CE - 440012340000201700250031AUTOQUEDECIDECONFIRMA20230928201846

Radicado: 44001-23-40-000-2017-00250-03

Demandante: Adolfo González Epieyú Autoridad tradicional indígena de la

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 44001-23-40-000-2017-00250-03

Demandante ADOLFO GONZÁLEZ EPIEYÚ - AUTORIDAD TRADICIONAL

INDÍGENA DE LA COMUNIDAD WARRUTTOU SECTOR

BAHÍA HONDA

Demandado MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y OTROS Temas Grado jurisdiccional de consulta incidente de desacato. Comunidades Wayúu. Estado de cosas inconstitucional. Órdenes dadas por la Corte Constitucional. Sentencias T-415 de 2018 y T-302 de 2017. AUTO INTERLOCUTORIO La Sala decide el grado jurisdiccional de consulta de la providencia del 9 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira que dispuso: “PRIMERO: DECLARAR que han incurrido en conducta de desacato sancionable, con ocasión de las órdenes contenidas en la sentencia T -415 de 10 de octubre de 2018 dictada

“PRIMERO: DECLARAR que han incurrido en conducta de desacato sancionable, con ocasión de las órdenes contenidas en la sentencia T -415 de 10 de octubre de 2018 dictada por la Corte Constitucional dentro del proceso de la referencia - que confirmó parcialmente el fallo de fecha 21 de septiembre de 2017 proferido por el tribunal contencioso administrativo de La Guajira -, los siguientes ciudadanos: Bonifacio Henríquez Palmar - alcalde del municipio de Uribia -, Ediñho De Jesús Vides Guerra -gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribia S.A.S. E.S.P., Andreina Susana García Pinto – gerente de la empresa de servicios públ icos de La Guajira “ESEPGUA S.A. E.S.P -, Diala Patricia Wilches Cortina -gobernadora designada de La Guajira -, Cielo Elainne Rusinque Urrego -directora del departamento administrativo para la prosperidad social (Fl. 347 del cuaderno incidental), Astrid Eli ana Cáceres Cárdenas -directora general del instituto colombiano de bienestar familiar-, Diego Enrique Vargas Vega -subdirector para el manejo de desastres de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres y Jorge Iván González -director del de partamento nacional de planeación -. Así mismo, DECLARAR que no han incurrido en conducta de desacato sancionable, con ocasión de las órdenes contenidas en el fallo de tutela antes referenciado los incidentados Jhenifer María Sindei Mojica Flórez -ministra de agricultura y desarrollo rural -, Carlos Ramón González Merchán -consejero presidencial para las regiones (e), Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez -ministro de salud y protección

de agricultura y desarrollo rural -, Carlos Ramón González Merchán -consejero presidencial para las regiones (e), Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez -ministro de salud y protección social-. Lo anterior, por las razones precisadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se imponen las siguientes sanciones: • A los doctores Cielo Elainne Rusinque Urrego -directora del departamento administrativo para la prosperidad social (Fl. 347 del cuaderno incidental) , Astrid Eliana Cáceres Cárdenas -directora general del instituto colombiano de bienestar familiar -, Diego Enrique Vargas Vega -subdirector para el manejo de desastres de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres y Jorge Iván González -director del departamento nacional de planeación-, multa por valor de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. • A la doctora Diala Patricia Wilches Cortina, en su condición de gobernadora designada del departamento de La Guajira, multa por valor de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. • A la doctora Andreina Susana García Pinto, en su condición de gerente de la empresa de servicios públicos de La Guajira “ESEPGUA S.A. E.S.P. multa por valor de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. • Al doctor Ediñho De Jesús Vides Guerra, en su condición de gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribia S.A.S. E.S.P. multa por valor de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes. • Al doctor Bonifacio Henríquez Palmar, en su condición de alcalde del municipio de Uribia -La

mínimos legales mensuales vigentes. • Al doctor Bonifacio Henríquez Palmar, en su condición de alcalde del municipio de Uribia -La Guajira, multa por valor de siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes.Radicado: 44001-23-40-000-2017-00250-03

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Parágrafo. - Las multas señaladas deberán ser pagadas dentro de los dos (2) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia y consignarse en el banco agrario, cuenta DTN MULTAS Y CAUCIONES EFECTIVAS No. 3 -0070-000030-4, d e conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 de la ley 270 de 1996, modificado por el artículo 20 de la ley 1285 de 2009, en concordancia con el acuerdo No. PSAA10 - 6979 de 2010, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

TERCERO: ADVERTIR a los sancionados que la imposición de la sanción no los exonera del deber de dar cumplimiento a las órdenes judiciales, las cuales deberán cumplirse de forma INMEDIATA, conminándolo para ese efecto, de manera que se garantice la efectividad de los derechos fundamentales amparados.

CUARTO: Por secretaría, notificada la presente providencia, ENVÍESE INMEDIATAMENTE este incidente al H. Consejo de Estado para que surta el grado jurisdiccional de consulta, de

derechos fundamentales amparados.

CUARTO: Por secretaría, notificada la presente providencia, ENVÍESE INMEDIATAMENTE este incidente al H. Consejo de Estado para que surta el grado jurisdiccional de consulta, de acuerdo con el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, previa verificación de que el expediente que se remite contenga la totalidad de actuaciones y notificaciones surtidas. Será deber de la secretaría constatar la entrega efectiva del expediente al H. Consejo de Estado y pasar al despacho ponente el expediente una vez reingrese luego de surtida la consulta.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia envíese copia de la misma, para su conocimiento, a la sala octava de revisión de la honorable Corte Constitucional, que avocó y actualmente hace el seguimiento del cump limiento de la sentencia T -302 de 2017. En la oportunidad legal, archívese el trámite incidental, previa verificación de que lo actuado en su curso, incluida la orden de archivo, esté registrado en el sistema TYBA Justicia Siglo XXI”.

ANTECEDENTES

1. Hechos Del expediente se advierten como hechos relevantes los siguientes: 1.1. Los señores Adolfo González Epieyú actuando en nombre propio y en calidad de autoridad de la comunidad indígena Warruttou sector de Bahía Honda; Luz Mila Ipuana Epieyú actuando en nombre propio y en calidad de autoridad de la comunidad indígena Warraliet sector de Urua; Edinson González actuando en nombre propio y en calidad de autoridad de la comunidad indígena Juisharou sector de Jonjosito; Danis García actuando en nombre propio y en calidad de autoridad de la comunidad indígena Topia sector de Puerto López; y Guillermina Uriayu actuando en nombre propio y

comunidad indígena Juisharou sector de Jonjosito; Danis García actuando en nombre propio y en calidad de autoridad de la comunidad indígena Topia sector de Puerto López; y Guillermina Uriayu actuando en nombre propio y en calidad de autoridad de la comunidad indígena Tres Bocas sector de Bahía Honda, presentaron acción de tutela en contra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio , el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico , la Empresa de Acued ucto, Alcantarillado y Aseo de Uribía SAS ESP , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la salud, el mínimo vital de agua potable, la igualdad y la diversidad étnica y cultural. 1.2. Mediante sentencia del 21 de septiembre de 2017 el Tribunal Administrativo de La Guajira amparó los derechos fundamentales invocados en la solicitud de amparo. El Tribunal se refirió (i) al derecho fundamental al agua potable y a su especial relevancia fre nte a los miembros de las comunidades indígenas en el Departamento de La Guajira y, (ii) a las graves consecuencias que la carencia del agua acarrea para la población con impacto en la vida y la salud, por aspectos no solo de higiene sino también de preparación de los alimentos, por lo que encontró justificado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha y ese mismo tribunal, desplegaran medidas cautelares importantes para procurar la solución de esta problemática. Precisó que, en este caso, lo procedente era reiterar las órdenes emitidas por las citadas autoridades, a fin de potencializar la efectividad de las soluciones

tribunal, desplegaran medidas cautelares importantes para procurar la solución de esta problemática. Precisó que, en este caso, lo procedente era reiterar las órdenes emitidas por las citadas autoridades, a fin de potencializar la efectividad de las soluciones de la carencia del sistema de agua potable para las comunidades indígenasRadicado: 44001-23-40-000-2017-00250-03

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co accionantes. Sin desconocer la complejidad de la orden relativa al suministro de agua potable a las comunidades, advirtió que la problemática advertida no releva de las obligaciones de las entidades públicas frente a la satisfacción del servicio público, incluso, con la adopción de medidas que garantizaran una solución inmediata y paliativa. Por tal motivo, sostuvo que debían disponerse de las garantías mínimas del derecho al agua a las comunidades accionantes, tales como su disponibilidad, accesibilidad, cali dad y no discriminación en la distribución, valiéndose de las medidas logísticas y administrativas necesarias para la concreción del amparo del derecho al agua potable, entre otras problemáticas que afectaban a la población indígena Wayúu, con el propósito de mitigar el desabastecimiento del agua potable que afrontaban dichas comunidades. 1.3. La decisión fue impugnada por la Administradora Temporal para el sector del Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de la Guajira, sin

de mitigar el desabastecimiento del agua potable que afrontaban dichas comunidades. 1.3. La decisión fue impugnada por la Administradora Temporal para el sector del Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de la Guajira, sin embargo, por auto del 5 de octubre de 2017 el Tribunal Administrativo de La Guajira, rechazó la impugnación por extemporánea. 1.4. El asunto se remitió a la Corte Constitucional y fue seleccionado para revisión. En sentencia T 415 del 10 de octubre de 2018 la Sala Cuarta de Revisión asumió el conocimiento y enfatizó en el deber de la prestación de este servicio público en cabeza del Estado, los departamentos y los municipios de manera concurrente y coordinada, cuyo objeto es satisfacer las necesidades básicas de la población, haciendo mención al estado de cosas inconstitucional en el Departamento de La Guajira, declarado en la sentencia T 302 de 2017, luego de constatar una vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo Wayúu en materia de agua, salud y alimentación. En dicha sentencia, la Corte ordenó la adopción de las medidas adecuadas y necesarias para constituir un “ Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas” para la superación del estado de cosas inconstitucional constatado, que debía estar integrado por las autoridades a cargo de ejecutar las políticas públicas de las que dependía el goce de los derechos de las comunidades. La Corte Constitucional definió en el caso concreto: “Con base en las consideraciones antes expuestas, esta Sala resolverá confirmar la sentencia de única

autoridades a cargo de ejecutar las políticas públicas de las que dependía el goce de los derechos de las comunidades. La Corte Constitucional definió en el caso concreto: “Con base en las consideraciones antes expuestas, esta Sala resolverá confirmar la sentencia de única instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, el veintiuno (21) de septiembre de 2017, y amparar los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, al agua potable, a la igualdad y a la diversidad étnica y cultural de los miembros de las comunidades indígenas de Warrutou, Warraliet, Juisharou, Topia y Tres Bocas, ubicadas en el municipio de Uribia – La Guajira-.

132. Ahora bien, teniendo en cuenta que la situación antes descrita obedece a una falla estructura l de las entidades nacionales y territoriales, la cual no es atribuible a una única entidad pública y que, como se vio, condujo a la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en la sentenciaT -302 de 2017, esta Sala considera que, con el fin de ga rantizar de manera adecuada, permanente y definitiva los derechos fundamentales de las comunidades accionantes, se deberá buscar armonizar el presente caso con las decisiones y mecanismos adoptados por la Corte en la sentencia antes mencionada . En dicha providencia se dictaron órdenes estructurales para enfrentar la crisis humanitaria que atraviesa el pueblo wayuu, y que afecta con especial intensidad a niños, niñas, adolescentes, madres gestantes y lactantes.

