CE - 470012331000200700041011SENTENCIA20230822064447

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: REPARACIÓN DIRECTA 47001233100020070004101 (65023)

EMILSE ELENA ACUÑA BARCAS NEGRAS Y OTROS

NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL Y OTROS Homicidio de agente de la Policía Nacional. Supuesta planeación y ejecución del acto criminal por miembros superiores de la institución policial. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Omisión del ente instructor en el trámite de la investigación penal. Lesión a los derechos fundamentales a la verdad, no impunidad y de acceso efectivo y oportuno a la administración de justicia. Nó se probó el daño antijurídico. Alcance y límites al recurso de apelación. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la pafie demc:Jndante contra la sentencia del 26 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO El 23 de enero de 2005, Javier de Jesús Díaz Iglesias, uniformado de la Policía Nacional, fue asesinado por dos sicarios en el barrio "María Eugenia" del municipio de Santa Marta (Magdalena). Mediante Resolución del 2 de marzo de 2005, la

Nacional, fue asesinado por dos sicarios en el barrio "María Eugenia" del municipio de Santa Marta (Magdalena). Mediante Resolución del 2 de marzo de 2005, la Fiscalía 33 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Marta avocó el conocimiento de la investigación penal adelantada por el homicidio de Javier de Jesús Díaz Iglesias. Los demandantes consideran que la Nación - Ministerio de DefensaPolicía Nacional es patrimonial mente responsable por la muerte de Javier de Jesús Díaz Iglesias pues, según lo narrado en la demanda, 'J. .. ] agentes de la institución planearon y ejecutaron su asesinato de forma indiscriminada, con el fin de silenciar/o, pues conoció de múltiples irregularidades ocurridas al interior del2

Radh: ad¡x ,} 70Ül233100020Ó70004101 (65023) D('mandantl': Emilse Elena Acuíia y otros Comando de Policía del Magdalena, en las que se encontraban vinculados dos altos mandos de esta institución". De otra parte, estiman que la Nación - Fiscalía General de la Nacional y la Rama Judicial incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque, a su juicio, "[. . .] habiendo transcurrido más de un año de ocurridos los hechos objeto de investigación, no se han dictado órdenes • de captura contra los presuntos responsables, ni se han orientado las indagaciones a establecer quiénes son todos los autores y partícipes de este execrable crimen".

11. ANTECEDENTES

1. Demanda El 24 de enero de 20071, Emilse Elena Acuña Barcasnegras, en nombre propio y

a establecer quiénes son todos los autores y partícipes de este execrable crimen".

11. ANTECEDENTES

1. Demanda El 24 de enero de 20071, Emilse Elena Acuña Barcasnegras, en nombre propio y en representación de Lineker Javier, Nilson Aldair, Rivaldo de Jesús y Romario Díaz Acuña; Tomás Segundo, Ana Beatriz, Carlos Arturo, Henry, Maryobis y Fernando López Iglesias; Tomás Enrique Díaz y Ana Beatriz López Iglesias, mediante apodfirado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directfi_, presentaron demanda en contra de la fiación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, para que se les declarara patrimonialmente responsables por la muerte de Javier de Jesús Díaz Iglesias y porque T . .] habiendo transcurrido más de un año de ocurridos los hechos objeto de investigación, no se han dictado órdenes de captura contra los presuntos responsables, ni se han orientado las indagaciones a establecer quiénes son todos los autores y partícipes de este execrable crimen".

Como pretensiones de su demanda, los demandantes solicitan condenar a las entidades demandadas a pagar a cada uno de los accionantes, por perjuicios morales, 100 SMLMV; por daño a la vida de relación, 100 SMLMV: y por la "violación a los derechos fundamentales a la vida digna e integridad personar, 600 SMLMV. En apoyo de las pretensiones¡ la parte demandante afirma que el 23 de enero de 2005, Javier de Jesús Díaz Iglesias, uniformado de la Policía Nacional, fue .• 1 FI. 9 a 48', C.1.3

En apoyo de las pretensiones¡ la parte demandante afirma que el 23 de enero de 2005, Javier de Jesús Díaz Iglesias, uniformado de la Policía Nacional, fue .• 1 FI. 9 a 48', C.1.3

Racllcado: ,}7001233100020070004101 (6'.5023) Demandante: Emilse Elena Acufia y otros asesinado por dos sicarios en el barrio "María Eugenia" del municipio de Santa

