CE - 470012333000201400080011SENTENCIA20230824163739

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756)

Actor: OSCAR BERMÚDEZ GALLO

Demandado: CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. Y OTRO

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: OCUPACIÓN PERMANENTE DE BIEN INMUEBLE / CADUCIDAD – Caducidad del medio de control de reparación directa en casos de ocupación permanente de inmuebles / PRINCIPIOS PRO ACTIONE Y PRO DAMATO / LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA – No se encuentra legitimado quien no acredite que es propietario o poseedor del inmueble.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto po r la parte demandante contra la sentencia proferida el 13 de junio de 2018, por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según el demandante, el 18 de julio de 2009, se ocupó una faja de terreno identificado con cédula catastral 01-10-108-00001-000 y matrícula inmobiliaria 080-659931, por parte de la sociedad Ruta del Sol S.A., para la construcción de una obra pública, por l o que reclama la reparación de los perjuicios que le causó ese hecho.

de la sociedad Ruta del Sol S.A., para la construcción de una obra pública, por l o que reclama la reparación de los perjuicios que le causó ese hecho.

1 Sobre este mismo predio y con pretensiones similares, cursó en este despacho un proceso de reparación directa (exp. 55179). En ese caso se profirió la sentencia del 20 de mayo de 2022, en la que se declaró la falta de legitimación en la causa por activa y, en consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda. Cabe aclarar, que en ese proceso la demandante fue la señora Sara Leonor Moisés de Dangon, copropietaria del terreno.Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756) Actor: Oscar Bermúdez Gallo Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro Referencia: medio de control de reparación directa

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II. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2014 (fl. 11, c. 1), el señor Oscar Bermúdez Gallo, a través de apoderado judicial, interpuso demanda de re paración directa en contra de Rutas del Sol II S.A. y del departamento del Magdalena, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables por la ocupación permanente que se llevó a cabo desde el 18 de julio de 2009, en el predio « La Glorieta de Gaira» identificado con matrícula catastral 01 -10-108-00001-000, del cual el demandante dice ser «propietario, tenedor causahabiente y poseedor» del 50%.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó el reconocimiento y pago de «los

identificado con matrícula catastral 01 -10-108-00001-000, del cual el demandante dice ser «propietario, tenedor causahabiente y poseedor» del 50%.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó el reconocimiento y pago de «los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivos, actuales y futuros, y los intereses causados desde el primer acto constitutivo de la invasión, los cuales se estiman como mínimo en la suma dos mil diez millones de pesos ($2.010’000.000)».

Como fundamento fáctico de la demanda, en resumen, la parte actora señaló que desde el 18 de julio de 2009, sin su consentimiento, Rutas del Sol II S.A. ingresó a ocupar su predio con la promesa hecha por el departamento de comprarlo para construir un parque, para lo cual, taló árboles, hizo perforaciones, instaló columnas y aplanó el terreno para ser utilizado como vía alterna (fls. 6 – 11, c. 1).

2. Trámite en primera instancia

El 28 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió l a demanda y ordenó que se notificara a las entidades demandadas y al Ministerio Público (fls. 39 – 40, c. 1).

La sociedad Ruta del Sol II S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que el predio identificado con cédula catastral 011001080001000 y con el folio de matrícula inmobiliaria 080-11249, se adquirió a través de promesa de compraventa el día 13 de enero de 2012, por un valor de $585’182.858 a sus propietarias, las señoras Rosa

matrícula inmobiliaria 080-11249, se adquirió a través de promesa de compraventa el día 13 de enero de 2012, por un valor de $585’182.858 a sus propietarias, las señoras Rosa Yepes y Vitalia Yepes, negocio que se perfeccionó a través de la escritura pública 1102 del 31 de octubre de 2012 de la Notaría Cuarta de Santa Marta.Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756) Actor: Oscar Bermúdez Gallo Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro Referencia: medio de control de reparación directa

3 Añadió que para efectuar dicha compra se realizó un estudio sobre el título del inmueble 011001080001000, lo cual permitió establecer que existían 2 folios de matrícula respecto del mismo: i) el 080-11249 que figuraba a nombre de las señoras Vitalia Yepes y Rosa Yepes Pacheco, en la tradición de la señora Ana Pacheco Yepes, y, ii) el 080-65993 a nombre de los señores Oscar Bermúdez, Sara Cotes y Sara Moisés.

Para aclarar que el folio de matrícula 080 -11249 era el que correspondía al predio identificado con cédula catastral 011001080001000 y proceder a la compra referida, señaló que se basó en los siguientes documentos:

Dentro de los documentos aportados por los señores Bermúdez, Cotes y Moisés, se encuentra un oficio recibido en las oficinas de Ruta del Sol el 28 de septiembre de 2010, pero trae fecha de octubre 28 de 2010, en el cual el señor Oscar Bermúdez

encuentra un oficio recibido en las oficinas de Ruta del Sol el 28 de septiembre de 2010, pero trae fecha de octubre 28 de 2010, en el cual el señor Oscar Bermúdez manifiesta que es el legítimo propietario de la Rotonda de Gaira, y mediante este aporta el certificado expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de fecha 16 de junio de 2010, donde certifica que el predio con cédula catastral 011001080001000 se encuentra inscrito a nombre de Ana Pacheco Yepes, anterior propietaria del predio en cuestión. El señor Bermúdez solicita a Ruta del Sol II S.A., que se omita el nombre de la propietaria que menciona el certificado, que se refiere a una señora que tiene 19 años de f allecida. Es decir, el señor Bermúdez Gallo solicita a Ruta del Sol II S.A., hacer caso omiso al hecho de que el documento expedido por el IGAC, indica que el propietario es la señora Ana Pacheco Yepes, quien aparece en la tradición de las señoras Rosa Yepes y Vitalia Yepes.

Durante el estudio de título se solicita aclarar a ambas partes cual es folio de matrícula inmobiliaria que le corresponde al predio identificado con la cédula catastral 011001080001000; por lo que, es así como las señoras Vitalia y Rosa Yepes aportan el registro 1 y 2 del lGAC en donde se puede apreciar que el predio en cuestión aparece registrado a nombre de Ana Pacheco Yepes; también aportan copia de la factura del impuesto predial correspondiente a dicho predio a nombre de Ana Pacheco Yepes, aportan el certificado de tradición y libertad correspondiente al

en cuestión aparece registrado a nombre de Ana Pacheco Yepes; también aportan copia de la factura del impuesto predial correspondiente a dicho predio a nombre de Ana Pacheco Yepes, aportan el certificado de tradición y libertad correspondiente al folio 080-11249, el cual menciona que su código catastral es el 011001080001000; certificado de paz y salvo de Induval fechado de febrero 2 de 1999 a nombre de Ana Pacheco Yepes; certificado de la Ofic ina de Registro de Instrumentos Públicos dirigido a la Secretaria de Hacienda, la cual da fe de que el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 080 -11249 le corresponde la cedula catastral 011001080001000; así mismo dice la certificación que el folio de matrícula inmobiliaria 080-65993 no aparece inscrito con cédula catastral en el Igac; por último aportan certificado de paz y salvo de impuesto predial con fecha 27 de septiembre de 2012 protocolizado en la escritura pública No. 1102 de oct ubre 31 de 2012 otorgada ante la Notaría Cuarta de Santa Marta.

Finalmente, propuso las excepciones de i) inexistencia de la afectación, ii) falta de legitimación en la causa por activa, ii) improcedencia de la acción de reparación y, iv) caducidad, dado que los trabajos en el predio iniciaron en el mes de agosto del 2009, con la autorización verbal de los legítimos propietarios del mismo (fls. 61 -71, c. 1).Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756) Actor: Oscar Bermúdez Gallo Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro

Actor: Oscar Bermúdez Gallo Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro Referencia: medio de control de reparación directa

4 El departamento del Magdalena se opuso a la totalidad de las pretensiones; indicó que no obra en el expediente alguna prueba relacionada con los supuestos perjuicios alegados por la parte actora, los cuales estimó en $2’010.000.000.

Propuso las excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva y ii) caducidad, por cuanto, tal como lo afirma el demandante, las obras en el predio iniciaron en julio de 2009; sin embargo, la solicitud de conciliación se presentó el 28 de junio de 2013 y, la demanda se radicó el 6 de febrero de 2014, «después de más de 4 años de iniciadas las obras» (fls. 191 – 200 c. 1).

El 24 de marzo de 2015, el tribunal a quo ordenó vincular como terceros con interés a las señoras Vitalia Yepes Pacheco y Rosa Elena Yepes Fernández y, por ende, notificarlas (fls. 306 – 307, c. 1).

