CE - 42_680012333000201800392011SENTENCIA20220603143518_TCListadoTitulados133131843170428263-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022) Radicación: 68001-23-33-000-2018-00392-01 (68.143)

Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Demandado: WILLIAM OSORIO GARZÓN Y OTRO Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Temas: RECURSO DE APELACIÓN - alcance – deber de sustentación del recurso de apelación – la sentencia de primera de instancia se recurrió formalmente, pero no se sustentó.

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 15 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Se demandó en repetición a los señores William Osorio Garzón y Jonathan Carreño Aparicio, porque, en su condición de agentes de la Policía Nacional, lesionaron «intencionalmente» al señor Juan Carlos Durán Monsalve durante un procedimiento de policía que se llevó a cabo para impedir que siguiera maltratando a su esposa en el barrio La Esperanza de Bucaramanga.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda En escrito presentado el 27 de abril de 20181, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a través de apoderado judicial, interpuso demanda de repetición

en contra de los señores William Osorio Garzón y Jonathan Carreño Aparicio, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por la condena 1 Folio 127 del cuaderno de primera instancia.

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Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía

Nacional Demandado: William Osorio Garzón y otro Referencia: Medio de control de repetición impuesta a dicha entidad en el proceso de reparación directa con radicado n.° 201100051, promovido por el señor Juan Carlos Durán Monsalve, quien resultó lesionado durante un procedimiento de policía que se llevó a cabo los días 2 y 3 de noviembre de 2008 en Bucaramanga. En concreto, solicitó lo siguiente (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos): Que los señores William Osorio Garzón, con cédula de ciudadanía (…) y Jonathan Carreño Aparicio, con cédula de ciudadanía (…), son responsables por dolo en su actuar el 2 y 3 de noviembre de 2008, en el municipio de Bucaramanga – Santander, frente a los hechos que dieron lugar a la sentencia condenatoria contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, proferida por el honorable Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado

Décimo Administrativo de Bucaramanga. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a los señores William Osorio Garzón, con cédula de ciudadanía (…) y Jonathan Carreño Aparicio, con cédula de ciudadanía (…) al pago total que la Nación – Policía

Nacional fue condenada a pagar a los beneficiarios, pago que deberá realizar a favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en la tesorería de la institución o en la cuenta que ella determineLa sentencia que ponga fin a este proceso sea de aquella que reúna los requisitos exigidos en los artículos 192, 195 de la Ley 1437 de 2011 y 488 del CPC, es decir, que en ella conste una obligación clara, expresa y exigible, a fin de que preste mérito ejecutivo.

2. Hechos Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente: El 3 de noviembre de 2008, los patrulleros William Osorio Garzón y Jonathan Carreño Aparicio lesionaron al señor Juan Carlos Durán Monsalve en el abdomen, «causándole una peritonitis que le ocasionó serias heridas en su humanidad y quebrantos de salud».

Por lo anterior, el señor Durán Monsalve y sus familiares demandaron a la Policía Nacional. El proceso fue asignado con el radicado n.° 2011-00051 y su conocimiento le correspondió en primera instancia al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, autoridad judicial que declaró la responsabilidad de la entidad demandada a título de falla del servicio y la condenó a pagar la respectiva indemnización, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander2. El 22 de junio de 2017, la Policía Nacional pagó la suma de $543’688.917 al apoderado judicial de los demandantes del proceso de reparación directa. 2 Se deja constancia de que en los hechos de la demanda no se indicaron las fechas en que se

dictaron las sentencias de primera y de segunda instancia en el proceso de reparación directa. 2

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Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía

Nacional Demandado: William Osorio Garzón y otro Referencia: Medio de control de repetición De acuerdo con la parte actora, los señores Osorio Garzón y Carreño Aparicio debían ser declarados responsables, a título de dolo, porque su comportamiento resultó «desproporcionado y arbitrario», prueba de ello eran las sentencias del proceso de reparación directa, en las que «más allá de toda duda razonable» se concluyó que los demandados lesionaron intencionalmente al señor Durán Monsalve, de ahí que el fundamento para condenar a la Policía Nacional hubiese sido el de falla del servicio3.

3. Trámite de primera instancia La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 6 de agosto de 20184, providencia debidamente notificada a los demandados5 y al Ministerio Público6.

La apoderada judicial de los señores William Osorio Garzón y Jonathan Carreño Aparicio contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones: Indicó que, si bien el señor Juan Carlos Durán Monsalve resultó lesionado durante el procedimiento de policía llevado a cabo por los patrulleros Osorio Garzón y Carreño Aparicio, la conducta de los demandados no podía catalogarse como injusta o desproporcionada, dado que su intención no fue causar daño, sino detener el comportamiento violento del señor Duran Monsalve, quien en estado de

alicoramiento maltrataba a su esposa en el barrio La Esperanza de Bucaramanga. Aseguró que por esos hechos los demandados fueron investigados disciplinariamente, pero resultaron absueltos, por cuanto de las pruebas que se practicaron en esa investigación se desprendía que su actuar obedeció al estricto cumplimiento de un deber legal y ante la imperiosa necesidad de proteger la vida de la señora Elizabeth Arias Pinzón, víctima de violencia intrafamiliar. Advirtió que la sentencia en la que se declaró la responsabilidad de la Policía Nacional resultaba insuficiente para condenar a los demandados, toda vez que la jurisprudencia del Consejo de Estado era clara en señalar que la entidad tenía el deber de acreditar la gravedad de su conducta en el proceso de repetición. 3 Folios 6 a 10 del cuaderno de primera instancia. 4 Folios 134 y 135 del cuaderno de primera instancia. 5 Folios 195 y 195 del cuaderno de primera instancia. 6 Folio 113 del cuaderno de primera instancia. 3

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Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía

Nacional Demandado: William Osorio Garzón y otro Referencia: Medio de control de repetición A su vez, propuso la excepción de caducidad, por cuanto la demanda se notificó después de dos años de haber realizado el pago7.

En auto del 9 de julio de 2020, el Tribunal a quo adecuó el procedimiento a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 806 de 20208 y resolvió de manera desfavorable la excepción de caducidad propuesta por la apoderada de los

demandados9. En contra de dicha decisión no se interpuso ningún recurso. El 10 de febrero de 2021 se realizó la audiencia inicial, diligencia en la cual la magistrada ponente procedió a fijar el litigio en los siguientes términos (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos): La parte demandante afirma que la conducta de los uniformados fue desproporcionada, arbitraria y dolosa en el procedimiento realizado en el norte de Bucaramanga, circunstancia que dio origen a la condena de la referencia. La parte demandada por medio de apoderada se opone a la calificación de dolo o culpa de los policiales durante los hechos ocurridos el 3 de noviembre de 2008. Por el contrario, dice, el uso de la fuerza en la actividad policial fue legítima, no reprochable y necesaria para someter en situación de flagrancia al violento y alicorado Juan Carlos Durán Monsalve quien agredía a golpes a su compañera -violencia intrafamiliary puso resistencia al sometimiento de la intervención policial, alegando así culpa exclusiva de la víctima. Lo anterior fue puesto a consideración de las partes y del Ministerio Público, quienes manifestaron su aceptación. Posteriormente se decretaron como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la pedida por los demandados10. En auto del 15 de junio de 202111, el Tribunal a quo decretó el cierre de la etapa probatoria y ordenó la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y del concepto del Ministerio Público. La parte actora señaló que las pruebas aportadas al proceso daban cuenta del actuar «imprudente y negligente de los demandados», por lo que solicitó declarar

su responsabilidad a título de culpa grave y no de dolo12. 7 Folios 149 a 155 del cuaderno de primera instancia. 8 Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas. Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso (…). Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente. 9 Folio 160 del cuaderno de primera instancia. 10 Folios 168 y 169 del cuaderno de primera instancia. 11 Carpeta 38 del expediente digital. 12 Carpeta 43 del expediente digital. 4

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Nacional Demandado: William Osorio Garzón y otro Referencia: Medio de control de repetición Los demandados y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa del proceso.

4. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 15 de septiembre de 202113, negó las súplicas de la demanda, por considerar que no se demostró la

calidad de agentes estatales de los demandados. Indicó que al proceso no se allegaron los actos de nombramiento y posesión de los señores Osorio Garzón y Carreño Aparicio o algún documento que diera cuenta de que para la época en que ocurrieron los hechos -2 y 3 de noviembre de 2008aquellos eran integrantes de la Policía Nacional, aspecto que no podía pasar inadvertido, en tanto que se trataba de uno de los requisitos objetivos para la prosperidad del medio de control. Señaló que las sentencias del proceso de reparación directa y el acta del comité de conciliación en el que se adoptó la decisión de repetir contra los señores Osorio Garzón y Carreño Aparicio resultaban insuficientes para acreditar dicha condición, por cuanto el servicio público es una actividad reglada y de ellas no se desprendía el tipo de vinculación ni la duración de ellos en el cargo. Al respecto, esto fue lo que mencionó (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos): Se recuerda que el empleo público es una actividad reglada y que de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Política no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente, lo que implica que deben concurrir dos elementos para que se configure: la elección o nombramiento, acto condición que implica designación que el Estado hace, por conducto del funcionario o corporación competente, en cabeza de una persona para que ejerza las funciones, deberes y responsabilidades que el ordenamiento jurídico

