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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015)

Demandante: Jairo José Olmos García

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Temas: Disciplinario

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida el veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015), por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Jairo José Olmos García formuló demanda, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) decisión disciplinaria de 3 de julio de 2013, emitida, en primera instancia, por la Procuraduría

orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) decisión disciplinaria de 3 de julio de 2013, emitida, en primera instancia, por la Procuraduría Provincial de Sincelejo, por medio de la cual fue declarado responsable disciplinariamente el se ñor Jairo José Olmos García y se le impuso sanción de2

Radicado: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015) Demandante: Jairo José Olmos García destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años; y, ii) fallo de 25 de octubre de 2013, proferido por la Procuraduría Regional de Sucre, que confirmó la decisión inicial.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) ordenar su reintegro a un cargo igual y/o superior al que se encontraba desempeñando al momento de su retiro ; y, ii) ordenar el cumplimiento de la sentencia conforme lo consagrado en el artículo 192 ibidem.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado judicial de l demandante señaló los siguientes:

1. Fue elegido concejal del municipio de San Juan de Betulia (Sucre) para el periodo constitucional 2012-2014 y desde enero hasta abril de 2013, se desempeñó como presidente del Concejo Municipal.

1. En ejercicio de su cargo emitió las Resoluciones 2 de 11 de enero, 035 de 25 de abril y 036 de 26 de abril de 2013, a través de las cuales «contracreditó del

presidente del Concejo Municipal.

1. En ejercicio de su cargo emitió las Resoluciones 2 de 11 de enero, 035 de 25 de abril y 036 de 26 de abril de 2013, a través de las cuales «contracreditó del presupuesto del Concejo Municipal la partida honorarios de concejales y las sumas tomadas las trasladó en su orden a los rubros 2.1.1.04 remuneración de servicios técnicos y profesionales, viajes y viáticos 2.1.1.05 y materiales y sumini stros y 2.1.1.2.025 gastos de viajes y viáticos».

1. El traslado del presupuesto fue en total de $11.500.000.

1. El 3 de julio de 2013, la Procuraduría Provincial de Sincelejo, en primera instancia, declaró responsable disciplinariamente al señor Jairo José Olmos García, en su condición de concejal, por considerar que esos traslados presupuestales constituían una apropiación prohibida por la ley, por provenir de rentas de destinación específica, argumentando, además, que con ese movimiento se3

Radicado: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015) Demandante: Jairo José Olmos García disminuyó y afectó de forma indebida el rubro destinado al pago de honorarios de los concejales del ente territorial.

1. En tal sentido, se señaló que el disciplinado incurrió en las faltas gravísimas consagradas en el artículo 48 numerales 1.º y 20 de la Ley 734 de 2002, a título de dolo; sancionándolo con destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años.

dolo; sancionándolo con destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años.

1. Contra dicho acto administrativo el investigado interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el 23 de octubre de 2015, por la Procuraduría Regional de Sucre, confirmando la decisión inicial.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 29 de la Constitución Política; 10 de la Ley 617 de 2000; 4 y 6 de la Ley 734 de 2002; y, 81 y 82 del Decreto 111 de 1995.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de l demandante expuso los siguientes argumentos:

1. Se configuró una falsa motivación, por considerar que los recursos transferidos al Concejo Municipal de San Juan de Betulia constituían rentas de destinación específica y, en realidad, eran ingresos de libre destinación.

1. Aunado a ello, la Procuraduría General de la Nación no tuvo en cuenta que el traslado de fondos constituye un legítimo ejercicio de la facultad legal conferida en los artículo 81 y 82 del Decreto 111 de 1996.

1. Los actos administrativos cuestionados vulneraron el derecho al debido proceso, en tanto que no analizaron, de manera integral, el material probatorio obrante dentro del expediente con el cual se daba cuenta de cómo se calculó el presupuesto del4

Radicado: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015) Demandante: Jairo José Olmos García Concejo Municipal de San Juan de Betulia respecto de la partida de los honorarios

Radicado: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015) Demandante: Jairo José Olmos García Concejo Municipal de San Juan de Betulia respecto de la partida de los honorarios de los concejales.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Procuraduría General de la Nación, por intermedio de apoderad o, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por las razones que se expresan a continuación:1

1. La falta disciplinaria que le fue endilgada a la parte actora se hizo bajo el principio de legalidad y proporcionalidad, por cuanto se ajustó a los supuestos fácticos, la normativa y jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo que la falta fue adecuada y se determinó con base en las pruebas allegadas y debidamente valoradas.