Marta (Magdalena). Señala que, mediante Resolución del 2 de marzo de 2005, la Fiscalía 33 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito dé Santa Marta avocó el conocimiento de la investigación penal adelantada por el homicidio de Javier de Jesús Díaz Iglesias. Los demandé;!ntes consideran que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional es patrimonialmente responsable por la muerte de Javier de Jesús Díaz Iglesias pues, según lo narrado en la demanda, "[. . .] agentes de la institución planearon y ejecutaron su asesinato de fonna indiscriminada, con el fin de silenciarlo, pues conoció de múltiples irregularidades ocurridas al interior del Comando de Policía del Magdalena, en las que se encontraban vinculados dos altos mandos de esta institución". De otra parte, estiman que la Nación - Fiscalía General de la Nacional y la Rama Judicial incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque, a su juicio, "[. . .] habiendo transcurrido más de un año de ocurridos los hechos objeto de investigación, no se han dictado órdenes de captura contra /os presuntos responsables, ni se han orientado las indagaciones

la administración de justicia, porque, a su juicio, "[. . .] habiendo transcurrido más de un año de ocurridos los hechos objeto de investigación, no se han dictado órdenes de captura contra /os presuntos responsables, ni se han orientado las indagaciones a establecer quiénes son todos los _autores y part.ícipes de este execrable crimen".

2. Contestaciones El 30 de abril de 20082, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Naciona13 se opuso a las pretenfiones de la demanda, argumentando que el extremo activo no probó. la falla del servicio alegada en el libelo introductorio, ni el vínculo causal entre ésta y la muerte de Javier de Jesús Díaz Iglesias. 2.2. La Nación:_ Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial guardaron silencio . . 2 Fl.90,C.1. ;·3 FI. 97 a 103, C.1.4

R;ídlcado: 4 7001233100020070004-101 ( 65023)

Demandante: Emílse Elena Acuíia y on:os

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 30 de noviembre de 20124 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. Los demandantes5 y la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional6 reiteraron los argúmentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente .. 3.2. La Nación - Fiscalía General de la Nación7 manifestó que las ac!uaciones

reiteraron los argúmentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente .. 3.2. La Nación - Fiscalía General de la Nación7 manifestó que las ac!uaciones surtidas durante la etapa de investigación por el homicidio de Javier de Jesús Díaz Iglesias se adelantaron en cumplimiento de las prerrogativas constitucionales y legales que le habían sido conferidas. 3.3. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 26 de junio de 20198 el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el extremo activo no probó la falla del servicio endilgada a las entidades accionadas. Precisamente, frente a la falla del servicio atribuida a la Nación - Ministerio. de Defensa - Policía Nacional indicó que los medios de prueba_obrantes en el expediente no acreditaron que la muerte de Javier de, Jesús Díaz Iglesias "[. .. ] hubiera sido ejecutada por órdenes de algún agente del Estado, con su colaboración e inclusive, omitiendo sus deberes constitucionáles". A su turno, frente a la Nación - Fiscalía General de la Nac.ión y la Rama Judicial advirtió que las pruebas arrimadas al plenario no acreditaron que éstas hubieren omitido los deberes constitucionales y legales que les habían sido conferidos. 4 FI. 204, C.1. 5 F1. 217 a 228, C.1. 6 F1. 206 a 208, C. 1. 7 FI. 249 a 251, C.1. 8 FI. 252 a 265, C.11.5. Recurso de apelación

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5 F1. 217 a 228, C.1. 6 F1. 206 a 208, C. 1. 7 FI. 249 a 251, C.1. 8 FI. 252 a 265, C.11.5. Recurso de apelación 5

Radicado: 47(JOJ2.33100020070004J01 (65023) DE'rnandant0: Emilse Elena i\cufü1 y otros El 3 de agosto de 20199, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 30 de agosto de 201910 y admitido el 26 de noviembre siguiente 11. 5.1. El extremo activo12 argumentó que los medios de prueba obrantes en el plenario permitían constatar el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que habría incurrido la Fiscalía General de la Nación, en tanto dicha institución fue "inoperante:' fin la investigación del homicidio del que fue objeto Javier de Jesús

Diaz Iglesias. Textualmente, indicó: "El daño sufrido por la parte accionante es consecuencia de fa inoperancia de los organismos judiciales en la investigación del crimen. No hay lugar a duda en que el daño ocasionado a esta familia se debe a la falta de actuación de los funcionarios, es decir, que el defectuoso actuar de la Fiscalía General de la Nación, como agente primordial de administración de justicia, generó la incertidumbre e impunidad en la que se encuentra la familia de Javier de Jesús Díaz Iglesias".

