CE - 410012333000202200033011SENTENCIA20230306164704

Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01

Solicitante: Duby Leici Ortíz

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA Radicación: 41001-23-33-000-2022-00033-01

Solicitante: DUBY LEICI ORTÍZ

Concejal acusada: BERTILDA RAMÍREZ VALDERRAMA

TESIS

No hay lugar a decretar la desinvestidura de un concejal que no tomó posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la instalación del período de sesiones del concejo municipal debido a que estaba privado de la libertad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la señora Bertilda Ramírez Valderrama en contra de la sentencia proferida el 21 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual decretó su desinvestidura como concejal del municipio de El Agrado, Huila, para el período constitucional 2020-2023.Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01

Solicitante: Duby Leici Ortíz

desinvestidura como concejal del municipio de El Agrado, Huila, para el período constitucional 2020-2023.Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01

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I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada 1

La señora Duby Leici Ortiz, actuando por conducto de apoderado, solicitó se decretara la pérdida de investidura de la señora Bertilda Ramírez Valderrama, por considerar que incurrió en las causales previstas en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 , así como también invocó el artículo 110 de la Constitución Política.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2

La solicitante informó que la señora Bertilda Ramírez Valderrama, mientras se desempeñó como concejal del municipio de El Agrado, Huila, en el período constitucional 20162019, en atención a las conductas delictivas denunciadas tanto en su contra, como de la alcaldesa del municipio y del alcalde electo, le fue impuesta por un juez de control de garantías una medida de aseguramiento intramural por los delitos de corrupción electoral, fraude de inscripción de cédulas y concierto para delinquir.

Explicó que, “(…) al contar la señora BERTILDA RAMÍREZ VALDERRAMA,

medida de aseguramiento intramural por los delitos de corrupción electoral, fraude de inscripción de cédulas y concierto para delinquir.

Explicó que, “(…) al contar la señora BERTILDA RAMÍREZ VALDERRAMA, [con] medida de aseguramiento intramural, la reciente elegida concejal para el período constitucional 2020 -2023, no adelantó ningún acto ni actuaciones con el fin de justificar su asistencia a posesionarse, dentro del lapso o término que concede la ley para adelantar dicha gestión”.

Sostuvo que la acusada incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, toda vez

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 41001 23 33 000 202 2 00033 01. “03. DEMANDA PÉRDIDA DE INVESTIDURA”. 2 Ibídem.Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01

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que, pese a que fue elegida concejal del municipio de El Agrado para el período constitucional 2020-2023, no concurrió a tomar posesión ni en el acto de instalación del concejo ni dentro de los tres días siguientes, sin mediar razones de fuerza mayor que justificaran su proceder.

Afirmó que la acusada ha ostentado la investidura de concejal de El Agrado,

acto de instalación del concejo ni dentro de los tres días siguientes, sin mediar razones de fuerza mayor que justificaran su proceder.

Afirmó que la acusada ha ostentado la investidura de concejal de El Agrado, Huila, en tres oportunidades, y , por lo mismo, conocía a plenitud las consecuencias que se derivaban del hecho de no tomar posesión del cargo para el cual fue elegida.

Informó que “(…) dentro del interregno legal la demandada RAMÍREZ VALDERRAMA, no expuso razón alguna solamente hasta el mes de junio del 2021, expuso unos razonamientos de que se encontraba privada la libertad y por ello, incumplió su deber de posesionarse en el cargo de elección popular para el cual fue elegida, no es una causa extraña ni un hecho imprevisible o irresistible, pues todo ha sido mediado por su exclusiva voluntad y deseo de infringir la ley”.

Arguyó que, con fundamento en lo anterior, la mesa directiva del concejo municipal de El Agrado, Huila, profirió la resolución administrativa nro. 030 de 2020, por medio de la cual declaró la vacancia temporal de una curul en el concejo municipal, es decir, le aplicaron la institución de la Silla Vacía, acto que le fue notificado a la acusada en su casa de residencia el 4 de junio de 2020, atendiendo que se encontraba privada de la libertad.

Por último, para sustentar las demás causales invocadas para solicitar la desinvestidura de la acusada, esto es, el contenido del artículo 110 Constitucional, la indebida destinación de dineros públicos (numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000) y el tráfico de influencias debidamente

desinvestidura de la acusada, esto es, el contenido del artículo 110 Constitucional, la indebida destinación de dineros públicos (numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000) y el tráfico de influencias debidamente comprobado (numeral 5 de la citada Ley 617 de 2000), hizo referencia a los hechos por los cuales la acusada estuvo privada de la libertad, así comoRadicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01

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también a la institución de la Silla Vacía aplicada en el caso por la mesa directiva del concejo municipal de El Agrado, Huila.

2.- Contestación de la concejal acusada

La señora Be rtilda Ramírez Valderrama, actuando por conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones por considerar que no estaban reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos para decretar su desinvestidura3.

Refiriéndose a las causales específicas invocadas en el caso expuso:

Aludió que, para determinar si se configuraban las causales de pérdida de investidura, debía analizarse la diferencia existente entre este proceso y el de nulidad electoral. Para ello citó la sentencia 01604 de 2 de julio de 2019 en donde se examinaron tales diferencias4, y a partir de allí señaló que en este proceso de pérdida de investidura se debía analizar la conducta o comportamiento del acusado.

en donde se examinaron tales diferencias4, y a partir de allí señaló que en este proceso de pérdida de investidura se debía analizar la conducta o comportamiento del acusado.

Que en el caso concreto y refiriéndose a la primera causal invocada, esto es, la prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, de no tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la fecha de instalación de la corporación, dijo que no había lugar a la pérdida porque la falta de posesión sucedió como consecuencia de una situación de fuerza mayor.

Agregó que los propios hechos de la demanda reconocen que fue privada de la libertad como consecuencia de una medida de aseguramiento que le impidió concurrir a la posesión dentro de los tres días s iguientes a la

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 41001 23 33 000 202 2 00033 01. Contestación demanda pérdida de investidura. 4 Expediente radicación nro. 11 001 03 15 000 2019 01604 00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01

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instalación del concejo y, por tal razón, no se trató de una situación de irresponsabilidad, desidia o apatía para eludir sus deberes, sino que se

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instalación del concejo y, por tal razón, no se trató de una situación de irresponsabilidad, desidia o apatía para eludir sus deberes, sino que se encontraba frente a una orden judicial que no podía resistir.

En relación con la segunda causal invocada, esto es, el artículo 110 de la Constitución Política, por hacer contribución a partidos políticos, indicó que se le endilga que pidió coimas a un contratista para ser invertidos en su campaña, acusación que afirmó es falsa y además es atípica , y que, si la causal se interpreta como se propone en la demanda, todos los elegidos estarían incursos en la causal de pérdida de investidura.

Acerca de la tercera causal, esto es, la de indebida destinación de dineros públicos, argumentó que para que se configure se requiere que el concejal sea ordenador del gasto y dé una aplicación diferente a la establecida en la ley o el reglamento a unos dineros públicos , y que en este caso, “(…) los hechos denunciados no solo son falsos, sino que nada tienen que ver con la causal de pérdida de investidura alegada y son manifestación de la persecución de la que es y ha sido víctima la concejal Bertilda Ramírez”.

Frente a la cuarta causal de tráfico de influencias, dijo que en la demanda se le acusa de recibir coimas de contratistas y que direccionó la ejecución de las obras en beneficio de sus votantes, lo que no solo es falso, sino que en modo alguno tipifica la causal, ya que el contratista es un particular, no un servidor público.

En lo concerniente a la a plicación de la silla vacía, sostuvo que este

de las obras en beneficio de sus votantes, lo que no solo es falso, sino que en modo alguno tipifica la causal, ya que el contratista es un particular, no un servidor público.

En lo concerniente a la a plicación de la silla vacía, sostuvo que este cuestionamiento no se sustenta en una causal de pérdida de investidura, con lo cual claramente se pretende confundir instituciones que son diferentes, ya que esta figura se trata de una sanción al partido para que no reemplace a un miembro suyo en una bancada de la corporación, mientras que la pérdida de investidura es un proceso sancionatorio , alegación con la que se demuestra la persecución de la que ha sido víctima,Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01

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máxime cuando se reintegró al cargo de conc ejal una vez recuperó su libertad y ha cumplido con sus deberes.

3.- La sentencia de primera instancia

La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia del 21 de abril de 2022, dispuso5:

“[…] PRIMERO: DECLARAR que la señora Bertilda Ramírez Valderrama con C.C. No. 26.541.567, elegida como concejal del municipio de El Agrado, para el período 2020 -2023 por el partido Conservador, incurrió en la causal de pérdida de investidura consagrada en el numeral 3° del artí culo 48 de la Ley 617 de 2000, conforme lo motivado

Conservador, incurrió en la causal de pérdida de investidura consagrada en el numeral 3° del artí culo 48 de la Ley 617 de 2000, conforme lo motivado

SEGUNDO: DECRETAR la pérdida de su investidura como concejal del municipio de El Agrado – Huila de la señora Bertilda Ramírez

Valderrama con C.C. No. 26.541.567 de El Pital – Huila.

TERCERO: COMUNICAR la presente decisión al señor alcalde municipal de El Agrado, al presidente del concejo municipal, al registrador del estado civil del mismo municipio para lo de su cargo.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

Como razones de la decisión, indicó lo siguiente:

Al examinar la primera causal de pérdida de investidura invocada, esto es, la de no tomar posesión del cargo de concejal, recordó los requisitos que deben estar reunidos para que se configure y que la fuerza ma yor, como lo ha dicho e l Consejo de Estado 6, debe cumplir los criterios establecidos por el artículo 64 del Código Civil.

Consideró que en este evento, dentro la investigación penal aportada, obra la orden de captura nro. 0075 -2019 de diciembre 10 de 2019 ,

5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 47001 23 33 000 2021 00025 01. “42SentenciaPrimeraInstanciaDecreta”. 6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de

radicado nro. 47001 23 33 000 2021 00025 01. “42SentenciaPrimeraInstanciaDecreta”. 6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de mayo de 2019. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2018 03883 01 (PI).Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01

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expedida por el Juzgado 18 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, dentro del CUI nro. 11001600009920190009800 , por los delitos corrupción de sufragante, “en concurso heterogéneo con fraude e inscripción de cédulas en concurso homogéneo y sucesivo ”, en concurso heterogéneo con el concierto para delinquir establecidos en el código penal, del cual se deriva que la captura de la señora Bertilda Ramírez Valderrama se produjo el 12 de diciembre de 2019.

Aseguró que, acorde con el certificado de libertad expedido el 25 de junio de 2021 por el asesor jurídico del EPMSC de Garzón –Regional Central-, se establece que la señora Bertilda Ramírez Valderrama estuvo privada de la libertad desde el 21/12/2019 hasta el 24/06/2021, y se le concedió salida por vencimiento de términos, conforme a la boleta de libertad nro. 009 expedida por el Juzgado 8 Penal Municipal de Neiva .

de la libertad desde el 21/12/2019 hasta el 24/06/2021, y se le concedió salida por vencimiento de términos, conforme a la boleta de libertad nro. 009 expedida por el Juzgado 8 Penal Municipal de Neiva .

Adujo que, conforme con la certificación expedida por el presidente del concejo municipal de El Agrado , la señora Bertilda Ramírez Valderrama fue elegida concejal del ente territorial para el per íodo del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023 y se posesionó el 14 de enero de 2022, según acta nro. 002.

Respecto de la fuerza mayor puntualizó:

“[…] respecto a que la detención preventiva si constituye fuerza mayor, se tiene que esta se aplica al tiempo en que estuvo privada de libertad desde el 12 o 21 de diciembre de 2019 hasta el 24 de junio de 2021, imposibilidad que no se aplica para el período del 24 de junio de 2021 (fecha en la cual queda en libertad), hasta el 4 de enero de 2022 (fecha en la cual solicitó su posesión), toda vez que no se advierten, ni se alegan, hechos externos, imprevisibles e irresistibles que durante ese lapso de tiempo le hubieran impedido tomar posesión de concejal.

