CE - 470012331000200300314021SENTENCIASENTENCIA20230303144414

Radicado: 47001-23-31-000-2003-00314-02 (26028)

Demandante: C.I. PRODECO – PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A.

FALLO

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 47001-23-31-000-2003-00314-02 (26028)

Demandante: C.I. PRODECO – PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A.

Demandado: DISTRITO DE SANTA MARTA

Temas:

Alumbrado público -transporte y almacenamiento de combustible. Inepta demanda.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA 1

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demanda nte contra la sentencia del 19 de febrero de 2014 , proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena, que declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y no condenó en costas.

ANTECEDENTES

El Concejo Distrital de Santa Marta expidió el Acuerdo 024 de 16 de diciembre de 2002,

y no condenó en costas.

ANTECEDENTES

El Concejo Distrital de Santa Marta expidió el Acuerdo 024 de 16 de diciembre de 2002, “por medio del cual se fijan las tarifas de Alumbrado Públ ico para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta” 2.

En el artículo cuarto, literal c) del citado acuerdo se incluyó como hecho generador , la utilización del territorio del Distrito de Santa Marta para el transporte y almacenamiento provisional o permanente de cualquier combustible procesado o no procesado.

Mediante oficio AP -02-043-03-A de 17 de febrero de 2003, el Director Técnico de la Concesión Alumbrado Público de Santa Marta comunicó a C.I. PRODECO S.A. que “Después de recibir y verificar que efectivamente dentro de su objeto social se encuentra la explotación de carbón el cual es un combustible y que utilizan los predios denominados Puerto Prodeco LO -1A y Puerto Prodeco LO -1B, los cuales están en jurisdicción del distrito de Santa Marta y de los cuales utilizan un 40% de su área para el transporte y almacenamiento de carbón, […]” y en cumplimiento del Acuerdo 024 de 2002, expidió factura en la que cobra la tasa del servicio de alumbrado público por el mes de enero, por un valor de $62.094.5003.

1 Para el trámite de segunda instancia, este proceso inicialmente se repartió el 26 de agosto de 2014 a la Sección Primera de esta Corporación, que dio el trámite correspondiente, incluida la celebración de una audiencia de

1 Para el trámite de segunda instancia, este proceso inicialmente se repartió el 26 de agosto de 2014 a la Sección Primera de esta Corporación, que dio el trámite correspondiente, incluida la celebración de una audiencia de reconstrucción parcial el 30 de octubre de 2020. No obstante, encontrándose el asunto para dictar fallo se advirtió la falta de competencia y se remitió a la Sección Cuarta, mediante auto de 4 de mayo de 2021. Esta Sección, a través de su secretaría, recibió el expedient e el 22 de octubre de 2021 y continuó con el conocimiento del mismo. Todas las actuaciones que se han adelantado en esta Corporación pueden consultarse en el aplicativo SAMAI. 2 Fls. 22 a 27 c.p.1. 3 Fls. 29 a 30 c.p.1.Radicado: 47001-23-31-000-2003-00314-02 (26028)

Demandante: C.I. PRODECO – PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A.

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DEMANDA

C.I. PRODECOPRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. (en adelante C I PRODECO), en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, pidió que se declare la nulidad del artículo 4 literal c) del Acuerdo 024 de 16 de

ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, pidió que se declare la nulidad del artículo 4 literal c) del Acuerdo 024 de 16 de diciembre de 2002 , expedido por el Concejo Distrital de Santa Marta, “Por medio del cual se fijan las tarifas de alumbrado público para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta” 4 . También pidió que se le restablezca su derecho. Como medida cautelar, solicitó la suspensión de los efectos del acto demandado5.

