediante los oficios 01 -GER-002235-S-2016 de 7 de junio de 2016 y 01 -GER-01268S-2017 de 9 de marzo de 2017, el gerente (E) de la entidad negó las peticiones.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

S-2017 de 9 de marzo de 2017, el gerente (E) de la entidad negó las peticiones.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Se citan como normas violadas los artículos 1, 6, 13, 25 y 53 de la Constitución; 5, 8, 16, 21, 24, 32, 34, 40, 45 y 46 del Decreto 1045 de 1968; 2 y 7 del Decreto 2400 de 1968; 8 y 11 del Decreto 3138 de 1968; 43 y 51 del Decreto 1848 de 1969; 2, 6 y 7 del Decreto 1950 de 1973; y 32 y 81 de la Ley 80 de 1993. Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte demandante sostuvo lo siguiente:

1. En el caso concreto se prueba que la demandante fue vinculada bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios para disimular el verdadero carácter laboral de la relación, por cuanto en su ejecución se presentaron los tres elementos constitutivos de un contrato de trabajo.

1. Asimismo, la jurisprudencia constante del Consejo de Estado considera las actividades de enfermería susceptibles de continua subordinación, pues quienes la desarrollan no cuentan con autonomía para determinar su horario de servicio, para elegir los pac ientes que deben atender o para suministrar los procedimientos y/o medicamentos que estimen convenientes.

1. En ese sentido, los actos administrativos por medio de los cuales la entidad negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales es violatorio de la Constitución y de la ley, puesto que, durante el periodo de vinculación contractual, la E.S.E. actuó como3

1. En ese sentido, los actos administrativos por medio de los cuales la entidad negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales es violatorio de la Constitución y de la ley, puesto que, durante el periodo de vinculación contractual, la E.S.E. actuó como3

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empleadora y no asumió las cargas prestacionales derivadas de una relación laboral.

1. Por todo lo anterior, aunque en tre la señora Alba Rocío Salazar y la demandada se hayan pactado contratos de prestación de servicios, la realidad que subyace es la de una auténtica relación laboral, la cual se extendió por un per iodo continuo de más de cuatro años; razones suficientes para que se acceda a las pretensiones de la demanda.

1.2. Contestación de la demanda1

La E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva , por conducto de su apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:

1. Entre la señora Alba Rocío Salazar y la entidad demandada se celebraron contratos de prestación de servicios al amparo de la Ley 80 de 1993.

1. No es cierto que en la ejecución de los contratos haya habido subordinación, pues la contratista tenía suf iciente autonomía como para «cambiar de turno, moverlo, reemplazarlo o sustituirlo con otra persona que desempeñara labores asistenciales».

contratista tenía suf iciente autonomía como para «cambiar de turno, moverlo, reemplazarlo o sustituirlo con otra persona que desempeñara labores asistenciales».

1. El único fundamento fáctico que expone la demandante para acreditar la subordinación es la existencia de un cuadro de turnos; sin embargo, dicha situación obedeci ó a la necesidad de coordinación entre la entidad y los contratistas.

1. En cualquier caso, durante el período de vinculación contractual, la señora Salazar Serrato contó con la sufi ciente independencia para ejecutar sus labores de auxiliar de enfermería, y solo dio cumplimiento a las actividades recogidas en el objeto de los contratos de prestación de servicios.

1. En ese orden, propuso como excepciones las siguientes: ineptitud su stantiva de la demanda por falta de los requisitos formales y caducidad; legalidad del acto administrativo acusado; inexistencia de los requisitos propios del contrato laboral; inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido; prescripción d e los derechos reclamados; y, la genérica.

1.3. La sentencia apelada2

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia proferida el 29 de septiembre de 2020, accedió parcialmente a l as pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes términos:

1. A partir de las pruebas allegadas al proceso, está demostrado que la demandante prestó sus servicios como auxiliar de enfermería , de forma directa, en la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva, en un único período comprendido entre el 30 de abril de 2010 y el 31 de mayo de 2014.

prestó sus servicios como auxiliar de enfermería , de forma directa, en la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva, en un único período comprendido entre el 30 de abril de 2010 y el 31 de mayo de 2014.

1. Con base en la documental aportada, en las declaraciones de los testigos y en las actividades desarrolladas por la demandante , se pudo establecer que esta última prestó sus servicios de auxiliar de enfermería a la E.S.E. de forma personal , su ejercicio estuvo supeditado a las directrices de la referida entidad y, además, por e llos, recibió una contraprestación económica mensual; por lo tanto, es «menester concluir que la accionante coadyuvó a desarrollar el componente misional durante un prolongado

1 Folios 155 al 172.4

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tiempo».

1. Configurados los elementos de la relación laboral, debe declarars e la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenarse a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva, a título de restablecimiento del derecho, reconocer y pagar a la señora Alba Rocío Salazar las prestaciones sociales causadas y dejadas de percibir entre el 30 de abril de 2010 y el 31 de mayo de 2014, sobre la base de los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.

1.4. El recurso de apelación3

2010 y el 31 de mayo de 2014, sobre la base de los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.

1.4. El recurso de apelación3

La E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y solicitó revocarla, con base en los siguientes argumentos:

1. La carga de la prueba corresponde a quien pretende demostrar la existencia de la relación laboral; sin embargo, la parte actora no logró acreditar, de forma contundente, los elementos de contrato laboral, particularmente, la subordinación continuada.