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 17 de septiembre de 202013 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

Iglesias".

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 17 de septiembre de 202013 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. Los demandantes, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio. 9 F1. 268 a 279, C.11. 1° FI. 302, C.11. •11 FI. 307, C.11. 12 FI. 268 a 279, C.11. 13 FI. 309, C.11.1. Competencia

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Radicado: ,J,7001233100020070004101 ( 65023) Dt·rnandantc: Emilse Elena Acufia y otros ..

111. CONSIDERACIONES El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 26 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo ' . del Magdalena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de

1996. Asimismo, en razón a que la cuantía, dada por el valor de la sumatoria de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la deman_da, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación14, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1395 de 2010.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1395 de 2010.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estataí distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8615 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y a la administración de justicia. 14 En la demanda se solicitó, por perjuicios morales, 1000 SMLMV para cada uno de los accionantes. 15 "Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación 'del daño cuando fa causa sea un hecho, una omisión, 1,ma operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por caqsa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resuiten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadafi por fa actuación particular o de otra entidad pública."3. Vigencia de la acción 7

Radicado: 47001233100020070004.101 (65023)

DC'mandante:. fanilse Ekn« Acw"lci y otros Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

DC'mandante:. fanilse Ekn« Acw"lci y otros Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general16, estableció unos plazos para poder ejercer óportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho a accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción17, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como limite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y fistabili?ad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia .ifipide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. 16 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita -en el tiempo

16 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita -en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se hafla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de· §er declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia." 17 Consejo deEstado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. o-871-05 " ... el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador ( . .). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción • necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para . solidificar el concepto de derechos adquiridos.".• 8

Radkado: 4 700123310002 0070004· 101 ( 65023)

acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para . solidificar el concepto de derechos adquiridos.".• 8

Radkado: 4 700123310002 0070004· 101 ( 65023) Demandante: E1t1ilse Elei1a Acufia y otros La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situacfón; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure18 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección fie la justicia 19, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 13 6 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.· Tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, la Sección Tercera de est,a Corporación ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día

Tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, la Sección Tercera de est,a Corporación ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante. 18 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es asf como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial". 19 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: " ... [s]i el actor dej9 transcurrir los plazos fijados por fa ' ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y et interés general. Y es que fa caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado_determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,

representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado_determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado".9

Radicado: 4-70012331 000200700.04.101 ( 65023) Demandante: Emílse Elena Acuíia y otros En primer lugar, se evidencia que el derecho de accionar se ejerció en tiempo frente a la muerte de Javier de Jesús Díaz Iglesias, esto es, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el 23 de enero de 2005, falleció Javier de Jesús Días Iglesias, según da cuenta copia auténtica del correspondiente registro de defunción20; y ii) que la demanda se presentó el 24 de enero de 200721.

Por otra parte, frente al defectuoso funcionamiento de la administración de jufiticia, se observa que el derecho de acción también se ejerció en tiempo, toda vez: i) que . el 23 de enero de 2005, falleció Javier de Jesús Días Iglesias, según da cuenta copia auténtica del correspondiente registro de defunción22; ii) que según lo narrado en la demanda, los demandantes alegan omisión de la Administración de justicia porque "[ ... ] transcurrido más de un año de ocurridos los hechos objeto de investigación, no se han dictado órdenes_ de captura contra los presuntos responsables, ni se han orientado las indagaciones a establecer quiénes son todos

porque "[ ... ] transcurrido más de un año de ocurridos los hechos objeto de investigación, no se han dictado órdenes_ de captura contra los presuntos responsables, ni se han orientado las indagaciones a establecer quiénes son todos los autores y partícipes de este_ execrable crimen" y iii) que la demanda se presentó el 24 de enero de 200723. Por lo anterior, la Sala concluye que la demanda se presentó en tiempo, dado qtJe entre el defectuoso funcionamiento de la administración alegado y la fecha en la que se presentó la demanda, no transcurrieron mas de dos (2) años. ' '

4. Legitimación en la causa 4.1. Emilse Elena Acuña Barcasnegras (cónyuge), Lineker Javier Díaz Acuña (hijo), Nilson Aldair Díaz Acuña (hijo), Rivaldo de Jesús Díaz Acuña (hijo), Romario Díaz Acuña (hijo), Tomás Enrique Díaz (padre), Ana Beatriz López Iglesias, Tomás

