CE - 470012331000200900208011SENTENCIA20230710132706

Radicado: 47001-2331-003-2009-00208-01 (52463) acumulado con 47001-2331-001-2010-00330-01 (42055) Demandantes: Ramón Enrique Márquez Ramírez (52463), Ramón Alberto García Arias (42055) y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa Radicación: 47001-2331-003-2009-00208-01 (52463) acumulado con 47001-2331001-2010-00330-01 (42055) Demandantes: Ramón Enrique Márquez Ramírez (52463), Ramón Alberto García Arias (42055) y otros

Demandados: Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial

Tema: Privación de la libertad. En el expediente 42055, se revoca la sentencia que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se condena a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial debido a que la medida de aseguramiento no cumplió los requi sitos legales para su imposición. En el expediente 52463, se confirma la decisión de condenar a dichas entidades por la misma razón. Para el estudio y la liquidación de perjuicios, se aplican las reglas jurisprudenciales.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el

por la misma razón. Para el estudio y la liquidación de perjuicios, se aplican las reglas jurisprudenciales.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia dictada el 27 de julio de 2011 (42055) por el Tribunal Administrativo de Magdalena, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, y los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas contra la sentencia proferida el 9 de abril de 2014 (52463) por el mismo tribunal, en la que se decidió:

<<1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de los perjuicios causados a CARMEN ROSA CASTILLO NEIRA, LUIS EDUARDO MÁRQUEZ CASTILLO Y RAMÓN ANDRÉS MÁRQUEZ CASTILLO con ocasión de la falla del se rvicio por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido RAMÓN ENRIQUE MÁRQUEZ RAMÍREZ (…).

2. CONDENASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante a favor de RAMÓN ENRIQUE MÁRQUEZ RAMÍREZ la suma de treinta y nueve millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos seis pesos ($39.949.406,00) (…).

3. CONDENASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

y nueve mil cuatrocientos seis pesos ($39.949.406,00) (…).

3. CONDENASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de los actores los siguientes valores:Radicado: 47001-2331-003-2009-00208-01 (52463) acumulado con 47001-2331-001-2010-00330-01 (42055) Demandantes: Ramón Enrique Márquez Ramírez (52463), Ramón Alberto García Arias (42055) y otros

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• Para RAMÓN ENRIQUE MÁRQUEZ RAMÍREZ la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. - Para CARMEN ROSA CASTILLO NEIRA, en calidad de esposa, la suma de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. - Para LUIS EDUARDO MÁRQUEZ CASTILLO, en calidad de hijo, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. - Para RAMÓN ANDRÉS MÁRQUEZ CASTILLO , en calidad de hijo, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. Las sumas líquidas correspondientes a las anteriores condenas devengarán intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria de la sentencia hasta el día del pago total, según los artículos 176 y 177 del C.C.A.

5. NIÉGUENSE las demás pretensiones.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1394 de 2010, IMPÓNGASE a la parte demandante la obligación de cancelar el arancel judicial equivalente al 2% del valor total efectivamente recaudado, los cuales ascienden a la suma de un millón cincuenta y

la parte demandante la obligación de cancelar el arancel judicial equivalente al 2% del valor total efectivamente recaudado, los cuales ascienden a la suma de un millón cincuenta y cuatro mil quinientos ocho pesos ($1.054.508, 00).

7.1. La parte demandante deberá reajustar el pago del arancel a la fecha en la que se efectúe el pago definitivo

7.2. Por secretaría, désele cumplimiento al artículo 10 de la Ley 1394 de 2010.

8. Sin condena en costas para la parte vencida>>.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de recursos de apelación interpuestos en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra sentencia s proferidas en primera instancia por un tribunal , dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

En el proceso 42055, e l recurso de apelación presentado por la parte demandante fue admitido mediante auto del 15 de febrero de 2012 1; se corrió traslado para alegar de conclusión por medio de auto del 23 de mayo de 2012 2; la Fiscalía General de la Nación (en adelante, la Fiscalía) 3 presentó sus alegatos de conclusión; la parte actora y l a Rama Judicial guardaron silencio; el Ministerio Público no rindió concepto.