133. En vista de lo anterior, esta Sala conside ra que no resulta pertinente emitir nuevas órdenes específicas que, en lugar de dar una solución real y efectiva a la problemática evidenciada, puedan llevar

133. En vista de lo anterior, esta Sala conside ra que no resulta pertinente emitir nuevas órdenes específicas que, en lugar de dar una solución real y efectiva a la problemática evidenciada, puedan llevar a obstaculizar la coordinación y concurrencia en la adopción de políticas públicas que resuelvan l a situación constatada. Esta Sala llama la atención al hecho que las comunidades indígenas de Warrutou, Warraliet, Juisharou, Topia y Tres Bocas, ubicadas en el municipio de Uribia –La Guajira-, se encuentran dentro de todas las actuaciones que se deberán adelantar con el fin de superar el estado de cosas inconstitucional declarado, en seguimiento a lo establecido por esta Corte en la sentencia T-302 de 2017.

En consecuencia, a través de la Secretaría General, se ordenará a las entidades accionadas en el trámite remitir copia de la presente sentencia a todas las entidades encargadas de constituir el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional. Asimismo, se resolverá remitir copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, para que realicen el seguimiento y acompañamiento, de conformidadRadicado: 44001-23-40-000-2017-00250-03

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con sus competencias constitucionales y legales. Por último, se dispondrá que el Tribunal Contencios o

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con sus competencias constitucionales y legales. Por último, se dispondrá que el Tribunal Contencios o Administrativo de la Guajira mantendrá las competencias previstas en los artículos 27 y 52 de l Decreto 2591 de 1991, relacionadas con la supervisión del cumplimiento de la sentencia y los eventuales incidentes de desacato. (se destaca).

134. Se aclara que aun así se remita la solución de las necesidades evidenciadas en el presente asunto a la ejecución del Mecanismo de Seguimiento del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T -302 de 2017, ello no obsta para que las entidades accionadas actúen antes de la implementación de dicho mecanismo”.

En la parte resolutiva del fallo, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, dispuso lo siguiente: “Segundo. - CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo del veintiuno (21) de septiembre de 2017 proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira y, en consecuencia, TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y al agua potable (en su faceta subjetiv a para consumo humano ) de los miembros de las comunidades indígenas de Warrutou, Warraliet, Juisharou, Topia y Tres Bocas, ubicadas en el municipio de Uribia –La Guajira, de conformidad con lo establecido en la sentencia T-302 de 2017 que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la materia.

Tres Bocas, ubicadas en el municipio de Uribia –La Guajira, de conformidad con lo establecido en la sentencia T-302 de 2017 que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la materia. “Tercero. - ORDENAR que el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, INFORME a los accionantes que la sentencia T -302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional en este sentido, y que esta declaración cobija la situación de las comunidades wayuu tutelantes, todas ubicadas en el municipio de Uribia del departamento de La Guajira, razón por la cual, su situación debe ser atendida por las autoridades vinculadas a la superación de l mencionado estado de cosas inconstitucional. “Cuarto. - ORDENAR a las entidades accionadas dentro de este trámite a divulgar esta sentencia con cada uno de los miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas al que hace referencia la sentencia T-302 de 2017. “Quinto. - A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR copia de la presente decisión a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, para que realicen el seguimiento y acompañamiento, de conformidad con sus competencias constitucionales y legales. “Sexto. – ORDENAR que el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira mantendrá las competencias previstas en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, relacionadas con la supervisión del cumplimiento de la sentencia y los eventuales incidentes de desacato. “Séptimo. - LIBRAR, a través de la Secretaría General, las comunicaciones de que trata el artículo 36

supervisión del cumplimiento de la sentencia y los eventuales incidentes de desacato. “Séptimo. - LIBRAR, a través de la Secretaría General, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, y DISPONER, a través del Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, la realización de la notificación a las partes de que trata esa misma norma”. 1.5. Por Auto del 28 de noviembre de 2018 el Tribunal Administrativo de La Guajira dio inicio a un proceso de verificación de cumplimiento a las órdenes dadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T 415 de 2018. Para ello, solicitó informes e inició toda una actuación para la acreditación de actuaciones desplegadas con ocasión del fallo de tutela. 1.6. Luego, por Auto del 5 de febrero de 2020 el Tribunal ordenó abrir actuación correctiva en contra del alcalde municipal de Uribía (La Guajira) y del gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Uribia SA ESP, al no haber dado respuesta a los informes requeridos en el curso de la actuación de verificación de cumplimiento del f allo. Tal actuación culminó con Auto del 6 de abril de 2022 por el que cerró la actuación correctiva. 1.7. Mediante providencia del 8 de junio de 2021 , el Tribunal Administrativo de La Guajira, resolvió el incidente de desacato iniciado de manera oficiosa: (i) De un lado, declaró que el señor Bonifacio Henríquez Palmar en su condición de alcalde del municipio de Uribia (Guajira), incurrió en desacato a la orden de la Corte Constitucional contenida en la sentencia T -415 del 10 de octubre de