79. Por lo tanto, la fuerza mayor argumentada por el apoderado de la señora Bertilda Ramírez Valderrama ante la privación de la libertad, en el presente caso se configura, y es aceptada por el Tribunal para elRadicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01

Solicitante: Duby Leici Ortíz

en el presente caso se configura, y es aceptada por el Tribunal para elRadicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01

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período anterior de la fecha en que quedó en libertad, mas no para el siguiente esto es el 24 de junio y 3 de enero de 2022, por lo que no hay fundamento legal alguno para que tomara posesión dentro de los 3 días siguientes , por lo que, se encuentra probada la causal del numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que genera así la pérdida de investidura de concejal del municipio de El Agrado de la demandada y así se declarará […]”. (se destaca)

En relación con las demás causales invocadas en el caso , señaló, en relación con la contenida en el artículo 110 de la Constitución Política de hacer contribución a los partidos políticos , que no existía prueba alguna en el proceso que así lo demostrara; en cuanto a la indebida destinación de dineros públicos prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2002, que no estaba configurada ; que la causal de tráfico de influencias debidamente comprobado prevista en el numeral 5 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que tampoco estaba acreditad a y, finalmente, frente a la aplicación de la silla vacía, que no estaba establecida constitucionalmente como causal de pérdida de investidura .

Con fundamento en lo analizado, decretó la desinvestidura de la acusada

frente a la aplicación de la silla vacía, que no estaba establecida constitucionalmente como causal de pérdida de investidura .

Con fundamento en lo analizado, decretó la desinvestidura de la acusada dando aplicación a lo previsto por el numeral 3 del artícu lo 48 de la Ley 617 de 2000.

4.- El recurso de apelación presentado por la concejal acusada

Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la señora Bertilda Ramírez Valderrama, obrando por conducto de apoderado , interpuso recurso de apelación, para lo que manifestó7:

Que como hechos constitutivos de la causal por la que se decretó su desinvestidura quedaba claro que en la demanda se le reprochó no tomar

7 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01. “RecursoApelacionSentencia”.Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01

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posesión del cargo de concejal dentr o de los tres días siguientes a la instalación del período de sesiones del concejo (enero de 2020), no después de recuperada su libertad (entre junio de 2021 y enero de 2022), y que incluso en la propia demanda se señala que desde junio de 2021 estuvo solicitando se le posesionara.

después de recuperada su libertad (entre junio de 2021 y enero de 2022), y que incluso en la propia demanda se señala que desde junio de 2021 estuvo solicitando se le posesionara.

Señaló que el a quo , en los considerandos del fallo , aludió que solo prosperó la causal primera, referida a no tomar posesión del cargo de concejal y desechó las otras causales; “(…) no obstante, la sentencia decretó la pérdida de investidura por no tomar posesión del cargo de concejal inmediatamente después de recuperar la libertad el 24 de junio de 2021. // No se decretó la pérdida de investidura por no tomar posesión al momento de la instalación del concejo en enero de 2020, mientras estuvo privada de la libertad, al considerar que dicha circunstancia constituyó una FUERZA MAYOR”. Agregó:

“[…] Los hechos de una demanda de p érdida de investidura constituyen la acusación de la infracción de alguna o varias de las causales de p érdida de investidura. Al contestar la demanda, se responde la acusación que se formula en los hechos.

En el caso que nos ocupa, se acusó a mi poderdante BERTILDA RAMIREZ de no haber tomado posesión de la curul de concejal durante los 3 primeros días de la instalación del concejo (en enero de 2020) pero se le sancionó por una conducta distinta: no haberse posesionado inmediatamente después de recuperada la libertad en junio de 2021.

Ese proceder del fallador constituye una abierta violación del DEBIDO PROCESO SANCIONADOR pues una persona no puede ser sancionada

inmediatamente después de recuperada la libertad en junio de 2021.