En el proceso 52463, los recursos de apelación presentados por la Rama Judicial y por la Fiscalía fueron admitidos mediante auto del 13 de noviembre de 2014 4; se corrió traslado para alegar de conclusión por medio de auto del 28 de noviembre de 2014 5; la parte demandante6 y la Fiscalía 7 presentaron sus alegatos de conclusión y la Rama Judicial

para alegar de conclusión por medio de auto del 28 de noviembre de 2014 5; la parte demandante6 y la Fiscalía 7 presentaron sus alegatos de conclusión y la Rama Judicial guardó silencio. El Ministerio Público solicitó la confirmación de las condenas a las

1 Fl. 326, C-9. 2 Fl. 328, C-9. 3 Fl. 329 – 333, C-9. 4 Fl. 409, C-11. 5 Fl. 411, C-11. 6 Fl. 412 - 419, C-11. 7 Fl. 421 - 428, C-11.Radicado: 47001-2331-003-2009-00208-01 (52463) acumulado con 47001-2331-001-2010-00330-01 (42055) Demandantes: Ramón Enrique Márquez Ramírez (52463), Ramón Alberto García Arias (42055) y otros

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entidades demandadas porque la medida de aseguramiento domiciliaria impuesta contra el demandante Ramón Enrique Márquez Ramírez no cumplió los requisitos legales8.

El proceso 47-001-2331-001-2010-00330-01 (42055) fue acumulado al proceso 47-0012331-003-2009-00208-01 (52463) mediante auto del 20 de septiembre de 2018 9, en el trámite de la segunda instancia.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- Las demandas que dieron origen al proceso fueron interpuestas el 11 de agosto de 2010 por Ramón Alberto García Arias (víctima directa) y su grupo familiar (proceso 42055) y el

A. Posición de la parte demandante

1.- Las demandas que dieron origen al proceso fueron interpuestas el 11 de agosto de 2010 por Ramón Alberto García Arias (víctima directa) y su grupo familiar (proceso 42055) y el 16 de julio de 2009 por Ramón Enrique Márquez Ramírez (víctima directa) y su grupo familiar (proceso 52463). Ambas demandas se dirigieron contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial para obtener la reparación del daño causado por la privación de la libertad de las víctimas directas, quienes estuvieron detenidas en los siguientes períodos: (i) el demandante Ramón Alberto García Arias entre el 18 de julio de 2003 y el 27 de mayo de 200710, es decir, por un término de tres (3) años, diez (10) meses y diez (10) días; y (ii) el demandante Ramón Enrique Márquez Ramírez entre el 18 de julio de 2003 y el 26 de mayo de 200711, es decir, por un término de tres (3) años, diez (10) meses y nueve (9) días. En el proceso penal se les imputó el delito de peculado por apropiación.

2.- En las demandas se formularon las siguientes pretensiones:

2.1.- Pretensiones de la demanda correspondiente al proceso 42055:

<<1. Que se declare administrativamente responsables a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – RAMA JUDICIAL por los perjuicio s materiales, morales y a la vida en relación causados a mis poderhabientes como consecuencia de la detención o la privación injusta de la libertad

RAMA JUDICIAL por los perjuicio s materiales, morales y a la vida en relación causados a mis poderhabientes como consecuencia de la detención o la privación injusta de la libertad del señor RAMÓN ALBERTO GARCÍA ARIAS, como quiera que se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva mediante resolución calendada el 18 de julio de 2003 por el delito de peculado por apropiación (…). [R]ecuperó la libertad por sentencia absolutoria debidamente ejecutoriada, después de más de tres años de privación de la libertad, habida consideración de que el delito nunca existió o nunca lo cometió el señor RAMÓN ALBERTO GARCÍA ARIAS, causándoles a los demandantes un terrible daño que no estaban obligados a soportar.

