CE - 440012331000201100035011ACLARACIONDEV20230116143937
Detalles
- Título
- CE - 440012331000201100035011ACLARACIONDEV20230116143937
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Fredy Ibarra Martínez
Radicado: 44001-23-31-000-2011-00035-01 (58035)
Actor: Braulio Enrique Daza Gutiérrez y Otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa Aclaración de voto de Alberto Montaña Plata
Aunque comparto el sentido de la decisión (adverso a la parte actora ), considero que la sentencia incurre en una imprecisión conceptual importante pues entiende que , la existencia del daño antijurídico en materia de error judicial, depende de que, de manera previa, se compruebe la exis tencia de dicho error. Considero que esa conclusión es incorrecta y pone en evidencia una confusión en el análisis de los elementos de la responsabilidad.
He sostenido de manera consistente que l os presupuestos de la responsabilidad del Estado deben anal izarse de manera escalonada y en un orden lógico, estudio en el que el daño ocupa el primer lugar. La sentencia no identifica ni hace un estudio de la existencia de los daños (y los perjuicios) alegados por el demandante , pues concluye que el análisis de l a responsabilidad se agota ante la comprobación de que la decisión acusada no quedó en firme (porque fue revocada) y, en todo caso, considera que la decisión no estaba llamada a producir efectos ya que fue apelada en efecto suspensivo.
no quedó en firme (porque fue revocada) y, en todo caso, considera que la decisión no estaba llamada a producir efectos ya que fue apelada en efecto suspensivo.
Ese análisis, aunque válido, no permitía llegar a la conclusión de que, entonces, la parte actora no experimentó un daño antijurídico; además, desnaturaliza por completo la estructura de la responsabilidad, ya que el estudio de los presupuestos del título de imputación se hace sin que, previamente como es debido, se corroborara la existencia y extensión de los daños alegados.
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado