CE - 470012333000201400355011SENTENCIA20230731101403

REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Bogotá DC, cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023). Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 47001-23-33-000-2014-00355-01 (62.008) Demandantes: CONSTRUCTORA PINAMAR LTDA Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Acción: REPARACIÓN DIRECTA Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD - ERROR JUDICIAL Y DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Síntesis del caso: la sociedad constructora Pinamar Ltda demanda por la pérdida de oportunidad que dice se le causó a raíz de dos situaciones particulares, por un lado, por el supuesto error judicial en que la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Marta incurrió -dentro del proceso penal seguido en contra de los señores Freddy Jesús González Púa y Enrique Rafael Púa Pardo por los delitos de estafa y fraude procesalpor el hecho de haber dictado las resoluciones del 26 de octubre de 2009 y 4 de noviembre del mismo año que prohibieron la enajenación de un bien inmueble y ordenaron

su embargo y, por otro, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que dio lugar a la prescripción de la acción penal en el referido proceso penal. La Sala confirma el fallo de primera instancia que negó las pretensiones, pues, no se probó el daño antijurídico. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 331 a 335 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 25 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena (fls. 309 a 325 cdno. apelación) mediante la cual se dispuso lo siguiente: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, devuélvase el expediente al Juzgado de origen. CUARTO: Déjense las constancias de rigor en el sistema Tyba”. (fl. 324 vuelto a 325 cdno. apelación – negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).Expediente 47001-23-33-000-2014-00355-01 (62.008) Actor: Constructora Pinamar Ltda Reparación directa Apelación sentencia

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I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito radicado el 17 de marzo de 2014 (fl. 1 cdno. 1) ante la oficina de reparto de los Juzgados Administrativos de Santa Marta (Magdalena)1, el señor Enrique Rafael Púa Pardo, representante legal de la sociedad Constructora Pinamar Ltda, por medio de apoderado judicial presentó demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de reparación directa consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (fls. 1 a 14 cdno. 1) con las siguientes súplicas: “PRIMERO: Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los perjuicios morales (sic) materiales y por pérdida de oportunidad causados a la sociedad demandante. SEGUNDO: Que como consecuencia de la declaración anterior, la parte demandada deberá pagar la parte actora, los siguientes perjuicios: PERJUICIOS MORALES: A la sociedad demandante, el equivalente a CIEN (100) Salarios Mínimos Legales Vigentes, “S.M.L.V.”, teniendo en cuenta que la misma se vio afectada en su buen nombre, tanto por el error judicial como por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, impidiéndole su desarrollo corporativo, toda vez que por haberse sacado del comercio el inmueble embargado, el proyecto habitacional no cobró vida, y la sociedad como tal no pudo desarrollarse jurídicamente, amén del descrédito por su incumplimiento en la puesta en marcha del proyecto habitacional, por circunstancia (sic) atribuibles a la administración de justicia. El Salario Mínimo para la época de la presentación de la solicitud de conciliación asciende a SEIS CIENTOS (sic) DIESCISEIS (sic) MIL PESOS M/L. ($616.000,oo). Total Perjuicios Morales:

atribuibles a la administración de justicia. El Salario Mínimo para la época de la presentación de la solicitud de conciliación asciende a SEIS CIENTOS (sic) DIESCISEIS (sic) MIL PESOS M/L. ($616.000,oo). Total Perjuicios Morales: SESENTA Y UN MILLONES SEIS (sic) CIENTOS MIL PESOS M/L ($61.600.000), sin indexación. PERJUICIOS MATERIALES. - Daño Emergente: Como se señaló en el último hecho, la sociedad demandante debió acudir a un préstamo por la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/L ($90.000.000,oo) el cual está respaldado por un pagaré cuyo beneficiario es el señor JORGE HERRERA HERRERA, suma que fue invertida en el proyecto, pero se constituyó en un pasivo cierto, por el 1 La demanda fue repartida al Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta quien, por auto del 18 de septiembre de 2014, lo remitió por competencia al Tribunal Administrativo del Magdalena por el factor cuantía (fl. 428 cdno. 2).Expediente 47001-23-33-000-2014-00355-01 (62.008) Actor: Constructora Pinamar Ltda Reparación directa Apelación sentencia