La norma demandada dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO CUARTO: OTROS.- Las personas naturales o jurídicas, establecimientos de comercio y en general, quienes desarrollen de manera permanente u ocasional cualquiera de las siguientes actividades o se encuentren en las condiciones que se indican o que por función de su actividad económica tenga la necesidad de utilizar el territorio del distrito estarán obligadas al pago de una tasa de alumbrado público equivalente, así:

[…]

c) Empresas que utilicen el territorio del distrito para el transporte, almacenamiento provisional o permanente de cualquier tipo de combustible procesado o no procesado pagara una tarifa de doscientos cincuenta pesos ($250) por metro cuadrado de terreno utilizado, para aquellas empresas que no tengan delimitados sus terrenos, el área de calculo será la equivalente a las servidumbres registradas y que están en la jurisdicción del distrito de Santa Marta, pero en ningún momento tendrá un rango inferior de $3.500.000. […]”

Como pretensiones se formularon las siguientes6:

“[…] se declare la nulidad del literal C) del artículo cuarto del Acuerdo No. 024 de

$3.500.000. […]”

Como pretensiones se formularon las siguientes6:

“[…] se declare la nulidad del literal C) del artículo cuarto del Acuerdo No. 024 de diciembre 16 de 2002 proferido por el Concejo Distrital de Santa Marta, Departamento del Magdalena “Por medio del cual se fijan las tarifas de Alumbrado Público para el Distrito Turistico, Cultural E Histórico de Santa Marta”.

Como consecuencia de lo anterior se restablezca el Derecho de mi representada C.I. PRODECOProductos de Colombia S.A. para efectos de realizar el pago de la Tasa de Alumbrado Público de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero numeral segundo del acto acusado y para efectos de po der transitar por sí o por interpuesta persona (contratistas en tractocamiones o tractomulas) su mercadería cual es carbón mineral, con fines de exportación a través del puerto ubicado en jurisdicción del Distrito de Santa Marta D.T.C. e. H., sin necesidad de pago de tributo alguno por este concepto que fuere decretado por el Distrito. […]”

La demandante indicó como normas violadas, las que siguen:

 Artículos 84, 313 [4], 333, 334 y 338 de la Constitución Política.

4 Fls. 22 a 26 c.p.1. 5 El Tribunal Administrativo del Magdale na en auto de 27 de junio de 2003 , admitió la demanda y decretó la suspensión provisional del literal c) del artículo cuarto del Acuerdo 024 de 2002. El decreto de la medida cautelar

5 El Tribunal Administrativo del Magdale na en auto de 27 de junio de 2003 , admitió la demanda y decretó la suspensión provisional del literal c) del artículo cuarto del Acuerdo 024 de 2002. El decreto de la medida cautelar se revocó por auto de 1º de septiembre de 2005 de la Sección Primera del Consejo de Estado. Fls. 131 a 143 c.p.1. y 6 a 16 c.m.c. 6 Fls. 2 a 21 c.p.1.Radicado: 47001-23-31-000-2003-00314-02 (26028)

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 Artículo 1 de la Ley 26 de 1904.  Artículo 1 de la Ley 91 de 1931.  Artículo 1 del Decreto 2097 de 1932.  Artículos 46 y 169 del Decreto Ley 444 de 1967.  Artículo 259 [2] del Decreto 1333 de 1986.  Artículo 18 de la Ley 9 de 1991.

El concepto de la violación se sintetiza así:

C.I. PRODECO comercializadora carbón mineral, que proviene del departamento del Cesar y transita y se almacena en la jurisdicción de Santa Marta en Puerto Prodeco .

El concepto de la violación se sintetiza así:

C.I. PRODECO comercializadora carbón mineral, que proviene del departamento del Cesar y transita y se almacena en la jurisdicción de Santa Marta en Puerto Prodeco .

La totalidad del carbón mineral se exporta, a través de un puerto privado , cuya operación está autorizad a a favor de CI PRODECO, mediante la Resolución 303 de 1997 de la Superintendencia General de Puertos.

La norma demandada viola los artículos 84 y 313 [4] de la Constitución Política, porque no pueden establecerse requisitos o limitaciones adicionales, como permisos, a actividades como transporte de mercaderías o la exportación de bienes o artículos de producción nacional, que ya están reguladas por la Ley 105 de 1993 y las normas del régimen de exportaciones.

Además, en virtud de los artíc ulos 333, 334 y 338 de la Constitución, la competencia de los concejos municipales en materia tributaria está sujeta a la ley y existen varias normas legales que prohíben gravar tanto el tránsito de las mercaderías como de los artículos o productos destinados a la exportación.

La norma demandada también afecta el patrimonio jurídico y económico de la actora al no poder transitar el carb ón mineral por la jurisdicción de Santa Marta , ni almacenarlo en dicho distrito sin pagar tributo municipal o distrital. Así que el gravamen bajo la denominación de impuesto de alumbrado público desconoce los criterios de justicia, equidad y racionalidad de los tributos.

El sustento normativo del Acuerdo 024 de 2002 está limitado por el artículo 1 de l a

bajo la denominación de impuesto de alumbrado público desconoce los criterios de justicia, equidad y racionalidad de los tributos.

El sustento normativo del Acuerdo 024 de 2002 está limitado por el artículo 1 de l a Ley 26 de 1904 , qu e prohíbe gravar los productos que se destinen a exportación. También, por lo dispuesto en los artículos 1 de la Ley 91 de 1931 y 1 del Decreto 2097 de 1932, que prohíben a los municipios gravar con impuesto alguno el tr ánsito por su territorio de los semovientes y demás productos de industrias nacionales.

Por su parte, los artículos 46 y 169 del Decreto Ley 444 de 1967 disponen que la exportación de productos nacionales es libre y que los departamentos y municipios no podrán establecer ningún gravamen sobre la exportación y tránsito de productos destinados a esta. Esas normas están en armonía con lo dispuesto en los artículos 259 del Decreto 1333 de 1986 y 18 de la Ley 9 de 1991.Radicado: 47001-23-31-000-2003-00314-02 (26028)

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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Concejo D istrital de Santa Marta se opuso a las pretensiones de la demanda . Sostuvo que el acuerdo demandado se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico, razón por la que no es procedente la nulidad ni restablecimiento alguno 7.

Adicionalmente, formuló la excepción de “no demandar el oficio emanado del Director Operativo de la Concesión de Alumbrado Público” porque la parte demandante debió atacar todos los actos administrativos que desarrollan lo referente a las tarifas de alumbrado público y que forman una unidad ines cindible. No es posible atacarlos en forma separada porque unos quedan vigentes.

El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta pidió negar las pretensiones de la demanda por las siguientes razones 8:

El espíritu del Acuerdo 024 de 2002 era actualizar la tasa de alumbrado público que se presta en el distrito. No se trata de un tributo o impuesto nuevo.

La referida tasa se estableció con una tarifa de $250 por metro cuadrado del terreno utilizado para almacenar el carbón . No es cierto, como lo advirtió la demandante, que se esté gravando el carbón mineral que la empresa explota y exporta en la jurisdicción del distrito.

Si bien la empresa que presta el servicio de alumbrado público en el distrito hizo el cobro en forma independiente y n o con el recibo de energía eléctrica, ese hecho no afecta la validez jurídica del acuerdo demandado, pues solo se trata de un error en el proceso de cobro del servicio.

cobro en forma independiente y n o con el recibo de energía eléctrica, ese hecho no afecta la validez jurídica del acuerdo demandado, pues solo se trata de un error en el proceso de cobro del servicio.

La Unión Temporal DISELECSA LTDA. – Eléctricas de Medellín Ltda. (Concesión Alumbrado Público de Santa Marta) , en calidad de litisconsorte necesario , no contestó la demanda.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal declaró probada la excepción propuesta por el demandado al encontrar ineptitud sustantiva de la demanda, en consideración a lo siguiente9:

En atención al detrimento económico alegado y al restablecimiento del derecho pedido, la demandante debió atacar todos los actos administrativos referidos a las tarifas de alumbrado público del Concejo Distrital de Santa Marta y el Oficio AP-02-043-03A de 17 de febrero de 2003 del Director Operativo de la Concesión Alumbrado Público, que es con el que directamente se le grava en aplicación del Acuerdo 024 de 2002. No atacarlo implica que queda vivo jurídicament e y puede hacerse efectivo su cobro.

7 Fls. 148 a 151 c.p.1. 8 Fls. 154 a 159 c.p.1. 9 Fls. 231 a 237 c.p.1.Radicado: 47001-23-31-000-2003-00314-02 (26028)

Demandante: C.I. PRODECO – PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A.

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

FALLO

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Al demandar únicamente el Acuerdo 024 de 2002 no es posible ordenar un restablecimiento del derecho particular de la empresa , puesto que en ese acto se establece el porcentaje y cuantía del tributo a nivel general pero no el valor concreto que debe pagar la demandante, que sí aparece en el oficio y la factura expedidos a su cargo.

