CE - 440012340000202200128011SENTENCIAFALLO20221215160604

Accionante: Lácides Nicolás Toro Fuenmayor Accionado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Radicación: 44001-23-40-000-2022-00128-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 44001-23-40-000-2022-00128-01

Accionante: LÁCIDES NICOLÁS TORO FUENMAYOR

Accionado: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC

Temas: Confirma improcedencia– Convocatoria de audiencia de conciliación de linderos por parte del IGAC.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por el señor Lácides Nicolás Toro Fuenmayor contra la sentencia de 11 de noviembre de 202 2. Mediante esta providencia el Tribunal Administrativo de La Guajira declaró improcedente el presente medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. El señor Lácides Nicolás Toro Fuenmayor , en ejercicio de la acción de cumplimiento, reclama al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. El señor Lácides Nicolás Toro Fuenmayor , en ejercicio de la acción de cumplimiento, reclama al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante IGAC) el acatamiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Resolución No. 70 de 2011, expedida por la entidad demandada.

2. En consecuencia, solicita se le ordene a la accionada buscar la forma de que los propietarios o poseedores de predios colindantes lleguen a un acuerdo por las diferencias existentes respecto de sus linderos. Para el caso en concreto, corresponde a l predio del señor Genaro Toro Ibarra y al de Supertiendas y

Droguerías Olímpica S.A.

3. De no llegar a un acuerdo, que el IGAC decida sobre los linderos en litigio para efectos de la identificación de los predios con fines catastral es. Esto con carácter provi sional y hasta tanto la autoridad judicial competente decida el conflicto de manera definitiva.

4. HechosAccionante: Lácides Nicolás Toro Fuenmayor Accionado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Radicación: 44001-23-40-000-2022-00128-01

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5. Para el accionante la norma que considera desatendida obliga al IGAC a buscar la forma de llegar a un acuerdo cuando se present an diferencias entre propietarios o poseedores de predios colindantes respecto de sus linderos. Si se

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5. Para el accionante la norma que considera desatendida obliga al IGAC a buscar la forma de llegar a un acuerdo cuando se present an diferencias entre propietarios o poseedores de predios colindantes respecto de sus linderos. Si se logra, el diferendo quedará resuelto para los fines del catastro con la firma de un acta por los propietarios o poseedores de los inmuebles.

6. Manifiesta que, al morir su padre, el señor Genaro Toro Ibarra dejó como herencia a sus hijos el inmueble ubicado en la manzana 60 del sector 3 de Riohacha -denominado así catastral mente-. El cual, adquirió de venta real y enajenación que le hizo el municipio de Riohacha, mediante escritura pública No. 13, del 15 de enero de 1979 en la Notaría Única, hoy primera , y con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 210 -2236 de la Oficina de Registro e Instrumentos

Públicos de Riohacha.

7. Refiere que, no ha sido posible real izar la sucesión notarial del inmueble en cuestión, pues el IGAC borró el predio de su señor padre en el catastro. Aduce que esto para favorecer al propietario de l bien colindante, quien a su turno y valiéndose de vías de hecho, fue corriendo lo s mojones que marcaban los linderos de la propiedad para vender ambos inmuebles a lo que sería la primera Supertienda y Droguería Olímpica de la ciudad de Riohacha.

8. Indica que, la consecuencia de que IGAC haya borrado el predio Nro. 0003 de la manzana 50 del sector 3 del área urbana de Riohacha, es que al no estar

8. Indica que, la consecuencia de que IGAC haya borrado el predio Nro. 0003 de la manzana 50 del sector 3 del área urbana de Riohacha, es que al no estar identificado el predio fiscalmente en la tesorería del distrito, los herederos del señor Toro Ibarra no han podido cumplir con el requisito de paz y salvo del impuesto predial exigido por el notario para llevar a cabo el proceso de sucesión.

9. Señala que, en la petición efectuada el 23 de abril de 2021, solicitó al IGAC -nivel general y territorialla aplicación del artículo 63 de la Resolución No. 70 de 2011 expedida por la misma autoridad. Esto para que el predio de su señor padre, el señor Genaro Toro Ibarra, volviera a aparecer en la carta catastral urbana de la Manzana 60 del Sector 3.

10. Mediante oficio del 26 de abril de 2021, el IGAC habría dado respuesta a su solicitud manifestando que carecía de soporte para ser aten dida, por lo que requería de los respectivos documentos a efectos de darle el trámite correspondiente.