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hecho de haberse sacado del comercio por parte de la entidad demandada, el inmueble de propiedad de la demandante. PERJUICIOS POR LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD Se estiman los mismos en SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L. ($600.000),oo, suma que equivale a un poco más del 25% de la utilidad esperada (oportunidad perdida) dentro del presupuesto de obra que hace parte de la memoria descriptiva del Edificio SION 28, de la CONSTRUCTORA PINAMAR LIMITADA. TOTAL PERJUICIOS RECLAMADOS: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS MIL (sic) PESOS M/L. ($751.600.000,oo), suma que deberá indexarse, conforme viene pedido en todos y cada uno de los perjuicios detallados. TERCERO: Que la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la demanda se le dé cumplimiento en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011. CUARTO: Que se condene en costas a la parte Demandada”. (fls. 11 a 12 cdno. 1 – negrillas, subrayado y mayúsculas sostenidas del texto original). 2. Hechos Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró, en síntesis, lo siguiente (fls. 1 a 7 cdno. 1): 1) El 1º de julio de 2008, el señor Francisco Fabio Trujillo Mejía presentó ante la Fiscalía General de la Nación denuncia penal en contra de los señores Freddy Jesús González Púa y Enrique Rafael Púa Pardo por los delitos de estafa y fraude procesal. 2) En la denuncia, el señor Francisco Fabio Trujillo Mejía narró que i) mediante escritura de compraventa número 2188 del 27 de diciembre de 1978 otorgada en la Notaría Primera de Santa Marta (Magdalena) del inmueble identificado

fraude procesal. 2) En la denuncia, el señor Francisco Fabio Trujillo Mejía narró que i) mediante escritura de compraventa número 2188 del 27 de diciembre de 1978 otorgada en la Notaría Primera de Santa Marta (Magdalena) del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 080-4342 con código catastral número 018017012, por compra efectuada a la señora Aura Ester Salomé Martínez, adquirió el inmueble como parte del lote número 55 de la urbanización La Gloria de las playas de Salguero del distrito de Santa Marta (Magdalena); ii) si bien el lote que compró es colindante con un predio de propiedad del señor Freddy Jesús González Púa según la matrícula inmobiliaria número 080-30900, no lo es menos que también ocupa una parte del lote del señor Freddy Jesús González Púa, razón por la cualExpediente 47001-23-33-000-2014-00355-01 (62.008) Actor: Constructora Pinamar Ltda Reparación directa Apelación sentencia

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inició un proceso ordinario de pertenencia que fue conocido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta con el número de expediente 243 donde figura como demandante el señor Francisco Fabio Trujillo Mejía y como demandado el señor Freddy Jesús González Púa; iii) el 28 de agosto de 1998, entre las partes del citado proceso número 243 surtido ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta se suscribió un convenio transaccional que permitió la culminación del proceso y que, a su vez, conllevó a que las medidas cautelares que en su momento habían sido decretadas fueran levantadas y, iv) los señores Freddy Jesús González Púa y Enrique Rafael Púa Pardo cometieron el delito de estafa y fraude procesal, pues, según el denunciante, no cumplieron el acuerdo transaccional del 28 de agosto de 1998. 3) La investigación penal le correspondió a la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Marta quien, mediante resolución del 26 de octubre de 2009, ordenó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta (Magdalena) abstenerse de realizar cualquier enajenación o transacción correspondiente a los inmuebles identificados con los números de matrículas inmobiliarias 080-4342 y 080-30900, hasta tanto se determinara la “litis” sobre esos dos lotes de terrenos. La mencionada orden de prohibición de enajenación fue inscrita el 9 de noviembre de 2009 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta en el respectivo certificado de tradición (anotación no. 7). 4) El 28 de octubre de 2009, la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Marta practicó inspección judicial en las instalaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Santa Marta en compañía de un perito

no. 7). 4) El 28 de octubre de 2009, la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Marta practicó inspección judicial en las instalaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Santa Marta en compañía de un perito topógrafo para verificar la existencia de los números catastrales 01-08-0017-012 y 01-8-017-004 pertenecientes a la matrícula inmobiliaria número 080-30900; “en dicha diligencia se entregó al funcionario judicial la copia de la resolución número 47001-0047-95 de fecha 18 octubre de 1995, en la que se evidencia la cancelación del código catastral número 01-08-0017-0012-001 que correspondía al señor Francisco Fabio Trujillo Mejía, acto administrativo que no fue controvertido y que se encontraba debidamente ejecutoriado; igualmente, se evidenció la existencia de un error por parte del IGAC que incluyó dentro del predio del señor Freddy Jesús González Púa el disputado por el denunciante, inmueble que debía ser incorporadoExpediente 47001-23-33-000-2014-00355-01 (62.008) Actor: Constructora Pinamar Ltda Reparación directa Apelación sentencia

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a otra carta catastral toda vez que la correspondiente al predio del señor González Púa nunca había sido mutada” (fl. 3 cdno. 1). 5) Quiere decir lo anterior que para la fecha de la inspección judicial ya existía plena claridad de la improcedencia e inconducencia de la denuncia elevada por el señor Francisco Fabio Trujillo Mejía, de manera que no existía motivo para continuar con la investigación penal ni mucho menos para dictar la resolución que “prohibió” la enajenación del inmueble de propiedad de la sociedad Constructora Pinamar Ltda identificado con matrícula inmobiliaria número 080-30900 -quien desde diciembre de 1997 lo adquirió por compra que realizó al señor Freddy Jesús González Púa-, máxime si se considera que para la época en que supuestamente acaecieron los hechos denunciados ya había transcurrido un lapso que excedía en demasía la prescripción de la acción penal. 6) Por resolución del 29 de octubre de 2009, la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Marta solicitó al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta copia de la providencia en la que constara la terminación del referido proceso número 243, y en providencia del 4 de noviembre de 2009 i) citó a los señores Freddy Jesús González Púa y Enrique Rafael Púa Pardo a diligencia de indagatoria y, ii) “ordenó el embargo especial del inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria número 080-30900 y código catastral número 010-8017004 donde se encontraba englobado el inmueble propiedad del señor Francisco Fabio Trujillo Mejía cuya matrícula inmobiliaria es el 080-4342” (fl. 4 cdno. 1). 7) Luego de ser escuchados en indagatoria, la Fiscalía Catorce Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Santa

Trujillo Mejía cuya matrícula inmobiliaria es el 080-4342” (fl. 4 cdno. 1). 7) Luego de ser escuchados en indagatoria, la Fiscalía Catorce Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Santa Marta mediante resolución del 29 de junio de 2011 se abstuvo de decretar medida de aseguramiento en contra de los señores Freddy Jesús González Púa y Enrique Rafael Pua Pardo por los delitos de fraude procesal y estafa y, al mismo tiempo, i) decretó la preclusión de la investigación en favor de los mencionados y, ii) ordenó levantar la medida cautelar que pesaba sobre los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias números 080-4342 y 080-30900.Expediente 47001-23-33-000-2014-00355-01 (62.008) Actor: Constructora Pinamar Ltda Reparación directa Apelación sentencia

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1. Contra la anterior decisión la parte civil presentó recurso de apelación que fue resuelto el 6 de diciembre de 2011 por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, quien, no solo la confirmó, sino que, además, resaltó que en el momento en que se presentó la denuncia penal -el 1° de julio de 2008ya se había configurado la prescripción de la acción penal. 9) En las resoluciones del 26 de octubre de 2009 y 4 de noviembre del mismo año se configuró un error judicial, en la medida en que con estas decisiones se ordenó una serie de medidas cautelares que nunca debieron ser decretadas por el hecho de haber existido la prescripción de la acción penal. 10) El error judicial que se cometió en dichas decisiones “le impidió a la sociedad demandante tener la oportunidad de obtener una utilidad con la venta de los apartamentos que construiría en el inmueble” (fl. 6 cdno. 1), el cual estuvo fuera del comercio desde el 9 de noviembre de 2009 hasta el 31 de enero de 2012, pues, iba a desarrollar -en dicho inmueblela construcción del edificio multifamiliar “SION 28” compuesto por varios apartamentos para la venta. 11) De igual forma se generaron perjuicios materiales porque: i) en su momento realizó los trámites de rigor con la dirección de planeación del distrito de Santa Marta (Magdalena) y la curaduría no. 1 para obtener los permisos de construcción del edificio multifamiliar denominado SION 28; ii) el señor Jorge Herrera Herrera le facilitó la suma de $90.000.000 -respaldados

en un pagaré-, los cuales serían utilizados para financiar la construcción del proyecto de vivienda e iniciar el proceso de preventa; sin embargo, como consecuencia de la limitación del derecho de dominio impuesta por la Fiscalía General de la Nación no pudo iniciar el proyecto de vivienda, ante lo cual el señor Jorge Herrera Herrera vendió el título valor -pagaré- a la señora María de los Milagros Otero, quien, en calidad de acreedora instauró demanda ejecutiva contra la sociedad Constructora Pinamar Ltda, proceso dentro del cual se ordenó el embargo y secuestro del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 080-30900, lote 55 de la urbanización La Gloria, localizado en el distrito de Santa Marta en la carrera 2 no. 6 – 28, Playa Salguero, Rodadero Sur. En el momento de la presentación de la demanda de la referencia aún no se había terminado el proceso ejecutivo.Expediente 47001-23-33-000-2014-00355-01 (62.008) Actor: Constructora Pinamar Ltda Reparación directa Apelación sentencia

