CE - 440012331000201100029011SENTENCIASENTENCIA20231002175111

Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)

Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 440012331000201100029-01 (58619)

Demandantes: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional - Ejército

Nacional – Policía Nacional.

Referencia: Acción de reparación directa

Tema: Responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros. Subtema 1: Falla en el servicio por omisión en el deber de protección . Subtema 2 : Liquidación de perjuicios por pérdida de semovientes.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia del 28 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Olmes Armando Solano Carrillo, dueño de los derechos herenciales de una finca ganadera denominada La Loma, ubicada en el municipio de Barrancas – Guajira─, comenzó, desde el año 2005, a ser objeto de amenazas y extorsión por parte de integrantes del Frente 59 de las FARC. Ante la persistencia de la situación,

Guajira─, comenzó, desde el año 2005, a ser objeto de amenazas y extorsión por parte de integrantes del Frente 59 de las FARC. Ante la persistencia de la situación, en el 2007 presentó una denuncia ante el GAULA y en varias oportunidades, desde 2005 hasta el 8 de enero de 2010, solicitó protección para él, su familia y sus bienes, a través de comunicaciones enviadas a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior y de Justicia y de allí redirigidas al Ejército Nacional y a la Policía. El 17 de enero de 2010, miembros del grupo subversivo llegaron a la finca, amordazaron a los trabajadores mientras les disparaban a las reses, dando muerte a 42 semovientes y causándole heridas a otros. Posteriormente, le ordenaron al administrador y a los trabajadores retirarse, anunciando que iban a detonar un artefacto explosivo, en razón a que el señor Solano no les había pagado la “vacuna” y, así procedieron destruyendo por completo la vivienda.

Por esos hechos, e l señor Solano Carrillo y su colectivo familiar cercano presentaron, ante este contencioso, demanda de reparación directa para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados, tras considerar que las autoridades omitieron el deber de brindarles protección a ellos y a sus bienes.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda

Olmes Armando Solano Carrillo, en nombre propio y de la sociedad Distribuidora de Combustibles Hermanos Solano Caballero Ltda., Margarita Rosa Caballero Severini, Camilo Andrés , Carlos Arturo y José Alberto Solano Caballero , enRadicación número: 440012331000201100029-01 (58619)

de Combustibles Hermanos Solano Caballero Ltda., Margarita Rosa Caballero Severini, Camilo Andrés , Carlos Arturo y José Alberto Solano Caballero , enRadicación número: 440012331000201100029-01 (58619)

Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros

2 ejercicio de la acción de Reparación Directa presentaron demanda1, con la pretensión de que se dicte sentencia en la que declare responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional – Policía Nacional , p or los daños y perjuicio s ocasionados por la detonación de un artefacto explosivo en la finca la Loma, que acabó con la vivienda existente y con la vida de varios semovientes.

2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia

Admitida la demanda2, notificado el auto admisorio3, y corrido el traslado de ley4, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional presentó escrito de contestación5, para oponerse a las pretensiones . En su defensa i ndicó que, geográficamente, le quedaba imposible cubrir todas las zonas de la Guajira, habida cuenta que el Batallón Juan José Rondón , ubicado en Buenavista, tenía a cargo diez municipios, entre ellos, Barrancas cuya zona rural cuenta con sendas vías carreteables y zonas montañosas que imposibilitan la presencia permanente del Ejército, aunado a que debía custodiar 144 kilómetros de frontera, 44 kilómetros de línea férrea, 105 kilómetros de gasoducto, una estación de gas, 7 estaciones eléctricas y un comple jo minero, entre otros bienes que , constituían blancos