11. En memorial del 14 de mayo de 2021, el accionante puso de presente que el mismo 26 de abril de 2021 atendió los requerimientos de la autoridad y radicó los soportes que permitieran la inscripción catastral del inmueble en cuestión.

12. En oficio del 24 de junio de 2021, el IGAC d io respuesta a las solicitudes del 23 de abril y 14 de mayo de 2021 instauradas por el accionante , señalando que el estudio que se está adelantando es muy complejo, de cuidado y requiere

del 23 de abril y 14 de mayo de 2021 instauradas por el accionante , señalando que el estudio que se está adelantando es muy complejo, de cuidado y requiere de tiempo debido ya que están analizando los títulos de adquisición de otros propietarios como son (Supertiendas Olímpica y el Colegio Celia Catalina), que están inscritos en la manzana 050 del sector 3 . El análisis tiene como objetivo garantizarles su derecho de contradicción y defensa , y no incurrir en unaAccionante: Lácides Nicolás Toro Fuenmayor Accionado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Radicación: 44001-23-40-000-2022-00128-01

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vulneración al debido proceso. De igual manera, se puso de presente que el estudio en cuestión tendría un término aproximado de 30 días calendario.

13. El día 25 de junio de 2021, la parte accionante procedió a radicar memorial ante el IGAC en el que pidió la aplicación del artículo 63 de la Resolución No. 70 de 2011. Por lo tanto, exigió que esa entidad citara a audiencia a las partes en conflicto u objeto de disputa para intentar llegar a un acuerdo conciliatorio.

14. Asegura que el 26 de julio de 2021, recibió respuesta por parte de la jefe de conservación catastral del IGAC. En esta se le indicó que el predio objeto de disputa se encuentra donde aparece construido el colegio Celia Catalina , propiedad del municipio de Riohacha, y que la eliminación del inmueble de la

de conservación catastral del IGAC. En esta se le indicó que el predio objeto de disputa se encuentra donde aparece construido el colegio Celia Catalina , propiedad del municipio de Riohacha, y que la eliminación del inmueble de la base de datos catastral fue consecuencia de un proceso de actualización realizado aproximadamente en el año 1993.

15. Refiere que el 20 de agosto de 2021, le reiteró a la autoridad demandada el cumplimiento del artículo 63 de la Resolución No. 70 de 201 1, citando las normas de la acción de cumplimiento a efectos de cumplir con la carga de la renuencia. En consecuencia, el accionante señaló que, el 26 de octubre de 2021, recibió respuesta de la autoridad catastral en la que lo citó el día 17 de noviembre de 2021 a las instalaciones de esa entidad, con la finalidad de celebrar la audiencia descrita en el citado artículo.

16. El día de 17 de noviembre de 2021, se realizó la primera reunión sin todos los propietarios de los predios colindantes , pues el IGAC habría citado exclusivamente al señor Mario de Jesús Bayona Cano, y no al distrito de

Riohacha, ni a Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.

17. El 25 de mayo de 2022, se efectuó la segunda reunión con la parte actora y demás propietarios. Solo hasta el 12 de julio de 2022 le habría sido remitida el acta de la misma , la cual, a la vez fue modificada y enviada al accionante nuevamente, el día 10 de agosto de 2022.

18. Finalmente, y luego de varias reuniones y requerimientos efectuados por

acta de la misma , la cual, a la vez fue modificada y enviada al accionante nuevamente, el día 10 de agosto de 2022.

18. Finalmente, y luego de varias reuniones y requerimientos efectuados por el actor para que la accionada diera aplicación al artículo 63 de la Resolución No. 070 de 2011, m ediante oficio 2612 DTG-2021-0000285-EE-001 del 6 de septiembre de 2022, el IGAC puso de presente que para el caso en concreto la norma aplicable corresponde al artículo 64 del acto administrativo en comento.

3. Actuaciones procesales

19. En auto de 7 de octubre de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo de Riohacha admitió la acción de cumplimiento. Mediante proveído del 1 de noviembre de 2022 declaró su falta de competencia para conocer en primera instancia del asunto y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente de laAccionante: Lácides Nicolás Toro Fuenmayor Accionado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Radicación: 44001-23-40-000-2022-00128-01

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referencia al Tribunal Administrativo de La Guajira1. El 4 de noviembre de 2022, esa corporación avocó conocimiento de asunto2.