Se.gundo Díaz Iglesias (hermano), Ana Beatriz Díaz Iglesias (hermana), Carlos Arturo Díaz Iglesias (hermano), Henry Díaz Iglesias (hermano), Maryobis Díaz Iglesias (hermana) y Fernando López Iglesias (hermano), son las personas sobre 2º FL 49, C.1. 21 FI. 9 a 48, C.1. 22 FI. 49, C.1. 23 FI. 9 a 48, C.1. •10

Radicado.: 1 }70012 33 .10()Ü200700Ó4 l 01 ( 65023)

Demandantt': Ernilse Elcn;;1 Acuíb y otros

23 FI. 9 a 48, C.1. •10

Radicado.: 1 }70012 33 .10()Ü200700Ó4 l 01 ( 65023) Demandantt': Ernilse Elcn;;1 Acuíb y otros quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimadas en la causa por activa, pues conformaban el núcleo familiar de Javier de Jesús Díaz Iglesias (víctima), según da cuenta copia auténtica de los correspondientes registros civiles de matrimonio24 y de nacimiento25. 4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional toda vez que, según lo expuesto en la demanda, "[. . .] agentes de. la institución planearon y ejecutaron su asesinato - refiriéndose a Javier de Jesús Díaz Iglesias - de forma indiscriminada, con el fin de silenciarlo, pues conoció de múltiples irregularidades ocurridas al interior del Comando de Policía del Magdalena, en las que se encontraban vinculados dos altos mandos de esta institución". 4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía .General .de la Nación y la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección26, pues a juicio de los libelistas, "[. . .] habiendo transcurrido más de un año de ocurridos los hechos objeto de investigación, no se han dictado órdenes de captura contra los presuntos responsables, ni se han orientado las indagaciones a establecer quienes son todos los autores y partícipes de .este execrable crimen".

5. Problema jurídico

los hechos objeto de investigación, no se han dictado órdenes de captura contra los presuntos responsables, ni se han orientado las indagaciones a establecer quienes son todos los autores y partícipes de .este execrable crimen".

5. Problema jurídico De conformidad con el cargo_ expuesto en el recurso de· apelación, corresponde a la Sala determinar si se causó un dano antijurídico consistente en la lesión injustificada a los derechos fundamentales a la verdad, no impunidad y acceso efectivo y oportuno a la administración de la justicia, por cuanto, a juicio de los accionantes, la Fiscalía General de la Nación fue inoperante en la investigación penal adelantada por el homicidio perpetrado contra Javier de Jesús Díaz Iglesias. 24 Fl. 51, C.1. 2fi F1. 50 y 52 a 63, C.1. 26 Cfr. Consejo de Estado, Sección:Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.: 20420.11 lbdlcado: 47001.2331000200700041 0'1 '(-65023)

Demandante: Emilse Elena Acufia y otros

6. Solución del problema jurídico Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y aquella que corresponde al defectuoso funcionamiento de administración de justicia. 6.1 . Con_sideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 199127 consagró dos condiciones para dficlarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño ·,• antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídicó es la lesión injustificada a un interés protegido por el

dficlarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño ·,• antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídicó es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho28, que contraría el orden legal29 o que está desprovista de una causa que la justifique30, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida31 , violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurí_dico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se· hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, 27 "Articulo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los dafJos antijurfdícos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste". 28 Consejo de Estado, Sección Tercera. ·sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11 945 29 Cfr. De ·cupis: Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

28 Consejo de Estado, Sección Tercera. ·sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11 945 29 Cfr. De ·cupis: Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 3° Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 114 99; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 31 Cosso.· Benedetta. Respons<;1bilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffré Editare, 2009, Milán, Italia.12

Radicado: 47001233100020070004101 (65023) Demandante: Emilsc Elena Acufü, y otros la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto32.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 6.2. Responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de administración de justicia ·' El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia fue regulado en el artículo 69 de la Ley 270 de 19 96 en los siguientes términos: "Artículo 69. defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la

casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación" De acuerdo a lo anterior, fiI defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es un título de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter subjetivo en el que el daño antijurídico deriva de una situación -anormal de tutela judicial efectiva33, producto de que el servicio público de administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, o ha funcionado en forma tardía.34 Este título de atribución de responsabilidad tiene las características siguientes: i) se predica de las actuaciones judiciales para adelantar el proceso o para la ejecución de providencias jµdiciales35; ii) pro