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1. De igual forma, la sociedad Pinamar Ltda se vio afectada, pues, de un lado, quedó como deudora de la señora María de los Milagros Otero y, de otro, porque el señor Jorge Herrera debió ser vinculado como accionista de la constructora aquí demandante como “una forma de compensar y evitar mayores perjuicios” (fl. 6 cdno. 1) lo cual disminuye notablemente la masa accionaria de la compañía, todo ello generado por el error judicial y por el anormal funcionamiento de la administración de justicia en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que constituye un evidente perjuicio material en la modalidad de daño emergente. 13) La decisión de la Fiscalía General de la Nación, cuando embargó el inmueble en donde se adelantaría el proyecto habitacional, también le generó perjuicios “morales”, pues, afectó la credibilidad de la accionante ya que no pudo concretar con algunos empresarios la inversión que se usaría para la construcción de las viviendas. 3. Contestación de la entidad demandada Por auto del 6 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda (fls. 444 a 445 vlto. cdno. 2) y ordenó la notificación personal del representante legal de la entidad accionada quien contestó la misma así: 1) No se configuran los supuestos esenciales que permitan estructurar la responsabilidad patrimonial extracontractual en su contra, porque obró de conformidad y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 250 de la Constitución Política. 2) La prescripción de la acción penal se dio como consecuencia de la inactividad de la parte civil, quien no impulsó la actuación penal, de manera que se configuró “la culpa exclusiva de la víctima” como causal que exonera a la administración de justicia de responsabilidad. 3) La medida cautelar que se decretó sobre el inmueble fue emanada en cumplimiento de un deber legal y conforme a los

actuación penal, de manera que se configuró “la culpa exclusiva de la víctima” como causal que exonera a la administración de justicia de responsabilidad. 3) La medida cautelar que se decretó sobre el inmueble fue emanada en cumplimiento de un deber legal y conforme a los parámetros de ley (artículo 60 de la Ley 600 de 2000), la cual, posteriormente, fue levantada de acuerdo con la prueba aportada; el embargo del bien no implicaba que no pudiera ser enajenadoExpediente 47001-23-33-000-2014-00355-01 (62.008) Actor: Constructora Pinamar Ltda Reparación directa Apelación sentencia

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con previa autorización del ente investigador; la propiedad continuaba en cabeza del demandante porque solo era objeto de una medida preventiva ya que se encontraba relacionado a un proceso penal. 4) La parte demandante en ningún momento de la actuación solicitó el desembargo del inmueble ni presentó el incidente previsto en el artículo 61 de la Ley 600 de 2000. 5) Tampoco resulta de recibo la condena al pago de perjuicios toda vez que, si bien el ente investigador ordenó el embargo de la propiedad, no lo fue menos que sobre el bien existía de manera previa otra medida cautelar, en concreto, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Barranquilla (Atlántico) decretó un embargo sobre el mismo inmueble el cual se mantuvo vigente desde el 8 de noviembre de 2001 hasta el 1° de diciembre de 2009, es decir, que la medida cautelar decretada por la fiscalía no tenía prioridad en el orden de embargos, además, el 31 de enero de 2012, fecha en que se canceló la medida por parte del ente investigador, se registró otra medida de embargo, esta vez, decretada por parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla (Atlántico). 6) No se encuentra probado que se afectó el “buen nombre” de la sociedad Pinamar Ltda (fls. 455 a 466 cdno. 2). 4. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Magdalena, en providencia del 25 de abril de 2018 (fls. 309 a 325 cdno. apelación) negó las súplicas de la demanda con base en los siguientes argumentos: 1) No se

demostró el daño antijuridico, la sociedad demandante alega que con ocasión de las decisiones de la Fiscalía General de la Nación perdió la oportunidad de construir el complejo habitacional SION 28, sin embargo, una revisión de las pruebas que obran en el expediente de la referencia da cuenta que i) el 17 de febrero de 1997 se otorgó la licencia de construcción para la construcción del edificio de apartamentos con una vigencia de 24 meses, lo cual significa que cuando la fiscalía comenzó la investigación ya la licencia se encontraba vencida yExpediente 47001-23-33-000-2014-00355-01 (62.008) Actor: Constructora Pinamar Ltda Reparación directa Apelación sentencia