4. Contestación

4.1. IGAC

20. La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda . Señaló que, no se desconoce la documentación referente a la Escritura Pública No. 13 del 15

4. Contestación

4.1. IGAC

20. La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda . Señaló que, no se desconoce la documentación referente a la Escritura Pública No. 13 del 15 de enero de 1979, así como tampoco, que el predio identificado catastralmente con el No. 01 -03-00-00-0050-003-000 figuraba en la base de datos cargo de dicha entidad, hasta que, product o de un proceso de actualización catastral fue cancelado de la manzana No. 50.

21. Indica que, en acción popular adelantada por el señor Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina3, contra la entidad y otros4, el Tribunal Administrativo de La Guajira, «habría negado la falla en la prestación del servicio por no rechazar una inscripción catastral y haber anulado los predios 003 y 0012».

22. En razón a dicha providencia, las partes involucradas; Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A., y el señor Jorge Pérez Bernier han manifestado cosa juzgada en la s reuniones adelantadas con el accionante en el procedimiento administrativo efectuado por dicha entidad.

23. Señaló que han atendido todas las solicitudes efectuadas por el accionante, aunque de manera desfavorable.

24. Alude que el señor Toro Fuenmayor, mediante escrito del 20 de agosto de 2021, presentó ante el IGAC solicitud de cumplimiento del art ículo 63 de la Resolución No. 70 de 2011. En aras de dar cumplimiento a dicha disposición citó a las partes involucradas a una reunión que tenía como finalidad realizar la audiencia de conciliación qu e trata el pluricitado artículo. Sin embargo, no se

Resolución No. 70 de 2011. En aras de dar cumplimiento a dicha disposición citó a las partes involucradas a una reunión que tenía como finalidad realizar la audiencia de conciliación qu e trata el pluricitado artículo. Sin embargo, no se logró llegar a ningún acuerdo.

25. Aunado a ello, señaló que el IGAC no entraría a debatir acerca de la propiedad privada o pública, la legalidad y autenticidad de los títulos de propiedad, debido a que las inscripciones vigentes de los demás predios vinculados en el presente trámite cuentan con presunción de legalidad hasta tanto no se declaré lo contrario por autoridad judicial competente.

26. Finalmente, se indicó que no es la acción de cumplimiento el mecanismo idóneo para debatir la inscripción catastral, pues lo procedente es adelantar el

1 Cfr. Índice Nro. 2 SAM AI. Archivo: ED_EXPEDIENTEORDINARIO(.pdf) N roActua 2. Fls. 120150. 2 Cfr. Índice Nro. 2 SAMAI. Archivo: ED_EXPEDIENTEORDINARIO(.pdf) N roActua 2. Fl. 158 3 Actuando en representación del Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social, y quien se hizo presente en todas las reuniones desarrolladas en el IGAC. 4 La acción popular tuvo el número de radicado: 44-001-23-33-002-2008-00407-01. La misma también fue dirigida contra: el distrito de Riohacha, Oficina de Instrumentos Públicos, Organización Olímpica S.A., Jorge Eduardo Pérez Bernier y Lina Raquel Gómez Camargo.Accionante: Lácides Nicolás Toro Fuenmayor

Accionado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Organización Olímpica S.A., Jorge Eduardo Pérez Bernier y Lina Raquel Gómez Camargo.Accionante: Lácides Nicolás Toro Fuenmayor Accionado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Radicación: 44001-23-40-000-2022-00128-01

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conflicto señalado en el artículo 64 ibidem, situación que se le comunicó al accionante, a qui en además se le indicó que se dejarían las inscripciones actuales hasta tanto la justicia ordinaria dirima la controversia, en el proceso de deslinde y amojonamiento que se encuentra en curso.

5. Fallo impugnado

27. En sentencia de 11 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de

La Guajira, resolvió:

PRIMERO. DECLARAR improcedente la acción de cumplimiento interpuesta por el señor L ácides Nicolás Toro Fuenmayor contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para exigir el cumplimiento del artículo 63 de la Resolución Nro. 070 de

2011. Lo anterior, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

[…]

28. Para fundar su decisión, explicó que «la norma cuyo cumplimiento exige el accionante, no estab a vigente al momento de presentación de la presente acción constitucional, pues la resolución 070 de 201 1 fue derogada mediante la resolución 1149 de 19 de agosto de 2021».