1. No existen, por tanto, medios probatorios suficientes que permitan concluir la configuración de la subordinación continuada en la que se encontraba la demandante, pues ni las pruebas documentales ni las testimoniales la demuestran. En ese sentido, no basta con que los testigos mencionen el cumplimiento de una jornada y la ejecución de actividades similares a las del personal de planta para probar la dependencia de la contratista.

1. Si bien puede ser cierto que las actividades desempeñadas por la dem andante se asemejaban a las de los empleados de planta, también lo es que la ley permite estas circunstancias cuando, como ocurrió con la E.S.E. demandada, el personal no era suficiente para colmar las aspiraciones del servicio público.

1. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los actos administrativos demandados escapan al control de nulidad pretendido, pues el oficio 01 -GER-001268-S-2017 del 09 de marzo de 2017 no es un acto definitivo; mientras que el oficio 01 -GER-002235-S-2016,

escapan al control de nulidad pretendido, pues el oficio 01 -GER-001268-S-2017 del 09 de marzo de 2017 no es un acto definitivo; mientras que el oficio 01 -GER-002235-S-2016, del 07 de junio de 2016, está afectado del fenómeno de la caducidad.

1. Por último, en el evento de que se confirme la decisión, debe declararse la prescripción trienal de los derechos reclamados, ya que cada uno de los contratos de prestación de servicios fue suscrito por un periodo determinado.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La parte demandante , a través de su apoderado, solicitó confirmar la sentencia apelada, por cuanto, como quedó probado en la primera instancia, en el caso de la señora Alba Rocío Salazar y la E.S.E. Carmen Emilia Opina se hayan configurados los tres elementos de la relación laboral.4

2 Folios 318 al 329. 3 Visible dentro del enlace del oficio 378 que obra a folio 333. 4 Según memorial adjunto al índice 26 del aplicativo Samai.5

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5.2. La parte demandada , por conducto de su apoderada, reiteró los argumentos expuestos tanto en la contestación de la demandada como en el recurso de apelación; por lo que solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y se nieguen todas las pretensiones de la demanda.5

expuestos tanto en la contestación de la demandada como en el recurso de apelación; por lo que solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y se nieguen todas las pretensiones de la demanda.5

1.5.3. E l ministerio público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.6

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Conforme al artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia. Por su parte, en atención al contenido del artículo 328 del CGP, el juez de alzada únicamente debe pronunciarse respecto de los argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación , salvo que ambas partes lo hayan interpuesto, caso en el cual, podrá decidir sin limitaciones.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos vertidos por la parte demandada en la alzada, corresponde a la Sala resolver las siguientes cuestiones: i) si entre la señora Alba Rocío Salazar Serrato y la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva existió una relación laboral encubierta o subyacente derivada de la celebración de contratos de prestación de servicios entre el 30 de abril de 2010 y el 31 de mayo de 2014; de ser así, si tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que reclama; y, ii) determinar, de acuerdo con los lineamientos de la sentencia SU J-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, si debe declararse la prescripción extintiva frente a alguno o todos los periodos de vinculación reconocidos a la demandante.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

de 2021, si debe declararse la prescripción extintiva frente a alguno o todos los periodos de vinculación reconocidos a la demandante.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y par ticipativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, l engua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,

5 Según memorial adjunto al índice 27 del aplicativo Samai. 6 Folio 343.6

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Actor: Alba Rocío Salazar Serrato

5 Según memorial adjunto al índice 27 del aplicativo Samai. 6 Folio 343.6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilida d a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formale s de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Esta do, forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-7 a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor », el cual fue desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma

internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-7 a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor », el cual fue desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización8, en cuya virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con obj eto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos é́ de Costa Rica), Colombia ratific ó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Ameri cana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo como «(...) l a oportunidad de obtener los medios pa ra llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2

y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador 16 establecieron la obligación de los Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdo s o los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar que «no habrá empleo público que no tenga fu nciones detalladas en ley o reglamento, y para

7 Aprobada el 11 de abril de 1919. 8 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.7

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relacione s laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades estatales.

constituye fundamento constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependenc ia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatu to del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordena miento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.

2.3.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de contratación pública; se trata, por

pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contrato s de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios 855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 d e 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008, 2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas, subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 9 cuyo Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disp osiciones reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

9 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional»,8

hoy en día, la mayor parte de las disp osiciones reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

9 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional»,8

Radicado: 410012333000201800085-01 (0999-2021)

Actor: Alba Rocío Salazar Serrato

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de prestación de servicios las siguientes:

1. Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.

1. Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».10

1. El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».11

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es

ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».11

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual imp lica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.

2.3.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta corporación y d e la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que, si bajo el ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empl eado público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el articulo 122 de la Carta Política.12

laboral, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empl eado público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el articulo 122 de la Carta Política.12

10 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad. 11 Ahora bien, a pesar de los t érminos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C -154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada». 12 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001 -23-31-000-200105650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez9

Radicado: 410012333000201800085-01 (0999-2021)

Actor: Alba Rocío Salazar Serrato

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada vinculación contractual.

2.3.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestació n de servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende