CE-47001-23-33-000-2016-90223-01(2433-18)-2020

CONTRATO REALIDAD / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS /

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RELACIÓN LABORAL

[E]l contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia. […] [E]l denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales. […] [E]n reciente decisión la subsección B de esta sección segunda recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia,

es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión.

FUENTE FORMAL: CP - ARTÍCULO 53 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32

NUMERAL 3

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 47001-23-33-000-2016-90223-01(2433-18)

Actor: ARAMIS ALCIDES GONZÁLEZ ARREGOCÉS

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Referencia: CONTRATO REALIDAD Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada (ff. 297 a 309) contra la sentencia de 8 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual accedió

parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe (ff. 272 a 292).

I. ANTECEDENTES 1.1 Medio de control (ff. 2 a 8). El señor Aramis Alcides González Arregocés, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan. 1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio 2-2015-007663 de 3 de diciembre de 2015, mediante el cual el Sena negó el pago de prestaciones sociales al actor.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene al demandado reconocer y pagar las prestaciones sociales a las que tiene derecho (primas, cesantías e intereses a las cesantías, dotaciones sanción por no pago de cesantías parciales y definitivas, viáticos y cualquier otro auxilio a los que hubiere lugar), con la respectiva indexación. Por último, condenar en costas y agencias en derecho al accionado. 1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que laboró para el Sena como instructor en el área de la construcción, desde el 29 de junio de 2004 hasta el 12 de diciembre de 2014, vinculado a través de contratos de prestación de servicios, sin que se le reconociera ningún tipo de prestación laboral.

Que durante dicho interregno existió prestación personal del servicio, remuneración, continuidad y subordinación, en la medida en que se exigía el cumplimiento de un horario de trabajo, turnos y órdenes en cuanto al tiempo, modo o cantidad de trabajo. Dice que, mediante escrito de 22 de octubre de 2015, reclamó de la demandada el reconocimiento y pago de las prestaciones laborales causadas por la prestación de sus servicios, negados a través del acto demandado. 1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto demandado los artículos 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; las Leyes 50 de 1990, 244 de 1995 y 1071 de 2006; los Decretos 1160 de 1947, 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1042 de 1978. Arguye que en el presente caso se dan los elementos propios de una verdadera relación laboral, por lo cual es procedente el reconocimiento de las prestaciones reclamadas. Pese a ello, la entidad demandada las negó a través del acto atacado, con lo cual no solo desconoce las precitadas normas, sino que vulnera sus derechos laborales. 1.5 Contestación de la demanda (ff. 78 a 101). El accionado, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda; se refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que algunos son ciertos y otros no. Asevera que no existió relación laboral con el actor, puesto que estuvo vinculado a la entidad mediante contratos de prestación de servicios autorizados

por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que excluyen reconocimientos prestacionales. Que el demandante reclama acreencias laborales «como si hubiera desempeñado un cargo para el que no fue contratado y que jamás desempeñó», toda vez que se limitó a «cumplir el objeto contractual que correspondía a impartir formación profesional». Opuso la excepción denominada prescripción extintiva de los derechos laborales, porque se trata de diversas órdenes de servicio y entre una y otra trascurrieron lapsos en los que no existió contrato, por lo que se debió demandar en su momento cada uno por separado, dentro de los 3 años siguientes a su finalización. 1.6 La providencia apelada (ff. 272 a 292). El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia de 8 de noviembre de 2017, accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que de conformidad con las pruebas allegadas, el demandante fue contratado en forma habitual, continua y periódica por el Sena, para cumplir labores de instructor o docente, cumplía un horario de trabajo y las directivas previamente establecidas por su contratante. Asimismo, sostuvo que como la última orden de servicios finalizó el 10 de diciembre de 2014, para la fecha de presentación de la reclamación administrativa («23 de abril de 2015» [sic]), no habían trascurrido más de 3 años y, por ende, no había operado la prescripción extintiva del derecho. En consecuencia, ordenó a la entidad demandada el pago de «las prestaciones sociales que percibían los demás docenes o instructores al servicio de la Entidad, correspondientes a los

periodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, con excepción de los interregnos en los que no hubo contrato vigente, para tal efecto se tomará como base el valor pactado en cada uno de los contratos u órdenes de trabajo […]». En la parte motiva del fallo, se aclara que se trata de las prestaciones «comunes u ordinarias», de las que se excluyen las vacaciones, y que no se condena al pago de viáticos y/o auxilio de manutención porque no se probó que se hubieren causado, ni de indemnización, cesantías, intereses a estas y sanción moratoria, pues solo se generan a partir de que se declare la existencia de una relación laboral. Por otro lado, ordenó «a la parte demandante acreditar los aportes a pensión y salud que debió efectuar a los Fondos respectivos durante los periodos en que se demostró la prestación de sus servicios, a fin de que el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA le cancele el valor respectivo. En su defecto, la Entidad efectuará las cotizaciones a que haya lugar, descontando de las sumas adeudadas a la parte actora el porcentaje a que esta corresponda». 1.7 El recurso de apelación (ff. 297 a 309). Inconforme con el anterior fallo, el Sena interpuso recurso de apelación, para lo cual aduce que no existe prueba de la que se pueda inferir que el demandante no tenía la posibilidad de actuar con independencia o laboraba en forma subordinada, en cumplimiento de un horario y bajo órdenes o instrucciones de funcionarios del Sena. Agrega que la prescripción trienal se debe contar desde la finalización de cada

una de las órdenes de servicio, por lo que solicita se revise la procedencia de dicha excepción.

II. TRÁMITE PROCESAL El recurso de apelación interpuesto por el demandado fue concedido con auto de 4 de abril de 2018 (ff. 324 y 325) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 30 de octubre de 2019 (f. 330), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA. 2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, por medio de auto de 3 de julio de 2020 (f. 336), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por la entidad accionada para reiterar los argumentos del recurso de apelación en cuanto a que de «las pruebas documentales, se desprende sin lugar a equívocos, que los servicios prestados por el accionante no eran de carácter permanente sino de índole temporal; por lo tanto, de acuerdo a las necesidades institucionales, la entidad […] estaba facultada para contratarlos» y, en tal sentido, se debe revocar la decisión apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda1.

III. CONSIDERACIONES 3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por el 1 Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI. Sena2, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si (i) entre las partes se configuró una relación laboral, a pesar de la vinculación del demandante mediante contrato de prestación de servicios, y en consecuencia, si a este le asiste el derecho al pago de las prestaciones sociales no devengadas durante el tiempo que laboró como instructor de formación profesional, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades; y (ii) si operó la excepción de prescripción del derecho reclamado, como lo afirma el recurrente. 3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto. En principio, cabe precisar que respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone: Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209

de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron que «solo se realizarán para fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar». Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual. Por su parte, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, 2 Según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. […] El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella». precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así: Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que

aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. Del análisis comparativo de las dos modalidades contractualescontrato de prestación de servicios y contrato de trabajose obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos. En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente. Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o

dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo. Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 19683, «Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone: Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural. Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de 3 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año. la República. Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes. Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones. La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una

relación laboral. Frente al tema, expuso: La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos. De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la

materia. En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales4. De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda5 recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el

análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine. 3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca: a) El actor prestó sus servicios como instructor de las áreas de construcción, construcción rural, capacitación y reconstrucción de viviendas y en el programa de fondo industrial de construcción de la regional Magdalena del Sena (ff. 21 a 61), así: Número de orden de servicio Finalizado Plazo de ejecución o contrato 207 de 29/06/04 620 horas No registra 737 de 29/12/04 250 horas No registra 123 de 29/07/05 360 horas No registra 168 de 26/01/06 440 horas No registra 288 de 01/09/06 300 horas No registra 437 de 12/12/06 100 horas No registra 540 de 24/09/07 200 horas No registra 92 de 12/02/07 380 horas No registra 347 de 02/06/07 360 horas No registra 65 de 28/01/08 400 horas No registra 4 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-0001998-03542-01(0202-10). 5 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-2014). 479 de 09/06/08 3 meses No registra 779 de 21/10/08 200 horas No registra 222 de 10/02/09 390 horas 30/06/09 658 de 15/09/09 250 horas 12/12/09 124 de 27/01/10 10 meses No registra 265 de 25/02/11 4 meses No registra 860 de 21/07/116 5 meses y 9 días No registra 91 de 20/01/12 5 meses 30/06/12 1146 de 21/08/12 280 horas 30/12/12 195 de 29/01/13 750 horas No registra 655 de 03/10/14 2 meses y 7 días No registra En las órdenes de servicios y contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes se pactó, entre otras cosas, que el contratista se obligaba a cumplir «El objeto del […] contrato [con] la Prestación de Servicios Personales de carácter temporal como instructor para ejecutar acciones de Formación Profesional Integral […] para dar respuesta a las necesidades de capacitación […] en el área de CONSTRUCCIÓN en el Departamento del Magdalena». Asimismo, se señaló que la causa de la contratación era «la necesidad de contratar los servicios personales de un instructor para el desarrollo del curso […] [porque] no existe personal de

planta suficiente ni especializada [sic] que desarrolle las funciones propias de instructores para atender las metas de formación establecidas en el Plan Operativo Anual». b) Con escrito de 23 de noviembre de 2015, el actor presentó reclamación con el fin de que el demandado reconociera la existencia de un contrato realidad y, en consecuencia, pagara las acreencias prestacionales propias del servicio y la indemnización moratoria por pago tardío de cesantías (ff. 11 a 13). c) Mediante oficio 2-2015-007663 de 3 de diciembre de 2015, el Sena denegó la solicitud del actor, para lo cual adujo que su vinculación se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, su cargo no estaba creado por la Constitución, la ley o el reglamento y el «cumplimiento de labores similares [a las] de empleados públicos no significa que existan esas funciones para otra clase de relaciones» (ff. 14 a 17). d) Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los señores Rosa Emilia Henríquez Serrano y José Antonio Katime Amasta, quienes relataron circunstancias concernientes a la prestación de servicios del demandante como instructor del Sena, así como su desempeño en las funciones que le encargaban, el cumplimiento de horario y la supeditación a funcionarios superiores de dicha entidad (CD f. 63 y ff. 231 a 238). De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que el actor prestó sus servicios en la regional Magdalena del Sena, vinculado a través de contratos de 6 Contrato cedido al demandante mediante acta de 21 de noviembre de 2011, para que se ejecutara en su

totalidad. prestación de servicios, de manera discontinua, desde el 29 de junio de 2004 hasta el 3 de octubre de 20147. Empero, aunque se encuentra que el accionante suscribió con el Sena, algunas órdenes de prestación de servicios, con el propósito de dictar «formación profesional» en las áreas de construcción, construcción rural, capacitación y reconstrucción de viviendas y en el programa de fondo industrial de construcción, en todo caso no acreditó la fecha de terminación, ni mucho menos que entre las fechas de terminación e inicio entre uno y otro contrato estuviere vinculado a dicha entidad, motivo por el cual esos interregnos no puede tenerse en cuenta en el sub lite para analizar la existencia de la relación laboral o el reconocimiento de las prestaciones reclamadas, tal como lo concluyó el a quo en el fallo apelado. Ahora bien, está demostrado con la copia de las órdenes y contratos de prestación de servicios y los testimonios recaudado, la existencia de los elementos de la relación laboral, por un lado, (i) la prestación personal del servicio, por cuanto efectivamente el demandante fue contratado por el accionado como instructor, según el objeto contractual ya relatado, lo que implica que fue quien prestó el servicio; por otro, (ii) la remuneración por el trabajo cumplido, comoquiera que en dichos contratos se estipuló «VALOR y FORMA DE PAGO» con cargo a los recursos presupuestales de la entidad, es decir, la suma de dinero que tenía derecho a recibir y la modalidad del pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de

su denominación (honorarios o salario). En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la relación laboral, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones desempeñadas por el actor y su verdadero alcance, con el fin de establecer si existió o no. El Sena fue creado mediante Decreto ley 118 de 1957 y sus funciones iniciales consistían en brindar formación profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería, según el Decreto 164 de 6 de agosto de 1957. Posteriormente, la Ley 119 de 19948 dispone que el Sena es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo, cuya misión, según su artículo 2, consiste en «[…] cumplir la función que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país». 7 Fecha de la última orden de servicios, sin que exista constancia de cuándo cumplió el plazo de ejecución de 2 meses y 7 días. 8 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones». Así las cosas, la misión especial encomendada a esa entidad consiste en formar y capacitar a los trabajadores, funciones de carácter permanente que cumple en desarrollo de su actividad, de lo que se colige que las labores desempeñadas por

la accionante como instructora son inherentes a su materialización, en tanto que no fueron temporales y están directamente relacionadas con ella. En el mismo sentido, se tiene que según el manual específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Sena, contenido en el Decreto 986 de 27 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y 2015), el cargo de instructor hace parte de dicha planta, con la descripción de las siguientes funciones: […]

II. PROPOSITO [sic] PRINCIPAL Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

INSTRUCTOR:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.

2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las características y requerimientos de los aprendices.

3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.

4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos para la ejecución de acciones de Formación Profesional.

5. Reportar información académica y admini