1. No se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que a l disciplinado se le brindaron las garantías procesales pertinentes, permitiéndole ejercer su derecho a la defensa, al presentar descargos, alegatos de conclusión y los recursos pertinentes.

1. No se comparte los argume ntos del actor sobre el quebrantamiento de los artículos 81 y 82 del Decreto 111 de 1996, puesto que dichas normas no sirvieron de fundamento para expedir los actos administrativos cuestionados.

1. Finalmente, propuso las excepciones de ineptitud sustant iva de la demanda y legalidad de los actos administrativos.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia proferida el 28 de mayo de

1. Finalmente, propuso las excepciones de ineptitud sustant iva de la demanda y legalidad de los actos administrativos.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia proferida el 28 de mayo de 2015, accedió a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:2

1 Folios 661 a 665. 2 Folios 1568 a 1587.5

Radicado: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015)

Demandante: Jairo José Olmos García

1. La conducta que le fue reprochada al actor fue el haber utilizado indebidamente el rubro presupuestado para el pago de honorarios de los concejales para suplir otros gastos, amenazando con ello el normal funcionamiento del Concejo, imputándole las faltas gravísimas establecidas en el artículo 48 numerales 1 y 20 de la Ley 734 de 2002.

1. Las decisiones disciplinarias cuestionadas son ilegales, en la medida en que al disciplinado se le imputaron dos faltas por una misma conducta, vulnerando con ello el principio del non bis in ídem.

1. Tan es así que el operador disciplinario de primera instancia al resolver la situación del disciplinado excluyó el tipo disciplinario previsto en el numeral 1.º del artículo 48 del Código Único Disciplinario y subsumió la conducta solamente a la falta gravísima consagrada en el numeral 20 ibidem.

1. Ahora bien, al analizar dicha falta que le fue imputada al demandante, esto es, utilizar indebidamente rentas que tienen destinación específica en la Constitución o

falta gravísima consagrada en el numeral 20 ibidem.

1. Ahora bien, al analizar dicha falta que le fue imputada al demandante, esto es, utilizar indebidamente rentas que tienen destinación específica en la Constitución o en la ley, se encontró que el presupuesto del Concejo del municipio de San Juan de Betulia, tal como debe ser el de todos los Concejo Municipales del país, se financia con ingresos corrientes de libre destinación.

1. Así, los honorarios de los concejales de ese ente territorial sí eran de libre destinación y no como lo afirmó la Procuraduría General de la Nación, de destinación específica, motivo por el cual e ra dable concluir que el investigado no incurrió en la falta que le fue endilgada.

1. En ese orden de ideas, se resolvió, primero, declarar la nulidad de las decisiones disciplinarias demandadas; segundo, ordenar a la Procuraduría General de la Nación, División de Registro y Control, eliminar las anotaciones que se hubieren efectuado en el registro de antecedentes disciplinarios; tercero, or denar al presidente del Concejo municipal de San Juan de Betulia reintegrar al señor Olmos6

Radicado: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015) Demandante: Jairo José Olmos García García al cargo de concejal, por el tiempo del periodo que reste para el que fue electo; y, cuarto, condenar en costas a la entidad demandada.

1.4. El recurso de apelación

La Nación, Procuraduría General de la Nación, por conducto de apoderad o, interpuso recurso de apelación3y lo sustentó así:

1.4. El recurso de apelación

La Nación, Procuraduría General de la Nación, por conducto de apoderad o, interpuso recurso de apelación3y lo sustentó así:

1. No se incurrió en falsa motivación, en la medida en que, contrario a lo expuesto por el tribunal de primera instancia, en las decisiones disciplinarias no se hizo referencia a la falta imputada en el pliego de cargos contenida en el artículo 48 numeral 1.º de la Ley 734 de 2002 y fue por ello que solo se analizó la consagrada en el numeral 20.

1. Con la conducta del disciplinado sí se configuró el elemento de ilicitud sustancial, toda vez que disminuyó la partida de pago de honorarios de los concejales de San Juan de Betulia con claro desconocimiento de su deber funcional y en detrimento de los principios de anualidad y especialidad del presupuesto municipal.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante4

La parte interesada insistió en lo señalado en el escrito de la demanda.

1.5.2. La demandada5

La entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

3 Folios 1595 a 1601. 4 1667 a 1673. 5 Folios 1662 a 1665.7

Radicado: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015) Demandante: Jairo José Olmos García 1.6. Concepto del ministerio público.

