CE - 440012331000201200041012SENTENCIA20230705154143

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 44001-23-31-000-2012-00041-01(59457)

Actor: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD

Demandado: DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA IMPEDIMENTO-Dar concepto como agente del Ministerio Público, artículo 150.12 CPC. COPIAS SIMPLESValor probatorio. NORMAS DE ALCANCE NO NACIONAL-Valor probatorio. DOCUMENTOS APORTADOS POR LOS TESTIGOS-Valor probatorio. BENEFICIOS EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES-Régimen jurídico aplicable al departamento de La Guajira. PRIVILEGIO DE LO PREVIO-Mecanismo a favor del ciudadano para evitar litigiosidad judicial. VÍA GUBERNATIVA O SEDE ADMINISTRATIVA-Más que un privilegio de lo previo es un mecanismo a favor de las personas. INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Se acudió a la acción de reparación directa sin haber discutido un pronunciamiento previo de la Administración vía nulidad y restablecimiento del derecho. EXCEPCIONES DE FONDO-El superior puede estudiar todas las excepciones de fondo y declarar las que encuentre probadas, así no hubieran sido alegadas. COSTAS EN CCAImprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra

de fondo y declarar las que encuentre probadas, así no hubieran sido alegadas. COSTAS EN CCAImprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO Durante 2008 y 2009, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNADprestó servicios educativos a estudiantes, porque -se asegura—- eran beneficiarios del Fondo Educativo de Apoyo o Ayudas para la Educación Superior -FONEDUGa cargo de la Secretaría de Educación del Departamento de la Guajira. Alega que la entidad territorial no pagó los beneficios educativos, a pesar de que la universidad cumplió el procedimiento establecido en el Decreto n”. 205 de 2007 —que reglamentó el FONEDUGpara el desembolso de los beneficios.2 Expediente n. 59.457

Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD Fallo inhibitorio ANTECEDENTES El 23 de marzo de 2012, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-, a través de apoderado judicial, formuló demanda de reparación directa contra el Departamento de la Guajira. Solicitó $3.391.124.575 por enriquecimiento sin justa causa. En apoyo de las pretensiones, la demandante adujo que la Asamblea Departamental de la Guajira creó el Fondo Educativo de Apoyo o Ayudas para la Educación Superior -FONEDUGpara fomentar el acceso a la educación superior.

Afirmó que las ayudas económicas para los beneficiarios del fondo se pagan

Departamental de la Guajira creó el Fondo Educativo de Apoyo o Ayudas para la Educación Superior -FONEDUGpara fomentar el acceso a la educación superior. Afirmó que las ayudas económicas para los beneficiarios del fondo se pagan directamente a las universidades previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en el Decreto n. 205 de 2007. Alegó que, a pesar de haber prestado el servicio de educación y haber cumplido todos los requisitos, el departamento no le ha pagado los beneficios educativos por los años 2008 y 2009. El 19 de junio de 2012 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, el Departamento de la Guajira, al oponerse a las pretensiones, adujo que no fue posible el pago de los beneficios económicos a la UNAD, porque la universidad no cumplió los requisitos establecidos en el decreto que reglamentó los desembolsos del FONEDUG, a pesar de los múltiples requerimientos. El 28 de agosto de 2014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. Las partes reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público conceptuó desfavorablemente a las pretensiones, porque la demandante no remitió los soportes que prevé el Decreto n. 205 de 2007 para el reconocimiento de los beneficios económicos. El 15 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de la Guajira en la sentencia negó las pretensiones, al considerar que la demandante no acreditó ante la Secretaría de Educación del departamento de la Guajira los requisitos para el desembolso de los beneficios económicos del programa FONEDUG, según lo

negó las pretensiones, al considerar que la demandante no acreditó ante la Secretaría de Educación del departamento de la Guajira los requisitos para el desembolso de los beneficios económicos del programa FONEDUG, según lo dispuesto en la Ordenanza n. 214 de 2007 —modificada por la Ordenanza n. 232 de 2008y el Decreto n”. 205 de 2007. Concluyó que la demandante no puede alegar su propia culpa. La parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 10 de mayo de 2017 y admitido el 23 de junio siguiente. La3 Expediente n. 59.457

Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD Fallo imhibitorio recurrente esgrimió que el Tribunal omitió apreciar las pruebas que acreditan que la universidad subsanó los errores de la cuenta de cobro que presentó al departamento para los apoyos educativos de 2008-2009. El 6 de julio de 2018 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La parte demandante reiteró lo expuesto. La parte demandada guardó silencio. El Ministerio Público conceptuó que se debían negar las pretensiones, pues la parte demandante no cumplió con los requisitos establecidos para el desembolso de los apoyos educativos del programa FONEDUG.

CONSIDERACIONES |. Impedimento El Consejero Nicolás Yepes Corrales manifestó estar incurso en la causal de impedimento establecida en el artículo 141.12 CGP, pues intervino en el proceso como agente del Ministerio Público. El artículo 150.12 CPC dispone que el juez deberá apartarse del conocimiento del proceso por haber dado consejo o concepto

de impedimento establecida en el artículo 141.12 CGP, pues intervino en el proceso como agente del Ministerio Público. El artículo 150.12 CPC dispone que el juez deberá apartarse del conocimiento del proceso por haber dado consejo o concepto fuera de la actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. Como los hechos en los cuales se funda el impedimento manifestado se subsumen en la causal invocada, porque en el asunto actuó como Procurador Primero Delegado ante esta Corporación y emitió concepto, se aceptará el impedimento. Il. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es4

Expediente n. 59.457

Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD Fallo inhibitorio competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6

CCA, esto es, $283.350.000. Acción procedente La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este

valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $283.350.000. Acción procedente La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este presupuesto procesal por las razones que se pasarán a explicar.

III. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la acción de reparación directa es la idónea para reclamar el pago por la prestación del servicio de educación a varios estudiantes que —según la demandaeran beneficiarios de un programa educativo a cargo del departamento.

IV. Análisis de la Sala

2. Las copias simples serán valoradas porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio?.

3. Según el artículo 188 CPC y el artículo 141 CCA, las normas de alcance no nacional deben aportarse al proceso en copia auténtica. La Sala reitera que las normas de carácter territorial seccional o local que se encuentre a disposición del público en las páginas institucionales de las entidades se reputan auténticas para todos los efectos legales. Se trata de un medio admisible, eficaz, válido y con fuerza obligatoria para acreditar el contenido del texto de las normas de alcance no nacional y, por tanto, satisfacen la exigencia prevista en los artículos 188 CPC y 141

CCA?. Como la Ordenanza n. 214 de 2007 —modificada por la Ordenanza n. 232 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2012, $566.700, por 500.

CCA?. Como la Ordenanza n. 214 de 2007 —modificada por la Ordenanza n. 232 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2012, $566.700, por 500. ? Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjiduK. ? Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2007, Rad. 19001-23-31-000-200500993-01 (AP) [fundamento jurídico 2.3.3].5 Expediente n. 59.457

Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD Fallo inhibitorio de 2008de la Asamblea Departamental de la Guajira y el Decreto n”. 205 de 2007 de la Gobernación de la Guajira se aportaron al proceso en copia auténtica, serán valoradas (f. 372-393 c. 1).

4. Luis Alfonso Barros Arevalo, testigo en el proceso, aportó —entre otros documentosel oficio del 21 de abril de 2009 que el gobernador de la Guajira remitió

valoradas (f. 372-393 c. 1).

4. Luis Alfonso Barros Arevalo, testigo en el proceso, aportó —entre otros documentosel oficio del 21 de abril de 2009 que el gobernador de la Guajira remitió al director de la UNAD y el acta n. 001 de la mesa técnica de la Gobernación de la Guajira y la UNAD (f. 409-448 c. 1). Según el artículo 228 CPC, los testigos podrán presentar documentos relacionados con los hechos sobre los cuales declaran, los cuales se agregarán al expediente y se darán en traslado común por tres días, sin necesidad de auto que lo ordene. Como los documentos que aportó el testigo en la audiencia del 13 de junio de 2013 surtieron el traslado correspondiente, serán valorados.

