CE-44001-23-31-000-2009-00182-01(38110)-2010

CAUSALES DE NULIDAD - Principio de taxatividad y saneamiento / NULIDADES PROCESALES - Saneables e insaneables A propósito del régimen legal de las nulidades procesales, importa destacar que el mismo se encuentra orientado, entre otros, por los principios de i) taxatividad o especificidad y de ii) convalidación o saneamiento, con sujeción a los cuales se tiene, en virtud del primero, que no será posible invocar y menos aplicar causales de nulidad que no hubieren sido expresamente consagradas por el legislador – única autoridad, junto con el Constituyente claro está, con facultades para establecer y definir las causales de nulidad-, y, por razón del segundo, que las causales de nulidad que no se propongan o no se aleguen en la oportunidad prevista en la ley para el efecto, desaparecen por razón de su saneamiento. Esos aspectos generales que se dejan expuestos en relación con la estructura del régimen relativo a las nulidades procesales encuentran complemento necesario en el señalamiento igualmente exacto y concreto que la propia ley realiza acerca de los únicos eventos en los cuales no es posible sanear los vicios que están llamados a afectar la validez de las actuaciones procesales (artículo 144, inciso final, C. de P. C.), cuestión que, como excepción a la regla de la convalidación, sólo puede predicarse respecto de las causales comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 140 del estatuto procesal civil, las cuales dicen relación con: a).- La falta de jurisdicción (artículo 140-1); b).- La falta de competencia funcional

(artículo 140-2); c).- El desconocimiento de providencia ejecutoriada proveniente del superior, la reanudación de un proceso legalmente concluido o la pretermisión íntegra de la respectiva instancia (artículo 140-3), y d).- La tramitación de la demanda por proceso diferente al que corresponde (artículo 140-4). Las demás causales de nulidad procesal, esto es las que se encuentran consagradas dentro de los numerales 5 a 9 del citado artículo 140 del C. de P. C., son subsanables, cuestión que debe tenerse por cumplida “Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente” (artículo 144-1, C. de P. C.), hipótesis que guarda total armonía con la norma procesal, igualmente imperativa, de orden público y de derecho público (artículo 6 C. de P. C.), en virtud de la cual se niega categóricamente la posibilidad de alegar cualesquiera de la causales de nulidad saneables “… [a] quien haya actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla” (artículo 143, incido 6, C. de P. C.), amén de la disposición procesal que determina que las demás irregularidades que se configuren dentro del proceso, distintas de las consagradas en los numerales 1 a 9 del citado artículo 140 del C. de P. C., “… se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece” (parágrafo, artículo 140, C. de P. C.). FALTA DE COMPETENCIA - Prohibición a jueces de declararse incompetentes por factores diferentes al funcional cuando no es alegada por

las partes / CONFLICTO DE COMPETENCIA - Por factor territorial / NULIDAD PROCESAL - Se convalida si las partes no la alegan Así las cosas resulta igualmente claro entonces que si en el curso de una determinada actuación procesal se llega a configurar la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del C. de P. C., en la modalidad de falta de competencia por razón del territorio y la misma no se propone o no se alega dentro de los términos establecidos en las mismas leyes procesales para el efecto, tanto en virtud del mencionado principio de convalidación como en cumplimiento de los dictados explícitos que al respecto contiene el también mencionado artículo 144 del Estatuto Procesal Civil, ha de concluirse necesariamente que esa nulidad inicialmente registrada se ha saneado, esto es que –según el sentido natural y obvio de dicha expresión (artículo 28 C.C.)-, el vicio correspondiente se ha reparado o remediado de suerte que ha desaparecido y, por ello mismo, ya no será susceptible de ser declarado. Para abundar en razones que llevan a la Sala a reafirmar el criterio jurisprudencial que se deja expuesto, resulta relevante traer a colación la prohibición expresa que sobre la materia establece el inciso 2º del artículo 148 del C. de P. C., mediante el cual se le prohíbe categóricamente al Juez declararse incompetente cuando las partes no hubieren alegado la incompetencia. Al interpretar la disposición transcrita en armonía con las regulaciones que el mismo estatuto procesal recoge –según ya se comentó anteriormente-, acerca del régimen legal de las nulidades procesales y la

