CE - 470012333000201400112011SENTENCIA20230502213649

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 47001 23 33 000 2014 00112 01 (5608-2018)

Demandante: Carmelina Gutiérrez Rada y otros

Demandado: Municipio de Ciénaga (Magdalena)

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de junio de 201 8, por el Tribunal Administrativo de l Magdalena, mediante la cual declaró probada la excepción de caducidad.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los señores Carmelina Gutiérrez Rada, Clareth de Haz Guerrero, José Marriaga Camargo, María C. Álvarez Rodríguez, Javier Revollo Rada, Nancy Sofía Camargo Méndez y Rafael Sirtori, 1 por conducto de

Haz Guerrero, José Marriaga Camargo, María C. Álvarez Rodríguez, Javier Revollo Rada, Nancy Sofía Camargo Méndez y Rafael Sirtori, 1 por conducto de

1 Se precisa que la demanda fue presentada, además, por los señores Fanny María Gallardo de Bolaño, Eunice Esther Vargas Gutiérrez, Jairo Antonio Fontalvo y Raquel Gracia de Martínez, esta última, como beneficiaria producto de la sucesión de César Antonio Martínez; sin embargo, en el auto que admitió la demanda, se precisó que esta solo sería admitida respecto de los demandantes enunciados en el cuerpo de esta providencia (folios 187 y 188) pues la petic ión que dio origen al acto acusado solo fue presentada por ellos y, por lo tanto, el marco decisorio del oficio acusado tan solo se dirige a ellos.2

Radicado: 47001 23 33 000 2014 00112 01 (5608-2018) Demandante: Carmelina Gutiérrez Rada y otros apoderado, formul aron demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en orden a que se declare la nulidad de l oficio sin número recibido el 25 de julio de 2013, expedido por el jefe de la O ficina Asesora Juríd ica del municipio de Ciénaga (Magdalena) a través del cual se negó la sanción moratoria por el pago inoportuno de sus cesantías definitivas.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicit aron condenar al municipio de Ciénaga (Magdalena) a (i) reconocer el valor de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, producto del pago tardío de sus cesantías definitivas ; (ii)

Como consecuencia de la anterior declaración, solicit aron condenar al municipio de Ciénaga (Magdalena) a (i) reconocer el valor de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, producto del pago tardío de sus cesantías definitivas ; (ii) asumir las costas procesales, debido a la gestión temeraria en sede administrativa, al desconocer los derechos que les asistían ; (iii) actualizar la condena en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y (iv) dar cumplimiento a la condena según la norma antes citada.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

(i) A principio del año 1997, l os demandantes fueron vinculados a la administración territorial de Ciénaga (Magdalena) , producto de la aprobación del concurso de méritos, por ello, la liquidación de sus cesantías se rige por el régimen anual.

(ii) De manera injusta, en el mes de mayo de 1998, la entidad desvinculó a los accionantes, lo que dio lugar a presentar demandas en contra de los actos de insubsistencia, en procura de lograr el resarcimiento de los derechos vulnerados.

(iii) En diferentes fechas del año 2006 se emitieron las sentencias a través de las cuales se accedió a las pretensiones de las demandas, disponiendo el reintegro a los empleos y la inscripción en carrera de cada uno de los demandantes , lo cual se materializó a través de acto administrativo del 31 de enero de 2007 y el pago de sus salarios se hizo efectivo el 8 de abril de 2009, en todos los casos.3

se materializó a través de acto administrativo del 31 de enero de 2007 y el pago de sus salarios se hizo efectivo el 8 de abril de 2009, en todos los casos.3

Radicado: 47001 23 33 000 2014 00112 01 (5608-2018)

Demandante: Carmelina Gutiérrez Rada y otros

(iv) Sin embargo, en sentir de los demandantes , la liquidación y pago realizados no incluyó la totalidad de las prestaciones y emolumentos reconocidos en las sentencias emitidas a su favor, en particular , lo relativo a la indemnización moratoria de que trata la Ley 244 de 1995.

(v) «La sanción moratoria citada, fue reclamada por los accionantes a la entidad demandada que dio origen a las sentencia s que reconoció y ordenó (sic) su pago, por lo que dicha sanción se deberá cancelar a los demandantes, desde esa fecha hasta cuando se produjo su pago».

(vi) La prueba del reconoc imiento de la sanción moratoria es el contenido del segundo inciso del numeral 6.º de las sentencias dictadas a favor de los accionantes, en las que se señaló que la condena «[…] se determina multiplicando el valor histórico (RH) que es lo dejado de percib ir por la demandante por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnización especial desde la fecha de su vinculación». Al reconocer los derechos laborales adquiridos, la administración omitió incluir la sanción moratoria, lo que llev ó a formular múltiples requerimientos dirigidos a lograr el pago de la totalidad de acreencias laborales, entre ellos, los radicados el 1.º de noviembre de 2007, el 22 de agosto de 2011, el

requerimientos dirigidos a lograr el pago de la totalidad de acreencias laborales, entre ellos, los radicados el 1.º de noviembre de 2007, el 22 de agosto de 2011, el 23 de julio de 2012 y, finalmente, el 31 de enero de 2013, último que dio orige n al inicio de una acción de tutela para obtener respuesta y, de allí, surgió el oficio recibido el 25 de julio de 2013 objeto de esta demanda.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 6, 25, 29 y 125 de la Constitución Política; 57 y 249 del Código Sustantivo del Trabajo; 98 y 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 244 de 1995.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de los demandantes expuso los argumentos que se relacionan a continuación:4

Radicado: 47001 23 33 000 2014 00112 01 (5608-2018)

Demandante: Carmelina Gutiérrez Rada y otros

(i) El ente territorial demandado está en la obligación de reconocer la sanción moratoria pretendida, en tanto que no pagó oportunamente los derechos laborales de sus trabajadores. En efecto, en su condición de empleados públicos, al momento de su desvinculación, tenían el derecho de exigir la liquidación de sus derechos laborales, lo s cuales deben concederse, con plena observancia de las normas que rigen la función pública, dentro de los 45 días siguientes, pues lo contrario genera s anciones, como la prevista en el artículo 2 .º de la Ley 244 de 1995.

normas que rigen la función pública, dentro de los 45 días siguientes, pues lo contrario genera s anciones, como la prevista en el artículo 2 .º de la Ley 244 de 1995.

(ii) La aplicación de la penalidad señalada en la norma en cita es clara, en el caso de los demandantes, producto del pago inoportuno de sus cesantías definitivas, más aún cuando en las sentencias emitidas a su favor, se demostró la mala fe con que actuó la adm inistración al desvincularlos de manera irregular. «[E]n los fallos que reintegraron a los hoy actores, se probaron los presupuestos de: i) NO PAGO de las acreencias laborales ordenadas en los mismos; ii) La MALA FE con que actuó el Municipio de Ciénaga, p ara que aquellos no percibieran a tiempo el monto de sus cesantías, lo que sin duda generó la sanción moratoria por no pago de las mismas, estipulada en la ley 244/95, en concordancia con el artículo 65 del C.S.T.».

(iii) El ente territorial demandado er a consciente de que, con su actuar, al desvincular irregularmente a quienes recientemente habían sido nombrados producto del concurso de méritos, generaría graves transgresiones a los derechos laborales y consecuencias económicas, como la sanción moratoria que se pretende. Valga aclarar que en el marco del proceso de reestructuración de pasivos ordenó el pago de tal penalidad a favor de algunos servidores —se mencionan 3 casos — aun a pesar de que dicho proceso, enmarcado en la L ey 550 de 1999 supone el no p ago de intereses ni sanciones , circunstancia que permite vislumbrar la violación del derecho a la igualdad.

mencionan 3 casos — aun a pesar de que dicho proceso, enmarcado en la L ey 550 de 1999 supone el no p ago de intereses ni sanciones , circunstancia que permite vislumbrar la violación del derecho a la igualdad.