29. Indica que si bien la Resolución Nro. 1149 dispuso un régimen de

acción constitucional, pues la resolución 070 de 201 1 fue derogada mediante la resolución 1149 de 19 de agosto de 2021».

29. Indica que si bien la Resolución Nro. 1149 dispuso un régimen de transición en su artículo 715, señalando que los trámites iniciados y no finalizados antes de la entrada en vigor de dicha disposición se seguirán realizado bajo la anterior resolución y, por ende, en principio se podría considerar qu e la norma cuyo cumplimiento se solicita es aplicable. Sin embargo, esto no es así porque el procedimiento administrativo ante el IGAC se encuentra concluido, pues en acta del 25 de mayo de 2022 consta que las partes no llegaron a ningún acuerdo, por lo que, se mantendrían las actuaciones existentes hasta tanto la autoridad judicial competente decidiera la controversia.

30. En ese orden de ideas, tras considerar que la norma cuyo acatamiento se exige no es actualmente exigible , la acción de cumplimiento se torna improcedente. Por lo que, indica el a quo «mal podría darse viabilidad al estudio de fondo del cumplimiento de una norma excluida actualmente del orden jurídico».

6. Impugnación

31. La parte actora interpuso impugnación contra la decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de La Guajira6. Sostiene que el régimen de

5 «ARTÍCULO 71 Transición. Los trámites que se encuentren radicados y sin finalizar por parte del gestor catastral, con anterioridad a la fecha de la expedición del presente acto administrativo, se atenderán de conformidad con las normas vigentes a la fecha de la solicitud (...)» 6 El demandante presentó escrito de impugnación el 18 de noviembre de 2022.Accionante: Lácides Nicolás Toro Fuenmayor

se atenderán de conformidad con las normas vigentes a la fecha de la solicitud (...)» 6 El demandante presentó escrito de impugnación el 18 de noviembre de 2022.Accionante: Lácides Nicolás Toro Fuenmayor Accionado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Radicación: 44001-23-40-000-2022-00128-01

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transición establecido en el artículo 71 de la Resolución No. 1149 de 2021 le es aplicable.

32. Considera que el acta de reunión de propietarios solicitada por el señor Lácides Nicolás Toro Fuenmayor, y realizada el 25 de mayo de 2022, no es un acto definitivo. A la anterior conclusión llega, señalado que por lo demás el documento no ha sido firmado por los intervinientes de la reunión, en la medida que no ha habido conce nso respecto al cambio introducido en el segundo borrador del acta.

33. En ese sentido, arguye que no se compadece con la verdad, el dicho del a quo referente a que el procedimiento administrativo ante el IGAC está concluido, por ser claro que las partes no llegaron a ningún acuerdo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

34. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada contra la sentencia de 11 de noviembre de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los

2.1. Competencia

34. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada contra la sentencia de 11 de noviembre de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1257, 1508 y 2439 de la Ley 1437 de 201110, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «…las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

35. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

36. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”

(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera

7 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20. 8 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26. 9 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.

7 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20. 8 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26. 9 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62. 10 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. [..].Accionante: Lácides Nicolás Toro Fuenmayor Accionado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Radicación: 44001-23-40-000-2022-00128-01

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desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a atender su cumplimiento.

37. Para que la demanda proceda, se requiere:

a) Que la norma legal o acto administrativo contenga un mandato imperativo e inobjetable radicado en cabeza de una autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, al cual se rec lama el cumplimiento; y que, en efecto, se establezca que existe la desatención de la norma o acto;

inobjetable radicado en cabeza de una autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, al cual se rec lama el cumplimiento; y que, en efecto, se establezca que existe la desatención de la norma o acto;

b) Que el actor pruebe que antes de presentar la demanda exigió al que consideró como obligado, la observancia de su deber legal;

c) Que el afectado no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico contenido en el acto administrativo, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción; que no se trate de una norma que establezca gastos, ni tampoco del reclamo de un derecho que pueda gara ntizarse vía acción de tutela.

2.3. De la renuencia

38. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en renuencia de la autoridad accionada, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto administrativo con citación precisa de éste11 y que ésta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

39. Para cumplir con este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que «[…] el r eclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»12.

40. Sobre este tema, esta Sección13 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante

renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»12.