posibilidad de saneamiento que se predica en relación con buena parte de las causales que lo integran, se puede encontrar con facilidad la razón de su consagración, cual es la limitante obvia y perentoria que el propio legislador impuso al juez para evitar que, de manera incongruente, pudiere declararse incompetente por razón o con ocasión una causal de nulidad –la de incompetencia-, que si bien pudo tenerse como configurada inicialmente lo cierto es que, por no haber sido alegada por las partes, finalmente resultó saneada y, por ende, desapareció como tal del mundo jurídico. NULIDAD PROCESAL - Falta de competencia territorial. Saneamiento De esa manera se tiene entonces que la interpretación lógica del inciso 2º del artículo 148 del C. de P. C., en armonía con el contenido del inciso 5º o antepenúltimo del artículo 143 ibídem, indica con claridad que a los jueces les está legalmente prohibido declarase incompetentes con base en la causal de falta de competencia por factores diferentes al funcional, cuando la misma no hubiere sido invocada, alegada o propuesta dentro de la oportunidad que la ley consagra para ello o, lo que es lo mismo, cuando dicha causal de nulidad procesal (artículo 140-2

C. de P. C.), se hubiere saneado.

NOTA DE RELATORIA: Sobre conflicto de competencia por factor territorial, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, autos de 26 de junio de 2007, exp. C-00073, MP. Jaime Moreno García; de 19 de febrero de 2008, exp. 2006-00594 y de 22 de abril de 2008, exp. 2008-00180, M.P. Mauricio

Fajardo Gómez

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ

Bogotá D. C., marzo tres (3) de dos mil diez (2010) Radicación número: 44001-23-31-000-2009-00182-01(38110) Actor: LILIANA PUERTAS COLLAZOS Y OTROS Demandado: RAMA JUDICIAL-FISCALIA GENERAL DE LA NACIONReferencia: CONFLICTO DE COMPETENCIA-REPARACION DIRECTA Procede la Sala a definir el conflicto negativo de competencias suscitado entre los Tribunales Administrativos de Bolívar y la Guajira, para conocer de la demanda de reparación directa, instaurada por Dora Isabel Peña Rey, Guillermo Novoa Ramírez, Liliana Puerta Collazos, Miguel Ángel, Leonardo de Jesús y María Isabel Zapata Puerta en contra de la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación.

I. A N T E C E D E N T E S :

1. En escrito presentado el 26 de agosto de 2008, la señora Liliana Puerta Collazos, en nombre propio y en el de sus hijos Miguel Ángel, Leonardo de Jesús y María Isabel Zapata Puerta, a través de apoderado judicial formuló demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“II.- PRETENSIONES: Primera. Declarar que la NACION COLOMBIANA – RAMA JUDICIAL – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, son administrativa y

patrimonialmente responsables de la totalidad de los daños causados a la señora LILIANA PUERTA COLLAZOS, en su condición de Compañera Permanente Supérstite y a sus menores hijos que representa en su condición de madre: MIGUEL ANGEL ZAPATA PUERTA, LEONARDO DE JESUS ZAPATA PUERTA y MARIA ISABEL ZAPATA PUERTA por Falla del Servicio en la Administración de Justicia en la modalidades de Error Jurisdiccional y el Defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia que se materializó en las Resoluciones Interlocutorias número 049 de fecha 30 de Agosto del año 2006, Resolución número 079 de fecha 9 de mayo de 2007, Resolución número 112 de 12 de junio de 2007, proferidas por la Unidad de Fiscalía Delegada ante Juzgados Promiscuos del Circuito de Maicao-GuajiraFiscalía 04 y en sus actuaciones morosas, negligentes y erráticas, siendo su titular el doctor ARMANDO ENRIQUE GUERRA BERMUDEZ, dentro del Proceso Penal de Homicidio Culposo y Lesiones Personales Culposas radicado con el número 657 donde fungió como procesado JAIME ARIZA DIAZ, cuyas actuaciones judiciales conllevaron inexorablemente a la declaración de la Acción Penal adelantada contra JAIME ARIZA DIAZ por los delitos de Homicidio Culposo y Lesiones Personales Culposas de los cuales resultó víctima MIGUEL ANGEL ZAPATA PULGARÍN y otros y, en consecuencia, se decretó la preclusión de la investigación penal a favor del procesado JAIME ARIZA DIAZ.