2. Que, como consecuencia lógica de la anterior declaración, se conden e a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – RAMA JUDICIAL a pagar a los ciudadanos RAMÓN ALBERTO GARCÍA ARIAS, quien actúa en propio nombre y como representante legal de su hijo menor, ANDRÉS FELIPE GARCÍA SOCARRÁS; DIVINA SÁNCHEZ GARCÍA, quien obra en su condición de esposa; KENNY DIVINA y GABRIEL ARMANDO GARCÍA

8 Fl. 442 – 449, C-11. 9 Fl. 471, C-11. 10 Estas fechas fueron extraídas de las afirmaciones de la demanda. 11 Estas fechas fueron extraídas de las afirmaciones de la demanda.Radicado: 47001-2331-003-2009-00208-01 (52463) acumulado con

10 Estas fechas fueron extraídas de las afirmaciones de la demanda. 11 Estas fechas fueron extraídas de las afirmaciones de la demanda.Radicado: 47001-2331-003-2009-00208-01 (52463) acumulado con 47001-2331-001-2010-00330-01 (42055) Demandantes: Ramón Enrique Márquez Ramírez (52463), Ramón Alberto García Arias (42055) y otros

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SÁNCHEZ, quienes obran e n su condición de hijos; IRENAIDA ARIAS, quien obra en su condición de madre; y NELCY GARCÍA, quien obra en su condición de hermana (…), los perjuicios materiales, morales y a la vida en relación, así:

2.1. Los perjuicios materiales: representados en la modalidad de lucro cesante, como quiera que RAMÓN ALBERTO GARCÍA ARIAS, para la época de la privación de la libertad, era gerente de Telecom, en la localidad de Fundación – Magdalena, lo que quiere decir que dejó de percibir ingresos por más de tres años q ue permaneció privado de la libertad; ingresos representados en sueldos y prestaciones sociales como trabajador dependiente, que ascienden a más de $56.700.000. Y los perjuicios representados en daño emergente, como quiera que el señor RAMÓN ALBERTO GARCÍA ARIAS sufragó gastos por concepto de honorarios profesionales por un tiempo prolongado con la finalidad de ejercer su defensa técnico-material; honorarios que ascienden a $6.000.000.

2.2. Los perjuicios morales: una indemnización equivalente en pesos co lombianos a cien

honorarios profesionales por un tiempo prolongado con la finalidad de ejercer su defensa técnico-material; honorarios que ascienden a $6.000.000.

2.2. Los perjuicios morales: una indemnización equivalente en pesos co lombianos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales a la fecha de la ejecutoria del fallo, para la víctima directa, su esposa, sus hijos y su madre. Y una indemnización equivalente en pesos colombianos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales a la fecha de la ejecutoria del fallo para la hermana del señor RAMÓN ALBERTO GARCÍA ARIAS (…).

2.3.- Los daños a la vida en relación: (…) cien (100) salarios mínimos legales mensuales para el señor RAMÓN ALBERTO GARCÍA ARIAS; cien (100) salarios míni mos legales mensuales para cada uno de sus hijos, GABRIEL ARMANDO, KENNY DIVINA y ANDRÉS FELIPE GARCÍA SOCARRÁS; y para DIVINA MARÍA SÁNCHEZ DE GARCÍA, en su calidad de esposa, cien (100) salarios mínimos legales mensuales también (…).

3. Los intereses aumentados por la elevación del índice de precios al consumidor desde la fecha de la ocurrencia del hecho (18 de julio de 2003) y hasta el pago de las obligaciones que resulten del fallo que habrá de recaer.

4. Que se condene a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – RAMA JUDICIAL a pagar los intereses comerciales y moratorios a partir de la ejecutoria del fallo y hasta su cumplimiento (…).

EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – RAMA JUDICIAL a pagar los intereses comerciales y moratorios a partir de la ejecutoria del fallo y hasta su cumplimiento (…).

5. Que, igualmente, se declare que, en el momento de pagar las sumas liquidas por concepto de indemnización de perjuicios materiales, éstos deberán reajustarse con base en la variación del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos y hasta la ejecutoria de la sentencia, confor me al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y la certificación que expide el DANE.