de alcalde del municipio de Uribia (Guajira), incurrió en desacato a la orden de la Corte Constitucional contenida en la sentencia T -415 del 10 de octubre de

2018. Como consecuenci a de lo anterior, ordenó imponer sanción de multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la obligación del cumplimiento inmediato a la orden de tutela.

(ii) Frente a los demás incidentados declaró que no incurriero n en desacato, sin embargo, les llamó enérgicamente la atención para que, sin más dilaciones, adoptaran las medidas eficaces que llevaran a una pronta superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira. Igual llamado hizo a los miembros del mecanismo especial de seguimiento y evaluación de políticas públicas.Radicado: 44001-23-40-000-2017-00250-03

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los fundamentos para adoptar esta decisión se centraron en la gravedad de la situación que pone en riesgo la existencia del pueblo Wayúu. 1.8. Esta Sección confirmó la decisión consultada mediante Auto del 30 de junio de 2022. En aras del cumplimiento a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional, se dispuso que el Tribunal Administrativo de La Guajira vinculara y advirtiera la participación activa del Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Educación, del Departamento

se dispuso que el Tribunal Administrativo de La Guajira vinculara y advirtiera la participación activa del Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Educación, del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Superintend encia Nacional de Salud, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, del Departamento de La Guajira, del Departamento Nacional de Planeación y del Departamento Administrativo de la Función Pública y demás entidades y autoridades que, a su juicio, debieran concurrir en pro del cumplimiento de las órdenes complejas de tutela. Se dispuso que, una vez devuelto el expediente al tribunal de origen, se iniciara un nuevo incidente de desacato en contra de las entidades vinculadas, y se exhortó a la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, para que ejercieran la vigilancia permanente del cumplimiento del fallo de tutela y adelantaran las gestiones del caso. 1.9. Respecto de la competencia para la verificación del cumplimiento de la sentencia y el trámite de los eventuales incidentes de desacato, en la sentencia T-415 de 2018 la Corte indicó que se mantendría en cabeza del Tribunal Administrativo de La Guajira en su condición de juez de tutela de primer grado. Así las cosas, las órdenes impartidas en la sentencia T -302 de 2017 son las que deben considerarse al momento de verificar avance en el cumplimiento actual de lo allí dispuesto por el juez constitucional, ya que la misma sentencia T 415 de 2018, proferida en el asunto que ocupa la atención de la Sala, remitió a lo decidido en la primera decisión citada.

actual de lo allí dispuesto por el juez constitucional, ya que la misma sentencia T 415 de 2018, proferida en el asunto que ocupa la atención de la Sala, remitió a lo decidido en la primera decisión citada. 1.10. Por Auto A-696 del 26 de mayo de 2022 la Corte Constitucional adoptó una serie de medidas cautelares con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las órdenes de tutela impartidas por esa Corporación en la sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional frente a la situación actual del pueblo Wayuu. 1.11. El Tribunal Administrativo de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado por esta Corporación, inicialm ente requirió a las autoridades encargadas del cumplimiento y posteriormente dio apertura a un nuevo incidente de desacato, resuelto en providencia del 12 de agosto de 2022, en la que nuevamente se evidenciaron cumplimientos parciales de las órdenes de tutela por parte de las entidades accionadas, sanción que se confirmó por esta Corporación en providencia del 15 de septiembre de 2022. 1.12. Recientemente, el 9 de mayo de 2023 luego de agotadas las etapas previas tendientes a la verificación de los avances y cumplimiento de la orden de tutela, el Tribunal Administrativo de La Guajira resolvió incidente de desacato y sancionó como consecuencia de la ausencia de cumplimiento a los siguientes ciudadanos: (i) al Alcalde del Municipio de Uribia, La Guajira, (ii) al gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribía

ciudadanos: (i) al Alcalde del Municipio de Uribia, La Guajira, (ii) al gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribía S.A.S. E.S.P., (iii) al gerente de la empresa de servicios públicos de La Guajira “ESEPGUA S.A. E.S.P., (iv) a la gobernadora designada de La Guajira, (v) a la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, (vi) a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (vii) al SubdirectorRadicado: 44001-23-40-000-2017-00250-03

