CE - 47001233100020100045101120230201151841

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: REPARACIÓN DIRECTA 470012331000201000451 (46233)

DROANDINA S.A.S.

NACIÓN - RAMA JUDICIAL Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Extinción de la acción penal por prescripción. Pérdida de la oportunidad de la parte civil para obtener la indemnización de perjuicios, Se configuró un daño antijurídico. No se probó la tardanza injustificada en el trámite del proceso penal. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 25 de julio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a l¡:¡s pretensiones de la demanda. l. SINTESIS DEL CASO El 5 de noviembre de 2001, el gerente de la sociedad Inversiones Rincón Díaz Ltda. (hoy "DROANDINA S.A.S.") presentó denuncia penal contra Raúl de Jesús Salcedo, William Rincón Calderón, Ramny Alberto Castaño Henríquez, Jaime Antonio Márquez Julio y Adela Arciniegas Guevara, empleados de dicha compañía, sindicándolos de ser coautores de los delitos de hurto, utilización indebida de información privilegiada, falsedad y uso de documento privado, concierto para

Márquez Julio y Adela Arciniegas Guevara, empleados de dicha compañía, sindicándolos de ser coautores de los delitos de hurto, utilización indebida de información privilegiada, falsedad y uso de documento privado, concierto para delinquir e instigación para delinquir. Por ello, mediante proveído del 13 de noviembre de esa anualidad, la Fiscalía 14 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Marta dio apertura a una investigación penal en contra de los referidos sindicados. Posteriormente, el 28 de noviembre siguiente, la mencionada Fiscalía admitió a la sociedad Inversiones Rincón Díaz Ltda. como parte civil en el proceso penal.2

Radicado: 47001233100020100045101 ( 46233)

Demandante: DROANDINA SAS.

Seguidamente, mediante Resolución del 3 de diciembre de 2002, el ente instructor acusó a los imputados como coautores de los delitos de falsedad en documento privado en concurso con estafa. El 26 de enero de 2007, el Juzgado 4° Penal del Circuito Penal de Santa Marta condenó a Raúl de Jesús Salcedo, William Rincón Calderón, Ramny Alberto Castaño Henríquez, Jaime Antonio Márquez Julio y Adela Arciniegas Guevara, como coautores del delito de hurto agravado en concurso con falsedad de documento privado, a pena de prisión de 34 meses y al pago solidario de perjuicios materiales en favor de la sociedad Inversiones Rincón Díaz Ltda Esta decisión fue confirmada mediante sentencia del 21 de junio de 2007, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta. Sin embargo, mediante proveído

de perjuicios materiales en favor de la sociedad Inversiones Rincón Díaz Ltda Esta decisión fue confirmada mediante sentencia del 21 de junio de 2007, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta. Sin embargo, mediante proveído del 17 de septiembre de 2008, la Sala de Casación Penal de la Corte,.Suprema de Justicia declaró la prescripción de la acción penal y decretó en favor de los procesados la cesación del procedimiento. Los demandantes consideran que la Nación - Rama Judicial incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que la tardanza en el trámite del proceso penal que se adelantó contra Raúl de Jesús Salcedo, William Rincón Calderón, Ramny Alberto Castaño Henríquez, Jaime Antonio Márquez Julio y Adela Arciniegas Guevara hizo que la sociedad Inversiones Rincón Díaz Ltda. perdiera la oportunidad de acceder a la reparación integral a que tenía derecho como parte civil en el proceso penal.

11. ANTECEDENTES

1. Demanda El 24 de septiembre de 20101 , la sociedad Inversiones Rincón Díaz Ltda. (hoy "DROANDINA" S.A.S.)2, mediante apoderado judicial3 y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación - Rama Judicial, por

1FL 3a 27, C.1. 2 "Por Escritura Pública No. 0002688 de Notaria 5ª de Barranquil/a del 11 de mayo de 2010, inscrita el 26 de mayo de 2010 bajo el número 00026207 del Libro IX, la Sociedad cambió su nombre de: Inversiones Dlaz Rincón Ltda., por el de: DROANDINA S.A." (FI. 32 a 36, C.1.).

el 26 de mayo de 2010 bajo el número 00026207 del Libro IX, la Sociedad cambió su nombre de: Inversiones Dlaz Rincón Ltda., por el de: DROANDINA S.A." (FI. 32 a 36, C.1.). 3 Poder amplio, especial y suficiente conferido por Juan Francisco Suárez Solano en su condición de representante legal de la sociedad DROANDINA S.A.S. (antes "Inversiones Rincón Diaz Ltda." (FL 28, 32 a 36, C.1.).3