En ese orden de ideas, se configura una inepta demanda por indebida escogencia de la acción, dado que no se cumplieron los presupuestos señalados en los artículos 137 y 138 del CCA.

La ineptitud sustantiva de la demanda impide que el juez se pronuncie de fondo frente a las pretensiones formuladas por la actora. Y no es posible que el fallador pueda modificar la acción incoada y realice un control abstracto de legalidad.

La demandante debía demandar en nulidad y restablecimiento del derecho los actos que se deriven del acto general por ser los que cambian la situación jurídica de la empresa.

Por su parte, por sus características, el Acuerdo 024 de 2002 es un acto administrativo general, es susceptible de la acción de nulidad simple .

En conclusión, no puede dictarse pronunciamiento de fondo porque no existió la debida individualización del acto administrativo, de forma tal que fuera posible un verdadero restablecimiento del derecho.

general, es susceptible de la acción de nulidad simple .

En conclusión, no puede dictarse pronunciamiento de fondo porque no existió la debida individualización del acto administrativo, de forma tal que fuera posible un verdadero restablecimiento del derecho.

Por último, no condenó en costas por que no existe mala fe.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante pidió revocar la sentencia de primer grado y estudiar de fondo el asunto, con fundamento en los siguientes argumentos10:

No existe inepta demanda. Como puede observarse en el expediente, el oficio que comunica la expedición de la factura de alumbrado público no contiene una liquidación del impuesto ni indica el valor a pagar por ese concepto. Dicho oficio tampoco indica los recursos procedentes, n o lo expidió un funcionario público , ni se indicaron las normas que facultan para su expedición. En ese entendido, ese oficio no tiene el carácter de acto administrativo y es tá acompañado de un documento nominado “FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA No.441” , que es un acto comercial sujeto a las reglas del derecho privado.

En conclusión, “[…] los documentos antes referidos no pueden considerarse como actos administrativos, menos de carácter tribut ario, toda vez que no se trata de actos de liquidación oficial o de aforo al tenor de lo dispuesto en los artículos 712, 719 y 720 del Estatuto Tributario Nacional, sino de documentos sujetos a las reglas de derecho privado.”

10 Fls. 241 a 248 c.p.1.Radicado: 47001-23-31-000-2003-00314-02 (26028)

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6

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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En cuanto a la demanda de nuli dad y restablecimiento del derecho presentada, la apelante advirtió que lo hizo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expedición del Acuerdo 024 de 2002, expedido por el Concejo Distrital de Santa Marta. Ese acuerdo es el acto que causa detrimento a la actora al gravar las actividades que desarrolla. En consecuencia, procedía la acción formulada.

Si se anula el aparte del acuerdo demandado , el restablecimiento del derecho “se entiende como la restitución del patrimonio y seguridad jurídica de mi r epresentada para realizar su actividad sin mayor gravamen que el indicado en el artículo 3 numeral segundo, del acto acusado y, “para efectos de poder transitar por s í o por interpuesta persona (contratistas en tractocamiones o tractomulas) su mercadería cual es el carbón mineral, con fines de exportación a través del puerto ubicado …, sin necesidad de pago de tributo alguno por este concepto que fuere decretado por el Distrito”.

El fallo recurrido desconoce la sentencia C -666 de 1996 de la Corte Constitucional, según la cual “[…] la inhibición, aunque es posible en casos extremos, en los cuales

El fallo recurrido desconoce la sentencia C -666 de 1996 de la Corte Constitucional, según la cual “[…] la inhibición, aunque es posible en casos extremos, en los cuales se establezca con seguridad que el juez no tiene otra alternativa, no debe ser la forma corriente de culminar los procesos.”

Así que la excepción propuesta por el Concejo Distrital de Santa Marta no impedía al Tribunal conocer de las pretensiones de la demanda, en especial , las que buscan anular el acuerdo acusado, más si no pue den tenerse como actos administrativos el oficio y la factura antes referidas.

Además, el trámite procesal adelantado es el mismo tanto para la acción de nulidad como para la de nulidad y restablecimiento del derecho y la demanda cumplió con todos los requisitos de forma, por lo que no es posible que el fallador se abstenga de pronunciarse de fondo frente a las pretensiones formuladas, más aún si, como se indicó, el acto demandado causa un perjuicio directo a la demandante.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandante reiteró, en términos generales, lo dicho en la demanda y en el recurso de apelación11.

La demandada no intervino en esta oportunidad 12.

La Unión Temporal DISELECSA LTDA. – Eléctricas de Medellín Ltda. (Concesión Alumbrado Público de Santa Marta) sostuvo que el Concejo Distrital de Santa Marta tenía plenas facultades para determinar los elementos del impuesto de alumbrado público, a través del Acuerdo 024 de 2002 y en desarrollo de los principios de descentralización y autonomía de las entidades t erritoriales (arts. 1º, 287 -3, 300-4, y

público, a través del Acuerdo 024 de 2002 y en desarrollo de los principios de descentralización y autonomía de las entidades t erritoriales (arts. 1º, 287 -3, 300-4, y 313-4 CN). En consecuencia, esa norma se ajusta a derecho y n o viola el principio constitucional de legalidad de los tributos 13.

11 Fls. 49 a 57 c.p.2. 12 Índice 19 del aplicativo SAMAI 13 Fls. 9 a 13 c.p.2.Radicado: 47001-23-31-000-2003-00314-02 (26028)

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Por último, advirtió que existe cosa juzgada frente a la pretensión de anular el Acuerdo 024 2002, puesto que ya existen pronunciamientos en ese sentido en los procesos de nulidad 47001233100220030037300, 47001233100020010053400 y 470012331003200300107400, de los que conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo del Magdalena y en segunda instancia, el Consejo de Estado.

El Ministerio Público no rindió concepto en esta instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Administrativo del Magdalena y en segunda instancia, el Consejo de Estado.

El Ministerio Público no rindió concepto en esta instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la actora , la Sala decide si resulta adecuada la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, escogida para demandar la nulidad del artículo cuarto, literal c) del Acuerdo 024 de 2002 del Concejo Distrital de Santa Marta, que fijó una tarifa de la “tasa de alumbrado público” y obtener, como consecuencia, un restablecimiento concreto del derecho . De llegar a la conclusión de que la acción escogida no es la pertinente, la Sala verifica si es posible estudiar la legalidad de la norma demandada.

La Sala revoca la sentencia apelada . E n su lugar, niega las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

De la teoría de los motivos y de las finalidades En general, las acciones de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho buscan que se declare la nulidad de actos administrativos que infringen normas de carácter superior14. Empero, existen algunas diferencias entre una y otra acción. C on la acción de simple nulidad se persigue la defensa de la legalidad del orden jurídico en abstracto y con la de restablecimiento del derecho , además de la defensa del ordenamiento jurídico, se busca el resarcimiento de un derecho subjetivo lesionado por un acto administrativo. A diferencia de la acción de simple nulidad, que puede ser ejercida por cualqui er persona, en cualquier tiempo y sin agotar vía gubernativa, la de nulidad y restablecimiento del derecho solo puede ejercerla el titular del derecho supuestamente

A diferencia de la acción de simple nulidad, que puede ser ejercida por cualqui er persona, en cualquier tiempo y sin agotar vía gubernativa, la de nulidad y restablecimiento del derecho solo puede ejercerla el titular del derecho supuestamente desconocido por el acto administrativo. De manera que para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, debe acreditar capacidad jurídica y procesal para actuar y que agotó la vía gubernativa y ejercer la acción dentro del plazo previsto en la ley. Entonces, en principio, la naturaleza del acto administrativo es lo que define el tipo de acción que debe ejercerse. Así, si se trata de un acto administrativo de contenido particular y concreto, la acción apropiada sería la de nulidad y restablecimiento del derecho. En este caso, el juez administrativo examina la legalidad de tal acto y el posible perjuicio que se hubiera causado. Y si el acto es de carácter general, la acción de simple nulidad sería la adecuada para cuestionar lo y al juez administrativo le corresponde examinar únicamente su legalidad.