6. Que la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – RAMA JUDICIAL están obligadas a dar cumplimiento dentro del término estipulado en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

7. Que se condene a los demandados a cancelar costas y las agencias en derecho a que hubiere lugar (…)>>.

2.2.- Pretensiones de la demanda correspondiente al proceso 52463:

<<PRIMERO: La NACIÓN, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados a RAMÓN ENRIQUE MÁRQUEZ RAMÍREZ, a su esposa CARMEN ROSA CASTILLO NEIRA, a sus hijos LUIS EDUARDO MÁRQUEZ CASTILLO y RAMÓN ANDRÉS MÁRQUEZ CASTILLO por el error judicial de que fue objeto y haber sido absuelto por los delitos por los cuales fue juzgado.Radicado: 47001-2331-003-2009-00208-01 (52463) acumulado con

CASTILLO y RAMÓN ANDRÉS MÁRQUEZ CASTILLO por el error judicial de que fue objeto y haber sido absuelto por los delitos por los cuales fue juzgado.Radicado: 47001-2331-003-2009-00208-01 (52463) acumulado con 47001-2331-001-2010-00330-01 (42055) Demandantes: Ramón Enrique Márquez Ramírez (52463), Ramón Alberto García Arias (42055) y otros

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SEGUNDO: Condenar, en consecuencia, a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagarles a mis poderdantes o a quien represente legalmente sus derechos , como reparación o indemnización, los perjuicios de orden material o moral y las cuantías por daños, así.

• Al actor RAMÓN ENRIQUE MÁRQUEZ RAMÍREZ, perjuicios por concepto de daño material (daño emergente [y lucro cesante 12]) en una cuantía de $76.200.000 M/C. - Al actor RAMÓN ENRIQUE MÁRUQEZ RAMÍREZ, a su esposa CARMEN ROSA CASTILLO NEIRA y a sus hijos LUIS EDUARDO MÁRQUEZ CASTILLO y RAMÓN ANDRÉS MÁRQUEZ CASTILLO, perjuicios por concepto de daño moral e indemnización por daño a la vida en relación en la máxima cuantía expresada en salarios mínimos, de conformidad con la jurisprudencia que para estos efectos ha adoptado la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del

Honorable Consejo de Estado.

TERCERO: La condena respectiva será actualizada en la forma prevista en el artículo 178

ha adoptado la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado.

TERCERO: La condena respectiva será actualizada en la forma prevista en el artículo 178 del C.C.A. y se reajustará en su valor tomando como base para la liquidación la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha de la privación injusta de la libertad hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.

CUARTO: la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL darán cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.>>

3.- A partir de lo afirmado en las demandas y de las piezas del proceso penal obrantes en el plenario, se extrae que sus fundamentos comunes son los siguientes:

3.1.- El 18 de marzo 2003 el señor Hilber Alberto Herrera Hernández, quien trabajaba para la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (en adelante, Telecom), denunci ó ante la Fiscalía Seccional de Santa Marta la existencia de irregularidades en el pago de las facturas de telefonía en algunos municipios del departamento de Magdalena. En la denuncia explicó que, para el pago de los servicios de telefonía, la empresa les entrega ba a sus usuarios una factura con el fin de que estos la cancelaran en las entidades bancarias autorizadas y, luego, dichas entidades certificaban el pago mediante la expedición de unos cupones, con base en los cuales los funcionarios de Telecom grababan –en el módulo de facturación SAT– que la cuenta había sido debidamente pagada. Con el fin de evitar inconsistencias, después de surtido ese procedimiento, la empresa conciliaba los montos recaudados por

base en los cuales los funcionarios de Telecom grababan –en el módulo de facturación SAT– que la cuenta había sido debidamente pagada. Con el fin de evitar inconsistencias, después de surtido ese procedimiento, la empresa conciliaba los montos recaudados por las entidades bancarias con las facturas registradas en el SAT. Al efectuar ese proceso de conciliación, se detectó que en los municipios de Aracataca, Fundación y Pivijay (Magdalena) existían grabaciones en el SAT sin los soportes de pago correspondientes. Es decir, aparecían facturas grabadas en el SAT como si hubiesen sido canceladas, cuando el dinero nunca había ingresado a la empresa; por lo que el denunciante manifestó que alguien debía estar apropiándose de ese dinero.