(iv) El actuar irregular de la entidad no cesó con los hechos narrados, sino que, además, en abril de 2009 , volvió a desvincular a los demandantes, después de cancelarles las acreencias dejadas de recibir entre 1998 y 2006, circunstancia adicional que demuestra la mala fe en su actuar.5

Radicado: 47001 23 33 000 2014 00112 01 (5608-2018)

Demandante: Carmelina Gutiérrez Rada y otros

1.2. Contestación de la demanda

El municipio de Ciénaga, por intermedio de apoderado, contestó la demanda ;2 sin embargo, el memorial se radicó en forma extemporánea.3

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de l Magdalena , mediante sentencia proferida el 27 de junio de 2018,4 declaró probada la excepción de caducidad. Las razones que lo llevaron a tal conclusión fueron las siguientes:

(i) Al analizar el caso concreto, se advierte que los demandantes formularon peticiones dirigidas a lograr el reconocimiento de la sanción moratoria que, a su juicio, fue concedida en sentencias condenatorias emitidas por esta jurisdicción , pero que no les fue pagada en el momento en que se hizo efectiva la orden judicial.

(ii) Entre las diferentes peticiones encaminadas a lograr tal cometi do, está la del

pero que no les fue pagada en el momento en que se hizo efectiva la orden judicial.

(ii) Entre las diferentes peticiones encaminadas a lograr tal cometi do, está la del 31 de enero de 2013, cuya respuesta fue emitida el 16 de julio de 2013 y notificada el 25 de julio siguiente, a través de la cual se negó la penalidad pretendida y ese es el acto que se cuestiona en esta litis.

(iii) Como la notificación del acto se produjo el 25 de julio de 2013, la demanda debió presentarse, a más tardar el 25 de noviembre de 2013; sin embargo, el trámite de la conciliación prejudicial interrumpió el término de caducidad desde el 9 de octubre de 2013 hasta el 9 de enero de 2014, por lo cual el conteo se reanudó el 10 de enero de 2014, momento en el cual le restaban 1 mes y 16 días para presentar oportunamente la demanda, los cuales vencían el 26 de febrero de 2014; sin embargo, la demanda se radicó ha sta el 2 de abril siguiente, esto es,

2 Folios 220 a 226. 3 Como se señaló en la audiencia inicial (folio 258 vuelto). 4 Folios 391 a 395.6

Radicado: 47001 23 33 000 2014 00112 01 (5608-2018) Demandante: Carmelina Gutiérrez Rada y otros cuando ya se había configurado la caducidad.

(iv) Adicional a ello, y tal como lo consideró la entidad demandada, los actores esperaron más de 5 años en promover la demanda respectiva, sin considerar que lo que perseguían era el pago total de condenas judiciales y, por ende, debieron

(iv) Adicional a ello, y tal como lo consideró la entidad demandada, los actores esperaron más de 5 años en promover la demanda respectiva, sin considerar que lo que perseguían era el pago total de condenas judiciales y, por ende, debieron acudir a la acción ej ecutiva, la cual estaría , de igual manera, afectada por el fenómeno de la caducidad.

1.4. El recurso de apelación

Los demandantes , por intermedio de su apoderado, interpusieron recurso de apelación,5 el cual sustentaron en los siguientes términos:

(i) «[M]i colega, quien presentó la solicitud de conciliación, lo hizo bajo el amparo del principio de buena fe, dado que la Procuraduría, entregó el acta de no conciliación extemporáneamente (20 de febrero de 2014) siendo est o una situación ajena a nuestra voluntad quienes de manera eficiente y oportuna hicieron una solicitud dentro de los términos, y no contaban con esa falencia de la procuraduría, pues los trámites administrativos y judiciales, se escapan de la esfera de los abogados litigantes».