Radicado: 47001233100020100045101 (46233) Demandante: DROANDINA S.A.S. los perjuicios ocasionados por haber incurrido en un defectuoso funcionamiento de la administración, puesto que la tardanza en el trámite del proceso penal que se adelantó contra Raúl de Jesús Salcedo, William Rincón Calderón, Ramny Alberto Castaño Henríquez, Jaime Antonio Márquez Julio y Adela Arciniegas Guevara hizo que la sociedad Inversiones Rincón Díaz Ltda. perdiera la oportunidad de acceder a la reparación integral a que tenía derecho como parte civil erí el proceso penal.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por daño emergente, la suma de $340.113.975; y por lucro cesante, "[. . .] el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria que se desprenda de la suma de $340. 113. 975 desde noviembre 23 de 2010 o en su defecto desde diciembre 2 de 2002 hasta la fecha de su pago, la cual será indexada de conformidad con los índices de devaluación fijados por el DANE". En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 5 de noviembre

será indexada de conformidad con los índices de devaluación fijados por el DANE". En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 5 de noviembre de 2001, el gerente de la sociedad Inversiones Rincón Díaz Ltda. (hoy "DROANDINA S.A.S.") presentó denuncia penal contra Raúl de Jesús Salcedo, William Rincón Calderón, Ramny Alberto Castaño Henríquez, Jaime Antonio Márquez Julio y Adela Arciniegas Guevara, empleados de dicha compañía, sindicándolos de ser coautores de los delitos de hurto, utilización indebida de información privilegiada, falsedad y uso de documento privado, concierto para delinquir e instigación para delinquir. Argumenta que el mediante proveído del 13 de noviembre de esa anualidad, la Fiscalía 14 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Marta dio apertura a una investigación penal en contra de los referidos sindicados. Aduce que el 28 de noviembre siguiente, la mencionada Fiscalía admitió a la sociedad Inversiones Rincón Díaz Ltda. como parte civil en el proceso penal. Advierte que mediante Resolución del 3 de diciembre de 2002, el ente instructor acusó a los imputados de ser coautores de los delitos de falsedad en documento privado en concurso con estafa.4

Radicado: 47001233100020100045101 ( ,,6233) Demancbnte: DROAND!NA SAS. -·¡: Señala que el 26 de enero de 2007, el Juzgado 4° Penal del Circuito Penal de Santa Marta condenó a Raúl de Jesús Salcedo, William Rincón Calderón, Ramny Alberto

Señala que el 26 de enero de 2007, el Juzgado 4° Penal del Circuito Penal de Santa Marta condenó a Raúl de Jesús Salcedo, William Rincón Calderón, Ramny Alberto Castaño Henríquez, Jaime Antonio Márquez Julio y Adela Arciniegas Guevara, como coautores del delito de hurto agravado en concurso con falsedad de documento privado, a pena de prisión de 34 meses y al pago solidario de perjuicios materiales en favor de la sociedad Inversiones Rincón Díaz Ltda. Indica que dicha decisión fue confirmada mediante sentencia del 21 de junio de 2007, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta_.,_,., Concluye que mediante proveído del 17 de septiembre de 2008, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la prescripción de la acción penal y decretó en favor de los procesados la cesación del procedimiento. Los demandantes consideran que la Nación - Rama Judicial incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que la tardanza en el trámite del proceso penal que se adelantó contra Raúl de Jesús Salcedo, William Rincón Calderón, Ramny Alberto Castaño Henríquez, Jaime Antonio Márquez Julio y Adela Arciniegas Guevara hizo que la sociedad Inversiones Rincón Díaz Ltda. perdiera la oportunidad de acceder a la reparación integral a que tenía dereého como parte civil en el proceso penal. En el libelo introductorio textualmente se expone: "[. . .] el defectuoso de la administración de justicia del proceso (sic) que se surtió en el juzgado y el trámite en el Tribunal Superior de Santa Marta, conllevaron a que la sentencia de primera

En el libelo introductorio textualmente se expone: "[. . .] el defectuoso de la administración de justicia del proceso (sic) que se surtió en el juzgado y el trámite en el Tribunal Superior de Santa Marta, conllevaron a que la sentencia de primera instancia no quedare en firme y muy por el contrario se prescribiera la acción penal y civil para los procesados, razón por la cual la empresa sufriera un daño y perjuicio en su pecunia, por cuanto se tenía la expectativa de que le restituyeran por causa del hurto agravado que sufrió durante muchos años y que en la sentencia se condenaba a los procesados".5

2. Contestaciones Radicado: 47001233100020100045101 (46233)

Demandante: DROANDINA S.A.S.