Las señoras Vitalia Yepes Pacheco y Rosa Elena Yepes de Fernández, en calidad de terceros con interés, a través de apoderado judicial, se opusieron a las pretensiones de la demanda. Propusieron las excepciones de i) falta de legitimación en la causa (inexistencia de derecho invocado por el actor) y, ii) caducidad.

Indicaron, que no se evidencia la presunta responsabilidad de las entidades demandadas por la ocupación alegada por la parte actora, dado que la construcción de la obra pública se realizó en un lote de terreno que se vendió en la etapa de enajenación voluntaria por

Indicaron, que no se evidencia la presunta responsabilidad de las entidades demandadas por la ocupación alegada por la parte actora, dado que la construcción de la obra pública se realizó en un lote de terreno que se vendió en la etapa de enajenación voluntaria por parte de sus legítimas dueñas (fls. 325 – 329, c. 1).

El 13 de octubre de 2015 2 y el 5 de diciembre de 2017, se celebró la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, oportunidad en la cual se fijó el litigio 3, se

2 En esta fecha se ordenó remitir el expediente a la jurisdicción ordinaria «porque lo que se pretende es determinar la titularidad de un inmueble ». Sin embargo, el 18 de diciembre de 2015, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta declaró la falta de jurisdicción y competencia para conocer del proceso y propuso conflicto negativo de competencias, por cuanto « no comparte el despacho lo man ifestado por el Tribunal Administrativo del Magdalena al afirmar que el debate planteado es que frente a un mismo terreno que compró ruta del sol, dos personas se están discutiendo la titularidad. Pues con eso se estarían modificando tanto los hechos como las pretensiones planteadas en la demanda, en la que se solicita es la indemnización de perjuicios (…)”. [N]o queda ninguna duda que el objeto del debate planteado en la demanda no es la disputa de la titularidad de un predio entre particulares, sino, lo que se pide es que se declare que el Departamento del Magdalena y la entidad Ruta del Sol S.A., son administrativamente responsables por los perjuicios materiales y

de un predio entre particulares, sino, lo que se pide es que se declare que el Departamento del Magdalena y la entidad Ruta del Sol S.A., son administrativamente responsables por los perjuicios materiales y morales causados al demandante, por la ocupación de un lote de terreno, el cual afirma el accionante que es de su propiedad » (fls. 355 – 357, c. 1). Finalmente, el 18 de agosto de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió dicho conflicto en el sentido de asignar a la jurisdicción contencioso adminis trativa el proceso, en cabeza del Tribunal Administrativo del Magdalena (fls. 5 – 17, c. 2). 3 En los siguientes términos: “Determinar si se estructuran los elementos para declarar la responsabilidad del Estado por la ocupación permanente sobre bien inmueble.Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756) Actor: Oscar Bermúdez Gallo Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro Referencia: medio de control de reparación directa

5 incorporó la prueba documental aportada, se prescindió de la audiencia de pruebas porque no había pruebas por practicar y se corrió traslado para alegar de conclusión (fls. 351 – 353 y 419 – 420, c. 1).

Ruta del Sol (fls. 429 – 439, c. 1), el departamento del Magdalena (fls. 451 – 462, c. 1) y la parte demandante (fls. 463 – 472, c. 1) presentaron sus alegatos. El Ministerio Público rindió concepto (fls. 474 – 486, c. 1).

3.- La sentencia de primera instancia

la parte demandante (fls. 463 – 472, c. 1) presentaron sus alegatos. El Ministerio Público rindió concepto (fls. 474 – 486, c. 1).

3.- La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 13 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y, en consecuencia, denegó las pretensiones de la demanda. Para arribar a esa conclusión indicó, que en el proceso quedó acreditado que (fls. 503 – 515 vto., c. ppal.):

1. Ruta del Sol S.A. y el departamento del Magdalena suscribieron un contrato de concesión con el objeto de « adelantar estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento del plan vial del norte del departamento del Magdalena que comprende doble calzada de la carretera Ye de Cié naga – Santa Marta y primera calzada de la vía alterna al Puerto de Santa Marta – sector Quebrada del Doctor – Mamatoco» y, que de acuerdo a esa relación contractual, Ruta del Sol S.A. contrajo la obligación de adquirir los predios necesarios para la ejecución de las obras comprendidas en ese contrato.