Ese proceder del fallador constituye una abierta violación del DEBIDO PROCESO SANCIONADOR pues una persona no puede ser sancionada de lo que no se le ha acusado. Eso es como acusar a un procesado por el HOMICIDIO de PEPITO PEREZ en enero de 2020, para terminar condenándolo por el HOMICIDIO de FERNANDO FERNANDEZ en junio de 2021. Claramente son hechos distintos.

Esa estructuración de la sentencia de pérdida de investidura aquí cuestionada desconoce elementales principios del debido proceso: solo se puede condenar de lo que se ha acusado. Se reiter a, la demanda señaló como infracción no haber tomado posesión del cargo de concejal durante el tiempo en que BERTILDA ESTUVO DETENIDA (enero de 2020); pero el Tribunal condenó por la “demora para posesionarse después de recuperada la libertad (junio de 2021 a enero de 2022).Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01

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(…)

Como quiera que en los hechos de la demanda no se señaló ni hizo reproche a la no posesión después de recuperada la libertad, esta defensa jamás consideró necesario explicar lo sucedido ni aportar pruebas sobre el lapso o periodo comprendido entre junio de 2021 y enero de 2022.

reproche a la no posesión después de recuperada la libertad, esta defensa jamás consideró necesario explicar lo sucedido ni aportar pruebas sobre el lapso o periodo comprendido entre junio de 2021 y enero de 2022.

La demanda sí señala que BERTILDA RAMIREZ intentó posesionarse en junio de 2021, sin ahondar en el asunto, por cuanto no fue el objeto de su reproche, y a sabiendas de que fue la Mesa Directiva del Concejo del Agrado la que en ABIERTA VIOLACION DE SUS DERECHOS POLITICOS retardó su posesión hasta enero de 2022.

Como ese período no se cuestionó en la demanda, no se presentaron las pruebas de las solicitudes de posesión en la contestación.

Desde el día siguiente a su liberación, mi poderdante se presentó al concejo y radicó escrito para posesionarse el cual fue desconocido por la mesa directiva de la época que le puso trabas y obligó a mi representada a interponer diferentes acciones judiciales hasta lograr la posesión de concejal en enero de 2022.

Con este escrito se allegan pruebas documentales de las gestiones realizadas por mi poderdante para tomar posesión y las negativas y bloqueos a su posesión, lo que explican su demora en posesionarse.

[…]”.

El recurso de apelación fue concedido por auto del 3 de junio de 20228.

5.- Trámite de segunda

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 15 de junio de 20229.

5.2. Por auto del 10 de octubre de 2022 , se admitió el recurso de apelación y se rechaz aron por improcedentes las solicitudes probatorias

de junio de 20229.

5.2. Por auto del 10 de octubre de 2022 , se admitió el recurso de apelación y se rechaz aron por improcedentes las solicitudes probatorias

8 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01. Archivo 023.ConcedeApelación. 9 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01.Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01

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efectuadas en esta instancia por el apoderado de la concejal acusada 10.

En dicho proveído se explicó:

“[…] En cuanto a los documentos referidos al (i) certificado de libertad de la señora Bertilda Ramírez Valderrama del 25 de junio de 2021 suscrito por el asesor jurídico y el director del establecimiento Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, EPMSC GARZÓN – REGIONAL CENTRAL (numeral 16), y (ii) el certificado del 8 de noviembre de 2021 expedido por el secretario del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Garzón, Huila (numeral 17), ellos fueron allegados por la concejal acusada cuando contestó la solicitud de pérdida y se tuvieron como pruebas mediante el auto del 22 de marzo

Penal del Circuito de Garzón, Huila (numeral 17), ellos fueron allegados por la concejal acusada cuando contestó la solicitud de pérdida y se tuvieron como pruebas mediante el auto del 22 de marzo de 2022, de manera que no es procedente decretarlas en esta instancia por cuanto ya obran en el proceso.

Lo mismo ocurre frente a la documental relacionada con la credencial de la elección de la señora Bertilda Ramírez Valderrama como concejal del municipio de El Agrado, Huila, para el período constitucional 20202023 (numeral 8), puesto que se trata de una prueba aportada por la parte actora junto con la solicitu d de la pérdida y también se tuvo como tal en el auto del 22 de marzo de 2022.