línea férrea, 105 kilómetros de gasoducto, una estación de gas, 7 estaciones eléctricas y un comple jo minero, entre otros bienes que , constituían blancos apetecidos por los grupos subversivos y, a pesar de ello, estuvo al pendiente de patrullajes y visitas en la zona, sin ocuparse de protecciones de tipo personal, pues esa sería una tarea técnicamente imposible, dado el elemento sorpresa que suelen utilizar los ilegales; de ahí, que sus actividades fueran de medio y no de resultado . Arguyó que se echaba de menos una denuncia formal ante la Fiscalía por parte del demandante. Refirió que el control del orden público no se maneja con un criterio absoluto sino relativo ─teoría de la relatividad del servicio─ , máxime cuando el Ejército no fue omisivo, pues las veces que el demandante acudió a dicha institución, ellos fueron resp onsivos, incluso, realizando estudios de seguridad , sumado al hecho que ni en 2009, ni en 2010 el demandante le había elevado solicitudes a la institución castrense. En definitiva, que la parte actora no había acreditado los elementos estructurantes de la responsabilidad estatal. Respecto del daño, indicó que los documentos emitidos por el ICA sobre ciclos de vacunación no constituían prueba idónea para demostrar la propiedad del ganado, pues dicho organismo no tenía por función acreditar la titularidad de las reses, máxime que se trataba de un bien fluctuante que se compraba y vendía de forma permanente. Como excepciones propuso las que intituló: (i) indebida legitimación por pasiva de la Nación – Ejército, por cuanto las fuerzas militares no tienen por función proteger los bienes de las personas; y (iii) hecho de un tercero.

Como excepciones propuso las que intituló: (i) indebida legitimación por pasiva de la Nación – Ejército, por cuanto las fuerzas militares no tienen por función proteger los bienes de las personas; y (iii) hecho de un tercero.

A su turno, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional contestó la demanda6, para oponerse a las pretensiones, con escrito en el que remarcó que dicha institución no incurrió en falla del servicio que diera lugar a los hechos por los que se reclama, pues aquellos provinieron de terceros . Refirió que la omisión protestada por los demandantes no existió, en cuanto tampoco existió denuncia o petición formal de protección y que, en todo caso, debía tenerse en cuenta que la Policía presta un servicio de seguridad general a todas las personas, pues le resulta imposible asignar a cada ciudadano un policía que lo cuide y asegure sus bienes y, tratándose de zonas rurales, aquél se materializa en patrullajes y puestos de control

1 Escrito de demanda visible a folios 1-27, C1. Presentada el 14 de febrero de 2011 según sello de recibido de la Dirección Ejecutiva Seccional, Administración Judicial de Riohacha. 2 Auto admisorio del 14 de marzo de 2011, folios 287-287 Bis, C. 1. 3 A la Policía Nacional se le notificó el 29 de marzo de 2011 (folio 291, c. 1), mientras que, al Ejército Nacional se le enteró el 25 de marzo de 2011 (folio 292, C. 1.) 4 El asunto fue fijado en lista el 2 de mayo de 2011, cuyo término iba hasta el 13 de mayo de esa anualidad. Cfr.

se le enteró el 25 de marzo de 2011 (folio 292, C. 1.) 4 El asunto fue fijado en lista el 2 de mayo de 2011, cuyo término iba hasta el 13 de mayo de esa anualidad. Cfr. Folio 293, anverso, c. 1. 5 Contestación del 13 de mayo de 2011, folios 294-316, C. 1. 6 Contestación del 13 de mayo de 2011, folios 322-330, C. 1.Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)

Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros

3 con propósitos preventivos, no obstante, es imposible predecir el sitio y el momento en que los grupos al margen de la ley van a atacar, lo que hace que los operativo s para contrarrestarlos puedan ser infructuosos , con todo y que en Barrancas se tienen puestos de control con uniformados acantonados. Debe tenerse en cuenta que el demandante no solicitó protección, ni ostentaba la calidad de persona amenazada, ni se tenían indicios de que podía ser objeto de un atentado y, el solo hecho de que el país estuviese inmerso en una situación de conflicto armado no es razón suficiente para responsabilizar a la Policía de todos los daños. En definitiva, el daño por el cual se pro testa provino exclusivamente del “hecho de un tercero ”, postulado como excepción, junto con la denominada “innominada”.

El 10 de junio de 2011 se abrió el proceso a pruebas7. y, vencido este periodo se dio traslado a las partes para alegar de conclusión8 y al Ministerio Público para

El 10 de junio de 2011 se abrió el proceso a pruebas7. y, vencido este periodo se dio traslado a las partes para alegar de conclusión8 y al Ministerio Público para que rind iera concepto. De esta prerrogativa hizo uso la Policía Nacional 9 para reiterar las razones ya expuestas y enfatizar sobre la atribución del daño al hecho de un tercero. Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio10.