1. Ruta del Sol S.A. adquirió el derecho de dominio de la faja de terreno localizado en el sector Ye de Gaira en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena, identificado con cédula catastral 01 1001080001000 y matrícula inmobiliaria 080 -11249 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Santa Marta, propiedad de las señoras Rosa

identificado con cédula catastral 01 1001080001000 y matrícula inmobiliaria 080 -11249 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Santa Marta, propiedad de las señoras Rosa Elena Yepes de Fernández y Vitalia Yepes Pacheco. Compraventa que se protocolizó mediante escritura pública 1102 del 31 de octubre de 2012.

1. El demandante para probar el daño antijurídico alegado aportó con la demanda «una serie de escrituras y certificado de tradición de matrícula inmobiliaria No. 080-65993 que demuestran su titularidad sobre un porcentaje del predio ubicado en el corregimiento de Gaira, tal situación no es suficiente en la presente litis para entender configurado el

Sin embargo, deberá analizar el Tribunal si el señor Oscar Bermúdez Gallo cuenta con legitimación en la causa para reclamar los daños que afirma se le ocasionaron con la ocupación ”.Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756) Actor: Oscar Bermúdez Gallo Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro Referencia: medio de control de reparación directa

6 requisito anterior, pues en esta ocasión el actor tenía la carga de probar que el predio ocupado por la sociedad demandada para ejecutar trabajos públicos era de su propiedad y no de las señoras Yepes».

1. Ruta del Sol S.A. realizó un estudio de títulos previo a la adquisición de la faja de terreno en cuestión, concluyó que el dominio de la misma estaba en cabeza de las señoras Rosa Elena Yepes de Fernández y Vitalia Yepes Pacheco y no sobre el señor

terreno en cuestión, concluyó que el dominio de la misma estaba en cabeza de las señoras Rosa Elena Yepes de Fernández y Vitalia Yepes Pacheco y no sobre el señor Bermúdez Gallo, lo cual quedó demostrado «en el plenario entre otras documentales con la certificación expedida por el IGAC donde se hizo constar que la cédula catastral 011001080001000 corresponde al predio distinguido 080-11249».

1. Finalmente, indicó que, en el presente asunto se pretende la responsabilidad extracontractual del Estado por ocupación permanente y, por tanto, «era deber del actor acreditar que contrario a las conclusiones a la s que arribó la concesionaria antes de iniciar el procedimiento de enajenación voluntaria, la titularidad del predio adquirido recaía sobre él, cuestión que no ocurrió».

4.- El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación cont ra la sentencia, con el fin de que fuera revocada y, en su lugar, se declarara patrimonialmente responsable a las demandadas, con ocasión de una falla en el servicio, de acuerdo con lo narrado en los hechos y pretensiones de la demanda.

Argumentó que, de los documentos aportados al proceso, tales como, i) certificado de matrícula 080 -0065993, ii) escritura 15 de 1918 y iii) escritura 16 de 1907, se logró acreditar la titularidad del señor Bermúdez Gallo sobre el terreno en cuestión.

Finalmente, sostuvo que el a quo dio por cierto que la titularidad de la faja de terreno identificado cédula catastral 01 100 108 0001000, con matrícula inmobiliaria 080-11249,

Finalmente, sostuvo que el a quo dio por cierto que la titularidad de la faja de terreno identificado cédula catastral 01 100 108 0001000, con matrícula inmobiliaria 080-11249, correspondía a las señoras Rosa Elena Yepes y Vitalia Yepes Pacheco; sin embargo, el certificado expedido por el IGAC y que se tuvo en cuenta para la anterior afirmación, «no contempla un título, que es el que otorga la propiedad» (fls. 526 – 530, c. ppal.).

5.- Trámite en segunda instancia

Mediante providencia del 8 de noviembre de 2018, el despacho admitió el recurso de apelación (fl. 552, c. ppal.), el 5 de diciembre siguiente, se corrió traslado a las partesRadicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756) Actor: Oscar Bermúdez Gallo Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro Referencia: medio de control de reparación directa

7 para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto (fl. 559, c. ppal.).

Ruta del Sol S.A. solicitó i) confirmar la sentencia de primera instancia, ii) declarar probadas las excepciones propuestas y, iii) condenar en costas al demandante, para lo cual indicó que esa entidad no ocasionó daño alguno al demandante, pues se efectuó la venta de un inmueble con el fin de realizar una obra pública y que esa venta se surtió en la etapa de enajenación voluntaria por parte de sus legítimos dueños (fls. 561 – 571, c. ppal.).