(ii) El escenario que plantea la sentencia de primera instancia sugiere que se hubiera presentado la demanda sin la constancia de no conciliación; sin embargo, ello los hubiera expuesto al rechazo de la demanda por falta del requis ito de procedibilidad. Valga aclarar que existen otros requisitos previos a la interposición de la demanda, tales como los recursos de ley, que otorga n a la administración la posibilidad de reconsiderar su decisión evitando acudir a la demanda y ello reduce la congestión en los despachos judiciales.

de la demanda, tales como los recursos de ley, que otorga n a la administración la posibilidad de reconsiderar su decisión evitando acudir a la demanda y ello reduce la congestión en los despachos judiciales.

(iii) En este caso, la caducidad que se declaró en el fallo de primera instancia constituye una decisión en la que se responsabiliza a la parte por una gestión que

5 Folios 406 a 410.7

Radicado: 47001 23 33 000 2014 00112 01 (5608-2018) Demandante: Carmelina Gutiérrez Rada y otros dependía de la Procuradur ía. Valga aclarar que, de haber sido rechazada la demanda por no aportar dicho documento esencial, el término de caducidad de los 4 meses también habría fenecido.

(iv) El artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 reiteró la obligatoriedad del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial en las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo «no determinó taxativamente la consecuencia jurídica que generaría la ausencia de este requisito, est o es n o la mencionó como causal de rechazo, al tiempo que no se señaló de manera expresa que tal inobservancia constituya motivo de inadmisión, sino que simplemente indicó en su artículo 170, de manera genérica, que hay lugar a la inadmisión de la demanda cuando carezca de los requisitos señalados».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes demandante y demandada guardaron silencio durante esta etapa procesal.6

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7

Las partes demandante y demandada guardaron silencio durante esta etapa procesal.6

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación, se circunscribe a establecer si en el proceso bajo análisis la demanda se presentó en forma oportuna o si, la extemporaneidad, al respecto, permitía al juez de instancia declarar probada la

6 Folio 430. 7 Folio 430.8

Radicado: 47001 23 33 000 2014 00112 01 (5608-2018) Demandante: Carmelina Gutiérrez Rada y otros excepción de caducidad del medio de control.

2.2. Marco normativo

La caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Uno de los presupuestos procesales del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consiste en que la demanda se interponga dentro del término fijado por el legislador, pues, de lo contrario, se configura la caducidad.

En efecto, el ordenamiento constitucional ha establecido la garantía de acceso efectivo a la administración de justicia, la cual conlleva el deber de un ejercicio oportuno del derecho de acción, so pena de que las situaciones adquier an firmeza y no puedan ser discutidas en vía judicial . Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido:

El legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener

sostenido:

El legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejerc icio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.

(…)

La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administra tivo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general. 8

En este orden de ideas, el fenómeno de la caducidad es la sanción que limita el ejercicio del derecho sustancial como consecuencia de la presentación de las

8 Corte Constitucional, sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.9

ejercicio del derecho sustancial como consecuencia de la presentación de las

8 Corte Constitucional, sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.9

Radicado: 47001 23 33 000 2014 00112 01 (5608-2018) Demandante: Carmelina Gutiérrez Rada y otros acciones judiciales por fuera del plazo que la ley establece para ello. Además, es un presupuesto, ligado al principio de seguridad jurídica, encaminado a eliminar la incertidumbre que representa para la Administración la eventual revocatoria de sus actos en cu alquier tiempo. A su vez, esta situación define la carga procesal que tienen las partes para impulsar el litigio, pues, de no hacerlo, se pierde la oportunidad para acudir ante la administración de justicia.9

Ahora bien, el artículo 164 del CPACA estableció los términos para acudir ante la jurisdicción d e lo contencioso administrativo. En esta oportunidad es pertinente resaltar el numeral 2.º, literal d) de la referida norma, por estar directamente relacionado con el asunto objeto de la controversia:

Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

[…]

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;

[…].

siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;

[…].

De acuerdo con el anterior enunciado normativo, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho debe interponerse dentro de los 4 meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo acusado, so pena de que opere el fenómeno jurídico de la caducidad, que por ninguna circunstancia se puede revivir.