Régimen jurídico aplicable a los beneficios educativos en el departamento de La Guajira

5. De conformidad con el artículo 300.9 CN y en consonancia artículo 1 de la Ley 1012 de 2006, que modificó el artículo 111 de la Ley 30 de 1992, la Asamblea Departamental de la Guajira, mediante Ordenanza n. 214 de 2007, estableció — para ese departamentola política general de ayudas, becas y subsidios para el pago de las matrículas de las personas de escasos recursos económicos para facilitar su ingreso y permanencia en las instituciones de educación superior. Al efecto, el parágrafo 2 del artículo 114 de la Ley 30 de 1992 creó el Fondo Educativo de Apoyo o Ayudas para la Educación Superior y Ciclo Complementario de Normalista Superior en el Departamento de la Guajira —-FONEDUGcomo una

de Apoyo o Ayudas para la Educación Superior y Ciclo Complementario de Normalista Superior en el Departamento de la Guajira —-FONEDUGcomo una cuenta especial sin personería jurídica con el objeto de brindar apoyo a los jóvenes de escasos recursos y dispuso que la Secretaría de Educación del Departamento de la Guajira sería la encargada de la adjudicación de los beneficios (art. 4). El Gobernador, a su vez, por Decreto departamental n. 205 de 2007, al reglamentar esa Ordenanza, fijó el procedimiento para el otorgamiento del beneficio. La institución de educación superior pública envía a la Secretaría de Educación departamental la relación de los beneficiaros, con la información pertinente sobreExpediente 59.457

Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD Fallo inhibitorio sus promedios académicos y una sección especial para aquellos beneficiarios pertenecientes a grupos indígenas, negritudes, discapacitados y desplazados. (ii) El solicitante debe acreditar que cursó el último año en una institución educativa pública o privada en el Departamento de la Guajira, mediante certificación expedida por el rector y si se trata de estudiantes de una comunidad indígena o de negritudes, deberán acreditar su condición mediante certificación expedida por la Secretaría de Asuntos Indígenas y de Gobierno departamental. (iii) La Secretaría de Educación adjudica los beneficios en cada semestre dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibidos los documentos, previa la verificación de los respectivos requisitos. El valor de los subsidios será pagado a la institución de educación superior a través de cheque o por transferencia a cuenta bancaria (art. 5).

De modo que, las instituciones de educación superior deben agotar el procedimiento

valor de los subsidios será pagado a la institución de educación superior a través de cheque o por transferencia a cuenta bancaria (art. 5). De modo que, las instituciones de educación superior deben agotar el procedimiento administrativo reglado del Decreto n”. 205 de 2007, para el otorgamiento de los beneficios educativos del programa FONEDUG. Ineptitud sustantiva de la demanda

6. La Administración cuenta con el denominado «privilegio de lo previo», que más que una prerrogativa a favor de la Administración, debe ser entendido como un mecanismo a favor del ciudadano, pues está concebido para evitar —en lo posible— la controversia judicial. En caso de negativa o ante el silencio de la Administración, la persona podrá acudir a la jurisdicción a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 CCA, retomado por el artículo 138 CPACA. En criterio de unificación de la Sala Plena de esta Corporación, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho siempre existirá un acto atacable, por ello la acción de reparación directa no es la vía procesal adecuada si no se obtiene antes la anulación del mismo porque continuaría produciendo efectos ¡jurídicos$.

7. La demanda pretende que se declare la responsabilidad del Departamento de la

adecuada si no se obtiene antes la anulación del mismo porque continuaría produciendo efectos ¡jurídicos$.