Guardó silencio.

2. Consideraciones

Radicado: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015) Demandante: Jairo José Olmos García 1.6. Concepto del ministerio público.

Guardó silencio.

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a determinar si con la expedición de los actos administrativos acusados, la entidad demandada incurrió en (I) vulneración del derecho al debido proceso, toda vez que hubo una concurrencia de faltas por una sola conducta que le fue endilgada al actor; y, (II) falsa motivación, en tanto que no se analizó que los recursos que fueron trasladados en su momento por el actor no eran de destinación especifica sino de libre destinación, lo cual desvirtuaba la falta consagrada en el artículo 48 numeral 20 de la Ley 734 de 2002.

Previo a ello, se deberá analizar su legalidad teniendo en consideración que recayeron sobre un servidor público elegido por voto popular, de modo que, para ese efecto, se verificará si se sujetan a la normativa que r ige en materia de restricción de los derechos políticos y las garantías judiciales, a la luz de lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Acerca de las competencias de la Procuraduría General en materia disciplinaria

El régimen de respons abilidad de los servidores públicos está delimitado por lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política, según el cual «los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.8

El régimen de respons abilidad de los servidores públicos está delimitado por lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política, según el cual «los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.8

Radicado: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015) Demandante: Jairo José Olmos García Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones»6.

El artículo 125, inciso 4, constitucional establece que el retiro del servicio en los órganos y entidades del Estado se produce por «calificación no satisfactor ia en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley»7.

Por su parte, los artículos 277 y 278, numerales 6 y 1, ibidem, respectivamente, confieren en el procurador general de la Nación las funciones de «[e]jercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular ; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley » y «[d] esvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la le y; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta

evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo».

Entre tanto, para la época en que ocurrieron los hechos que se investigaron y dieron origen a la sanción disciplinaria impuesta al demandante, regía la Ley 734 de 2002, en cuyo artículo 3 otorgaba a la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del poder preferente, la facultad de «iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas» 8 y según el libro I del título I ibidem, el ejercicio del poder

6 Negrilla de la Sala. 7 Negrilla fuera de texto. 8 Tal previsión también estaba contemplada en el artículo 3 de la Ley 200 de 1995.9

Radicado: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015) Demandante: Jairo José Olmos García disciplinario se debe regir por los principios de legali dad, debido proceso, presunción de inocencia, favorabilidad, proporcionalidad, motivación, entre otros; además, la actuación procesal debe estar sujeta a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y cont radicción, al tenor de lo dispuesto en el artículo 94 ibidem.

además, la actuación procesal debe estar sujeta a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y cont radicción, al tenor de lo dispuesto en el artículo 94 ibidem.

Producto de una investigación de tal naturaleza, el ente de control podía imponer las sanciones a que alude el artículo 44 de la ley citada, dentro de las cuales están: i) destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima; ii) la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, para las faltas graves dolosas y gravísimas culposas; iii) la suspensión, para las faltas graves culposas; v) la multa, para faltas leves dolosas; y v) la amonestación escrita, para las faltas leves culposas.

En particular, las faltas gravísimas que daban lugar a imponer la sanción de destitución e inhabilidad general, están expresamente señaladas en el a rtículo 48 de la ley en comento, entre ellas, la de l numeral 20, que consiste en « [a]utorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen destinación específica en la Constitución o en la ley », que le fue atribuida , finalmente, al demandante y que di o lugar a la imposición de la sanción que se cuestiona en este proceso.

2.2.1. Acerca de los derechos políticos y sus restricciones

El artículo 40 de la Constitución Política establece el derecho de los ciudadanos a «participar en la conformación, ejercicio y control del poder político » y, para hacer efectivo este derecho pueden, entre otras cosas, «elegir y ser elegido[s]»; sin

El artículo 40 de la Constitución Política establece el derecho de los ciudadanos a «participar en la conformación, ejercicio y control del poder político » y, para hacer efectivo este derecho pueden, entre otras cosas, «elegir y ser elegido[s]»; sin embargo, tal derecho no es ilimitado, toda vez que encuentra restricciones, entre ellas, las señaladas en los artículos 98, 122, 172, 177 y 171 ibidem relacionados con la pérdida o suspensión del ejercicio de la ciudadanía, la comisión de delitos, la nacionalidad y la edad, respectivamente.10

Radicado: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015) Demandante: Jairo José Olmos García Por su parte, en la Ley 734 de 2002, concretamente en su artículo 44, se estableció como sanción disciplinaria, entre otras, la destitución, que tiene como destinatarios a aquellos que hubieren cometido las faltas gravísimas de que trata el artículo 48 ibidem, cometidas a título de dolo o culpa gravísima. En ese sentido y como el artículo 277 constitucional confirió al procurador general de la Nación la función de ejercer la potestad disciplinaria y, en ese marco, sancionar a los infractores, entre ellos, a quienes desempeñen funciones públicas, incluso, si fueren elegidos por voto popular, se infiere que ese marco normativo le daba la competencia para imponer la aludida sanción a este tipo de servidores.

No obstante lo anterior, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por Colombia a travé s de la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, en materia de derechos políticos se estableció lo siguiente:

No obstante lo anterior, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por Colombia a travé s de la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, en materia de derechos políticos se estableció lo siguiente:

Artículo 23. Derechos Políticos.

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funci ones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o conde na por juez competente, en proceso penal. (Se resalta)

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.3.1. Acerca de las decisiones disciplinarias censuradas11

Radicado: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015)

Demandante: Jairo José Olmos García

(i) El 3 de julio de 2 013, la Procuraduría Provincial de Sincelejo emitió decisión disciplinaria de primera instancia, en contra del señor Jairo José Olmos García, por conductas disciplinariamente reprochables cometidas durante el periodo en que se

(i) El 3 de julio de 2 013, la Procuraduría Provincial de Sincelejo emitió decisión disciplinaria de primera instancia, en contra del señor Jairo José Olmos García, por conductas disciplinariamente reprochables cometidas durante el periodo en que se desempeñó como concejal del municipio de San Juan de Betulia (Sincelejo).9

En particular, el ente de control consideró que al haber modificado indebidamente el presupuesto del Concejo Municipal durante la vigencia 2012 y ordenado los traslados de fondos por un valor de $11.500.000 contra acreditando el rubro de honorarios de los concejales a otros rubros, disminuyó injustificadamente la apropiación inicialmente presupuestada, desconociendo que tales recursos tienen destinación específica por mandato legal.

Lo anterior conllevó la imposición de la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por el término de 10 años.

(ii) El 25 de octubre de 2013, la Procuraduría Regional de Sucre resolvió el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmando la decisión inicial.10

3. El caso concreto. Análisis de la Sala

En el asunto sub examine, se somete a consideración de la Sala el estudio de la legalidad de las decisiones disciplinarias emitidas por la Procuraduría General de la Nación, a través de las cuales se impuso, en contra del señor Jairo José Olmos García, la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, para desempeñar cargos públicos, producto de conductas que se reprocharon en su condición de concejal del municipio de San José de Betulia (Sincelejo).

García, la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, para desempeñar cargos públicos, producto de conductas que se reprocharon en su condición de concejal del municipio de San José de Betulia (Sincelejo).

Pues bien, según se anunció en el acápite marco normativo de esta providencia, la Constitución Política de Colombia revistió al procurador general de la Nación, por sí

9 Folios 527 a 542. 10 Folios 552 a 562.12

Radicado: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015) Demandante: Jairo José Olmos García o por medio de sus delegados y agentes , de la función de investigar y sancionar a los infractores de la ley disciplinaria, incluso de aquellos de elección popular, y, para tal efecto, imponer los correctivos que se establecen en la ley, entre ellos, la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, en estudio reciente, realizado por la Sala de la Sección S egunda de esta Corporación11 se llegó a la conclusión de que si bien es cierto la Constitución y la ley colombianas confirieron tales facultades en el aludido funcionario, la normativa al respecto riñe con la garantía de derechos políticos de los servidores elegidos por voto popular, en los términos previstos en el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y conforme a la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dado a tal normativa, toda vez que la limitació n de tales derechos tan solo procede por parte de un juez competente. Así se discurrió:12

que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dado a tal normativa, toda vez que la limitació n de tales derechos tan solo procede por parte de un juez competente. Así se discurrió:12

74. Por ello, en virtud de esta competencia constitucional y legal, el Procurador General de la Nación se encuentra facultado para investigar y sancionar a los servidores públicos, incluso los de elección popular, “conforme a la Ley”. (Negrilla y cursiva propia del texto transcrito)

[…]