2.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de la Guajira , dictó sentencia el 28 de septiembre de 201611, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , con fundamento en una falla del servicio, dado que las demandadas tenían pleno conocimiento de la situación por la que atravesaba el señor Olmes, pues, de manera angustiante, rogatoria y persistente acudió en búsqueda de protección para él, su familia y sus bienes como víctima que venía siendo de amenazas y extorsión por el grupo insurgente. Remarcó que, aunque la Policía y el Ejército adoptaron acciones, aquellas no fueron efectivas y, además, que la falta de protección en que se encontraba la finca se corroboraba con el listado de misiones tácticas desarrolladas por el Ejército en el lapso comprendido entre febrero de 2005 a febrero de 2010 en el municipio de Barrancas, encontrándose que, para enero de 2010 cuando sucedieron los hechos, no se desplegó ni nguna misión, lo que facilitó el accionar violento de los miembros de las FARC. No obstante, consideró que la responsabilidad recaía únicamente sobre el Ejército porque era a quien

sucedieron los hechos, no se desplegó ni nguna misión, lo que facilitó el accionar violento de los miembros de las FARC. No obstante, consideró que la responsabilidad recaía únicamente sobre el Ejército porque era a quien correspondía brindar seguridad en la zona rural, además, porque a sabiendas de la previsibilidad del hecho y de las condiciones de vulnerabilidad en que se encontraba el señor Solano no realizó una actuación efectiva dirigida a evitar o a enfrentar directamente el ataque, todo por lo cual, la inactividad de esta institución en el mes de enero de 2010, facilitó en gran manera la producción del atentado terrorista.

En consecuencia, condenó a la Nación – Ejército Nacional a p agar perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente por: (i) la destrucción de la vivienda, en suma de $5 5.719.551.34, con fundamento en el informe pericial rendido a instancias de la prueba anticipada ; (ii) $2.060.000 por concepto de los honorarios pagados a los peritos que intervinieron en la práctica de la inspección judicial como prueba anticipada y (iii) la muerte de las 42 cabezas de ganado, en la modalidad de condena en abstracto. Por el contrario, den egó el perjuicio moral porque no lo encontró demostrado e indicó que, tratándose de la pérdida de bienes materiales no admitía presumirlo; tampoco encontró probado el daño emergente por gastos de abogado para practicar la inspección judicial anticipada , ni por el diferencial del

7 Decreto de Pruebas, folios 339-341, C. 1. 8 Traslado para alegar de conclusión, folio 391, C. 1.

abogado para practicar la inspección judicial anticipada , ni por el diferencial del

7 Decreto de Pruebas, folios 339-341, C. 1. 8 Traslado para alegar de conclusión, folio 391, C. 1. 9 Alegaciones de conclusión Policía Nacional, folios 392-395, C. 1. 10 Folio 396, C. 1. 11 Sentencia de Primera Instancia Folios 416-444, C. ppal.Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)

Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros

4 ganado que tuvo que vender, o por la pérdida de la báscula, como tampoco, el lucro cesante que se dejó de percibir por el ganado acribillado, proyectado a cinco años.

Adicionalmente, dispuso notificar la providencia a la Unidad de Atención y reparación Integral a Víctimas.

2.4. El recurso de apelación

Por disentir con la decisión adoptada en primera instancia, la parte actora , así como la Nación-Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, de manera oportuna interpusieron recurso de apelación sustentado en los siguientes argumentos:

2.4.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional , en su escrito impugnatorio12, protestó lo siguiente:

2.4.1.1. La administración obró de manera diligente y de conformidad con los medios de que disponía para proteger al actor desde el año 2005, pese a que no existía una denuncia formal que hubiera permitido un apoyo coordinado de otras instituciones. Así mismo, las amenazas que reportó datan de 2005 y cinco años

medios de que disponía para proteger al actor desde el año 2005, pese a que no existía una denuncia formal que hubiera permitido un apoyo coordinado de otras instituciones. Así mismo, las amenazas que reportó datan de 2005 y cinco años después de estas fue que sucedió el atentado terrorista , con lo que, además, resulta inexplicable que en todo ese tiempo no in terpuso una denuncia formal como para que se hubiera podido evaluar la real situación de peligro y el accionar para neutralizar a los responsables.

2.4.1.2. Llama la atención que, pese a las fuertes amenazas que recibía el señor Olmes sobre sus bienes, el estudio de seguridad hubiese indicado que no ameritaba un esquema personal de seguridad ; de ahí, que no se pueda responsabilizar al Ejército por omisión en sus tareas de protección en el mes de enero de 2010, pues se probó que dicha institución, a través del Batallón Juan José Rondón, con sede en Distracción Guajira , realizó labores para neutralizar el actuar de los grupos ilegales en la zona.