14 Consultar, entre otras providencias, fallo de 23 de septiembre de 2010, Exp. 13001-23-31-000-200301707-01(17309); auto de 20 de abril de 2012, Exp. 11001-03-27-000-2012-00010-00 (19330), ambas C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.Radicado: 47001-23-31-000-2003-00314-02 (26028)

Demandante: C.I. PRODECO – PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A.

FALLO

8

C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.Radicado: 47001-23-31-000-2003-00314-02 (26028)

Demandante: C.I. PRODECO – PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A.

FALLO

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Sin embargo, en aplicación de la denom inada teoría de los motivos y las finalidades, esta Corporación ha permitido demandar en acción de simple nulidad los actos administrativos de contenido particular cuando representen un interés superior y significativo para la comunidad en general, porque amenacen el orden público, social o económico del país , de forma que con dicha acción pueda n preservarse exclusivamente la legalidad e integridad del orden jurídico 15.

En esos casos, de ser anulatoria , la sentencia solo restaura el orden jurídico en abstracto y dicha restauración puede implicar el restablecimiento de derechos vinculados directamente al interés público y no de derechos vinculados a la esfera patrimonial de quien no demandó en la acción pertinente y de manera oportuna. Si el restablecimiento de derechos subjetivos es automático, por el solo efecto de la nulidad, la acción de simple nulidad no procede, a menos que se h aya interpuesto a tiempo para ser tramitada como acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Naturaleza del acto demandado y acción adecuada para atacarlo

la acción de simple nulidad no procede, a menos que se h aya interpuesto a tiempo para ser tramitada como acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Naturaleza del acto demandado y acción adecuada para atacarlo

El Acuerdo 024 de 16 de diciembre de 2002, “Por medio del cual se fijan las tarifas de alumbrado público para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta” , fue expedido por el Concejo Distrital de Santa Marta.16

El artículo primero dispone que el sujeto activo de la tasa de alumbrado público es el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. El artículo segundo señala que el sujeto pasivo es “Toda persona natural o jurídica que posea un bien inmueble urbano o rural al cual se le preste por lo menos un servicio público domiciliario, o que posea un predio no edificado en el área urbana del distrito, ó que posea un predio no edificado en el área urbana del distrito, ó que por función de su actividad económica tenga la necesidad de utilizar el territorio del distrito.”

El artículo tercero prevé que la tasa de alumbrado público se cobra mensualmente a los propietarios o tenedores de los inmuebles que disfrutan del servicio de energía eléctrica por adquisición o autogeneración, y que es equivalente a un porcentaje del valor bruto del consumo. Esa norma clasifica los inmuebles según su destinación (residencial, industrial y comercial, hotelero y ofic ial) y fija las tarifas para cada uno.

En el caso objeto de estudio, CI PRODECO demand ó la nulidad d el artículo cuarto, literal c) del referido acuerdo. La norma dispone lo siguiente:

En el caso objeto de estudio, CI PRODECO demand ó la nulidad d el artículo cuarto, literal c) del referido acuerdo. La norma dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO CUARTO: OTROS.- Las personas naturales o jurídicas, establecimientos de comercio y en general, quienes desarrollen de manera permanente u ocasional cualquiera de las siguientes actividades o se encuentren en las condiciones que se indican o que por función de su actividad económica tenga la necesidad de uti lizar el territorio del distrito estarán obligadas al pago de una tasa de alumbrado público equivalente, así:

[…]

15 Sala Plena de lo Contencioso Administratico, sentencia de 29 de octubre de 1996, C.P.Daniel Suárez Hernández, reiterada en sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administratico de 4 de marzo de 2003, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola. 16 Fls. 22 a 26 c.p.1.Radicado: 47001-23-31-000-2003-00314-02 (26028)

Demandante: C.I. PRODECO – PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A.

FALLO

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

c) Empresas que utilicen el territorio del distrito para el transporte, almacenamiento provisional o permanente de cualquier tipo de combustible procesado o no procesado

c) Empresas que utilicen el territorio del distrito para el transporte, almacenamiento provisional o permanente de cualquier tipo de combustible procesado o no procesado pagará una tarifa de doscientos cincuenta pesos ($250) por metro cuadrado de terreno utilizado, para aquellas empresas que no tengan delimitado