12 Si bien en las pretensiones de la demanda no se solicita una indemnización por concepto de lucro cesante, lo cierto es que en la estimación razonada de la cuantía dice: <<el lucro cesante por concepto de salarios dejados de percibir por RAMÓN MÁRQUEZ RAMÍREZ durante el periodo que estuvo en vigencia la medida de aseguramiento con detención domiciliaria. [Se calcula] tomando como base desde la fecha en la que se contrae la detención preventiva y hasta la fecha de la sentencia contenciosa administrativa>>.Radicado: 47001-2331-003-2009-00208-01 (52463) acumulado con 47001-2331-001-2010-00330-01 (42055) Demandantes: Ramón Enrique Márquez Ramírez (52463), Ramón Alberto García Arias (42055) y otros

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3.2.- La Fiscalía Décima Seccional de Santa Marta dio apertura a una investigación penal por la presunta comisión de actos de corrupción administrativa dentro de Telecom y, con

Ramón Alberto García Arias (42055) y otros

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3.2.- La Fiscalía Décima Seccional de Santa Marta dio apertura a una investigación penal por la presunta comisión de actos de corrupción administrativa dentro de Telecom y, con fundamento en la documentación recaudada, vinculó como sindicados a los demandantes Ramón Enrique Márquez Ramírez13 y Ramón Alberto García Arias14, entre otros empleados de la mencionada empresa de telefonía. Lo anterior, dado que las facturas registradas sin los correspondientes soportes habían sido grabadas en el SAT con sus códigos de ingreso: <<los registros fraudulentos figuran realizados con los códigos (…) 208, [perteneciente a] Ramón Enrique Márquez Ramírez (…) y 213, asignado a Ramón Alberto García Arias>>.

3.3.- Mediante resolución del 18 de julio de 2003 la Fiscalía Décima Seccional ante los Juzgados Penales del Circuito de Santa Marta impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra los demandantes Ramón Enrique Márquez Ramírez y Ramón Alberto García Arias, a quienes les imputó el delito de peculado por apropiación. En virtud de esta decisión, el 28 de octubre de 2003 los imputados se acercaron a las instalaciones de la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales de Santa Marta para suscribir la diligencia de detención domiciliaria y prestar caución prendaria.

3.4.- Mediante resolución del 23 de febrero de 2004 la Fiscalía Décima Seccional ante los Juzgados Penales del Circuito de Santa Marta acusó a los demandantes Ramón Enrique Márquez Ramírez y Ramón Alberto García Arias.

3.4.- Mediante resolución del 23 de febrero de 2004 la Fiscalía Décima Seccional ante los Juzgados Penales del Circuito de Santa Marta acusó a los demandantes Ramón Enrique Márquez Ramírez y Ramón Alberto García Arias.

3.5.- En sentencia del 26 de marzo de 2007 el Juzgado Penal del Circuito de Fundación absolvió a los demandantes Ramón Enrique Márquez Ramírez y Ramón Alberto García Arias en aplicación del principio in dubio pro reo. Estableció que no existían elementos de juicio suficientes para condenar a los actores, pues el hecho de que los registros fraudulentos en el SAT se hubieran realizado con sus códigos de ingreso no ofrecía certeza sobre su autoría o su participación en la conducta punible.

3.6.- El defensor del señor Jorge Montenegro Eguis, quien sí resultó condenado por el delito de peculado por apropiación mediante la sentencia del 26 de marzo de 2007 , apeló la decisión; no obstante, luego desistió del recurso. Así las cosas, en auto del 1° de julio de 2008 la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Marta aceptó el desistimiento y, según constancia de ejecutoria expedida por la secretaría del Juzgado Penal del Circuito de Fundación, el fallo de primer grado cobró firmeza el 11 de agosto de 2008.