El 6 de octubre de 20104, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Nación - Rama Judicial5 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que sus actuaciones estuvieron soportadas en las normas sustanciales y procesales que rigen el procedimiento penal.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 7 de marzo de 20126 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. Los demandantes7 y la Nación - Rama Judicial8 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente, 3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 25 de julio de 20129, el Tribunal Administrativo del

expuestos en la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente, 3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 25 de julio de 20129, el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, argumentando que la entidad accionada incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por cuanto en el proceso penal promovido por la demandante se produjeron trámites y actuaciones que dilataron su curso regular.

Al efecto sostuvo que: "{. . .] se produjeron una serie de trámites y actuaciones que absurdamente dilataron el curso del proceso, vale remembrar: prórrogas sucesivas

4FI. 39, C.1. 5 FI. 47 a 51, C.1. 6 FI. 91, C.1. 7 FI. 91 a 109, C.1. 8 FI. 92 a 94, C.1. 9 FI. 111 a 132, C.15.6

Radicado: 47001233100020100045101 (%233) Demand,rnte: DROANDJNA S.A.S. para emitir un dictamen pericial y la prolongación injustificada de la etapa de juzgamiento. En tal virtud, bajo ese entendido los actores (sic) tienen derecho a la reparación de los perjuicios sufridos por virtud del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el trámite torticero e injustificadamente dilatado del proceso penal y que es peor aún que no se hubiere reparado con sentencia bien fuere absolutoria o condenatoria, máxime, si se estima que la mora a todas luces injustificada no la propició el demandante dentro del instructivo penal correspondiente" .

..

fuere absolutoria o condenatoria, máxime, si se estima que la mora a todas luces injustificada no la propició el demandante dentro del instructivo penal correspondiente" . .. En la parte resolutiva, el a qua condenó a la Nación - Rama Judicial a pagar, por daño emergente y lucro cesante, la suma de $695.638.797; y fijó como arancel judicial, la suma de $13.912. 775.

5. Recurso de apelación El 28 de agosto de 2012, la parte demandante10 y la Nación - Rama Judicial11 interpusieron recurso de apelación, los cual fueron concedidos el 23 de noviembre de 201212 y admitidos el 11 de marzo de 201313. 5.1. El extremo activo14 manifestó que el a qua erró al fijar como arancel judicial la suma de $13.912.775, por cuanto le dio un efecto retroactivo a la Ley 1394 de

201015 .

Textualmente indicó: "[. . .] la sentencia que fija como arancel judicial por las pretensiones favorables a DROANDINA S.A.S., incurrió en un error al darle un efecto retroactivo a la Ley 1394 de 2010, como norma adjetiva, al tenor del artículo 153 de 1887 y demás disposiciones concordantes". 10 FI. 146 a 148, C.15. 11 FI. 149 a 152, C.15. 12 FI. 165, C.15. 13 FI. 176, C.15. 1• FI. 146 a 148, C.15. 15 Por medio de la cual se regula un Arancel Judicial." "

7

Radicado: 47001233100020100045101 (46233)

Demandante: DROANDINA SAS.

1• FI. 146 a 148, C.15. 15 Por medio de la cual se regula un Arancel Judicial." " 7

Radicado: 47001233100020100045101 (46233) Demandante: DROANDINA SAS. 5.2. La Nación - Rama Judicial16 argumentó que no incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de las prerrogativas sustanciales y formales que rigen el procedimiento penal.

Textualmente expuso: "[. . .] no se puede endilgar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el tiempo que utilizó el juzgado de conocimiento para proferir una decisión de fondo, pues actuó conforme a derecho. Las pruebas aportadas por la demandante permiten colegir palmariamente que las actuaciones del juzgado fueron normales y dentro de los términos legales".

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 15 de abril de 20131 7 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio 1 8.

111. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 25 de julio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996. 1s FI. 149 152, C.15. 17 FI. 1178, C.15. 18 FI. 179, C.15.8

2. Acción procedente Radicado: 47001233100020100045101 (46233)

1s FI. 149 152, C.15. 17 FI. 1178, C.15. 18 FI. 179, C.15.8

2. Acción procedente Radicado: 47001233100020100045101 (46233)

Demandante: DROANDJNA S.AS.

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artícu_lp 8619 del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general2º, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la_solicitud judicial, implica la extinción del derecho a accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. 19 "Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o

situaciones que se encontraban pendientes de solución. 19 "Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública." 2° Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada ieferencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia." ..... , _.,,, ,, 9

Radicado: 47001233100020100045101 (46233)

Demandante: DROANDINA SAS.