ha previsto respecto de un determinado cargo, y la posesión, es decir, el hecho en cuya virtud la persona asume, en efecto, esas funciones, deberes y responsabilidades, bajo promesa solemne de desempeñarlos con arreglo a la Constitución y la ley. En ese sentido, consideró que, aunque la Policía Nacional demostró la existencia de una condena judicial en su contra y el pago realizado, la falta de prueba de la calidad de agentes o exagentes de los demandados impedía proseguir con el análisis de su conducta y si con ella dieron lugar al daño por el cual resultó condenado el Estado. 13 Carpeta 15 del expediente digital. 5

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Nacional Demandado: William Osorio Garzón y otro Referencia: Medio de control de repetición

5. Recurso de apelación La Policía Nacional interpuso recurso de apelación, con fundamento en los siguientes argumentos: Afirmó que las sentencias del proceso de reparación directa y el acta del comité de conciliación daban cuenta de que los demandados «eran quienes debían comparecer al proceso de repetición», pues en las primeras se consignó que los señores Osorio Garzón y Carreño Aparicio fueron «las personas que cometieron una irregularidad» durante un procedimiento policial y, en la segunda, se decidió repetir su contra.

A continuación, transcribió de forma literal algunos apartes de los referidos documentos y aseguró que resultaban suficientes para demostrar la calidad de

agentes de la Policía Nacional de los demandados y agregó que, si existían dudas sobre dicha condición, el Tribunal a quo debió decretar una prueba de oficio «para llegar a la verdad», dado que así se lo imponía su función jurisdiccional (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos): … en caso de existir duda sobre el particular el honorable magistrado debió hacer uso de su facultad oficiosa para poder llegar a la verdad, no queriendo decir que se suplirían las cargas probatorias al administrador de justicia, sino que como su función así se lo imponía, debía buscar los medios para poder llegar a la verdad con una sentencia de fondo y de cara a las pretensiones de la demanda, siendo impermisible a última hora tomar la determinación de prácticamente inhibirse para fallar en derecho por no encontrar presuntamente acreditado un fundamental para el ejercicio de la acción de repetición (…). Con fundamento en lo anterior, solicitó -de manera genéricael decreto de una prueba de oficio para demostrar «la calidad de los funcionarios» o, en su lugar, la revocatoria de la sentencia de primera instancia «al estar demostrada la calidad de los aquí demandados»14.

6. Trámite de segunda instancia15

El recurso de apelación se admitió mediante proveído del 17 de marzo de 202216 y en auto del 23 de marzo siguiente se negó por improcedente la solicitud probatoria realizada por la parte actora17. 14 Carpeta 48 del expediente digital. 15 Se deja constancia de que el expediente se remitió en digital a esta Corporación. 16 En dicha providencia se advirtió que, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 4 y 6 del

artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, las partes podían alegar de conclusión «desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia» y el Ministerio Público rendir concepto «desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia». Índice 4 del sistema de gestión judicial SAMAI. 17 Índice 10 del sistema de gestión judicial SAMAI. 6

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Nacional Demandado: William Osorio Garzón y otro Referencia: Medio de control de repetición Las partes y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa del proceso.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 15 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, toda vez que la cuantía de la demanda, fijada por el valor de los perjuicios causados18, supera la exigida por la norma para tal efecto19.

2. Ejercicio oportuno de la acción En atención a lo dispuesto en el literal l) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, las demandas de repetición deben instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las

condenas, «de conformidad con lo previsto en este Código». No obstante, como la condena por la que hoy se repite se profirió en un proceso de reparación directa tramitado en vigencia del CCA, la Policía Nacional debía cumplirla en el plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 de dicho cuerpo normativo, como se dispuso en la parte resolutiva de la sentencia del 4 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander20. La referida providencia cobró ejecutoria el 31 de octubre de ese año21; además, según se consignó en la certificación SEGEN-ARDEJ-29 del 2 de agosto de 2017 18 Según lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, antes de la modificación introducida por el artículo 32 de la Ley 2080 de 2021, la cuantía se fijaba con el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados; no obstante, si en la demanda se formulaban varias pretensiones, aquella se determinaba por el valor de la pretensión mayor, sin tener en cuenta lo pedido por perjuicios «morales». 19 De acuerdo con el numeral 11 del artículo 152 del CPACA, antes de las modificaciones introducidas por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021, los tribunales administrativos conocían de las demandas de repetición, en primera instancia, cuando la cuantía excediera el equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia. A su vez, en el inciso primero del artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso -antes de los cambios introducidos