2.4.1.3. Las pruebas incorporadas al plenario demuestran que: (i) está acreditada la excepción de falta de legitimación pasiva del Ejército Nacional; (ii) el daño provino del hecho de un tercero; (iii) no existe prueba real de los daños causados al demandante; (iv) no existió una colaboración seria por parte del actor frente a las amenazas a que fue sometido durante los años previos al atentados y pretende descargar sobre el Ejército la responsabilidad por las comunicaciones que enviaba a la Presidencia de la República; ( v) no se demostraron las medidas de

las amenazas a que fue sometido durante los años previos al atentados y pretende descargar sobre el Ejército la responsabilidad por las comunicaciones que enviaba a la Presidencia de la República; ( v) no se demostraron las medidas de autoprotección que emprendió la víctima, pues lo único q ue se colige es que pretendía que se instalara una base militar permanente en su finca, lo cual es técnicamente imposible y, además, sería someterle a un riesgo a él y a los finqueros vecinos; (vi) el riesgo del actor era aleatorio e impredecible el momento en que se concretaría, tanto así que trascurrieron cinco años sin que se materializara ningún acto en su contra; (vii) El Ejército cumple una labor genérica de seguridad que recae sobre toda la población, por tanto, se le condenó por el cumplimiento de u n objetivo imposible y sin atender el contexto de conflicto armado por el que atravesaba el país.

2.4.1.4. Conforme a la misión institucional de las fuerzas militares, no corresponde al Ejército brindar seguridad individualizada a particulares. Su labor es de medios, no de resultados -relatividad del servicio -, máxime que el Grupo de Caballería Mecanizado Rondón no puede ser omnipresente en todo el territorio de la Guajira

12 Recurso de alzada obrante a folios 452-481, C. ppal.Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)

Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros

5 y, no estaba a su alcance conocer de las amenazas puestas de presente el 8 de enero de 2010 a la Presidencia de la República y de la cual se le dio traslado a

5 y, no estaba a su alcance conocer de las amenazas puestas de presente el 8 de enero de 2010 a la Presidencia de la República y de la cual se le dio traslado a dicha institución apenas el 1 de febrero de 2010. Todo por lo cual, no se demostró la falla en el servicio en que hubiera podido incurrir el Ejército y, menos el nexo causal de sus actuaciones con el daño, como tampoco una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas, pues todos los ciudadanos estamos sometidos a diversas formas de violencia con características generalizadas.

2.4.1.5. La certificación del ICA no es idónea para d emostrar la propiedad ni la existencia del ganado.

2.4.2. La parte demandante en sustentación de su apelación 13, arguyó:

2.4.2.1. Los perjuicios morales se negaron sin un argumento plausible , desconociendo que los demandantes fueron amen azados, extorsionados y debieron vivir a escondidas y domiciliarse en Barranquilla, lo que aparejó conflictos emocionales.

2.4.2.2. En cuanto a los perjuicios materiales por lucro cesante, s e desconoció por parte del Tribunal , que la pérdida del ganado vacuno no solo conllevó la pérdida del valor actual, sino la producción inherente al hato de ganado, pues después de la incursión guerrillera el predio fue abandonado , con la consecuente pérdida de ingresos que producían las 426 cabezas de ganado que estaban unas en producción lechera con la prospección de producir crías , otras en levante y, otras, en un contrato de participación ganadera , aunado a que el ganado tuvo que

ingresos que producían las 426 cabezas de ganado que estaban unas en producción lechera con la prospección de producir crías , otras en levante y, otras, en un contrato de participación ganadera , aunado a que el ganado tuvo que venderse a un precio irrisorio que debe ser resarcido conforme a las condiciones de precio que te nía el mercado para esa época , todo por lo cual solicitó se acogiera, en su integridad, lo determinado a través del dictamen pericial practicado en la prueba anticipada por un profesional especializado conocedor del tema (zootecnista) y a instancias de las demandadas quienes no manifestaron su desacuerdo o, en su defecto, se ordene un nuevo peritaje que tenga en cuenta la información recogida dentro de la inspección judicial. En definitiva, se debe reconocer, por estar probado, que los perjuicios por lucro cesante ascienden a $6.842.480.000.