7. La demanda pretende que se declare la responsabilidad del Departamento de la Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2016, Rad. n. 28741 [fundamento jurídico 8] con aclaración de voto y auto del 19 de mayo de 2019, Rad. n”. 59136 [fundamento jurídico 3]. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 27 de marzo de 2007, Rad. n. 76001-23-31-000-200002513-01 [fundamento jurídico 5.3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 47-48, disponible en https://bit ly/3gjiduK.7

Expediente n. 59.457

Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD Fallo inhibitorio Guajira y se condene al pago de los beneficios educativos previstos en la Ordenanza n. 214 de 2007 y el Decreto n. 205 de 2007, porque la UNAD prestó servicios educativos a estudiantes que -se asegura— eran beneficiarios del programa FONEDUG durante el 2008 y 2009.

Está acreditado que el 21 de abril de 2009, el Departamento de la Guajira devolvió los documentos que presentó la UNAD para el cobro de los beneficios del programa FONEDUG correspondientes al 2008, porque no acompañó las certificaciones que acreditaban que los beneficiarios del programa cursaron su último año lectivo en un establecimiento educativo del Departamento de la Guajira, de conformidad con lo

FONEDUG correspondientes al 2008, porque no acompañó las certificaciones que acreditaban que los beneficiarios del programa cursaron su último año lectivo en un establecimiento educativo del Departamento de la Guajira, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto n. 205 de 2007, según da cuenta copia simple del oficio del 21 de abril de 2009, suscrito por el gobernador de la Guajira, Jorge Eduardo Pérez Barnier (f. 412-414 c. 1.). El 4 de julio siguiente, se instaló la mesa técnica entre el Departamento de la Guajira y la UNAD para concertar lo relacionado con los requisitos para la entrega de los beneficios educativos, según da cuenta copia simple del acta n. 001 del 4 de julio de 2009, suscrita por los representantes de la UNAD y la gobernación (f. 420-423 c. 1). Según el documento, la gobernación notificó a la UNAD de los resultados de la auditoría y solicitó la reconstrucción de los expedientes de cada estudiante, periodo por periodo, con los soportes que acreditaban el cumplimiento de las condiciones para acceder al beneficio educativo. Asimismo, la gobernación se comprometió a revisar la documentación y emitir, si a ello había lugar, el concepto favorable para el desembolso de los auxilios educativos. El 18 de julio de 2009, la UNAD remitió la documentación parcial para el reconocimiento y pago de las ayudas educativas por el segundo semestre del 2007, según da cuenta copia simple del informe suscrito por Edgar Guillermo Rodríguez, delegado de la rectoría de la UNAD (c.1 f. 424-425). El 20 de agosto de 2009, el

según da cuenta copia simple del informe suscrito por Edgar Guillermo Rodríguez, delegado de la rectoría de la UNAD (c.1 f. 424-425). El 20 de agosto de 2009, el departamento de la Guajira negó el desembolso de los incentivos educativos a la UNAD por el segundo periodo del 2007, porque la documentación estaba incompleta, según da cuenta copia simple del oficio suscrito por Luis Alfonso Barrios Arevalo, secretario de educación del departamento (c.1 f. 426-429). El 14 de noviembre de 2009, la gobernación estableció la lista de estudiantes de la UNAD beneficiarios del subsidio educativo durante el segundo semestre del 2007, según8 Expediente n. 59,457

Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD Fallo inhibitorio da cuenta copia simple de la resolución n. 1623 del 14 de noviembre de 2009.

El 28 de enero de 2010, el departamento de la Guajira fijó las condiciones para la presentación del informe que cada universidad debía diligenciar para el reconocimiento y pago de los subsidios educativos y estableció los documentos que estas debían remitir, según da cuenta copia simple de la Circular n. 02 del 28 de enero de 2010, ratificada en las Circulares n. 010 del 16 de marzo de 2010 y 20 del 30 de marzo siguiente (c. 1 f. 14-15, 415, 426). El 15 de abril de 2010, la UNAD solicitó el pago pendiente correspondiente a los estudiantes beneficiarios del programa para el primer semestre del 2010 y remitió los soportes, según da cuenta copia simple del oficio suscrito por Reginaldo Felizzola Fernández, director de la