9 Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional C -652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, «El derecho de acceso a la administración de justicia resultaría seriamente afectado en su núcleo esencial si, como lo anotó la Corte, “este pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie”. Tal interpretación, evidentemente llevaría a la parálisis total del aparato encargado de administrar justicia, e implicaría per se la inobservancia de ciertos derech os de los gobernados, en particular aquel que tienen las personas de obtener pronta y cumplida justicia».10

Radicado: 47001 23 33 000 2014 00112 01 (5608-2018)

Demandante: Carmelina Gutiérrez Rada y otros

Sin perjuicio de lo anterior, cuando las pretensiones versen sobre prestaciones periódicas o la demanda se dirija contra actos fictos producto del silencio administrativo, el medio de control podrá intentarse en cualquier tiempo, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.º, literales c) y d) d el artículo 164 del

CPACA.10

administrativo, el medio de control podrá intentarse en cualquier tiempo, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.º, literales c) y d) d el artículo 164 del

CPACA.10

A su vez, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 dispone que la solicitud de conciliación suspende el término de caducidad del medio de control, por una sola vez, « hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 .º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero» ;11 esta norma encuentra eco en el artículo 3.º del Decreto 1716 de 2009 12 «por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001».

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, y de cara a resolver el aspecto puntual a que se contrajo la sentencia de primera instancia y el recurso de alzada, se puede establecer lo siguiente:

10 Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: 1. En cualquier tiempo, cuando: (…) c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo; (…).

periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo; (…). 11 Al respecto puede consultarse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 25 de noviembre de 2009, expediente número: 05000 -12-31-000-2009-00858-01 (37555), M.P. Dr. Enrique Gil Botero. 12 «Artículo 3°. Suspensión del término de caducidad de la acción . La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta: a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, o c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero. (…)».11

Radicado: 47001 23 33 000 2014 00112 01 (5608-2018)

Demandante: Carmelina Gutiérrez Rada y otros

(i) El 1.º de noviembre de 2007, 13 los accionantes, entre otros, le reclamaron al alcalde de Ciénaga el reintegro y pago de las creencias debidas, producto de las sentencias judiciales emitidas a su favor. [En el escrito se refieren valores generales, sin discriminación del concepto a que se contraen].

(ii) El 22 de agosto de 2011, 14 los demandantes y otros dirigieron petición ante el alcalde de Ciénaga , con el objeto de que se reconociera a su favor la

generales, sin discriminación del concepto a que se contraen].

(ii) El 22 de agosto de 2011, 14 los demandantes y otros dirigieron petición ante el alcalde de Ciénaga , con el objeto de que se reconociera a su favor la indemnización moratoria prevista en la Ley 244 de 1995.

(iii) El 23 de julio de 2012, 15 los señores Carmelina Gutiérrez Rada, Clare th de Haz Guerrero, José Marriaga Camargo, María C. Álvarez Rodríguez, Javier Revollo Rada, Nancy Sofía Camargo Méndez y Rafael Sirtori y otros formularon reclamación administrativa ante el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Ciénaga en pr ocura de lograr el reconocimiento de «las Moratorias de las Cesantías pendientes».

(iv) El 31 de enero de 2013, 16 los demandantes, por intermedio de apoderado, formularon petición ante el alcalde de Ciénaga (Magdalena) con el objeto de reclamar, entre otras cosas, la indemnización moratoria prevista en la Ley 244 de 1995.