2.4.2.3. El Tribunal a quo se limitó a decir que los perjuicios no estaban probados, desconociendo que el peritaje contenía todos los datos necesarios para demostrarlos, como, por ejemplo, el valor del litro de leche en 2010, el valor del gramo de carne para ese momento, e, igualme nte, sin atender el certificado de vacunación del ICA que daba cuenta del ganado existente .

2.4.2.4. La primera instancia solamente reconoció 42 reses fallecidas, pero, faltó incluir dos toros Brahaman y GIRL que murieron en el acto terrorista.

2.4.2.5. Se debe reconocer lo concerniente al pago de honorarios del profesional del derecho que, a pesar del riesgo que implicaba, atendió la diligencia de prueba

incluir dos toros Brahaman y GIRL que murieron en el acto terrorista.

2.4.2.5. Se debe reconocer lo concerniente al pago de honorarios del profesional del derecho que, a pesar del riesgo que implicaba, atendió la diligencia de prueba anticipada, perjuicio que se encuentra probado con el respectivo contrat o de prestación de servicios.

2.5. Conciliación

13 Recurso de apelación – parte demandante. Folios 482-487, C. ppal.Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)

Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros

6 Según lo prescrito en el cuarto inciso del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, el Tribunal convocó a audiencia de conciliación 14, la cual fue evacuada el 7 de diciembre de 201615, y hubo de declararse fallida y de concederse los recursos de apelación propuestos.

2.6. El trámite procesal relevante de segunda instancia

Recibido el asunto en e sta Corporación, por auto del 1 de marzo de 2017 16, se admitieron los recursos de apelación y, en providencia posterior, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio de Público para que emitiera su concepto. El término de traslado corrió en silencio para las partes17, mientras que el Ministerio Públ ico, representado por doctor Nicolás Yepes Corrales , en su entonces condición de Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, emitió concepto, en el que indicó que el fallo condenatorio debía ser revocado, por cuanto no se demostró que el Ejércit o hubiera incurrido

Yepes Corrales , en su entonces condición de Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, emitió concepto, en el que indicó que el fallo condenatorio debía ser revocado, por cuanto no se demostró que el Ejércit o hubiera incurrido en falla del servicio , dado que las pruebas indican que aquél desplegó acciones propias de su competencia en la zona y, además, el propio demandante indicó que, tras sus denuncias, iban uno o dos militares a su oficina a buscar informac ión que les sirviera de base para su accionar y a hacerle “preguntas pendejas”, como también, que en el 2009 el Ejército le había concedido audiencia con la cúpula militar de la Costa Atlántica, lo que era indicativo del interés que tenía la institución de brindarle protección a él y a sus bienes , y que, cosa distinta era que por la restricción de recursos y personal no fuera posible mantenerle una seguridad exclusiva en su predio, aunado a la imposibilidad de prever la fecha del ataque. Además, que aun cuando era cierto que nueve días antes del acto terrorista el demandante había elevado una comunicación a la Presidencia de la República, la misma no daba cuenta de la inminencia del ataque, sino que, para esa fecha, el temor principal del señor Olmes giraba en torno a la dificultad para la venta de gasolina en Maicao y, de manera secundaria menciona ba los problemas de abigeato y presencia de la guerrilla en el sector de su finca, sin que denotara que estaba ante un riesgo inminente y previsible, pues inclusive, en la misiva le solicitó al gobierno nacional que no env iara hombres del Batallón ubicado en la zona. En

abigeato y presencia de la guerrilla en el sector de su finca, sin que denotara que estaba ante un riesgo inminente y previsible, pues inclusive, en la misiva le solicitó al gobierno nacional que no env iara hombres del Batallón ubicado en la zona. En definitiva, que los requerimientos del señor Olmes y el daño por aquél sufrido no son suficientes para atribuir responsabilidad a l Estado, porque debía demostrar se la inacción e indolencia administrativa del Estado y que, la inferencia que hizo la primera instancia en cuanto a que al no haber adelantado una misión táctica en el mes de enero de 2010 se había facilitado el actuar ileg al, carecía de razonabilidad porque no se solicitó las misiones tácticas del Batallón más próximo y, porque ese argumento supone la realización de misiones tácticas de forma permanente, desconociendo la limitación de recursos . En cuanto a la legitimación por activa, indicó que el señor Olmes lo estaría, pero, únicamente en función de l porcentaje de derechos herenciales que tenía sobre la finca para el momento de los hechos.