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no se aportó prueba que la sociedad Constructora Pinamar Ltda inició, de manera posterior, la ejecución del proyecto y, ii) si bien en el año 2008 la demandante solicitó otra licencia de construcción, lo cierto es que no pagó los gastos de liquidación que le fueron solicitados por la Curaduría Urbana no. 1 -requisito previo para la adjudicación de la licencia-, de manera que para la fecha del 4 de noviembre de 2009 -día en el cual el ente investigador profirió la resolución que ordenó el embargo de propiedad de la aquí actoraen realidad no contaba con una “garantía real” de llevar a cabo el complejo habitacional Edificio SION 28, en otras palabras, el daño alegado es apenas hipotético. 2) Como consecuencia de la denuncia presentada era necesario iniciar la investigación penal, la cual solo pudo concluir que la acción penal prescribió luego de revisar el material probatorio allegado, esto es, se requirió de una evaluación conjunta de documentos para llegar a la conclusión sobre la prescripción. 3) Asimismo, quedó demostrado que la medida cautelar de embargo impuesta por la fiscalía no reviste error judicial ya que fue impuesta luego de un análisis exhaustivo del material probatorio que sugería la existencia de indicios graves sobre la existencia de los delitos denunciados, para ello se verificó “la existencia anteriormente del predio con No. predial 01-8-0017-0012 cuyo propietario era del señor FRANCISCO FABIO TRUJILLO MEJÍA y que actualmente hace parte del predio con No. predial 01-08-017-004 cuyo propietario es el señor FREDY JESÚS

GONZÁLEZ PÚA, además de no aparecer anotación alguna en el certificado de tradición y libertad correspondiente al inmueble de propiedad del denunciante cuya matrícula es el 080-4342 expedido por la Oficina de Registro Instrumentos Públicos (fl. 321 vlto. cdno. apelación - mayúsculas sostenidas del original). 4) Tampoco se demostró la existencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia toda vez que, si bien es cierto que la prescripción de la acción penal efectivamente se materializó, no lo es menos que la fiscalía no permaneció inactiva, sino que, ordenó la práctica de una serie de pruebas necesarias para esclarecer los hechos que originaron la denuncia, además, en repetidas ocasiones ofició a las entidades a las cuales se les solicitó información.Expediente 47001-23-33-000-2014-00355-01 (62.008) Actor: Constructora Pinamar Ltda Reparación directa Apelación sentencia

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1. Respecto del daño por adquisición de mutuo con intereses para el pago del proceso penal alegado por la parte demandante, concluyó que “si bien consta pagaré de mutuo con intereses, suscrito entre (sic) señora María de los Milagros Coba Otero y la constructora Pinamar Ltda, no consta prueba que demuestre más allá de toda duda razonable que el dinero allí prestado fue utilizado para impulsar el proceso de preventa de los apartamentos del Edificio SION 28, por lo cual para la Sala no se encuentra probado que se configura daño alguno por esta razón” (fl. 322 vlto. cdno. apelación). 5. Recurso de apelación El 20 de junio de 2018, la parte actora interpuso recurso de apelación (fls. 331 a 334 cdno. apelación) con el siguiente razonamiento: 1) Si en gracia de discusión se acepta que la Fiscalía General de la Nación no fue inactiva en el proceso penal, en todo caso superó el tiempo prudencial para investigar la existencia o no del delito, los colombianos -y particularmente la sociedad demandanteno se encuentran obligados a soportar una carga excesiva “como lo es que sus bienes salgan del comercio hasta cuando la entidad que los graba decide si había o no razón para ello y sin limitación del tiempo” (fl. 335 cdno. cdno. apelación). 2) La Fiscalía Delegada concluyó, después de tres años, que cuando se presentó la denuncia, esto es, el 1° de julio de 2008, la acción ya se encontraba prescrita, aspecto que denota una falla en la prestación

del servicio de justicia enmarcada por la falta de eficacia y eficiencia del ente demandado, pues, pese a que desde la denuncia ya había prescripción de la acción penal, la fiscalía continuó con el trámite de la investigación y decretó medidas cautelares que sacaron del comercio un bien, aspecto que configura un daño antijurídico de manera que se deben reconocer los perjuicios reclamados. 3) Con relación a la pérdida de oportunidad, esta igualmente se presentó por la tardanza en la decisión por parte de la fiscalía que generó una imagen negativa frente a aquellas personas interesadas en adquirir un apartamento en el edificio SION, más aún cuando, tal como quedó demostrado en el dictamen pericialExpediente 47001-23-33-000-2014-00355-01 (62.008) Actor: Constructora Pinamar Ltda Reparación directa Apelación sentencia