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021-, se estableció que el Consejo de Estado era competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”; en ese sentido, como en la demanda el valor de los perjuicios causados se estimó en la suma de $543’688.917,02, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 15 de septiembre de 2021. 20 Folios 28 a 49 del cuaderno de primera instancia. 21 Folio 59 del cuaderno de primera instancia. 7

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Nacional Demandado: William Osorio Garzón y otro Referencia: Medio de control de repetición suscrita por el jefe del Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales de la Secretaría General de la Policía Nacional, el pago de la condena se realizó «en el mes de junio de 2017»22, después de que se cumpliera el plazo de 18 meses que la referida entidad tenía para pagar23.

En ese sentido, toda vez que el término de caducidad corrió a partir del día siguiente a aquel en que se venció el plazo para pagar, desde el 2 de mayo de 2016 hasta el 2 de mayo de 2018, y que la demanda se presentó el 27 de abril de 201824, se impone concluir que el medio de control se ejerció de manera oportuna.

3. Objeto de la apelación En la sentencia de primera instancia, el Tribunal a quo señaló que el escaso material probatorio allegado al proceso -sentencias dictadas en el proceso de reparación directa y el acta del comité de conciliaciónresultaba insuficiente para acreditar la calidad de agentes del Estado de los demandados, condición necesaria para proseguir con el estudio de los demás requisitos del medio de control de repetición.

La Policía Nacional cuestionó esa decisión, con fundamento en que de dichos documentos sí se desprendía dicha condición y que, en caso de que resultaran insuficientes, el Tribunal a quo debió decretar pruebas de oficio «para llegar a la verdad». Esta Subsección, de manera reiterada25, ha sostenido que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial -en este caso la que contiene una sentencia-, por lo que le corresponde al apelante confrontar los argumentos que el juez de primera instancia tuvo en cuenta para adoptar su decisión, con sus propias reflexiones, para efectos de solicitarle al juez ad quem que decida sobre los puntos o aspectos que se debaten en la segunda instancia26. 22 Folio 120 del cuaderno de primera instancia. 23 Lo que ocurrió el 1° de mayo de 2016. 24 Folio 127 del cuaderno de primera instancia. 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2011, exp. 20955. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; reiterada por esta Subsección, entre otras, en sentencias del 5 de febrero de 2021, exp. 51371. C.P. José Roberto

Sáchica Méndez; del 5 de marzo de 2021, exp. 64163 y del 7 de diciembre de 2021, exp. 65962. 26 Según lo dispuesto en el primer inciso del artículo 328 del Código General del Proceso, «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley (…)». 8

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Nacional Demandado: William Osorio Garzón y otro Referencia: Medio de control de repetición Conviene precisar, además, que dicha carga no se suple con la manifestación genérica de encontrarse en desacuerdo con el fallo de primera instancia, así como tampoco con la petición de que se revoque, por cuanto lo que la ley exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, de forma que existan razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escritoque conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia resultó desacertado27.

Lo anterior implica que en el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior jerárquico los confronte con el sustento de la decisión apelada y no que realice un nuevo análisis -sin limitacionesde todo lo ocurrido en el proceso, dado que ello implicaría una extralimitación de las funciones del juez de segunda instancia y, por contera, una vulneración al derecho fundamental del debido proceso. En ese orden ideas, la Sala reitera lo señalado por esta Subsección en oportunidad anterior28, en el sentido de que cuando se advierta la ausencia de una sustentación suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, cuyo fundamento sean simplemente afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para cuestionar la providencia impugnada, al superior jerárquico no le queda una opción diferente que la de confirmar el proveído apelado. En el caso concreto, evidencia la Sala que, aunque la Policía Nacional recurrió formalmente la decisión que negó las súplicas de la demanda, lo cierto es que del escrito de sustentación no se extrae ningún reparo concreto contra las razones que sirvieron de fundamento al fallo de primera instancia, de ahí que se advierta una carencia de sustentación. En efecto, como se indicó de manera precedente, el Tribunal a quo negó las súplicas de la demanda porque al proceso no se allegaron los actos de nombramiento y posesión de los señores Osorio Garzón y Carreño Aparicio o algún documento que diera cuenta de que para la época de los hechos -2 y 3 de noviembre de 2008aquellos tenían una relación legal y reglamentaria con la Policía Nacional, pues en las sentencias del proceso de reparación y en el acta del 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707. C.P. José Roberto Sáchica Méndez; reiterada por esta Subsección, entre otras, en sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 64163. 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2021, exp. 65962. 9

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Nacional Demandado: William Osorio Garzón y otro Referencia: Medio de control de repetición comité de conciliación ni siquiera se hacía referencia al tipo de vinculación, a la fecha de inicio o la duración en el cargo de los demandados.