4.- De acuerdo con lo afirmado por las partes demandantes, en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) en resolución del 18 de julio de 2003 la Fiscalía Décima Seccional ante los Juzgados Penales del Circuito de Santa Marta impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra los demandantes Ramón

las siguientes actuaciones relevantes: (i) en resolución del 18 de julio de 2003 la Fiscalía Décima Seccional ante los Juzgados Penales del Circuito de Santa Marta impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra los demandantes Ramón Enrique Márquez Ramírez y Ramón Alberto García Arias ; (ii) el 28 de octubre de 2003 suscribieron la diligencia de detención domiciliaria y prestaron caución prendaria; (iii) en resolución del 23 de febrero de 2004 la Fiscalía los acusó formalmente como coautores

13 Este estaba vinculado a Telecom en el cargo de <<profesional II>>. 14 Este estaba vinculado a Telecom en el cargo de <<jefe de la oficina de la localidad de Fundación, Magdalena>>.Radicado: 47001-2331-003-2009-00208-01 (52463) acumulado con 47001-2331-001-2010-00330-01 (42055) Demandantes: Ramón Enrique Márquez Ramírez (52463), Ramón Alberto García Arias (42055) y otros

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del delito de peculado por apropiación; y (iv) en fallo del 26 de marzo de 2007 el Juzgado Penal del Circuito de Fundación decidió absolverlos.

5.- Según las demandas, las víctimas directas Ramón Enrique Márquez Ramírez y Ramón Alberto García Arias fueron injustamente privados de la libertad por las siguientes razones: (i) los dos permanecieron privados de la libertad por más de tres (3) años, a pesar de que no participaron en el hecho punib le por el cual fueron investigados, por lo que se les ocasionó un daño antijurídico que debe ser indemnizado por el Estado en los términos del

no participaron en el hecho punib le por el cual fueron investigados, por lo que se les ocasionó un daño antijurídico que debe ser indemnizado por el Estado en los términos del artículo 90 de la Constitución; (ii) resulta necesario analizar el caso desde un título de imputación de daño especial, pues la detención preventiva que padecieron las víctimas directas quebrantó las cargas públicas; (iii) cuando la Fiscalía decidió imponer la medida preventiva, no contaba con dos (2) indicios graves de responsabilidad contra las víctimas directas, tal como lo afirmó el propio juez penal de conocimiento en la sentencia absolutoria; (iv) a los dos se les imputó el delito de peculado por apropiación sin que existieran pruebas o evidencias para condenarlos; y (v) si el ente investigador hubiera sido diligente a la hora de solicitar y practicar pruebas, se habría percatado de la inocencia de las víctimas directas.

6.- En relación con los perjuicios, la s partes demandantes indicaron que: (i) tanto las víctimas directas como sus familiares padecieron perjuicios morales 15; (ii) las víctimas directas no pudieron obtener ingresos como consecuencia de su detención preventiva (lucro cesante); (iii) las víctimas directas incurrieron en gastos asociados a su defensa a lo largo del proceso penal y, adicionalmente, el demandante Ramón Enrique Márquez Ramírez tuvo que pedir préstamos para poder sostener a su familia (daño emergente); y (iv) las víctimas directas sufrieron un daño a la vida en relación16.

B. Posición común de las entidades demandadas

7.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la s demandas. Como

directas sufrieron un daño a la vida en relación16.