El departamento del Magdalena reiteró los argumentos plasmados en la contestación de

la etapa de enajenación voluntaria por parte de sus legítimos dueños (fls. 561 – 571, c. ppal.).

El departamento del Magdalena reiteró los argumentos plasmados en la contestación de la demanda y solicitó confirmar la sentencia de primera instancia (fls. 573 – 578, c. ppal.).

El Ministerio Público solicitó revocar la sentencia impugnada, por considera r que, si el tribunal a quo no tenía suficiente claridad respecto de la titularidad del bien materia de estudio, era necesario requerir a las autoridades competentes para establecer esa titularidad.

Además, afirmó que « claramente estamos hablando de 2 lot es diferentes aunque contiguos, los cuales están identificados con las matrículas inmobiliarias No. 080-65993 y 080 -11249, y separados por el camino que conduce a Ciénaga, que el primero pertenece a los señores Oscar Bermúdez y las señoras Sara Cotes y Sar a Moisés y el segundo pertenecía a las señoras Rosa Elena Yepes de Fernández y Vitalia Yepes Pacheco, quienes en el 2012 le vendieron al Departamento del Magdalena a través de la Sociedad Ruta del Sol» (fls. 591 – 603, c. ppal.).

La parte demandante presentó escrito de alegaciones extemporáneamente (fls. 604, 606 – 608, c. ppal.).

III. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

En atención a lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de «las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de

CGP, el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de «las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación».Radicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756) Actor: Oscar Bermúdez Gallo Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro Referencia: medio de control de reparación directa

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Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, « de los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes».

En el caso bajo estudio, se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa 4, razón por la cual se conclu ye que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, emitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 13 de junio de 2018.

2.- El ejercicio oportuno de la acción

El numeral 2, literal i) del artículo 164 del CPACA, reguló lo concerniente al ejercicio oportuno del derecho de acción, en el sentido de señalar que, en materia de reparación directa, la demanda deberá presentarse «dentro del término de d os (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha

directa, la demanda deberá presentarse «dentro del término de d os (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo co nocido en la fecha de su ocurrencia».

En reciente pronunciamiento, la Subsección 5 abordó con detenimiento la cuestión del cómputo de la caducidad en los eventos en que se demanda la declaratoria de responsabilidad del Estado por la ocupación de un bien inmueble. En dicha providencia se precisó:

En la jurisprudencia actual, con evidente sentido didáctico más que jurídico, se han identificado dos tipologías de ocupación según su forma de expresión, puede ser física o material y jurídica o abstracta. En el primer evento, la ocupación se produce de forma tangible, bien por la disposición de maquinaria, tropas, infraestructura u obras en el inmueble; en el segundo, la ocupación tiene lugar, por virtud de una restricción intangible, de orden legal, que impide al titular de la cosa ejercer los derechos de dominio que le corresponden conforme con las leyes civiles6 (…).

4 Lo pretendido por la parte demandante por « todos los perjuicios de o rden material y moral » ascendió a la suma de $2.010’000.000 (fls. 8, 10, c. 1) y para la fecha de presentación de la demanda -6 de febrero de 2014-, 500 SMMLV equivalían a $308’000.000. 5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Te rcera. Subsección A. Sentencia

de 2014-, 500 SMMLV equivalían a $308’000.000. 5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Te rcera. Subsección A. Sentencia del 17 de febrero de 2021, exp. 48671. M.P. José Roberto Sáchica Méndez. 6 “(…) puede suceder que la entidad declare de utilidad pública un inmueble, pero no adelante el procedimiento señalado en la ley para obtener su enajenación voluntaria ni tramite el proceso deRadicación: 47001-23-33-000-2014-00080-01 (62756) Actor: Oscar Bermúdez Gallo Demandado: Concesionaria ruta del sol S.A.S. y otro Referencia: medio de control de reparación directa

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En relación con la ocupación material, se ha considerado que el término con el que cuenta el afectado para reclamar por los daños recibidos debe contarse en atención a la temporalidad de la ocupación causante de daños.

Así, cuando se reclama indemnización por una ocupación de carácter material transitoria, el término de caducidad inicia a partir de que ésta finaliza, al margen de su fuente (…).