40. Sobre este tema, esta Sección13 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que

11 Sobre el particular esta Sección ha dicho: «La Sala también ha explicado que con el fin de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia.»(Negrita fuera de texto) 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo. 13 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. M.P. Susana Buitrago Valencia.Accionante: Lácides Nicolás Toro Fuenmayor Accionado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Radicación: 44001-23-40-000-2022-00128-01

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incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el s eñalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando e l destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito d e procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destina tario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos (Negrillas fuera de texto).

41. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece

procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos (Negrillas fuera de texto).

41. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece

lo siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se ha ya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

42. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

43. Así las cosas, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de procedibilidad cuando la petición «[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia».14

44. En este caso, el demandante, mediante escrito s del 20 de agosto de 202115, 15 de agosto de 2021 16 y 22 febrero de 2022 17, solicitó el cumplimiento del artículo 63 de la Resolución Nro. 70 del 2011 del IGAC.

14 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002, exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.

14 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002, exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019. 15 Cfr. Índice SAMAI Nro. 2 Archivo ED_4EXPEDIENTEADMINI(.pdf) Nro Actua 2. Folio Nro. 64. 16 Cfr. Índice SAMAI Nro. 2 Archivo ED_4EXPEDIENTEADMINI(.pdf) Nro Actua 2. Folio Nro. 107 17 Cfr. Índice SAMAI Nro. 2 Archivo ED_4EXPEDIENTEADMINI(.pdf) Nro Actua 2. Folio Nro. 137Accionante: Lácides Nicolás Toro Fuenmayor Accionado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi Radicación: 44001-23-40-000-2022-00128-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

45. La entidad demandada, en oficio del 26 de octubre de 2021, dio respuesta a la solicitud de cumplimiento citando al accionante y demás interesados , a una reunión el día 17 de noviembre de 2021 en las instalaciones de la entidad, con el objetivo de celebrar la audiencia de conformidad con el mentado artículo18.

46. No obstante, y una vez constatado por la Sala el acta de la reunión surtida en la fecha previamente anotada se advierte que en dicha no se tomó ninguna determinación sobre el particular y, por el contrario, la señora Lilibeth Baquero Maestre -encargada del área de conservación catastral del IGAC - se

en la fecha previamente anotada se advierte que en dicha no se tomó ninguna determinación sobre el particular y, por el contrario, la señora Lilibeth Baquero Maestre -encargada del área de conservación catastral del IGAC - se comprometió a realizar un estudio exhaustivo de los documentos aportados en la mentada reunión.

47. Aunado a lo anterior, obra constancia de acta de la audiencia surtida el 25 de mayo de 202219, en la que consta las partes no llegaron a ningún acuerdo, por lo que el IGAC decidió mantener las actuaciones existentes hasta tanto la autoridad judicial competente decida la controversia.

48. De acuerdo con lo anterior, está probado que la parte actora, previo a acudir en sede de cumplimiento, solicitó al IGAC el acatamiento de la norma que alega desatendida en este proceso . En consecuencia, para la Sala, la constitución en renuencia se encuentra satisfecha, razón por la cual estudiará los requisitos de procedencia del presente medio de control.

2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento

49. Como ya se expuso, la parte actora pretende el cumplimiento del artículo 63 de la Resolución No. 70 de 201120. Lo anterior para que la entidad accionada busque la forma de llegar a un acuerdo entre propietarios o poseedores de predios colindantes respecto de sus linderos.

18 Cfr. Índice SAMAI Nro. 2 Archivo ED_4EXPEDIENTEADMINI(.pdf) Nro Actua 2. Folio Nro. 109. 19 Cfr. Índice SAMAI Nro. 2 Archivo ED_4EXPEDIENTEADMINI(.pdf) Nro Actua 2. Folio Nro. 253269.

19 Cfr. Índice SAMAI Nro. 2 Archivo ED_4EXPEDIENTEADMINI(.pdf) Nro Actua 2. Folio Nro. 253269. 20 Resolución No. 70 de 2011. Artículo 63: «Conflictos limítrofes entre propietarios o poseedores. - Cuando se presentaren diferencias entre propietarios o poseedores de predios colindantes respecto de linderos, la autoridad catastral correspondiente buscará la forma de llegar a un acuerdo y si lo hubiere, el diferendo quedará resuelto para los fines del catastro con la firma de un