B. Posición común de las entidades demandadas

7.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la s demandas. Como argumentos de defensa expuso que: (i) la entidad actuó en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, los cuales están contenidos en la Ley 600 de 2000 y en el artículo 125 de la Constitución Política; (ii) la medida de aseguramiento se impuso con base en indicios y pruebas que reunieron los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos; (iii) se configuró la culpa exclusiva de las víctimas, pues con su comportamiento los demandantes Ramón Enrique Márquez Ramírez y Ramón Alberto García Arias causaron su detención preventiva , principalmente porque no interpusieron los recursos de ley contra las resoluciones emitidas por los fiscales delegados;

15 La parte actora del proceso 52463 adujo que: <<la estadía [de Ramón Enrique Martínez Ramírez] en el centro carcelario de Santa Marta generó gran dolor, sufrimiento y padecimiento no solamente al actor, sino a sus familiares, quienes desde la lejanía física entraban en [un estado de] zozobra>> . A su vez , la parte actora del proceso 42055 manifestó que: <<obviamente los demandantes han sufrido mucho moralmente, por cuanto se trataba de personas respetadas y ahora son tildados por toda la comunidad como vulgares delincuentes, produciendo en ellos llantos, tristezas, penas y toda clase de angustias>>. 16 La parte actora del proceso 52463 afirmó que: <<es evidente que el señor Ramón Enrique Martínez Ramírez y su familia

de angustias>>. 16 La parte actora del proceso 52463 afirmó que: <<es evidente que el señor Ramón Enrique Martínez Ramírez y su familia se vieron afectados por el escándalo social y el despliegue publicitario que originó [su] detención>>. Y la parte actora del proceso 42055 alegó que: <<la imagen pública del actor se ha visto afectada, lo que lo tiene absolutamente afligido (…). Además, no disfrutó del placer máximo para él, el cual era [compartir con sus hijos y con su esposa]. (…) Sus hijos [y su esposa] resultaron igualmente afectados, pues no compartieron con su padre durante el tiempo que estuvo privado de la libertad>>.Radicado: 47001-2331-003-2009-00208-01 (52463) acumulado con 47001-2331-001-2010-00330-01 (42055) Demandantes: Ramón Enrique Márquez Ramírez (52463), Ramón Alberto García Arias (42055) y otros

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(iv) no hay una relación de causalidad entre las actuaciones de la entidad y el daño alegado; y (v) la medida de aseguramiento domiciliaria cumplió los requisitos contenidos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, por lo que el daño –si es que existe – no pue de catalogarse como antijurídico.

8.- La Rama Judicial también se opuso las pretensiones de las demandas. En sus escritos de contestación señaló que: (i) la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, ya que la privación injusta de la libertad que padecieron las víctimas directas tuvo origen en actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación; (ii) el Juzgado Penal del

que la privación injusta de la libertad que padecieron las víctimas directas tuvo origen en actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación; (ii) el Juzgado Penal del Circuito de Fundación (Magdalena) absolvió a las víctimas directas y ordenó su liberación inmediata; y (iii) si bien la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial hacen parte de la misma persona jurídica, son órganos independientes.

C. Sentencias recurridas

1. Proceso 42055

9.- En sentencia del 27 de julio de 2011 el Tribunal Administrativo de Magdalena negó las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:

9.1.- La medida de aseguramiento impuesta contra el demandante Ramón Alber to García Arias cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, como quiera que el ente investigador estructuró dos (2) indicios de responsabilidad en su contra, a saber: (i) uno de los códigos de acceso a la plataforma SAT que fueron utilizados para efectuar las grabaciones de pago fraudulentas pertenecía al sindicado y (ii) los testimonios rendidos por varios funcionarios de la empresa Telecom que daban cuenta de las irregularidades en el registro del pago de las facturas de telefonía y de la participación de la víctima directa en la comisión del delito investigado.

9.2.- Adicionalmente, se configuró la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que el demandante Ramón Alber to García Arias era el único responsable de mantener la confidencialidad de su código de identificación SAT.

1. Proceso 52463

10.- En sentencia del 9 de abril de 2014 el Tribunal Administrativo de Magdalena condenó

demandante Ramón Alber to García Arias era el único responsable de mantener la confidencialidad de su código de identificación SAT.

1. Proceso 52463

10.- En sentencia del 9 de abril de 2014 el Tribunal Administrativo de Magdalena condenó a la Rama Judicial y de la