En relación con la Resolución nro. 003 del 13 de enero de 2022 (numeral 21) y el escrito dirigido a la señora Bertilda Ramírez Valderrama por parte del presidente del concejo del municipio de El Agrado, Huila, bajo el asunto “[N]otificación de posesión a la curul de concejal BERTILDA RAMÍREZ VALDERRAMA”, con firma de recibido del 13 de enero de 2022 (numeral 22), se advierte que fueron allegadas por el apoderado de la solicitante mediante el correo electrónico que envió el 24 de marzo de 2022 [ut supra 2.1.5.1, numerales ii) y iii)], por lo que, si bien fueron aportados con posterioridad al 22 de marzo de 2022, cuando el a quo abrió la etapa probatoria del proceso, en dicho proveído se indicó que se tendrían como pruebas de la parte demandante “los documentos acompañados a la demanda, así como

de 2022, cuando el a quo abrió la etapa probatoria del proceso, en dicho proveído se indicó que se tendrían como pruebas de la parte demandante “los documentos acompañados a la demanda, así como los incorporados legalmente en el transcurso del proceso” (se resalta); además se observa que el tribunal en la sentencia de primera instancia tuvo en cuenta los documentos enviados por el solicitante el 24 de marzo de 202211.

(…)

Ahora bien, respecto de las demás documentales que fueron anexadas con el escrito de apelación, el despacho considera que no hay lugar a

10 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01. 11 Al respecto, véase el numeral 75 de la sentencia proferida el 21 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo del Huila, en el que se indicó: “75. Así mismo el Concejo municipal de El Agrado profirió la Resolución Administrativa Numero 003 de enero 13 de 2022, mediante la cual se dio por terminada la vacancia temporal de la curul de la concejal Bertilda Ramírez Valderrama, y ordenó su posesión”.Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01

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acceder a la solicitud probatoria por las razones que pasan a explicarse:

(i) El apoderado de la concejal acusada justificó la petición probatoria

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acceder a la solicitud probatoria por las razones que pasan a explicarse:

(i) El apoderado de la concejal acusada justificó la petición probatoria en que, en la acción de pérdida de investidura, lo que se cuestionó fue que la concejal no tomó posesión de l cargo “ dentro de los 3 días siguientes a la instalación del período de sesiones del concejo (en enero de 2020)”12, pero alegó que el a quo decretó la desinvestidura “por no tomar posesión del cargo de concejal inmediatamente después de recuperar la libertad el 24 de junio de 2021” 13 y, en ese sentido, como en “los hechos de la demanda no se señaló ni hizo reproche a la no posesión después de recuperada la libertad, esta defensa jamás consideró necesario explicar lo sucedido ni aportar pruebas sobre el lapso o período comprendido entre junio de 2021 y enero de 2022”14.

(ii) Sin embargo, dicha circunstancia no se enmarca en los eventos señalados por el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que determina los casos en los que es procedente acceder a la petición probatoria en segunda instancia; lo anterior, dado que las pruebas no fueron pedidas de común acuerdo por las partes; se observa que el a quo decretó las pruebas solicitadas, es decir, no negó ninguna; no se trata de hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedirlas en primera instancia, ni tampoco son pruebas que no pudieron allegarse por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria […]”. (subrayas en la providencia)

pedirlas en primera instancia, ni tampoco son pruebas que no pudieron allegarse por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria […]”. (subrayas en la providencia)

5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo en la fecha del 10 de octubre de 202215.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, con base en lo previsto por el

12 Visto en el índice 50 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 41001 2333 000 2022 00033 01. 13 Visto en el índice 50 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 41001 2333 000 2022 00033 01. 14 Visto en el índice 50 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 41001 2333 000 2022 00033 01. 15 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01.Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01

Solicitante: Duby Leici Ortíz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13

Solicitante: Duby Leici Ortíz

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parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200016 y por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 2019 17, emitido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones18.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Para acreditar que la se