86. En este sentido, para la Sección Segunda del Consejo de Estado es importante puntualizar que la interpretación que debe darse a l concepto de “ condena, por juez competente, en proceso penal”, contenido en el artículo 23.2 de la Convención, está referido no solo al proceso regulado en el Código de Procedimiento Penal, sino a cualquier tipo de proceso desarrollado en ejercicio del po der punitivo del Estado, que sea de carácter judicial , como lo es la pérdida de investidura, por ejemplo, en el que su fin, además de ser una medida sancionadora, correctiva y restablecedora de la ética en las corporaciones públicas de elección popular, es connaturalmente ejemplarizante. [Resalta esta Sala]

Como consecuencia de lo anterior, en la providencia citada, la sala de la Sección Segunda realizó un estudio armónico entre las previsiones de la Constitución Política con las de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno a

11 Providencia respecto de la cual, el ponente de la presente aclaró el voto. 12 Sentencia del 11 de octubre de 2023, radicado: 15001 23 33 000 2014 00564 01 (5828 -2018), M.P. César Palomino Cortés.13

12 Sentencia del 11 de octubre de 2023, radicado: 15001 23 33 000 2014 00564 01 (5828 -2018), M.P. César Palomino Cortés.13

Radicado: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015) Demandante: Jairo José Olmos García la restricción de los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto

popular, en el siguiente sentido:

88. La Sección Segunda del Consejo de Estado en su deber de aplicar preferentemente las normas constitucionales y a la vez cumplir con los instrumentos internacionales, máxime cuando hacen parte del bloque de constitucionalidad por el carácter vinculante que le otorga la misma Constitución Política, considera que, con el fin de consolidar la efectividad de los derechos humanos, los artículos 277.6 de la Constitución Política y el 23 de la CADH deben armonizarse, mediante una interpretación integradora, finalista y sistemática.

[…]

90. Efectivamente, en este proceso de armonización debe quedar claro que no se puede privar de contenido ni la CADH ni la Constitución Política; corresponde al interprete conciliar, hacer efectivas las dos normas en el sentido de reconocer que, si bien es cierto, conforme con el artículo 9 Superior, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos; también lo es que, conforme a la misma disposición y a los artículos 26 y 27 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, esta relación se fundamenta en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, entre ellos, el deber de

y 27 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, esta relación se fundamenta en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, entre ellos, el deber de cumplir los tratados de buena fe, principio pacta sunt servanda. 91. Pues bien, sobre el principio de jurisdiccionalidad que se encuentra ínsito en el artículo 23.2 de la CADH, de cara a las facultades de la Procuraduría para destituir a funcionarios públicos de elección popular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Petro Urrego Vs. Colombia, reconoció que el inciso 6º del artículo 277 y el numeral primero del artículo 278 de la Constitución Política de Colombia no eran incompatibles con el artículo 2 3 de la Convención Americana, pero su interpretación debía darse de manera que no quebrantara dicha disposición. […]

92. La interpretación del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que ha efectuado la CIDH, como quedó explicado e n el acápite anterior, tiene fuerza vinculante, comoquiera que es el intérprete auténtico de la Convención, por lo tanto, en esta labor armonizadora, se debe tener en cuenta no solo las normas convencionales sino la interpretación que de ella ha hecho la C orte Interamericana.

93. De acuerdo con lo anterior, y en la perspectiva de una interpretación integradora de la Constitución Política con la CADH, y dado el alcance fijado por la CIDH en el caso Petro Urrego Vs. Colombia, la Sección Segunda de la Corpor ación considera que el artículo 277.6 de la Carta es una norma que goza de todo su rigor y que la

Petro Urrego Vs. Colombia, la Sección Segunda de la Corpor ación considera que el artículo 277.6 de la Carta es una norma que goza de todo su rigor y que la Procuraduría General de la Nación, como autoridad autónoma, tiene intacta sus atribuciones para investigar y sancionar disciplinariamente a servidores público s de elección popular, cuando dicha sanción no implique la restricción de sus derechos políticos, por lo tanto, una lectura armónica y sistemática del bloque de constitucionalidad significa que frente a tales servidores el órgano de control puede aplicar otro tipo de sanciones, pero que no lleve a suspender o inhabilitar el ejercicio de derechos políticos. 94. En ese orden la norma constitucional es compatible con la Convención, pues el artículo 277.6 no enuncia el tipo de sanción que puede imponer la PGN en ejercicio de la potestad disciplinaria; este artículo claramente remite a la Ley, que es la que contiene el catálogo de sanciones. En este contexto, la Procuraduría goza de la potestad disciplinaria frente funcionarios elegidos14

Radicado: 70001-23-33-000-2014-