El establecim iento de dichas oportunidades legales pretende, además, la

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Radicado: 47001233100020100045101 (46233)

Demandante: DROANDINA SAS.

El establecim iento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionali zación de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción21, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos jud iciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solid ificando y concretando el concepto de derechos adquir idos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure22 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia23, cuya consecuencia, por demandar más 21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 200 6. Exp. 68 71-05 " ... el derecho al acceso a

reconocimiento o protección de la justicia23, cuya consecuencia, por demandar más 21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 200 6. Exp. 68 71-05 " ... el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (. . .). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.". 22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 20 13: "Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial".

admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial". 23 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: " ... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen10

Radicado: ,,70012 33100020100045101 (46233) Demandante: DROANDINA S.A.S. allá del tiempo concedido por la ley procesal, sign ifica la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 13 6 del Código Contencioso Adminis trativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencim iento del plazo de dos (2) años contados a partir del día sigu iente del acaecimiento del hecho, omisión u operación adminis trativa o de ocurrida la ocupación temporal o permane nte del infiueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualqu iera otra causa. Tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamien to de la admini stración de la justicia, la Sección Tercera de esta Corporación ha ind icado que el término de caducidad se cuenta a partir del día sigu iente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocim iento de dicho daño por la parte demandan te. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en

conocim iento de dicho daño por la parte demandan te. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que la demandante tuvo conocimien to de la antijuridicidad del daño alegado el 25 de septiembr e de 2008, día en que quedó ejecutoriada la providencia del 17 de septiembre de 2008, proferida por la Sala de Casación Penal·de la Corte Supr ema de Justicia que declaró la extinción de la acción penal por prescripción 24; ii) que los libel istas presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 1 O de agosto de 20 10 25, la cual se declaró fallida el 20 de septiembre de 20 10 26; y iii) que la demanda se presentó el 24 de septiembre de 2010 27 , es decir, antes del vencim iento de los dos (2) años establecidos en la ley. entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado". 24 FL 25, C.6. 25 FL 31, C.1. 26 Fl. 51, C. 1. 27FL 51, C.1.11

4. Legitimación en la causa Radicado: 47001233 100020100045101 ( 46233)

26 Fl. 51, C. 1. 27FL 51, C.1.11

4. Legitimación en la causa Radicado: 47001233 100020100045101 ( 46233) Demandante: DROANDINA S.AS. 4.1. La sociedad DROANDINA S.AS. está legitimada en la causa por activa, ya que fue admitida y vinculada como parte civil al proceso penal tramitado con el número de radicado 26681, según da cuenta copia auténtica de la Resolución del 28 de noviembre de 2001, proferida por la Fiscalía 14 Secciona! ante los Jueces Penales

del Circuito de Santa Marta28.

42. La Nación está legitimada en la causa por pasivfi y se encuentra debidamente representada por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección29, pues fue la entidad que adelantó la etapa de juicio y profirió la providencia que declaró la extinción de la acción penal por prescripción, frente a lo cual se endilga un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

5. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la declaratoria de prescripción de la acción penal que dictó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ocasionó por la tardanza injustificada en el trámite de dicho proceso.

6. Solución del problema jurídico Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la pérdida de oportunidad como daño autónomo. 2a FL 19 a 20, C.9.

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la pérdida de oportunidad como daño autónomo. 2a FL 19 a 20, C.9. 29 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 20 13, Rad.: 20420.12

Radicado: 470012331 000 201 00045101 (46233) Demand, rnte: DROANDJNA S.A.S. 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 19 91 3º consagr ó dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) _la impu tación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho 31 , que contraría el orden legal32 o que está despr ovista de una causa que la justifique33, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida 34, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento ju rídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La impu tación no es otra cosa que la atribución fáctica y ju rídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilib rio de las cargas públicas,

antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilib rio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualqu iera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto35. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imp utación al Estado, surge el deber de indemni zarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 30 "Articulo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste". 31 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 32 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A. 1975. Pág.90. 33 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. •· ,. ,_ ,. 34 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffré Editare, 2009, Milán, Italia.

34 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffré Editare, 2009, Milán, Italia. 35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.13

Radicado: 47001233100020100045101 (46233) Demandante: DIWANDINA S.AS. 6.2. Responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de administración de justicia El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia fue regulado en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 en los siguientes términos: "Artículo 69. defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de lbs casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.

De acuerdo a lo anterior, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es un título de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter subjetivo en el que el daño antijurídico deri