(v) El 16 de julio de 2013, 17 el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Ciénaga (Magdalena) dio respuesta a la anterior petición, en los siguientes términos:

En lo que respecta al número 1 de las pretensiones del derecho de petición a lo que corresponde al pago de indemnización moratoria de que trata la ley 244 de 1995 me permito manifestarle lo siguiente:

Es inveterada y reiterada la Jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se afirma que las autoridades públicas tienen terminantemente

permito manifestarle lo siguiente:

Es inveterada y reiterada la Jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se afirma que las autoridades públicas tienen terminantemente prohibido auto sa ncionarse, puesto que esto es un poder que sólo tiene la rama judicial del poder público, cuando mediante sentencia ordena el pago de la sanción

13 Folios 23 y 24. 14 Folios 20 a 22. 15 Folios 18 y 19. 16 Folios 15 a 17. 17 Folio 13.12

Radicado: 47001 23 33 000 2014 00112 01 (5608-2018) Demandante: Carmelina Gutiérrez Rada y otros moratoria, y si tenemos en cuenta, en contra de la Administración Municipal aún no existe notificación alguna d e fallo condenatorio con respecto al pago de sanción moratoria reclamados (sic) por ustedes, lo cual resultaría improcedente accede a la pretensión solicitada.

La anterior respuesta fue recibida por una de las demandantes, el 25 de julio de 2013, según consta en la anotación manuscrita allí realizada.

(vi) En los folios 25 a 36 aparecen unas liquidaciones de prestaciones y salarios caídos relacionadas con acreencias de los demandantes.

(vii) El 20 de febrero de 2014, 18 la Procuraduría 155 Judicial II para Asuntos Administrativos expidió constancia de no conciliación, en la que se verifica que la solicitud para iniciar dicho trámite fue radicada por los demandantes el 9 de octubre de 2013.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Administrativos expidió constancia de no conciliación, en la que se verifica que la solicitud para iniciar dicho trámite fue radicada por los demandantes el 9 de octubre de 2013.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

El problema jurídico consiste en determinar si, en este asunto, procedía declarar probada la excepción de caducidad, por la interposición tardía del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo primero que se debe señalar, en torno a dic ha e xcepción, e s que la competencia para declararla deviene del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 que impone al juez el deber de motivar la sentencia y, en ella, «[decidir] sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada», lo que facultaba al juez de in stancia a pronunciare en torno a la excepción de caducidad.

Ahora bien, para definir si los demandantes hicieron uso oportuno del derecho de acción, es necesario precisar, en primer lugar, que la preten sión de la demanda está orientada a obtener la penalidad de que trata la Ley 244 de 1995, como consecuencia del pago inoportuno de la s cesantías reclamadas, lo que quiere decir que no se trata de una prestación periódica y, por ende, para la interpo sición

18 Folios 38 y 39.13

Radicado: 47001 23 33 000 2014 00112 01 (5608-2018) Demandante: Carmelina Gutiérrez Rada y otros de la demanda, se debían sujetar al término señalado en el artículo 164, numeral

Radicado: 47001 23 33 000 2014 00112 01 (5608-2018) Demandante: Carmelina Gutiérrez Rada y otros de la demanda, se debían sujetar al término señalado en el artículo 164, numeral 2, literal d), esto es, «dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso».

En tales condiciones, y como en la demanda se afirmó que el acto admini strativo censurado fue recibido por los demandantes el 25 de julio de 2013,19 ello conlleva que, en principio, la demanda debió radicar se, a má s tardar, el 26 de noviembre de 2013;20 sin embargo, antes de que venciera dicho término, el 9 de octubre de 2013, los demandantes radicaron la solicitud de conciliación prejudicial a nte la Procuraduría, para satisfacer el requi sito exigido por el artículo 161, numeral 1, 21 de la Ley 1437 de 2011.

Lo anterior quiere decir que la solicitud de conciliación se formuló cuando habían transcurrido 2 meses y 12 días, de los 4 meses de que disponían los demandantes para incoar oportunamente la demanda, por lo que, una vez se reanudara el conteo, esta debía presentarse dentro del mes y 18 días siguientes.

Ahora bien, en aplicación de lo señalado en los artículos 21 de la Ley 640 de 2001 y 3.º del Decreto 1716 de 2009 , a partir del 9 de octubre de 2013 quedaba suspendido el término de caducidad, hasta cuando ocurriera alguno de los eventos

y 3.º del Decreto 1716 de 2009 , a partir del 9 de octubre de 2013 quedaba suspendido el término de caducidad, hasta cuando oc