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para el manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y (viii) al director del Departamento Nacional de Planeación.

2. Trámite rendido en el incidente de desacato ante el Tribunal Administrativo de La Guajira 2.1. Inicialmente, el Tribunal Administrativo de La Guajira, llevó a cabo audiencia de seguimiento de la sentencia T -415 de 2018 y, posteriormente previo a la apertura formal del incidente de desacato, mediante auto del 14 de abril de 2023 requirió información y apremió el cumplimiento del fallo de tutela. 2.2. Allegados los informes respectivos, por auto del 24 de abril de 2023 el Tribunal Administrativo de La Guajira dio apertura formal al incidente de desacato.

2023 requirió información y apremió el cumplimiento del fallo de tutela. 2.2. Allegados los informes respectivos, por auto del 24 de abril de 2023 el Tribunal Administrativo de La Guajira dio apertura formal al incidente de desacato. 2.3. En providencia del 9 de mayo de 2023 se resolvió el incidente de desacato, en el que se dejó la salvedad que se aportaron informes por parte de los apoderados y jefes de la s oficinas jurídicas de las entidades que representaban, sin embargo, anunció que la responsabilidad en el incidente de desacato era de carácter personal y no institucional.

3. Informes rendidos en el trámite incidental adelantado por el Tribunal Administrativo de La Guajira. 3.1. El Municipio de Uribia, rindió informe en el que manifestó que el municipio ha procurado garantizar el derecho al agua abasteciendo a las comunidades: Warraliet, Jursharou, Topia Tres Bocas y Warrutou, lo que se ha logrado gracias a los convenios interadministrativos celebrados con la empresa de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribia S.A.S. E.S.P., los que relacionó al detalle.

En ese sentido, dijo que se garantizaba el suministro en la relación de habitante por día en los términos de la Resolución Nro. 0844 del 8 de noviembre de 2018 emitida por el Ministerio de Vivienda, además de las acciones que se han llevado a cabo en torno a campañas de educación con la comunidad indígena. Frente al tema del dere cho a la salud, sostuvo que realizó algunas brigadas de salud pública con la E.S.E hospital de Nazareth y que la secretaría de salud

acciones que se han llevado a cabo en torno a campañas de educación con la comunidad indígena. Frente al tema del dere cho a la salud, sostuvo que realizó algunas brigadas de salud pública con la E.S.E hospital de Nazareth y que la secretaría de salud realizó en articulación con los equipos de identificación y gestión del riesgo del departamento operado por el consorcio Achajawa Wayúu intervención que se hizo en la comunidad de Topia, reportándose algunos casos importantes de riesgo de desnutrición. Del componente de seguridad alimentaria, indicó que se planteó un proyecto denominado: fortalecimiento de la producción de o vino caprino/repoblación animal desde la articulación de los saberes ancestrales y conocimiento técnico para las comunidades accionantes el cual estaba en la etapa de formulación con los recursos asignados y que iniciaría en el presente año 2023, luego de agotados los procesos contractuales. Anunció que una de las principales dificultades para poder dar cabal cumplimiento a las órdenes constitucionales, ha sido la falta de articulación y coordinación entre las diferentes autoridades del nivel departamenta l y nacional para la implementación de medidas. 3.2. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se pronunció de manera previa y posterior a la apertura formal del presente trámite incidental. En el informe rendido dentro del trámite incidental , afirmó que las entidades accionadas en la sentencia que declaró un estado de cosas inconstitucionalRadicado: 44001-23-40-000-2017-00250-03

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