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rendido por el auxiliar de la justicia, la costumbre en materia de construcción indica que los constructores una vez llegan al punto de equilibrio concluyen con el trámite para la licencia de construcción, trámites que se vieron entorpecidos por la medida cautelar que recayó sobre el inmueble en el que se iba a edificar, decisión que se profirió dentro de un proceso que se encontraba prescrito el cual debió ser archivado desde el inicio de la investigación. 6. Actuación surtida en segunda instancia El 16 de agosto de 2018 se admitió el recurso de apelación (fl. 347 cdno. apelación) y el 6 de noviembre de 2018 (fl. 359 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto. En dicha oportunidad procesal la parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia (fls. 362 a 366 cdno. apelación), mientras que la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público guardaron silencio. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y, 4) condena en costas. 1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión Presentada la demanda de manera oportuna2, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la Fiscalía General de la Nación es patrimonial y 2 En el presente caso, la caducidad debe contarse desde el momento en el cual la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal

de la decisión Presentada la demanda de manera oportuna2, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la Fiscalía General de la Nación es patrimonial y 2 En el presente caso, la caducidad debe contarse desde el momento en el cual la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta decretó la prescripción de la acción penal en favor de los sindicados y ordenó levantar cualquier “compromiso que los beneficiados o sus bienes hubiesen adquirido para con la justicia en lo relacionado con ese asunto”, decisión que se tomó en la resolución del 6 de diciembre de 2011 y que cobró ejecutoria el 22 de diciembre de 2011 (fl. 414 cdno. 4), de manera que si la demanda fue radicada el 17 de marzo de 2014 (fl. 2 cdno. 1) y se radicó ante la Procuraduría General de la Nación solicitud de conciliación extrajudicial el 19 de diciembre de 2013 (fl. 25 cdno. 1) cuyo trámite se declaró agotado el 17 de marzo de 2014, se colige que la demanda fue presentada dentro de los dos años previstos para la acción de reparación directa.Expediente 47001-23-33-000-2014-00355-01 (62.008) Actor: Constructora Pinamar Ltda Reparación directa Apelación sentencia

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extracontractualmente responsable por la pérdida de oportunidad derivada i) del supuesto error judicial contenido en las resoluciones del 26 de octubre de 2009 y 4 de noviembre del mismo año proferidas por la Fiscalía General de la Nación que prohibieron la enajenación de un bien inmueble de propiedad de la demandante y ordenaron su embargo y, ii) el supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por haber tramitado aquella un proceso en el que se encontraba prescrita la acción penal, aspecto estos que impidieron a la demandante obtener las utilidades que le generaría la venta de unos apartamentos de un edificio que pretendía construir, además de ocasionar perjuicios de orden material y moral. El tribunal de primera instancia negó los requerimientos de la demanda, por estimar que el daño antijurídico no se encuentra demostrado. La sentencia de primera instancia será confirmada, pues, tal como lo estimó el a quo, el daño alegado no tiene el carácter de antijurídico. 2. Análisis de la impugnación 2.1 El daño 1) El daño reclamado consiste en la imposibilidad de construir un edificio de apartamentos en el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria no. 080-30900 de propiedad de la constructora demandante3, como consecuencia de las decisiones tomadas por la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Marta, quien ordenó que el bien fuera retirado del comercio mientras se adelantaba una investigación penal en contra de los señores Enrique Rafael Púa Pardo y Freddy Jesús González Púa4, investigación que luego se archivó por prescripción de la acción penal. 2) En esa perspectiva, se verificará lo concerniente a la acreditación del daño en relación con la Fiscalía General de la Nación como primer elemento de la responsabilidad patrimonial extracontractual pues, en casos como estos, la 3 Representada legalmente por el señor Enrique Rafael Púa

penal. 2) En esa perspectiva, se verificará lo concerniente a la acreditación del daño en relación con la Fiscalía General de la Nación como primer elemento de la responsabilidad patrimonial extracontractual pues, en casos como estos, la 3 Representada legalmente por el señor