Por su parte, en los casos que se persigue la reparación por una ocupación material con vocación de permanencia, el plazo perentorio definido por la ley comienza su cómputo a partir de la finalización del proyecto u obra que le hubiera dado origen, con la salvedad que ha definido la jurisprudencia e n torno a que, si la obra o intervención estatal es de gran envergadura e implica un desarrollo de labores por fases dada su complejidad, el término no está llamado a contarse desde la finalización de la totalidad de la obra o proyecto que genera la ocupación, sino desde

intervención estatal es de gran envergadura e implica un desarrollo de labores por fases dada su complejidad, el término no está llamado a contarse desde la finalización de la totalidad de la obra o proyecto que genera la ocupación, sino desde la terminación de ésta en el predio del demandante7.

Lo anterior, sin perjuicio de que: i) cuando, por razones excusables 8, el afectado no pudo tener conocimiento del daño en el momento en que la ocupación finalizó en su predio, dicho térm ino se compute desde cuando aquél pudo advertirlo, o ii) que se cuente antes de la finalización de la obra o intervención que originó la ocupación (transitoria o permanente), si el lesionado la conoció y tuvo la oportunidad de dimensionar sus consecuencias, pues no debe olvidarse que una cosa es el daño y su posterior agravación9 y ya que la caducidad de la acción se funda en la seguridad jurídica y el interés público no puede estar a la espera de que el lesionado decida invocarlo, teniendo pleno conocimien to del daño 10, en tanto que desde que pueda

expropiación ni lo ocupe materialmente, pero se niegue a expedir las autorizaciones administrativas necesarias para que el propietario pueda realizar construcciones sobre el mismo, reformarlo, urbanizarlo, lotearlo, etc. Es decir, que se hubiera producido una ocupación jurídica, en tanto si bien no se despoja materialmente del bien a su titular, sí se le limita el ejercicio de las facultades propias de los derechos reales o de la posesión que se ejerce respecto del predio”, sentencia del 9 de mayo de 2014, exp. 24679. 7 “el término de caducidad debe empezar a contarse d esde el momento en que las obras que afectaron

reales o de la posesión que se ejerce respecto del predio”, sentencia del 9 de mayo de 2014, exp. 24679. 7 “el término de caducidad debe empezar a contarse d esde el momento en que las obras que afectaron directamente un inmueble hayan culminado dentro del mismo, aun cuando todavía quede por ejecutar una parte del respectivo proyecto general; esto es, que el término no empieza a correr desde la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran” Sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 35992. 8 “cuando la ocupación ocurre ‘por cualquier otra causa’, el término de caducidad empieza a correr desde que ocurre el hecho dañoso, que se entiende consumado cuando cesa la ocupación del inmueble, siempre que la misma sea temporal, o, en casos especiales, se computa desde cuando el afectado ha tenido conocimiento de la ocupación del bien en forma posterior a la cesación de la misma ”, sentencia del 10 de septiembre de 2020, proferida por esta Subsección y con ponencia del suscrito Magistrado Ponente, en exp. 49362. 9 “Finalmente, vale la pena señalar, que no debe confundirse el daño continuado, con la agravación de éste. En efecto, en algunas oportunidades se constata que una vez consolidado el daño (sea este inmediato o continuado) lo que acontece con posterio ridad es que éste se agrava, como por ejemplo el daño estructural de una vivienda que se evidencia con grietas y cimentaciones diferenciadas, y tiempo después se produce la caída de uno de sus muros” Sentencia del 28 de enero de 1994, exp. 8610. ‘En este caso, las reglas sobre el momento desde el cual debe contabilizarse el término de la caducidad

después se produce la caída de uno de sus muros” Sentencia del 28 de enero de 1994, exp. 8610. ‘En este caso, las reglas sobre el momento desde el cual debe contabilizarse el término de la caducidad no cambian; éste debe contarse, según se dijo, desde el momento en que se configuró el daño o se tuvo noticia de éste, en caso de que estas circunstancias no coin cidan. En el ejemplo traído, el término de la caducidad no se contaría desde la caída del muro, sino desde que se evidenció el daño o se tuvo noticia de éste” Sentencia del 18 de octubre de 2007, exp. 19099. 10 “el término de caducidad no se extiende hasta los dos años siguientes a la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, pues el mismo debe empezar a contarse desde el momento en que las obras que afectaron directamente un inmueble hayan culminado, aun cuando todavía quede por ejecutar una parte del respectivo proyecto general. El hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación, no puede evitar que