2.7. Manifestación de impedimento

14 Auto del 25 de noviembre de 2016, visible a folio 490, C. ppal. 15 Folios 502-503, C. ppal. 16 Folios 507, C. ppal. 17 Folio 524, C. ppal.Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)

Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros

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El magistrado Nicolás Yepes Corrales, el 03 de agosto de 202318, manifestó estar incurso en causal de impedimento por haber rendido concepto en el proceso en

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El magistrado Nicolás Yepes Corrales, el 03 de agosto de 202318, manifestó estar incurso en causal de impedimento por haber rendido concepto en el proceso en calidad de agente del Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el inciso 1° del artíc ulo 140 y en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, que le fue aprobada en Sala de Decisión por los demás miembros de la Subsección, de ahí que el proyecto respectivo fuera discutido y aprobado por Sala dual.

III. PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP) —aplicable en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificada 19— el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo establece el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP). Sin embargo, como la misma norma lo establece, “cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

De conformidad con lo que es objeto de recurso, los siguientes son los problemas jurídicos que la Sala deberá resolver:

sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

De conformidad con lo que es objeto de recurso, los siguientes son los problemas jurídicos que la Sala deberá resolver:

¿Acreditó la parte demandante haber padecido el daño antijurídico sobre el que sustenta sus pretensiones?

¿Debe responder el Estado, a través de los organismos demandados, por las pérdidas y afectaciones económicas que sufrió la parte actora como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo en la finca La Loma, activado por integrantes de un grupo armado al margen de la ley?

Si la respuesta al anterior problema se revela positiva, la Sala dará paso a la solución del siguiente:

¿Los perjuicios que reclama la parte demandante se encuentran debidamente demostrados y acordes con los lineamientos jurisprudenciales previstos por esta Corporación para su reconocimiento y tasación?

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de la Guajira, en un proceso

18 Índice 16 del aplicativo SAMAI. 19 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-0039501(IJ).Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)

Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros

8 con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, por razón de la cuantía20

01(IJ).Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)

Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros

8 con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, por razón de la cuantía20 y, dado el ejercicio de la acción de reparación directa interpuesto de manera oportuna por los demandantes, si se tiene en cuenta que los hechos por los cuales se depreca indemnización, esto es, la destrucción de sus bienes por la detonación de un artefacto explosivo en la finca la L oma por parte de integrantes del Frente 59 de las FARC, sucedió el 17 de enero de 2010, lo que viene a significar que la caducidad estaba comprendida el en lapso transcurrido entre el 18 de enero de 2010 y el 18 de enero de 2012 y como la demanda fue presentada el 11 de febrero de 201121, se constata que fue radicada en tiempo, inclusive, sin tener en cuenta la suspensión en razón al trámite de conciliación prejudicial22.

En cuanto a la legitimación en la causa, como una cuestión previa, la Sala destaca que la demanda fue impetrada por los señores (i) Olmes Armando Solano Carrillo, quien dijo actuar a nombre propio y, en representación de la sociedad Distribuidora de Combustibles Hermanos Solano Caballero Ltda., (ii) Margarita Rosa Cab allero Severini (cónyuge) y, (iii) Camilo Andrés, Carlos Arturo y José Alberto Solano Caballero (hijos). En el poder23 que otorgaron para la demanda de reparación directa se anuncia a Olmes Armando Solano Carrillo y Margarita Rosa Caballero Severini

Caballero (hijos). En el poder23 que otorgaron para la demanda de reparación directa se anuncia a Olmes Armando Solano Carrillo y Margarita Rosa Caballero Severini como “propietarios y poseedores de la finca La Loma” y, ninguna mención se hizo respecto de la persona jurídica que en la demanda dijo representar el señor Olmes Solano, de ahí que, en el auto admisorio de la demanda no se incluyó a Distribuidora de Combustibles Hermanos Solano Caballero Ltda. , como demandante, actuación que quedó en firme y de la cual se extrae que, a instancias de este proceso, la mencionada sociedad no fue considerada sujeto procesal y desde un principio quedó excluida de la controversia con el pleno conocimiento y anuencia del extremo activo.

Por activa. En relación con las afectaciones que sufrió la vivienda, se encuentra legitimado el señor Olmes Armando Solano Carrillo, pero, no en la calidad de propietario que invoca , ni tampoco en la calidad de coheredero que aduce el Ministerio Público, sino en la condición de cesionario de todos los derechos herenciales del predio denominado Lo