solicitó el pago pendiente correspondiente a los estudiantes beneficiarios del programa para el primer semestre del 2010 y remitió los soportes, según da cuenta copia simple del oficio suscrito por Reginaldo Felizzola Fernández, director de la UNAD Guajira (c. 1 f. 358-362). El 20 de mayo 2010, la UNAD presentó al Departamento de la Guajira la cuenta de cobro para el pago de los subsidios educativos por la prestación del servicio de educación a los estudiantes beneficiarios del programa FONEDUG de los periodos 2008 y 2009 por un valor de $3.391.124.575, según da cuenta copia simple de la cuenta de cobro n. 074 del 14 de mayo de 2010, suscrita por Iván Domínguez Sierra, tesorero de la UNAD y el oficio del 20 de mayo de 2010, firmado por el director de la UNAD Guajira (f. 30-33 c. 2). El 28 de junio de 2010, la UNAD remitió a la directora del FONEDUG la clave y usuario para acceder al aplicativo EDUCAT, según da cuenta copia simple del oficio (c.1 f. 24). El 2 de agosto siguiente, la UNAD radicó una petición ante la gobernación de la Guajira para que se pronunciara sobre la cuenta de cobro n?. 074 de 2010, según da cuenta copia simple de la solicitud (f. 16-17 c. 2). El 30 de septiembre de 2010, la gobernación de la Guajira, al contestar la solicitud, requirió a la UNAD para que entregara la clave administradora del EDUNAT, con el fin de corroborar el informe general correspondiente al 2008 y 2009

la solicitud, requirió a la UNAD para que entregara la clave administradora del EDUNAT, con el fin de corroborar el informe general correspondiente al 2008 y 2009 (f. 18 c. 2). El 5 de octubre de 2010, la UNAD entregó el usuario y contraseña del EDUNAT al Secretario de Educación del departamento de La Guajira (f. 19-23 c. 2).

8. Así las cosas, la demandante debió demandar —en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 CCA, norma vigente para la fecha de interposición de la demandael acto administrativo producto de la respuesta de la Administración frente a su solicitud de pago de los subsidios9

Expediente n. 59,457

Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD Fallo inhibitorio educativos por el periodo 2008 y 2009. Como el contencioso de restablecimiento o nulidad resarcitoria tiene por finalidad asegurar la regularidad de la actuación administrativa y la protección de un derecho subjetivo vulnerado por el acto, no hay lugar a reclamar directamente ante la jurisdicción un derecho, cuando no se ha reclamado previamente ante la Administración.

La reparación directa, entonces, no es la vía procesal adecuada. En este caso, se configuró la ineptitud sustantiva de la demanda, pues la demandante interpuso el medio de control de reparación directa con el propósito de obtener el pago de los beneficios educativos, sin haber discutido el pronunciamiento previo de la Administración vía nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, la acción procedente para solicitar la responsabilidad de los daños derivados de las decisiones del departamento, frente a las solicitudes de pago de los beneficios

Administración vía nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, la acción procedente para solicitar la responsabilidad de los daños derivados de las decisiones del departamento, frente a las solicitudes de pago de los beneficios educativos del programa FONEDUG es la nulidad y restablecimiento del derecho. La acción de reparación directa no puede interponerse sin límite?, ni restar —por su uso indiscriminado— eficacia a las demás acciones contenciosas. Por ello, la Sala modificará la decisión de primera instancia y declarará probada la excepción de inepta demanda.

9. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte demandante haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO: DECLÁRASE fundado el impedimento presentado por el Consejero Nicolás Yepes Corrales, para intervenir en este caso y, en consecuencia, SEPÁRASE del conocimiento del presente proceso. $ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, Rad. 27.422 [fundamento jurídico 2] y sentencia del 13 de mayo de 2009, Rad. 15.652 [fundamento jurídico 11], con salvamento de voto. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 2021, Rad. 55608 [fundamento jurídico 5], con votos particulares.10 Expediente n. 59.457

Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD

[fundamento jurídico 5], con votos particulares.10 Expediente n. 59.457

Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD Falio inhibitorio SEGUNDO: MODIFÍCASE la sentencia del 15 de marzo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira y, en su lugar, se dispone: DECLÁRASE probada la excepción de inepta demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍ

WA GUILLERMO SÁNCH DAR/OAO