Segunda: Condenar a la NACIÓN COLOMBIANA – RAMA JUDICIAL – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar los perjuicios materiales, morales y fisiológicos ocasionados a la señora LILIANA PUERTA COLLAZOS, en su condición de Compañera Permanente Supérstite del finado MIGUEL ANGEL ZAPATA PULGARÍN y a sus menores hijos que representa en su condición de madre: MIGUEL ANGEL ZAPATA PUERTA, LEONARDO DE JESUS ZAPATA PUERTA y MARIA ISABEL ZAPATA PUERTA, a título de reparación del daño antijurídico por la Falla en el servicio de la Administración de Justicia, los cuales se estiman en una suma de dinero no inferior a UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($ 1.420.000.000.oo) hasta la fecha, más lo que se causen hacia el futuro por concepto de lucro cesante los cuales se piden compensatorios a la tasa del 6% anual.

(…)”.

2. La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Bolívar; una vez admitida la demanda, notificado el auto admisorio y encontrándose el proceso a la espera de abrir el período probatorio, dicho Tribunal, mediante auto de octubre 8 de 2009 (fl. 192 c 1), declaró su falta de competencia por factor territorial para conocer del presente asunto, toda vez que los hechos que motivaron la demanda se habían originado en el Municipio de Maicao, Departamento de la Guajira, razón por la cual, en aplicación del inciso 4° del artículo 148 del C. de P. C., consideró

que era el Tribunal Administrativo de la Guajira el que debía conocer de la presente acción. En consecuencia, ordenó remitir el expediente a dicha Corporación.

3. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante providencia de 10 de diciembre de 2009, sostuvo que de conformidad con el numeral 5° del artículo 144 del C. de P. C., la nulidad por falta de competencia por el factor territorial en caso de que se presente, resulta saneable cuando dicha causal no se hubiere alegado como excepción previa, tal como ocurrió en el presente caso, puesto que el auto por medio del cual se admitió la demanda no fue objeto de recurso alguno por parte de los demandados. Por lo anterior, se declaró incompetente para conocer del presente asunto y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado, con el fin de que resolviera el conflicto planteado (fls. 198-201 c ppal.).

II. C O N S I D E R A C I O N E S : Corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado resolver el conflicto de competencia negativo suscitado entre los Tribunales Administrativos de Bolívar y la Guajira, de conformidad con los dictados de los artículos 97 y 215 del C. C. A.

1. Competencia y trámite del conflicto de competencia.

Esta Sala es competente para conocer del asunto sometido a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 37 de la Ley 270 de 1996 –adicionado por el artículo 12 de la Ley 1285 de 2009–, según el cual: “PARÁGRAFO. Los conflictos de competencia entre los Tribunales Administrativos, entre Secciones de distintos Tribunales

Administrativos, entre los Tribunales y Jueces de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa pertenecientes a distintos distritos judiciales administrativos y entre Jueces Administrativos de los diferentes distritos judiciales administrativos, serán resueltos por las respectivas Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, de acuerdo con su especialidad. Los conflictos entre juzgados administrativos de un mismo circuito o entre secciones de un mismo Tribunal Administrativo serán decididos por el correspondiente Tribunal en pleno”. (Se ha destacado). Por su parte, el artículo 215 del C. C. A., dispone, en relación con los conflictos de competencia judiciales entre los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que éstos se decidirán por parte del Consejo de Estado, de la siguiente manera: “(...) Cuando una Sala o Sección de un Tribunal declarare su incompetencia para conocer de un proceso por considerar que corresponde a otro tribunal ordenará remitirlo a éste, mediante auto contra el cual sólo procede el recurso de reposición. Si el Tribunal que recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para que decida el conflicto. Recibido el expediente y efectuado el reparto, el consejero ponente dispondrá que se dé traslado a las partes por el término común de tres (3) días, para que presenten sus alegatos; vencido el término de traslado, la Sala Plena debe resolver el conflicto dentro del término de diez (10) días, mediante auto que ordenará remitir el expediente al tribunal competente. Contra este auto no procede ningún recurso. La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida

hasta la decisión del conflicto”.

2. Recibido el expediente y en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero de la disposición antes transcrita, el Magistrado Conductor del proceso dio traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones, mediante auto del 18 de febrero de 2010 (fl. 209 c ppal), término durante el cual los interesados guardaron silencio.

3. De las nulidades procesales.

A propósito del régimen legal de las nulidades procesales, importa destacar que el mismo se encuentra orientado, entre otros, por los principios de i) taxatividad o especificidad y de ii) convalidación o saneamiento, con sujeción a los cuales se tiene, en virtud del primero, que no será posible invocar y menos aplicar causales de nulidad que no hubieren sido expresamente consagradas por el legislador – única autoridad, junto con el Constituyente claro está, con facultades para establecer y definir las causales de nulidad-, y, por razón del segundo, que las causales de nulidad que no se propongan o no se aleguen en la oportunidad prevista en la ley para el efecto, desaparecen por razón de su saneamiento. A propósito de estas materias se han realizado múltiples desarrollos jurisprudenciales; así por ejemplo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de diciembre 5 de 1974, puntualizó: “(…) el legislador de 1970, adoptó como principios básicos reguladores del régimen de nulidades procesales, los de la especificidad, protección y convalidación. Fúndase el primero en la consagración positiva del criterio taxativo, conforme al cual no hay irregularidad capaz de

estructurar nulidad adjetiva sin ley específica que la establezca; consiste el segundo en la necesidad de establecer la nulidad con el fin de proteger a la parte cuyo derecho le fue cercenado por causa de la irregularidad; y radica el tercero en que la nulidad, salvo contadas excepciones, desaparece del proceso por virtud del consentimiento expreso o implícito del litigante perjudicado con el vicio”1.(Subrayas del original). 1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de diciembre 5 de 1974; M.P. Dr. Humberto Murcia Ballén. Por su parte la Corte Constitucional, al decidir la demanda de inconstitucionalidad formulada contra la expresión “solamente”, que forma parte sustancial del artículo 140 del C. de P. C., mediante la cual la propia ley limita a las precisas causales de esa disposición la configuración de nulidades procesales, reafirmó la vigencia del aludido principio de especificidad o de taxatividad al declarar ajustada a la Carta Política la expresión demandada, conclusión a la cual arribó con apoyo, entre muchos otros, en los siguientes razonamientos2: “Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad para determinar los casos en los cuales un acto procesal es nulo por carencia de los requisitos formales y sustanciales requeridos para su formación o constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las nulidades por el legislador. “Las atribuciones del legislador en la materia contribuyen a la realización jurídica y material del debido proceso y a la seguridad jurídica, en lo atinente al desarrollo de las actuaciones procesales, en

cuanto presume, acorde con los principios de legalidad y de buena fe que rigen las actuaciones de las autoridades públicas, la validez de los actos procesales, mientras no se declare su nulidad con arreglo a la invocación de una de las causales específicamente previstas en la ley. De este modo, se evita la proliferación de incidentes de nulidad, sin fundamento alguno, y se contribuye a la tramitación regular y a la celeridad de las actuaciones judiciales, lo cual realiza el postulado del debido proceso, sin dilaciones injustificadas. “El Código de Procedimiento Civil que nos rige con un criterio que consulta la moderna técnica del derecho procesal, señala la taxatividad de las causales de nulidad, es decir, de los motivos que dan lugar a invalidar un acto procesal, y el principio de que no toda irregularidad constituye nulidad, pues éstas se entienden subsanadas si oportunamente no se corrigen a través de los recursos. “Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución, según el cual “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”, 2 Sentencia No. C-491 de 2 de noviembre de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera

Carbonell; exp. D-884. esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba, especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto, se declarará exequible la expresión demandada, con la referida advertencia. “Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la referida regulación normativa, respeta la voluntad política del legislador, en cuanto reguló de manera taxativa o específicamente las causales legales de nulidad en los procesos civiles, las cuales ahora con el cambio constitucional se encuentran adicionadas con la prevista en la norma del art. 29, a la cual se hizo referencia. “Por lo demás, advierte la Corte al demandante sobre la temeridad de su pretensión, porque así se declarara inexequible la expresión "solamente", tal pronunciamiento resultaría inocuo, pues no se lograría el resultado buscado por el actor, cual es eliminar la taxatividad de las nulidades, porque de todas maneras, con o sin la expresión "solamente", las nulidades dentro del proceso civil sólo son procedentes en los casos específicamente previstos en las normas del artículo 140 del C.P.C., aunque con la advertencia ya hecha de que también es posible invocar o alegar la nulidad en el evento previsto en el art. 29 de la C.P.”. Y en cuanto se refiere al también mencionado principio de convalidación o saneamiento, singularmente ilustrativo resulta el pronunciamiento que efectuó la misma Corte Constitucional en su sentencia C-372 de agosto 13 de 1997, según los siguientes términos3: “Cuarta.- La posibilidad, planteada por la demanda, de que la