Al respecto, señaló que el empleo público es reglado y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política, para acreditar esa condición se requería prueba de «la elección o nombramiento, acto condición que implica designación que el Estado hace, por conducto del funcionario o corporación competente, en cabeza de una persona para que ejerza las funciones, deberes y responsabilidades que el ordenamiento jurídico ha previsto respecto de un determinado cargo» y de la posesión, «es decir, del hecho en cuya virtud la persona asume, en efecto, esas funciones, deberes y responsabilidades, bajo promesa solemne de desempeñarlos con arreglo a la Constitución y la ley». Como puede verse, en el fallo de primera instancia se expusieron las razones por las cuales se negaron las súplicas de la demanda; sin embargo, en la apelación no

se formuló ningún argumento de hecho o de derecho para controvertir los fundamentos de esa conclusión, en tanto que, además de señalar que el razonamiento del Tribunal a quo resultó equivocado, la entidad demandante se limitó a transcribir algunos apartes de las sentencias de reparación directa y del acta del comité de conciliación para indicar que en las primeras se consignó que los señores Osorio Garzón y Carreño Aparicio fueron los que lesionaron al señor Durán Monsalve y que por esa razón el comité de conciliación decidió repetir contra ellos, sin reflexionar si quiera en que esa no fue la razón por la cual se despacharon desfavorablemente las súplicas de la demanda, sino la falta de acreditación de la calidad de agentes de los demandados para la época en que ocurrieron los hechos, condición indispensable para proseguir con el estudio de los demás elementos de la repetición y que, en criterio del Tribunal a quo, se demostraba con documentos que dieran cuenta del nombramiento y de la posesión en el respectivo cargo, por cuanto el empleo público es reglado. El deber de sustentación tampoco se suple con la transcripción de los referidos documentos en el escrito de apelación, porque si la recurrente consideraba que los fallos de instancia del proceso de reparación directa y el acta del comité de conciliación resultaban idóneos para acreditar la condición de agentes de los señores Osorio Garzón y Carreño Aparicio debía exponer con claridad las razones por las que llegaba a esa conclusión y no pretender que con la manifestación de encontrarse en desacuerdo o con argumentos que no atacan el fundamento de la

decisión se habilitaba la competencia del juez de segunda instancia para resolver el fondo del asunto, dado que, se insiste, los reproches frente a la providencia 10

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Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía

Nacional Demandado: William Osorio Garzón y otro Referencia: Medio de control de repetición impugnada son los que fijan la competencia del superior jerárquico, «cuya función no puede ir al extremo de suponer las razones de inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las cargas que legalmente le han sido impuestas a ella»29.

A su vez, se estima pertinente señalar que, aunque en la impugnación la parte actora sostuvo que si el Tribunal a quo tenía dudas sobre la calidad de agentes del Estado debió decretar pruebas de oficio «para llegar a la verdad», dicho argumento ni siquiera representa un verdadero cuestionamiento en contra de los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia impugnada, máxime cuando lo que se advierte es que aquel se utilizó para solicitar «el decreto de oficio de la prueba de la calidad de funcionarios» en segunda instancia, la cual, bueno sea precisar, fue resuelta negativamente en auto del 23 de marzo de 2022, en el sentido de precisar que dicha facultad no surge de la petición de las partesde manera que induzcan al juez para que realice determinada actuación-, sino de la iniciativa del juez, quien como director del proceso cuenta con la autonomía y la independencia para determinar si hace uso de ella y solo en aquellos casos en los

que se torna necesario esclarecer los hechos objeto de la controversia, no para suplir la carga probatoria de las partes, como se advertía en el presente asunto. Así las cosas, toda vez que la entidad demandante no planteó ningún argumento tendiente a rebatir la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que negó las súplicas de la demanda, por considerar que el escaso material probatorio allegado al proceso no daba cuenta de la calidad de agentes de la Policía Nacional de los demandados, en tanto que, como quedó visto,