nulidad constitucional del inciso final del artículo 29 de la Carta, opere, en cualquier momento, aun en contra de sentencias ejecutoriadas, sin que sea necesaria su declaración judicial, y pudiendo alegarse a través de las causales de revisión del Código de Procedimiento Civil, no es cierta. “Recuérdese que el actor, con el fin de demostrar que la caución exigida por el artículo 383 del Código de Procedimiento Civil es inconstitucional, sostiene que también es posible alegar la nulidad constitucional del inciso final del artículo 29 de la Carta, con base en las causales de revisión que dicho Código consagra en su artículo 380. Lo esencial de su razonamiento consiste en partir de la base de que la anotada nulidad constitucional no necesita de declaración judicial, pues opera “de pleno derecho”, y en afirmar que si es planteada después de la ejecutoria de la sentencia, como sus efectos son inmediatos y prevalentes, supone la consiguiente pérdida de importancia o abolición del alcance de los conceptos de la ejecutoria de fallos y la cosa juzgada. 3 Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía; actor: Jorge Luis Pabón Apicella; exp. D-1530. “En primer lugar, la Corte es consciente de que la expresión “de pleno derecho”, indica que ciertos efectos jurídicos se producen por la sola ocurrencia de determinados hechos, automáticamente, sin que importe lo que la voluntad humana (aun la judicial) pueda considerar al respecto, verbi gratia, la mayoría de edad, que es una calidad a la que se llega por la simple adquisición de una edad, sin necesidad de ninguna declaración especial. Sin embargo, se observa que para que

algo pueda operar de “pleno derecho”, se exige que recaiga sobre hechos o circunstancias que no requieran de la intervención de la voluntad humana. Esto no ocurre con la institución de las nulidades procesales o probatorias, que es la consecuencia de vicios relevantes que no siempre son de fácil aprehensión. Como materia delicada en el trámite de los procesos, la seguridad jurídica, las exigencias del mismo debido proceso y el principio de que los asociados no deben hacerse justicia por su propia mano, indican que repugna con una interpretación armónica de la Constitución, la afirmación de que la nulidad del inciso final del artículo 29 opera sin necesidad de intervención de la rama judicial, prácticamente con la simple declaración unilateral del interesado. Por lo dicho, la Corte discrepa de la aseveración del actor en el sentido de que la nulidad constitucional del inciso final del artículo 29 de la Constitución, no requiere de sentencia judicial, como consecuencia del uso de la expresión “de pleno derecho”. “En segundo término, la Corte no puede prohijar la interpretación de la demanda, que insinúa que el efecto ordinario de la cosa juzgada dejó de existir con base en la alegación de la nulidad del artículo 29 de la Constitución, pues ésta, por ser de raigambre constitucional, prácticamente en cualquier tiempo, prevalece sobre cualquier consideración, incluidas las sentencias ejecutoriadas. La razón de la discrepancia es también el adecuado entendimiento de la seguridad jurídica, la lealtad procesal y el debido proceso, el cual enseña que los procesos tienen etapas, que en ellos se da el fenómeno de la preclusión, y que pasada la oportunidad de plantear una nulidad, ésta

debe considerarse saneada o superada habida cuenta de la negligencia de la parte interesada”. (Negrillas del original). Esos aspectos generales que se dejan expuestos en relación con la estructura del régimen relativo a las nulidades procesales encuentran complemento necesario en el señalamiento igualmente exacto y concreto que la propia ley realiza acerca de los únicos eventos en los cuales no es posible sanear los vicios que están llamados a afectar la validez de las actuaciones procesales (artículo 144, inciso final, C. de P. C.), cuestión que, como excepción a la regla de la convalidación, sólo puede predicarse respecto de las causales comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 140 del estatuto procesal civil, las cuales dicen relación con: a).- La falta de jurisdicción (artículo 140-1); b).- La falta de competencia funcional (artículo 140-2); c).- El desconocimiento de providencia ejecutoriada proveniente del superior, la reanudación de un proceso legalmente concluido o la pretermisión íntegra de la respectiva instancia (artículo 140-3), y d).- La tramitación de la demanda por proceso diferente al que corresponde (artículo 140-4). Las demás causales de nulidad procesal, esto es las que se encuentran consagradas dentro de los numerales 5 a 9 del citado artículo 140 del C. de P. C., son subsanables, cuestión que debe tenerse por cumplida “Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente” (artículo 144-1, C. de P. C.), hipótesis

que guarda total armonía con la norma procesal, igualmente imperativa, de orden público y de derecho público (artículo 6 C. de P. C.), en virtud de la cual se niega categóricamente la posibilidad de alegar cualesquiera de la causales de nulidad saneables “… [a] quien haya actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla” (artículo 143, incido 6, C. de P. C.), amén de la disposición procesal que determina que las demás irregularidades que se configuren dentro del proceso, distintas de las consagradas en los numerales 1 a 9 del citado artículo 140 del C. de P. C., “… se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece” (parágrafo, artículo 140, C. de P. C.). De ello se desprende, de manera diáfana, que la posibilidad de alegar las causales de nulidad susceptibles de saneamiento –al igual que sucede con las demás irregularidades que se configuren dentro de un proceso, distintas de las causales legales de nulidad procesal-, es una posibilidad que se encuentra sometida a precisas y determinadas etapas procesales cuyo vencimiento determina su preclusión, a lo cual debe agregarse que dicho saneamiento supone la convalidación de la actuación lo cual puede darse bien por manifestación expresa del consentimiento de la parte afectada o bien por consentimiento tácito, como el que corresponde a la realización de actuaciones posteriores sin alegación de la nulidad correspondiente. Así las cosas resulta igualmente claro entonces que si en el curso de una

determinada actuación procesal se llega a configurar la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del C. de P. C., en la modalidad de falta de competencia por razón del territorio y la misma no se propone o no se alega dentro de los términos establecidos en las mismas leyes procesales para el efecto, tanto en virtud del mencionado principio de convalidación como en cumplimiento de los dictados explícitos que al respecto contiene el también mencionado artículo 144 del Estatuto Procesal Civil, ha de concluirse necesariamente que esa nulidad inicialmente registrada se ha saneado, esto es que –según el sentido natural y obvio de dicha expresión (artículo 28 C.C.)-, el vicio correspondiente se ha reparado o remediado4 de suerte que ha desaparecido y, por ello mismo, ya no será susceptible de ser declarado. Razonando en esa misma dirección, la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación ha concluido acerca de la imposibilidad de que se presente un conflicto de competencia por el factor territorial cuando, por preclusión de la correspondiente oportunidad procesal, se ha saneado la respectiva causal de nulidad (artículo 140-2 C. de P. C.), según lo refleja el pronunciamiento que se transcribe parcialmente a continuación y que ahora se reitera5: “(...) se observa que en el caso de marras, el Tribunal Administrativo de Boyacá al admitir la demanda no avizoró la falencia procedimental objeto de discusión, lo cual se colige de su actuación al no declarar su incompetencia para conocer del asunto y, por su parte, la demandada no hizo lo propio recurriendo dicho auto, ni alegó la falta de competencia

en las oportunidades procesales posteriores; situaciones que imponen concluir, sin lugar a dubitación alguna, que el trámite del asunto debe continuar ante el juez que conoció primero del proceso que, para el caso concreto, es el Juzgado Catorce Administrativo de Tunja, porque, como se dejó visto, se encuentra subsanada la nulidad. Por último y para reafirmar la anterior posición vale la pena traer a colación in extenso un pronunciamiento de la Sala Plena de esta Corporación en el cual dirimió un conflicto similar al aquí expuesto6: “…………………… Lo primero que se debe advertir es que, en los casos de conflicto de competencia por el factor territorial, el tema de la nulidad procesal y su saneabilidad son temas inseparables. En efecto, conforme a la legislación civil, la competencia por 4 Las acepciones pertinentes que de las expresiones aquí referidas contiene el “Diccionario de la Lengua Española” de la Real Academia Española, publicado en Madrid en 1992, son las siguientes: “saneamiento. M. Acción y efecto se sanear”. “sanear. (De sano). … // 2. Reparar o remediar una cosa”. 5 Auto de 26 de junio de 2007, exp. C-00073, M.P. Dr. Jaime Moreno García. 6 Sentencia de 18 de febrero de 2003, radicado No. 11001 03 15 000 2002 1196 01 (C-059), Actor: Fanny García M., Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández E. el factor territorial es un asunto que debe determinarse al inicio del proceso y si, por alguna circunstancia, dicha competencia se definió de manera equivocada y la parte

afectada no alegó el error como excepción previa, el art. 144 del C.P.C. establece que el juez que empezó a conocer del proceso, debe continuar haciéndolo. Así las cosas, es claro que en procedimient